Jocelyn Roldán Salamanca
Expediente 761/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 33 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 761/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 12/08/2021
Partes del expediente
- Jocelyn Roldán Salamanca
- JOCELYN ROLDÁN SALAMANCA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de agosto de dos mil veintiuno. se tiene por recibido el oficio remitido vía electrónica por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, a través del cual requiere que se acuse recibo del oficio II-772/2020 de uno de septiembre de dos mil veintiuno, por el que, ordenó devolver el expediente en que se actúa y remitió copia certificada de la resolución dictada el veinte de agosto de dos mil veinte, en el toca R-461/2019, de su estadística. Atento a lo anterior, como lo solicita la Actuaria oficiante, se acusa recibo del oficio II-772/2020 de uno de septiembre de dos mil veintiuno, y anexos; lo anterior, con el fin de que surta los efectos legales procedentes en el toca R-461/2019, de su índice. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio CCJ/ST/2762/2021 signado por Vicente Adrián Rojas Álvarez Secretario Técnico de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno la Comisión de Carrera Judicial del referido Consejo autorizó al licenciado José Carlos Ibáñez Méndez para desempeñar las funciones de Juez de Distrito a partir del doce de agosto de dos mil veintiuno, hasta en tanto se adscriba un nuevo titular a este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. Los actos reclamados materia de análisis de este juicio fueron los siguientes: Del Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla: El auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente 1690/2016, relativo al juicio de divorcio incausado, promovido por Jocelyn Roldán Salamanca en contra de Guillermo Chávez Labastida, en el que se requirió a la antes nombrada para que en el término de tres días exhibiera una copia de la llave de acceso al inmueble ubicado en Avenida 17 Oriente, número dos mil once, colonia Azcárate, en la ciudad de Puebla, con el único objeto de que el demandado de que se trata pudiera ingresar al patio trasero de ese domicilio, donde se encuentra el taller de manufactura de este último. El proveído de treinta de abril de dos mil diecinueve, emitido dentro del juicio citado, en el que se ordena turnar los autos al Diligenciario adscrito al Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla para que, asociado de Guillermo Chávez Labastida, se constituya en el domicilio ubicado en Avenida 17 Oriente, número dos mil once, colonia Azcárate, en la ciudad de Puebla a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve -previamente relacionado-, y por ello, se requiere a Jocelyn Roldán Salamanca para que permita el acceso al patio del inmueble citado y brinde las facilidades necesarias para ingresar a ese domicilio y llevar a cabo la diligencia ordenada, apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente al momento de la emisión de esa determinación. Del Diligenciario Par adscrito al Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla: La ejecución del proveído de treinta de abril de dos mil diecinueve. Por resolución dictada el quince de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Jocelyn Roldán Salamanca, por propio derecho y en representación de los menores E.C.R. y A.S.C.R., contra los actos del Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla y Actuario de su adscripción, para los siguientes efectos: "[.] Deje insubsistentes los proveídos reclamados de veintiocho de marzo y treinta de abril, ambos de dos mil diecinueve, dictados dentro del expediente 1690/2016, de su estadística, relativo al juicio de divorcio incausado, promovido por Jocelyn Roldán Salamanca en contra de Guillermo Chávez Labastida. En su lugar, dicte otra resolución en la que atendiendo al interés superior de los menores involucrados y a lo expuesto en la presente sentencia, para acordar lo conducente a los escritos presentados en el juzgado a su cargo el quince de marzo y veintidós de abril de dos mil diecinueve por el ahora tercero interesado Guillermo Chávez Labastida, tome en consideración lo determinado en los proveídos de veinte de marzo y cinco de abril de dos mil dieciocho con relación a la medida de protección decretada a favor de la parte quejosa, así como lo concerniente al taller que se ubica en el patio trasero del domicilio familiar de esta última. Al respecto, el juez responsable deberá tomar en consideración que en los autos del juicio de origen únicamente se ha dictado la sentencia definitiva relativa a la disolución del vínculo matrimonial, sin que exista una determinación que resuelva en definitiva la consecuencias de esa disolución, por lo que en términos de lo ordenado en el proveído de cinco de abril de dos mil dieciocho con relación al artículo 450 del Código Civil para el Estado de Puebla, la medida de protección que decretó dentro del juicio natural debe subsistir hasta en tanto exista un pronunciamiento definitivo respecto de las consecuencias de la disolución matrimonial o en su caso, hasta en tanto el juez responsable considere procedente modificar esa medida por estimar que han cambiado las condiciones bajo las cuales se decretó. En caso de que el juez responsable estime que han variado las condiciones por las que se estableció la medida de protección que decretó en el juicio de origen y por ende, procede revocarla o modificarla en términos del artículo 686 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, entonces, ese juzgador deberá apegarse a la obligación constitucional, convencional y legal que tiene de exponer de forma fundada y motivada las razones de esa determinación partiendo siempre de la premisa de que todas las autoridades deben prevenir cualquier acto que pueda colocar en peligro la estabilidad física y mental de las mujeres y los menores de edad, sobre todo cuando existe un riesgo real de afectar su integridad. Asimismo en el supuesto de que el juez estime necesario realizar esa revocación o modificación, deberá precisar de forma exhaustiva las razones de hecho y de derecho que llevan al juzgador a considerar que las causas que motivaron la medida que decretó variaron o desaparecieron, es decir, ya no existen indicios de que hay una situación que coloque en riesgo la salud e integridad física o mental de la parte quejosa, lo cual deberá estar plenamente corroborado con el material probatorio correspondiente. En la hipótesis de que el juez responsable considere que no cuenta con los elementos necesarios para acordar lo conducente a las solicitudes del ahora tercero interesado previamente precisadas, entonces, ese juzgador deberá ordenar realizar las diligencias que considere pertinentes para ello en términos del artículo 677, fracción VII, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, velando en todo momento por el interés superior de los menores involucrados, así como la integridad personal tanto de estos últimos como de su progenitora. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos reclamados a la autoridad ejecutora Diligenciario Par adscrito al Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, por no combatirse por vicios propios." En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; y, sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, el quince de diciembre de dos mil veinte, la sentencia causó ejecutoria; y se requirió el cumplimiento respetivo al Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla y Diligenciario Par de su adscripción. Posteriormente, el Juez Sexto Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla, mediante oficio 1373, recibido en la oficialía de este Juzgado el ocho de abril de dos mil veintiuno, remitió copia certificada del auto de seis de abril de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de divorcio incausado 1690/2016, de su índice, en el que realizó lo siguiente: Dejó insubsistentes los autos de veintiocho de marzo y treinta de abril, ambos de dos mil diecinueve. Se indicaron las actuaciones necesarias para el desahogo de las valoraciones psicológicas que se ordenaron dentro del juicio natural y para ello se solicitó la intervención de la Directora del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla. Determinó que permanecían vigentes las medidas de protección decretadas en el punto segundo del auto de veinte de marzo de dos mil dieciocho, hasta en tanto se tuvieran nuevos elementos que permitieran modificar o ratificar la misma. Subsecuentemente, mediante oficio 1977, suscrito por el Titular del Juzgado Sexto Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla, informó que por auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, tuvo a Jocelyn Roldán Salamanca y Guillermo Chávez Labastida -aquí parte quejosa y tercera interesada- exhibiendo convenio para poner fin al procedimiento de origen, por lo tanto, señaló las doce horas del veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, para que ratifiquen dicho convenio, asimismo, dejó sin efectos las diligencias para llevar a cabo los estudios socioeconómicos y valoraciones psicológicas a las partes señaladas en el auto de seis de abril del año en curso. Por oficio 2136 suscrito por el Juez responsable presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la audiencia celebrada el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, por la cual Jocelyn Roldán Salamanca y Guillermo Chávez Labastida -aquí parte quejosa y tercera interesada- manifestaron su conformidad con el convenio de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, presentado en la Oficialía Común del Poder Judicial del Estado de Puebla el treinta de abril del año en curso, en todos sus términos, por lo que, lo ratificaron en presencia de dicha autoridad; en consecuencia, se ordenó turnar los autos a la vista del Juez responsable para dictar el fallo definitivo correspondiente. Seguida la secuela procesal, mediante oficio 2357 suscrito por el Juez de origen, presentado el tres de junio de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la sentencia dictada el dos de junio de dos mil veintiuno, en la que resolvió lo siguiente: "[.] PRIMERO. Esta Autoridad fue competente para conocer y homologar el presente CONVENIO de PATRIA POTESTAD, GUARDA, CUSTODIA, VISITA y CONVIVENCIA, Y ALIMENTOS. SEGUNDO. Toda vez, que existe legitimación de las partes y lo pactado no es contrato a derecho, se declara aprobado el convenio presentado ante esta autoridad el treinta de abril de dos mil veintiuno y ratificado mediante diligencia desahogada el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, por mutuo acuerdo de JOCELYN RONDAN SALAMANCA y GUILLERMO CHÁVEZ LABASTIDA. TERCERO. Se ordena girara atento oficio al Secretario de Seguridad Pública en el Estado, a fin de que sirva dejar sin efecto la orden de protección que se dejó vigente por auto de seis de abril de dos mil veintiuno, misma que fue decretada en auto de veinte de marzo de dos mil dieciocho, a favor de JOCELYN ROLDÁN SALAMANCA y sus menores hijos con identidad reservada E.C.R. y A.S.C.R., en contra de GUILLERMO CHÁVEZ LABASTIDA. CUARTO. En consecuencia, se eleva el convenio a la categoría de cosa juzgada, debiendo las partes a estar y pasar por él como si se tratare de sentencia ejecutoriada. QUINTO. En caso de incumplimiento del convenio celebrado entre los comparecientes, se procederá a su ejecución a petición de parte interesada. SEXTO. Finalmente, mediante oficio comuníquese el cumplimiento efectuado al Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y del Trabajo y de Juicios Federal en el estado de Puebla, dentro del juicio de amparo 761/2019-II-A, en cumplimiento a su auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno." Por lo anterior, el cuatro de junio de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, el cual se notificó a la quejosa y a la parte tercera interesada el ocho de junio de dos mil veintiuno. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Del examen de las documentales exhibidas por el Juez Sexto Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que la citada autoridad responsable realizó lo siguiente: Mediante auto de seis de abril de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de divorcio incausado 1690/2016. Dejó insubsistentes los autos de veintiocho de marzo y treinta de abril, ambos de dos mil diecinueve. Se indicaron las actuaciones necesarias para el desahogo de las valoraciones psicológicas que se ordenaron dentro del juicio natural y para ello se solicitó la intervención de la Directora del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla. Determinó que permanecían vigentes las medidas de protección decretadas en el punto segundo del auto de veinte de marzo de dos mil dieciocho, hasta en tanto se tuvieran nuevos elementos que permitieran modificar o ratificar la misma. Asimismo, en atención de que las partes presentaron convenio con la finalidad de concluir el juicio de origen, previa ratificación, el dos de junio de dos mil veintiuno, dejó sin efecto la orden de protección que se dejó vigente por auto de seis de abril de dos mil veintiuno, misma que fue decretada en auto de veinte de marzo de dos mil dieciocho, a favor de la parte quejosa y de sus menores hijos, y elevó el citado convenio a la categoría de cosa juzgada; lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]; asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. En otro tenor, se hace la indicación que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, con apoyo en el la fracción I, inciso c, del artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, pues es en el caso se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO. Por lo anterior, una vez transcurrido dicho término de seis meses, éste Juzgado, procederá a su destrucción dentro de los treinta días siguientes y se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación el acta de baja documental correspondiente, en términos del artículo 20, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Asimismo, se considera que el presente expediente y los cuadernos incidentales carecen de relevancia documental y no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Finalmente, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta, signado por el Titular del Juzgado Sexto Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en atención a la ejecutoria de amparo, manifiesta que ha dado cumplimiento al fallo protector y a efecto de corroborar su dicho adjunta copia certificada del convenio de patria potestad, guarda, custodia, visita y convivencia y alimentos, celebrado el dos de junio de dos mil veintiuno. En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a las partes por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. se tiene por recibido el oficio y anexo del Juez Sexto Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, a través del cual remite copia certificada de la diligencia de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, dentro del juicio de divorcio incausado 1690/2016, de su índice, por el que las partes ratificaron en todos sus términos y consecuencias el convenio que celebraron el veintinueve de abril del año en curso, por tanto, se ordenó turnar los autos a la vista del Juez para dictar la resolución correspondiente. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Juez Sexto Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, para que en el término de tres días, contados a partir de que reciba la notificación del presente auto, remita copia certificada de la resolución emitida en el juicio de divorcio incausado 1690/2016, de su estadística. Con el conocimiento de que subsiste el apercibimiento de multa decretado en auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, así como se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
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