Joel Bernardo Santillana Sánchez
Expediente 1444/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1444/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/10/2016
Partes del expediente
- Joel Bernardo Santillana Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio del Juez Octavo de lo Civil de la Ciudad de Puebla, por el que da cumplimiento al acuerdo de veintiocho de septiembre del presente año, para lo cual remite la información y constancias que le fueron requeridas. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Joel Bernardo Santillana Sánchez, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra los actos del Juez Octavo Especializado en Materia Mercantil de la Ciudad de Puebla, y Diligenciario adscrito, consistentes en: "1.- De las autoridades ordenadoras, reclamo la Integración de Proceso mercantil, el auto de exequendo, la ejecución de dicho auto traducido en embargo y todos los autos, decretos y resoluciones, así como la sentencia o sentencias definitivas dictadas dentro del expediente relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el Tercero Perjudicado, incluyendo el embargo del mismo. 2.- De las autoridades Ejecutoras reclamo la ejecución de todos los actos que reclamo de las ordenadoras y en especial la desposesión que se ordenó, aparentemente por efecto de un embargo indebidamente trabado y que se deriva de un juicio en el que no soy ni soy parte, ni resulta alguna obligación a mi cargo ya que hasta la fecha no he sido emplazado ni oído en juicio alguno.". Ahora bien, la autoridad responsable Juez Octavo Especializado en Materia Mercantil de la Ciudad de Puebla, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le reclama, al exponer que en el juzgado a su cargo se encontraban radicados los expedientes 366/2010 promovido por José Luis Contreras Armas, endosatario en procuración de Porfirio León Carmona, en contra de Joel Bernardo Santillana Sánchez y Anna Paola González Martínez y 377/2012 promovido por Melva Carolina Gil Reyes, endosataria en procuración de José María Pérez Castillo, en contra de Joel Bernardo Santillana Sánchez. Empero, manifestó que dentro del expediente 366/2010, promovido por José Luis Contreras Armas, endosatario en procuración de Porfirio León Carmona, en contra del hoy quejoso Joel Bernardo Santillana Sánchez y Anna Paola González Martínez, el nueve de diciembre de dos mil diez, el actor Porfirio León Carmona, desistió de la prosecución del juicio, por lo que mediante proveído de veintinueve de septiembre del presente año, se tuvo al demandado por conforme con el desistimiento de la instancia planteado por el accionante, ordenándose el archivo del indicado juicio como asunto concluido; mientras que en el diverso expediente 377/2012, promovido por Melva Carolina Gil Reyes, endosataria en procuración de José María Pérez Castillo, también en contra del quejoso Joel Bernardo Santillana Sánchez, el diecinueve de febrero de dos mil trece, decretó la caducidad de la instancia, por tanto, a través del acuerdo emitido el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriado el citado juicio, ordenándose el archivo del mismo, como totalmente concluido. Para corroborar lo anterior, la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas constancias que obran en los expedientes 366/2010 y 377/2012, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entre las que se encuentran por lo que respecta al 366/2010, los proveídos de nueve de diciembre de dos mil diez (foja 41), en el que el actor Porfirio León Carmona, desistió de la prosecución del juicio, y veintinueve de septiembre del presente año (foja 88), en el que se tuvo al demandado por conforme con el desistimiento de la instancia planteado por el accionante, ordenándose el archivo del indicado juicio como asunto concluido; y por lo que hace al 377/2012, los diversos de diecinueve de febrero de dos mil trece (foja 55), en el que se decretó la caducidad de la instancia y veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis (foja 91), que declaró ejecutoriado el citado juicio, ordenándose el archivo del mismo como totalmente concluido. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí alguna huella. En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que las cosas volvieran al estado que se encontraban antes de la tramitación de los juicios 366/2010 y 377/2012, con motivo de no haber sido emplazado a los mismos, aquélla se vio satisfecha en la medida en que en el juicio 366/2010 por auto de veintinueve de septiembre del presente año (foja 88), se tuvo al demandado por conforme con el desistimiento de la instancia planteado por el accionante, ordenándose el archivo del indicado juicio como asunto concluido; así como que en el diverso 377/2012, por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis (foja 91), declaró ejecutoriado el citado juicio, en relación con la caducidad de la instancia decretada, ordenándose el archivo del mismo como totalmente concluido. Por consiguiente, se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el pleno goce del derecho que le había sido violado, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de ese ordenamiento. Así entonces, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con dos minutos del dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio del Juez Octavo de lo Civil de la Ciudad de Puebla, por el que da cumplimiento al acuerdo de veintiocho de septiembre del presente año, para lo cual remite la información y constancias que le fueron requeridas. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Joel Bernardo Santillana Sánchez, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra los actos del Juez Octavo Especializado en Materia Mercantil de la Ciudad de Puebla, y Diligenciario adscrito, consistentes en: "1.- De las autoridades ordenadoras, reclamo la Integración de Proceso mercantil, el auto de exequendo, la ejecución de dicho auto traducido en embargo y todos los autos, decretos y resoluciones, así como la sentencia o sentencias definitivas dictadas dentro del expediente relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el Tercero Perjudicado, incluyendo el embargo del mismo. 2.- De las autoridades Ejecutoras reclamo la ejecución de todos los actos que reclamo de las ordenadoras y en especial la desposesión que se ordenó, aparentemente por efecto de un embargo indebidamente trabado y que se deriva de un juicio en el que no soy ni soy parte, ni resulta alguna obligación a mi cargo ya que hasta la fecha no he sido emplazado ni oído en juicio alguno.". Ahora bien, la autoridad responsable Juez Octavo Especializado en Materia Mercantil de la Ciudad de Puebla, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le reclama, al exponer que en el juzgado a su cargo se encontraban radicados los expedientes 366/2010 promovido por José Luis Contreras Armas, endosatario en procuración de Porfirio León Carmona, en contra de Joel Bernardo Santillana Sánchez y Anna Paola González Martínez y 377/2012 promovido por Melva Carolina Gil Reyes, endosataria en procuración de José María Pérez Castillo, en contra de Joel Bernardo Santillana Sánchez. Empero, manifestó que dentro del expediente 366/2010, promovido por José Luis Contreras Armas, endosatario en procuración de Porfirio León Carmona, en contra del hoy quejoso Joel Bernardo Santillana Sánchez y Anna Paola González Martínez, el nueve de diciembre de dos mil diez, el actor Porfirio León Carmona, desistió de la prosecución del juicio, por lo que mediante proveído de veintinueve de septiembre del presente año, se tuvo al demandado por conforme con el desistimiento de la instancia planteado por el accionante, ordenándose el archivo del indicado juicio como asunto concluido; mientras que en el diverso expediente 377/2012, promovido por Melva Carolina Gil Reyes, endosataria en procuración de José María Pérez Castillo, también en contra del quejoso Joel Bernardo Santillana Sánchez, el diecinueve de febrero de dos mil trece, decretó la caducidad de la instancia, por tanto, a través del acuerdo emitido el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriado el citado juicio, ordenándose el archivo del mismo, como totalmente concluido. Para corroborar lo anterior, la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas constancias que obran en los expedientes 366/2010 y 377/2012, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entre las que se encuentran por lo que respecta al 366/2010, los proveídos de nueve de diciembre de dos mil diez (foja 41), en el que el actor Porfirio León Carmona, desistió de la prosecución del juicio, y veintinueve de septiembre del presente año (foja 88), en el que se tuvo al demandado por conforme con el desistimiento de la instancia planteado por el accionante, ordenándose el archivo del indicado juicio como asunto concluido; y por lo que hace al 377/2012, los diversos de diecinueve de febrero de dos mil trece (foja 55), en el que se decretó la caducidad de la instancia y veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis (foja 91), que declaró ejecutoriado el citado juicio, ordenándose el archivo del mismo como totalmente concluido. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí alguna huella. En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que las cosas volvieran al estado que se encontraban antes de la tramitación de los juicios 366/2010 y 377/2012, con motivo de no haber sido emplazado a los mismos, aquélla se vio satisfecha en la medida en que en el juicio 366/2010 por auto de veintinueve de septiembre del presente año (foja 88), se tuvo al demandado por conforme con el desistimiento de la instancia planteado por el accionante, ordenándose el archivo del indicado juicio como asunto concluido; así como que en el diverso 377/2012, por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis (foja 91), declaró ejecutoriado el citado juicio, en relación con la caducidad de la instancia decretada, ordenándose el archivo del mismo como totalmente concluido. Por consiguiente, se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el pleno goce del derecho que le había sido violado, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de ese ordenamiento. Así entonces, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con dos minutos del dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio del Juez Octavo Especializado en materia Mercantil de la Ciudad de Puebla; visto su contenido, téngasele dando cumplimiento al acuerdo de veintitrés de septiembre del presente año, para lo cual remite la información y constancias que le fueron requeridas, para los efectos legales a que haya lugar; no obstante, gírese nuevo oficio a dicha autoridad judicial requiriéndole para que una vez que emita los acuerdos relativos tanto del desistimiento del actor en el juicio que tramita bajo el expediente 366/2010, como de la caducidad en el diverso juicio 377/2012; es decir, el relativo a que los juicios concluyeron por desistimiento uno y por caducidad el otro, respectivamente, tanto por que hizo efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de nueve de diciembre de dos mil diez (juicio 366/2010), o porque causó estado, en su caso, el de diecinueve de febrero de dos mil trece (377/2012), lo comunique de inmediato a este juzgado, para acordar lo que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE.
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