Joel Cardon Reyes
Expediente 602/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 60 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 602/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 60
- Última actuación
- 10/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Joel Cardon Reyes
- Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 60.
- Principal
Ciudad de México, a diez de enero de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Magistrada de la Primera Sala Ordinaria Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, designada para cubrir la guardia del segundo periodo vacacional, por medio del cual, informa que el personal de la Segunda Sala Ordinaria del citado Tribunal, se encuentra en el segundo periodo vacacional, que comprende del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno al seis de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a sus autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/5338/2021, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de impugnar el pronunciamiento de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que ha causado estado el auto por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Finalmente, toda vez que obra por separado un legajo de pruebas consistente en copia certificada de las constancias que integran el juicio de nulidad I- 28001/2015, remitidas por la Primera Sala Ordinaria Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en ese sentido, devuélvase el legajo de mérito a la citada autoridad, sin que haya lugar a requerir el correspondiente acuse de recibo, toda vez que la constancia de notificación del oficio que para tal efecto se expida, hará las veces del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
(RAZON ACTUARIAL) VISTO, POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACION DEL PROVEIDO DE 05/11/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE En la Ciudad de México, a cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las manifestaciones vertidas por las autoridades responsables, en el sentido de haber dado cumplimiento al fallo protector, sin que lo haya realizado, por lo que el suscrito procede a acordar lo conducente, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por las responsables en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Se impone destacar que el amparo y la protección de la justicia federal, se otorgó para los efectos siguientes: En ese orden de ideas, cabe concluir que la omisión apuntada, conlleva a otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que se le notifique el auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia (dada la naturaleza de los actos a desarrollar), constriña a la demandada Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, a cumplir con las resoluciones de mérito, y exija a la autoridad demandada haga el cálculo y pago de la cantidad a que tiene derecho el hoy quejoso de conformidad con los efectos que modificó la Sala Superior; y además, si es necesario, aperture el correspondiente incidente para determinar correctamente el monto de la prestación a que tiene derecho la peticionaria de garantías y que se le deben pagar, y en su caso, una vez determinado, requiera a la autoridad demandada su inmediato cumplimiento. Se hace extensivo el amparo y protección de la Justicia Federal, para que la autoridad demandada Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, cumpla con los efectos a los cuales fue constreñido por la Sala y pagar a la parte quejosa las prestaciones a las que tiene derecho, con lo cual quedará cumplida la presente sentencia. Así en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, las obligaciones impuestas en la ejecutoria de amparo, a las autoridades responsables, consisten en: - La Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México: ? Constreñir a la demandada, hoy Director General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cumplir con las resoluciones de mérito, y exigirle que haga el cálculo; y si es necesario, deberá aperturar el correspondiente incidente para determinar correctamente el monto de la prestación a que tiene derecho la parte quejosa. ? Una vez determinada la cantidad, requerir a la autoridad demandada su inmediato cumplimiento: - El Director General de Recursos Humanos de la hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: ? Deberá cumplir con los efectos a los cuales fue constreñido por la Sala y pagar a la quejosa las prestaciones a las que tiene derecho. Cabe mencionar que en proveído de seis de junio de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Ponencia Uno, por medio del cual, informó el contenido del proveído de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de nulidad I-28001/2015 de su índice, en el cual señaló que la cantidad que se adeudaba al quejoso era de trescientos ochenta y siete mil setecientos setenta y cuatro pesos 43/100, M.N. ($387,774.43), por concepto de diferencias de nómina de profesionalización, disponibilidad y perseverancia en el Servicio, del primero de mayo de dos mil al treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, misma que ya se encontraba determinada en autos; y con base en ello, requirió a la autoridad demandada el cumplimiento del fallo de nulidad. Posteriormente, en proveído de doce de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el escrito signado por Dalia Elizabeth Chávez Cruz, cónyuge de Joel Cardón Reyes quien fuera quejoso en este asunto, por medio del cual remitió copia certificada del acta de defunción del citado, informando que denunció la sucesión intestamentaria a bienes del quejoso, misma que se encuentra radicada en el Juzgado 31 (treinta y uno) de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de ésta Ciudad de México, con el número de expediente 1877/2019 Secretaría "A", manifestando su interés en el presente asunto. Así las cosas, en auto de siete de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio signado por la Jueza Trigésimo Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia, por medio del cual informó que en auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno se tuvo a Dalia Elizabeth Chávez Cruz, aceptando y protestando el cargo de albacea en la sucesión intestamentaria a bienes de Joel Cardón Reyes. En esas circunstancias, se tiene que a través del oficio FGJCDMX/CGJDH/DGJCISJP/DA/SAA/32048/2021-10, de trece de octubre de dos mil veintiuno, recibido en este Juzgado el dieciocho siguiente, la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, exhibió copia certificada del recibo de pago y/o finiquito, del título de crédito 0000166 de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, de la institución bancaria BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, y de la cuenta líquida por certificar número 101187 que amparan la cantidad de trescientos ochenta y siete mil setecientos setenta y cuatro pesos 43/100, M.N. ($387,774.43); en el cual se advierte el nombre y firma de Dalia Elizabeth Chávez Cruz, quien tiene el cargo de albacea en la sucesión intestamentaria a bienes de Joel Cardón Reyes. Constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con las cuales se dio vista a la quejosa en proveído de veinte de enero de dos mil veinte, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado determina CUMPLIDA LA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de amparo, toda vez que las autoridades responsables, una determinó la cantidad a pagar a la parte quejosa y exigió el cumplimiento de su sentencia y, la otra, dio cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad I-28001/2015, del índice de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, pues se pago a la albacea del quejoso las cantidades a las que aquél tenía derecho, por concepto de diferencias de nómina de profesionalización, disponibilidad y perseverancia en el Servicio, del primero de mayo de dos mil al treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Las consideraciones anteriores tienen sustento por analogía en la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, que es del rubro y texto siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Notifíquese; y personalmente SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEIDO DE REFERENCA.- NOTIFIQUESE
- Principal
(RAZON ACTUARIAL) VISTO, POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACION DEL PROVEIDO DE 05/11/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE En la Ciudad de México, a cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las manifestaciones vertidas por las autoridades responsables, en el sentido de haber dado cumplimiento al fallo protector, sin que lo haya realizado, por lo que el suscrito procede a acordar lo conducente, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por las responsables en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Se impone destacar que el amparo y la protección de la justicia federal, se otorgó para los efectos siguientes: En ese orden de ideas, cabe concluir que la omisión apuntada, conlleva a otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que se le notifique el auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia (dada la naturaleza de los actos a desarrollar), constriña a la demandada Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, a cumplir con las resoluciones de mérito, y exija a la autoridad demandada haga el cálculo y pago de la cantidad a que tiene derecho el hoy quejoso de conformidad con los efectos que modificó la Sala Superior; y además, si es necesario, aperture el correspondiente incidente para determinar correctamente el monto de la prestación a que tiene derecho la peticionaria de garantías y que se le deben pagar, y en su caso, una vez determinado, requiera a la autoridad demandada su inmediato cumplimiento. Se hace extensivo el amparo y protección de la Justicia Federal, para que la autoridad demandada Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, cumpla con los efectos a los cuales fue constreñido por la Sala y pagar a la parte quejosa las prestaciones a las que tiene derecho, con lo cual quedará cumplida la presente sentencia. Así en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, las obligaciones impuestas en la ejecutoria de amparo, a las autoridades responsables, consisten en: - La Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México: ? Constreñir a la demandada, hoy Director General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a cumplir con las resoluciones de mérito, y exigirle que haga el cálculo; y si es necesario, deberá aperturar el correspondiente incidente para determinar correctamente el monto de la prestación a que tiene derecho la parte quejosa. ? Una vez determinada la cantidad, requerir a la autoridad demandada su inmediato cumplimiento: - El Director General de Recursos Humanos de la hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: ? Deberá cumplir con los efectos a los cuales fue constreñido por la Sala y pagar a la quejosa las prestaciones a las que tiene derecho. Cabe mencionar que en proveído de seis de junio de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Ponencia Uno, por medio del cual, informó el contenido del proveído de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de nulidad I-28001/2015 de su índice, en el cual señaló que la cantidad que se adeudaba al quejoso era de trescientos ochenta y siete mil setecientos setenta y cuatro pesos 43/100, M.N. ($387,774.43), por concepto de diferencias de nómina de profesionalización, disponibilidad y perseverancia en el Servicio, del primero de mayo de dos mil al treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, misma que ya se encontraba determinada en autos; y con base en ello, requirió a la autoridad demandada el cumplimiento del fallo de nulidad. Posteriormente, en proveído de doce de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el escrito signado por Dalia Elizabeth Chávez Cruz, cónyuge de Joel Cardón Reyes quien fuera quejoso en este asunto, por medio del cual remitió copia certificada del acta de defunción del citado, informando que denunció la sucesión intestamentaria a bienes del quejoso, misma que se encuentra radicada en el Juzgado 31 (treinta y uno) de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de ésta Ciudad de México, con el número de expediente 1877/2019 Secretaría "A", manifestando su interés en el presente asunto. Así las cosas, en auto de siete de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio signado por la Jueza Trigésimo Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia, por medio del cual informó que en auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno se tuvo a Dalia Elizabeth Chávez Cruz, aceptando y protestando el cargo de albacea en la sucesión intestamentaria a bienes de Joel Cardón Reyes. En esas circunstancias, se tiene que a través del oficio FGJCDMX/CGJDH/DGJCISJP/DA/SAA/32048/2021-10, de trece de octubre de dos mil veintiuno, recibido en este Juzgado el dieciocho siguiente, la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, exhibió copia certificada del recibo de pago y/o finiquito, del título de crédito 0000166 de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, de la institución bancaria BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, y de la cuenta líquida por certificar número 101187 que amparan la cantidad de trescientos ochenta y siete mil setecientos setenta y cuatro pesos 43/100, M.N. ($387,774.43); en el cual se advierte el nombre y firma de Dalia Elizabeth Chávez Cruz, quien tiene el cargo de albacea en la sucesión intestamentaria a bienes de Joel Cardón Reyes. Constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con las cuales se dio vista a la quejosa en proveído de veinte de enero de dos mil veinte, sin que a la fecha haya realizado manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado determina CUMPLIDA LA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de amparo, toda vez que las autoridades responsables, una determinó la cantidad a pagar a la parte quejosa y exigió el cumplimiento de su sentencia y, la otra, dio cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad I-28001/2015, del índice de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, pues se pago a la albacea del quejoso las cantidades a las que aquél tenía derecho, por concepto de diferencias de nómina de profesionalización, disponibilidad y perseverancia en el Servicio, del primero de mayo de dos mil al treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Las consideraciones anteriores tienen sustento por analogía en la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, que es del rubro y texto siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. 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