Joel Alberto Luis Velásquez

Expediente 864/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
864/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
27/02/2023

Partes del expediente

  • Joel Alberto Luis Velásquez

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense el oficio y testimonio del fallo señalados en la cuenta al expediente original del juicio de amparo 864/2022, para los efectos legales consiguientes; en relación a su contenido, se provee: Acúsese recibo del: 1) testimonio de la ejecutoria que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, dictó en el recurso de queja 15/2023 de su estadística; 2) el cuadernillo de copias certificadas del juicio a rubro indicado. Del contenido de esa resolución constitucional se advierte que el Tribunal de Alzada declaró infundado el recurso de queja interpuesto; por tanto, dicha circunstancia hágase del conocimiento a las partes. Asimismo, por lo que hace a la copia certificada deducida del juicio de amparo 864/2022 de la estadística de este juzgado de distrito, que devuelve el tribunal de alzada, se ordena su destrucción. Anotaciones Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente, en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano del acto reclamado; además, no existe documento considerado como original por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Destino Además, al tratarse de un asunto que fue desechado, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso d), del citado acuerdo, este expediente es destruible. Por tanto, con fundamento en el citado artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo del incidente de suspensión Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por la parte quejosa. Ley de Transparencia Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintidós. Vista la misiva con firma electrónica y evidencia criptográfica de la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, por el que remite por incompetencia la demanda de amparo promovida por Joel Alberto Luis Velásquez y Rafael Ramírez Vásquez, contra actos de la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales y otras autoridades, que hace consistir en lo siguiente: SE ACEPTA COMPETENCIA Tomando en consideración los motivos legales que expone la autoridad oficiante, los cuales se comparten, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada y se asume el conocimiento del asunto, por lo que se convalidan las actuaciones realizadas por el órgano declinante. Acúsese el recibo correspondiente vía interconexión. ANOTACIONES. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 864/2022-IV. DESECHAMIENTO Ahora, antes de admitir a trámite la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es pertinente examinar si existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Resulta oportuno analizar la demanda de amparo, la que, por los motivos que más adelante se precisarán y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone que los plazos a que se refiere el diverso 17 de la misma ley se computarán a partir del día siguiente a aquél en que: 1. Surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. Haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Así, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis, pues son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno; es decir, el plazo dentro del cual debe ejercerse la acción de amparo puede contarse indistintamente a partir de que se actualice cualquiera de los citados supuestos normativos; como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 163172, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Referido lo anterior, se reitera que el acto reclamado en este juicio de amparo es el auto de vinculación a proceso de treinta de agosto de dos mil veintidós dictado en la causa penal 320/2020, del índice del Juzgado de Control de Salina Cruz, Oaxaca; resolución que fue notificada a los quejosos Joel Alberto Luis Velásquez y Rafael Ramírez Vásquez, el propio treinta de agosto de dos mil veintidós, en la audiencia en que fue emitida por así manifestarlo la parte quejosa. Circunstancia que se corrobora con lo referido, bajo protesta de decir verdad, por los promoventes del amparo, en el sentido que fueron debidamente notificados de la resolución combatida el treinta de agosto de dos mil veintidós, manifestaciones, las cuales constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que tiene pleno valor probatorio en contra de quién la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo expuesto, por las razones que informa la jurisprudencia P./J.27/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Junio de mil novecientos noventa y seis, página cincuenta y siete, registro 200094, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO.- El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Asimismo, la tesis de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 294, Primera Parte, del Tomo LXXXIX, de la Quinta Época, con registro 321664, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúa." Así como la tesis de la Octava Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Diciembre de 1993, con registro 214035, visible a página 857, cuyo rubro y texto versan: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." Luego, tomando como referencia lo anterior, se obtiene que la notificación a los quejosos de la resolución reclamada surtió efectos al día siguiente de conformidad con el artículo 82, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que se concluye que el término de quince días, corrió del uno al veintiséis de septiembre del año en curso, sin que en dicho cómputo se tomen en consideración el tres, cuatro, diez, once, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de septiembre del año en curso, al ser inhábiles o corresponder a sábados y domingos, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En ese orden de ideas, si el plazo para interponer la demanda transcurrió del uno al veintiséis de septiembre del año en curso, mientras que el escrito inicial de demanda se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca hasta el trece de octubre de dos mil veintidós, es inconcuso que la temporalidad para promover la demanda contra el acto por el que promueven su demanda transcurrió en exceso. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 71, Tomo 193-198, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo epígrafe y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso 113 de dicha legislación, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, téngase únicamente para oír y recibir notificaciones en términos de la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Mateo Martínez Martínez, por tener demostrada su personalidad en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas mencionadas. EXHORTO PARA NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA Ahora, tomando en cuenta que el promovente de mérito, señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle Emiliano Zapata 21, agencia municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; en consecuencia, toda vez que el mismo se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código de Procedimientos Civiles, así como en los diversos numerales 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, le notifique personalmente el contenido del proveído inserto en la presente comunicación; asimismo, lo requiera para que en el momento de la diligencia o dentro del término de tres días siguientes, contado a partir de su notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, sin ulterior pronunciamiento, se le hará por lista de acuerdos, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en 4 este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios o ejecutores judiciales puedan efectuar tales diligencias. Se hace del conocimiento del Juzgado que tenga a bien llevar a cabo la diligencia encomendada, que dadas las medidas de contingencia sanitaria en los órganos jurisdiccionales de la Federación, el resultado deberá ser enviado únicamente vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Lo anterior encuentra apoyo en lo conducente, en la tesis jurisprudencial, registro 173071, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV (marzo de 2007), Novena Época, de rubro "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega de los oficios correspondientes a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se precisa al Actuario de la adscripción que deberá privilegiar el envío de los oficios derivados de este expediente vía correo electrónico u ordinario, prescindiendo de su remisión vía mensajería acelerada "ESTAFETA", dado las múltiples deficiencias en su entrega. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Por otra parte, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 22 del multicitado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se les exhorta (invita) continúen dicha tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. En ese orden de ideas, se invita a las partes quienes en su caso no tengan autorizada la actuación "en línea", a que soliciten, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, en observancia a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. En el entendido que en caso contrario a lo anterior se harán las notificaciones por lista. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, o bien las personas que para tal efecto autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza al secretario del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA Por tanto, con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese; y por exhorto a la parte quejosa.

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