Joel Gopar Carbajal
Expediente 1791/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1791/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Joel Gopar Carbajal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA V A "....Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía para Atención de Delitos de Diversidad Sexual dependiente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, para que surta sus efectos legales correspondientes, con el cual se da vista a las partes para su conocimiento. En otro aspecto, de las constancias que obran en autos, las que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que JOEL GOPAR CARBAJAL, reclamo de las siguientes autoridades: NÚM. AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DE INFORME FOJA 1 Fiscal General del Estado de Oaxaca. Niega 15 2 Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía para Atención de Delitos de Diversidad Sexual dependiente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, Niega 20 3 Director de Averiguaciones Previas y Procesos. Niega 16 La omisión de consignar al Juzgado Penal en turno, la averiguación previa 262/(A.E.I.)/2015. El Fiscal General del Estado de Oaxaca, por conducto del Director de Asuntos Jurídicos, y el Director de Averiguaciones Previas y Procesos, negaron categóricamente el acto que se les atribuye, sin que exista indicio que dicha negativa pueda desvirtuarse con prueba alguna de la quejosa; por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. El Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía para Atención de Delitos de Diversidad Sexual dependiente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, negó la existencia del acto reclamado agregando que el nueve de diciembre de dos mil quince, la averiguación previa 262/(A.E.I.)/2015, fue consignada al Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, quedando registrada bajo el expediente penal 232/2015; por lo tanto, dicha negativa se desvirtúa, en virtud de que si bien ya fue consignada dicha averiguación, de la cual se duele el quejoso en este asunto, ello fue con posterioridad a la presentación de la demanda origen de este juicio (23-noviembre-2015); por lo que se tiene por cierto el acto que le atribuye el quejoso. En la especie, contra el acto reclamado, se surte el motivo de improcedencia establecido en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía individual violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. En este tenor, se determina que, en el caso, han cesado los efectos del acto reclamado, ya que el quejoso se duele de la omisión de consignar la averiguación previa 262/(A.E.I.)/2015, y la autoridad de que se trata el nueve de diciembre de dos mil quince, consignó la referida indagatoria, la cual le tocó al Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, registrándola bajo el expediente penal 232/2015 de su índice, tal como lo acredita con la copia certificada del pedimento de esa fecha que remitió como apoyo a su informe (foja 21); por lo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAR DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
notificación por lista MESA V A "....Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía para Atención de Delitos de Diversidad Sexual dependiente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, para que surta sus efectos legales correspondientes, con el cual se da vista a las partes para su conocimiento. En otro aspecto, de las constancias que obran en autos, las que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que JOEL GOPAR CARBAJAL, reclamo de las siguientes autoridades: NÚM. AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DE INFORME FOJA 1 Fiscal General del Estado de Oaxaca. Niega 15 2 Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía para Atención de Delitos de Diversidad Sexual dependiente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, Niega 20 3 Director de Averiguaciones Previas y Procesos. Niega 16 La omisión de consignar al Juzgado Penal en turno, la averiguación previa 262/(A.E.I.)/2015. El Fiscal General del Estado de Oaxaca, por conducto del Director de Asuntos Jurídicos, y el Director de Averiguaciones Previas y Procesos, negaron categóricamente el acto que se les atribuye, sin que exista indicio que dicha negativa pueda desvirtuarse con prueba alguna de la quejosa; por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. El Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía para Atención de Delitos de Diversidad Sexual dependiente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, negó la existencia del acto reclamado agregando que el nueve de diciembre de dos mil quince, la averiguación previa 262/(A.E.I.)/2015, fue consignada al Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, quedando registrada bajo el expediente penal 232/2015; por lo tanto, dicha negativa se desvirtúa, en virtud de que si bien ya fue consignada dicha averiguación, de la cual se duele el quejoso en este asunto, ello fue con posterioridad a la presentación de la demanda origen de este juicio (23-noviembre-2015); por lo que se tiene por cierto el acto que le atribuye el quejoso. En la especie, contra el acto reclamado, se surte el motivo de improcedencia establecido en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía individual violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. En este tenor, se determina que, en el caso, han cesado los efectos del acto reclamado, ya que el quejoso se duele de la omisión de consignar la averiguación previa 262/(A.E.I.)/2015, y la autoridad de que se trata el nueve de diciembre de dos mil quince, consignó la referida indagatoria, la cual le tocó al Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, registrándola bajo el expediente penal 232/2015 de su índice, tal como lo acredita con la copia certificada del pedimento de esa fecha que remitió como apoyo a su informe (foja 21); por lo que, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAR DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA V A Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentra señalada para hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, de acuerdo con la certificación de cuenta se aprecia que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a la responsable Fiscal Especializado en Delitos de la Diversidad Sexual de la Fiscalía General del Estado, para que rinda su informe justificado; en consecuencia, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS.
- Principal
MESA I B Vistos los autos y certificación de cuenta, se advierte que concluyó el término concedido en auto de dieciocho de noviembre del año en curso (foja 219), respecto de la vista relativa al cumplimiento que la autoridad responsable dio a la sentencia que concedió el amparo y protección a la quejosa ALICIA ORDAZ SÁNCHEZ, sin que ninguna de las partes hubiere hecho manifestación al respecto; en consecuencia, se procede a analizar la determinación adoptada por la responsable respecto de dicho cumplimiento. El dos de octubre de dos mil quince, se emitió sentencia en la que se concedió el amparo de la Justicia Federal a la quejosa ALICIA ORDAZ SÁNCHEZ, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca, dejara insubsistente la resolución de nueve de enero de dos mil quince, dictada en la causa penal 02/2015 de su índice, y dictaran otra la cual podría ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, fundando y motivando la misma, siguiendo los lineamientos puntualizados en la sentencia de amparo, consistentes en: Precisado lo anterior, en la resolución aquí reclamada la autoridad responsable omitió explicar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO con VENTAJA, y el de TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA, lo cual resulta violatorio de garantías, ya que la autoridad responsable, conforme a dicho precepto constitucional, tiene la ineludible obligación de exponerlas y el suscrito, al haber advertido la falta de dicha formalidad, no puede sustituirse y determinar dichas circunstancias al resolver el presente juicio de garantías, ya que dicho proceder no está permitido por la ley de la materia, de ahí que, se considere que la orden de aprehensión aquí reclamada carece de la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe tener, lo cual deviene violatorio de garantías. Por tanto, se hace necesario que la responsable explique con precisión el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se le imputa al ahora quejoso, toda vez que, en caso contrario, éste carecería de elementos para desplegar una adecuada y eficaz defensa, ya que desconocerían la forma y condiciones en que se llevó a cabo la conducta que se le imputa, así, por circunstancia de lugar, debe entenderse como el sitio determinado o ubicación donde ocurrió el hecho atribuido; por la de tiempo, como el momento en que éste aconteció y, por la circunstancia de modo, como la expresión clara y detallada de la forma en que los hechos tuvieron verificativo, es decir, la manera en que se suscitó la perpetración de los hechos imputados. Ahora bien, por lo que respecta a los restantes requisitos señalados en los incisos d) y e) consistentes en que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y, que existan pruebas que hagan probable la responsabilidad de los quejosos, no se cumplen, atento a las siguientes consideraciones. [.] De lo anterior se deduce que, para el dictado de un una orden de aprehensión, como la aquí reclamada, se deberán acreditar, entre otros, los elementos del cuerpo del delito respectivo y la probable responsabilidad de indiciado, con base en los elementos de prueba que obren en la causa hasta ese momento, las cuales deberán ser valoradas por el juez según la naturaleza de los hechos y el enlace lógico que derive de la verdad conocida y la que se pretenda conocer; auto de formal prisión que deberá fundarse en los preceptos legales correspondientes y en las consideraciones que sustenten la resolución emitida. [.] En principio debe decirse que, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad son apartados totalmente diferentes, que si bien es cierto que, se analizan en una misma resolución, también cierto es que, su estudio y acreditamiento se deberá de realizar por separado, EN INDIVIDUAL POR CADA UNO DE LOS DELITOS, fundando y motivando las razones en virtud de las cuales, el juzgador responsable estima se acredita la probable responsabilidad de los indiciados, debiendo exponer de una forma clara y precisa las pruebas por medio de las cuales se acredita su forma de participación, es decir, en la probable responsabilidad se examina la actividad delictiva desplegada por los inculpados, autoría (forma de intervención), el dolo o culpa y si no existe a su favor alguna excluyente de delito. Como se puede observar de la resolución reclamada, el juez responsable al delimitar el cuerpo de los delitos por los cuales se le sigue la causa penal a la aquí quejosa refirió que era por la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO con VENTAJA, y el de TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA, mientras que al analizar la probable responsabilidad de los quejosos en la comisión del mismo refirió que lo era por los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO CON LAS AGRAVANTES DE PREMEDITACIÓN Y VENTAJA y TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO CON LA AGRAVANTE DE VENTAJA inclusive en los resolutivos de la misma se aprecia lo siguiente: [.] De dicha transcripción, dicho resolutor en primer lugar señala que el delito por el que se le dicta orden de aprehensión fue el de HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA y el diverso de TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA, mientras que al analizar la probable responsabilidad de la quejosa y otros así como al establecer los resolutivos de la resolución reclamada, adujo que era por la comisión de los delitos HOMICIDIO CALIFICADO CON LAS AGRAVANTES DE PREMEDITACIÓN Y VENTAJA y TENTATIVA DE HOMICIDIO CALIFICADO CON LA AGRAVANTE DE VENTAJA. Por las circunstancias apuntadas cabe decir, que la resolución combatida adolece de una congruencia interna, pues no existe coherencia entre las afirmaciones y determinaciones contenidas en la resolución del asunto. [.] En ese sentido, se dice que el acto reclamado en análisis, vulnera el principio de congruencia y exhaustividad, y con motivo de ello, se violenta la garantía de legalidad, consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Independientemente que se observa una diversa violación pues al analizar la probable responsabilidad además de la apuntada falta de congruencia en la sentencia se advierte que el juez de la causa soslayó expresar el razonamiento jurídico por medio del cual construyó inferencias, especificando, con base en las testimoniales respectivas, porqué consideró que de todas las declaraciones rendidas se acredita la probable responsabilidad de la parte quejosa. Se dice esto, debido a que de las diversas declaraciones se advierte que, algunos de los testigos estuvieron en el domicilio; otro, manifestó ver cuando los presuntos activos del delito llegaban al domicilio en donde se suscitaron los hechos; otro de los testigos dijo haber observado cuando se llevaban al ahora agraviado en momento posterior a la realización de los hechos perpetrados en su contra; otro más, observó solo la camioneta y el cuerpo ya sin vida. De lo que se colige, que el juez para tener por acreditados la totalidad de los hechos debió efectuar inferencias, basándose en la prueba circunstancial y, por tanto, es necesario que explique cómo es que arribó a la conclusión a la que llegó en el sentido que fueron los quejosos en las circunstancias de modo, tiempo, lugar y ejecución del ilícito, quienes lo perpetraron. Se considera que el juez de origen omitió establecer los razonamientos lógicos respectivos por los cuales arribó a la conclusión que la calidad del quejoso era como coautor material y, señalar la conducta desplegada por cada uno de los quejosos como "coautores". Lo anterior, debido a que se observa que el juez responsable se limitó a señalar que la conducta desplegada por los quejosos había sido como coautores materiales en términos del artículo 11, fracción II, Código Penal del Estado de Oaxaca, para lo cual hizo referencia a las multicitadas testimoniales y citó una tesis jurisprudencial. Sin embargo, no se advierte que haya explicado por qué consideró que los quejosos habían sido coautores materiales y cuál fue el grado de participación de cada uno de ellos en los hechos que se les imputan. Máxime, que de las declaraciones se observa que participaron aproximadamente treinta personas en los supuestos hechos constitutivos de delito, treinta personas que presuntamente golpearon, patearon y "machetearon" al hoy ofendido, y otros más atentaron contra la vida de la pasivo, sin que se especifique quiénes participaron con golpes y quienes con machete, lo que resulta de trascendental importancia para determinar el grado de participación de los indiciados. De ahí, que se observe que el juez natural soslayó efectuar una legal valoración de la conducta desplegada por la aquí quejosa en los hechos que se les imputan. Ello es así, pues para estar en posibilidad de determinar si son probables coautor materiales, se debe acreditar el acuerdo previo de voluntades y la contribución que se tuvo en la comisión del ilícito que se les imputa, indicando los medios probatorios debidamente valorados con los que se demostró que los quejosos fueron unas de las personas que en el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, probablemente realizaron la conducta delictiva a ellos atribuidas. [.] En esa tesitura, la responsable al emitir la resolución contra el cual se pide amparo, no expresó, en particular cuál fue su aporte conductual para la consecución de la conducta que les es reprochable, por ello, tal omisión se traduce en la imposibilidad de que se pueda fijar concretamente la probable responsabilidad de los que piden amparo en la actualización de los delito reprochados, dado que, la finalidad del artículo 16 Constitucional es precisamente determinar con toda precisión, el delito o delitos que se imputan a un reo, para que éste tenga una base fija para su adecuada defensa, toda vez que, de no hacerlo así, el acto reclamado no acreditaría los extremos requeridos por tal dispositivo. [.] De igual manera, el juez responsable, al valorar las declaraciones de los indiciados, omitió explicar por qué consideró que sus afirmaciones solo se concretaron a negar los hechos que se les imputaron y porqué sus declaraciones juntos con las pruebas de descargo aportadas eran insuficientes para desvirtuar los señalamientos efectuados en su contra. Esto es así, ya que de las declaraciones que obran en autos se observa que los aquí quejosos no solo se dedicaron a negar las imputaciones efectuadas en su contra, sino también aportaron circunstancias en las que presuntamente ellos se encontraban, es decir, alegaron que se encontraron en diverso lugar a la hora de la comisión de los presuntos hechos delictivos. Por lo que se considera, el juez de la causa debió ejecutar un razonamiento ponderativo en el que especificara si era suficiente o no las declaraciones efectuadas para desvirtuar lo a ellos imputado. Asimismo, por cuanto hace a las pruebas de descargo, se estima que el juez responsable de manera dogmática determinó que no tenían valor probatorio alguno, sin que en efecto hiciera un juicio valorativo de las mismas. Sino que de forma contundente señaló que las mismas únicamente habían sido introducidas al proceso para beneficiar a los inculpados; sin que en el caso, haya aportado elemento motivacional alguno que sustentara dicha premisa. Es decir, el juez del proceso no apoyó su determinación en elemento de prueba fehaciente, ni explicó por qué arribó a la conclusión de que los atestes solo intentaron justificar la presunta conducta de los aquí quejosos, por lo que carecían de valor probatorio alguno. Por lo anterior, es que se considera que el juzgador de origen no cumplió con el principio de legalidad de la valoración de la prueba, de ahí que se estime que no se ajustó a los principios que rigen el debido proceso legal y, por tanto, que la resolución impugnada carece de la debida motivación. Por otra parte, el juez del conocimiento también omitió analizar si la conducta que se le atribuye al peticionario de garantía fue realizada de forma dolosa o culposa y, para el caso de que determine que el actuar de los aquí quejosos fue de manera dolosa, deberá explicar cómo es que llegó a esa conclusión, además, deberá exponer si los quejosos conocían los alcances y repercusiones de su proceder. [.] En consecuencia, procede conceder el amparo para que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca: ? Deje insubsistente la resolución de nueve de enero de dos mil quince, dictada en contra de ALICIA ORDAZ SÁNCHEZ, dentro de la causa penal 02/2015, de su índice, ? Hecho lo anterior, dicte una nueva resolución, la cual, podrá ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, fundando y motivando legalmente su determinación, siguiendo los lineamientos puntualizados en este considerando. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable, por resolución de cinco de noviembre de dos mil quince, emitida en el proceso penal 2/2015, dejó sin efecto la orden de aprehensión dictada contra la quejosa Alicia Ordaz Sánchez el nueve de enero del año en curso, y con plenitud de jurisdicción emitió otra resolución en la que estableció que se encontraba acreditado el cuerpo del delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja, cometido en agravio de Manuel Zepeda Lagunas, así como el diverso ilícito de tentativa de homicidio calificado con premeditación y ventaja, cometido en contra de Elisa Zepeda Lagunas, y por otra parte, consideró que no estaba acreditada la probable responsabilidad de la citada quejosa Alicia Ordaz Sánchez, en la comisión de los citados delitos, por lo que negó librar orden de aprehensión en su contra (fojas 183 a 218). Ahora bien, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y la resolución con la que se da cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad judicial responsable cumplió con la misma, pues dejó sin efecto la orden de aprehensión emitida contra la aquí quejosa el nueve de enero de dos mil quince, en la causa penal 2/2015, y con plenitud de jurisdicción negó librar tal orden de captura; por consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en este juicio de amparo, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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