Jocelyn Betzabeth Torres Suárez
Expediente 1513/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1513/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 11/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jocelyn Betzabeth Torres Suárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad de México, once de diciembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los presentes autos, de los que se desprende del informe justificado rendido por el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por medio del cual, entre otras cosas, en atención a la solicitud de la quejosa de indemnización formulada el cinco de abril de dos mil veintiuno, manifestó que la Dirección de Cultura y Atención en Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, es el área que se avocó al conocimiento de tal asunto, por lo que, mediante el oficio número SSC/SPCyPD/DGDH/9328/2023 de nueve de octubre de dos mil veintitrés, suscrito por la Dirección General de Derechos Humanos, informó que existe un proceso por el cual se atiende la solicitud indemnizatoria de la quejosa Jocelyn Betzabeth Torres Suárez, el cual deberá ceñirse a lo previsto en los Lineamientos para el Pago de Indemnización Económica derivada de las Recomendaciones o Conciliaciones de las Comisiones de Derechos Humanos aceptadas o suscritas por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México; sin embargo, no remitió el expediente que refiere. Por tanto, a fin de contar con elementos suficientes para conocer la verdad y así poder dictar la sentencia que en derecho corresponda, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, SE REQUIERE al titular de la Dirección de Cultura y Atención en Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de diez días, contadas a partir del día siguiente al de su legal notificación, remita la totalidad de las constancias relacionadas con el proceso indemnizatorio del cual derivo el oficio número SSC/SPCyPD/DGDH/9328/2023 de nueve de octubre de dos mil veintitrés. Lo anterior, bajo el percibimiento para el caso de ser omiso en desahogar el requerimiento precisado en párrafos precedentes, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, así como en el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En estas circunstancias y dada la carga de trabajo, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las DIEZ HORAS DEL SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, cinco de diciembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el escrito signado electrónicamente por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual, solicita se autorice la consulta de los presentes autos vía electrónica; con fundamento en los artículos 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 3 de la Ley en cita, agréguese a los autos el escrito de mérito, como lo solicita el promovente, se autoriza al usuario "irvingmov", toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio del delegado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por medio del cual realiza diversas manifestaciones e informa las gestiones realizadas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado por el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual, remite el escrito de cuenta signado por Irving Mauricio Olvera Vega, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual, pretende desahogar el requerimiento treinta de octubre de dos mil veintitrés, y amplia la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que obre como corresponda. Ahora bien, es necesario destacar que la ampliación de la demanda de garantías únicamente puede ser promovida por los propios quejosos y no así por su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues el juicio de amparo únicamente puede ser promovido directamente por aquél que le perjudique el acto que se reclame. Es decir, conforme a dicho precepto legal, el quejoso puede autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante; sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, por ejemplo, promover ampliación de demanda, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5, fracción I, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, quien, además, debe relatar los hechos que le constan, bajo protesta de decir verdad, se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Precisado lo anterior, no se puede tener por ampliada la demanda de amparo como lo pretende el autorizado de la quejosa, por lo que no ha lugar de proveer lo conducente hasta en tanto se promueva por la propia quejosa Jocelyn Betzabeth Torres Suárez. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por analogía y, por los principios que la rigen, la tesis Jurisprudencial 37/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, aprobada en sesión de veintitrés de marzo de dos mil once, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los articulas 107 de la Constitución Federal y 4° de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6°, 15, 17 Y 123, fracción 11,de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." El criterio jurisprudencial que antecede, se invoca en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente y en virtud de que su esencia jurídica no se contrapone a las normas generales previstas en la Ley de Amparo en vigor. Notifíquese personalmente a la parte quejosa
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