Joel Gopar Carbajal y Otros.

Expediente 543/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
543/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
27/04/2016

Partes del expediente

  • Joel Gopar Carbajal y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    MESA III B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 543/2016, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA III B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el ocho de abril de dos mil dieciséis (fojas 52 a 54), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Mediante oficio que se gire, devuélvase al Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, copia certificada de la causa penal 228/2016 con el cual se formó un tomo de prueba que obra por separado.

  3. Principal

    MESA III B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ocho de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes el oficio 1912 signado por el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, mediante copia certificada del auto de formal prisión que se le dicto al quejoso JOEL GOPAR CARBAJAL. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, mismas que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que el quejoso JOEL GOPAR CARBAJAL, reclamó de los Jueces Cuarto y Quinto de lo Penal, ambos del Distrito Judicial del Centro, la orden de aprehensión librada en su contra, así como la ejecución material de dicho mandamiento de captura por parte del Fiscal General del Estado de Oaxaca, Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y Comandante del Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca. La autoridad responsable Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, al rendir su informe justificado (foja 17) negó la existencia del acto que le reclama el quejoso, y ésta no ofreció prueba alguna para desvirtuar tal negativa. Ahora, el Juez Cuarto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado (foja 24), pues indicó que efectivamente el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, libró orden de aprehensión contra del aquí quejoso JOEL GOPAR CARBAJAL o JOSÉ GOPAR CARBAJAL, en la causa penal 228/2015 de su índice, como probable responsable en la comisión del delito de lesiones calificadas cometido en agravio de Melissa Mijangos Boijseauneau. Por su parte, el Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y Comandante del Grupo de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, negaron la existencia de los actos que les reclama el quejoso (fojas 12, 14 y 15); sin embargo, de conformidad con el artículo 227 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, corresponde a éstas ejecutar las órdenes de captura, por tanto, dicha negativa se desvirtúa y se tiene cierto el acto de ejecución que se les reclama. Ahora, del oficio que se agrega se conoce que dentro de la citada causa penal 228/2015, el siete del actual, la autoridad judicial responsable resolvió la situación jurídica de dicho inculpado, y dictó en su contra auto de formal prisión como probable responsable en la comisión del delito lesiones calificadas, cometido en agravio de Melissa Mijangos Boijseauneau (fojas 35 a 51). En consecuencia, al haberse dictado auto de formal prisión contra el impetrante, operó un cambio de situación jurídica, por virtud del cual deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada por no poder decidirse respecto de dicho acto sin afectar la nueva situación jurídica creada por la resolución de plazo constitucional; por tanto, es evidente que en el caso sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.) En esa tesitura, con fundamento en lo que dispone el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XVII del mismo ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo, de conformidad con el artículo SEXTO transitorio de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia número 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, Tomo XXVII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y textos siguientes: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Desde luego, cabe puntualizar que el sentido de la presente determinación comprende el acto de ejecución atribuido a las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Oaxaca, Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y Comandante del Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, en virtud de que el acto que se le reclama no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual deriva. Se invoca en apoyo, por su contenido, la jurisprudencia, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. No pasa inadvertido que no se hubiere logrado el emplazamiento a juicio de la tercera interesada Melissa Mijangos Boijseauneau, toda vez que con base en lo determinado en líneas anteriores, a nada práctico conduciría dar tiempo a ordenar el mismo, puesto que con tal determinación no se le causa perjuicio alguno. Apoya lo anterior la jurisprudencia P. V/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. Además, por lo que se refiere al Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, ante la negativa no desvirtuada de los actos que le atribuye el quejoso; procede sobreseer en el presente juicio respecto de tales autoridades y por los actos ante mencionados, con fundamento en lo que previene el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 6). Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    MESA I B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, seis de abril de dos mil dieciséis. Visto el escrito de María del Carmen Soriano Elorza y Juan Carlos Juárez Soriano, terceros interesados en el presente juicio de amparo, por el que solicitan se les devuelvan las copias certificadas y anexos del instrumento notarial cuatro mil ochocientos veinte, volumen ciento diez, de treinta y uno de diciembre de dos mil diez, del Notario Público número Cuarenta y Cinco Licenciado Miguel Ángel Concha Viloria, dígasele que no ha lugar a devolver tal documental, en virtud de que no exhibió la misma.

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