Joaquín Solano Juan
Expediente 347/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 347/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Joaquín Solano Juan
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta con firma electrónica y evidencia criptográfica de la Actuaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual transcribe el auto de trece de junio del año en curso, de cuyo contenido se advierte que acusa recibo de las constancias remitidas a efecto de sustanciar el medio de impugnación interpuesto; y asimismo, informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Joaquín Solano Juan, por conducto de su autorizada legal Luz Gómez Rubio, contra auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo, el cual quedó registrado bajo el número 143/2022. De lo cual se toma nota para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil veintidós. FOLIO 5216 Agréguese a sus autos los escritos con firma electrónica y evidencia criptográfica de *********, los cuales se proveen en los siguientes términos: Respecto del primer líbelo, por el que el quejoso a través de su autorizada, interpone recurso de queja contra el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En tal virtud, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto dicho recurso; notifíquese el presente proveído y una vez que se cuente con la constancia de notificación respectiva, remítase al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMOTERCER CIRCUITO, EN TURNO, por conducto de su Jefe de la Oficina de Correspondencia, copia certificada del citado auto, así como de las demás constancias necesarias para el mejor conocimiento del asunto. De igual forma, remítase el original y copia del escrito de queja que presentó la parte quejosa; lo anterior, para la substanciación de dicho medio de impugnación. En razón de lo anterior, ríndase el informe correspondiente sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que en este juicio de amparo se dictó el acuerdo de diecinueve de mayo del año en curso, por el que se desechó de plano la demanda de amparo en los términos ahí precisados. FOLIO 5217 En cuanto, al segundo de los escritos, manifiesta la parte quejosa que en proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, fue autorizado el usuario luzgomezrubio para tener acceso al expediente, sin que hasta la fecha pueda ingresar, por lo anterior, se instruye nuevamente al oficial judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo ordenado en el acuerdo de referencia. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil veintidós Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, que hace consistir literalmente en lo siguiente: IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De la autoridad señalada como Responsable reclamo: ORDENADORA: Del Honorable Congreso de la Unión reclamo La inconstitucionalidad de LA DISCUSIÓN, APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO Decreto de fecha 4 de julio de 2016, que expide la Ley nacional de ejecución Penal que, en lo conducente dice Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutora el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se oponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que, dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respeto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa B) Del Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos reclamo La promulgación y Publicación del decreto de fecha 16 de junio de 2016, que expida la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo que se traduce en la inconstitucionalidad del artículo 52 de la Ley Nacional de ejecución Penal que, en lo conducente dice: Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I.-En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II.-En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. III.-En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que, dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa C) Del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, y del Director General de Reinserción Social en el Estado, reclamo: El primer acto de aplicación del Decreto que expide la Ley Nacional de Ejecución Penal y en especial el artículo 52. Acto de aplicación que se traduce en el oficio de fecha 25 de abril del año 2022, en el que solicita se califique de legal el traslado del suscrito al Centro Penitenciario de Tanivet, Oaxaca. E) Del Director del Centro Penitenciario de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, reclamo: La determinación de ordenar el traslado a otro Centro Penitenciario, bajo el amparo del acuerdo 8/2022, del Comité] Técnico del Centro Penitenciario, Tehuantepec, Oaxaca. Determinación que también tiene el carácter de acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, pues el mismo fue emitido al amparo del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. F) del Comité Técnico del Centro Penitenciario de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, reclamo: La inconstitucionalidad del acuerdo 8/2022, del comité Técnico del centro Penitenciario, Tehuantepec, Oaxaca, que determina mi traslado a otro Centro Penitenciario. Determinación que también tiene el carácter de acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, pues el mismo fue emitido al amparo del artículo 52 de la Ley Nacional de ejecución Penal. Acto de autoridad que de ninguna forma ni bajo ninguna circunstancia se justifique, dado que tal acto transgrede mis derechos humanos fundamentales y constituye en términos del artículo 22 del Pacto Federal un acto que violenta mi libertad personal fuera de procedimiento. F) Juez de Ejecución Penal del distrito Judicial del Istmo con sede en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca. La inconstitucionalidad de la resolución de fecha 28 de abril del año 2022, dictada en el expediente número 44/2022, que califica de legal el traslado realizado a Joaquín Solano Juan del Centro Penitenciario de Tehuantepec, Oaxaca al similar Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Tlacolula, Oaxaca. Determinación que también tiene el carácter de acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, pues el mismo fue emitido al amparo del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal." ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el libro de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 347/2022 IV A, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que se actualiza de manera notoria y manifiesta una causal de improcedencia. El numeral 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del numeral transcrito se observa que el órgano de control constitucional, dictará un auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. En relación con ello, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, con número de registro 210751, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Así, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XX y XVIII, de la ley de la materia; numeral y fracción que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo" La disposición legal referida, encierra uno de los principios fundamentales del juicio de amparo; esto es, el de definitividad, el cual establece que dicha instancia únicamente es procedente contra actos definitivos, es decir, actuaciones respecto de las cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En consecuencia, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicha instancia, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto que se trate. Del anterior precepto se desprende la regla general que establece este principio, consiste en que cuando un acto de autoridad viola derechos humanos o las garantías establecidas para su protección, antes de acudir al juicio de amparo, deben agotarse el o los recursos ordinarios por virtud de los cuales puede ser modificado, revocado o destruido dicho acto. Así, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo por considerarlo violatorio de derechos humanos o garantías constitucionales, debe ser un acto definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, porque de no ser así, el juicio será improcedente. Luego, si la ley que rige la materia del acto reclamado prevé medios de impugnación capaces de anular o modificar el acto de autoridad impugnado, las partes previamente a acudir a esta instancia constitucional se encuentran obligadas a agotar el principio de definitividad, pues, como se afirmó, de no hacerlo, el juicio de amparo resulta improcedente. Es aplicable la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Mayo de 2002, Novena Época, registro: 187016, del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En el caso en particular, el quejoso reclama la inconstitucionalidad del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y como actos de aplicación substancialmente señala el traslado de éste de un centro penitenciario a otro y la calificación de dicho traslado, con fundamento en el numeral invocado. En ese sentido, es dable establecer lo previsto por los artículos 52 y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de contenido siguiente: "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley." Conforme al primer precepto invocado, la autoridad penitenciaria, en casos de excepción, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa, con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, cuando se trate de casos de: 1. Delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; 2. Esté en riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, 3. Se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En los supuestos anteriores no se necesita autorización previa de la autoridad jurisdiccional, pero la autoridad administrativa deberá dar aviso al juez competente dentro del término de veinticuatro horas después de haber realizado el traslado correspondiente y el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de tal determinación administrativa. Contra la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahora, de la demanda de amparo, de los antecedentes del acto reclamado que el quejoso Joaquín Solano Juan manifestó bajo protesta de decir verdad, se advierte que el veintiséis de abril del año en curso dicho quejoso fue traslado del Centro de Penitenciario de Tehuantepec, Oaxaca al diverso Centro Penitenciario Varonil de Tanivet Tlacolula, en la aludida Entidad, traslado que fue calificado de legal el veintiocho de ese mes y año, por el Juez de Ejecución Penal de Distrito Judicial del Istmo, con sede Santo Domingo Tehuantepec, bajo los siguientes argumentos que se digitalizan a continuación: Así que, se aprecia que lo anterior lo realizó las autoridades administrativas de mérito atendiendo al procedimiento establecido en el artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; y por su parte, el juez lo calificó de legal, por lo que al solicitante del amparo, le correspondía interponer el recurso de apelación en contra de la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintidós, sin que lo hubiera hecho. Lo anterior porque el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal alude a un medio de defensa -recurso de apelación-, que deben agotar las personas privadas de la libertad cuando el juez del proceso califica la legalidad del traslado efectuado por autoridad administrativa, por lo que dicha determinación debe ser revisada a través del medio de defensa señalado. Sin que sea óbice a lo anterior, que el quejoso señale en su demanda de amparo diversos actos de aplicación (actos reclamados) como lo son la orden de traslado, su ejecución, así como su calificación, dado que tratándose de las ordenes de traslados fundadas en el numeral 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, deben analizarse en su integridad al estar compuesto dicho acto de traslado de dos fases, una administrativa y otra judicial, por lo que, en todo caso, ante tal calificación efectuada por la autoridad jurisdiccional, el quejoso debió interponer el medio de defensa ordinario contemplado en la ley en comento. Como apoyo a lo anterior se cita la tesis I.2o.P.64 P (10a.), aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo III, página 2264, a la cual se le asignó el registro digital 2020572, de contenido que se cita a continuación: "TRASLADO DE INTERNOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA. EL PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL CONSTITUYE UN SOLO ACTO INTEGRADO POR UNA FASE ADMINISTRATIVA Y OTRA JUDICIAL, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO EL JUEZ DE CONTROL LO CONVALIDA. En los artículos 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se establece que, por regla general, se requiere autorización judicial para que una persona privada de su libertad sea trasladada a un diverso centro penitenciario. Sin embargo, la legislación referida regula la posibilidad de realizar el traslado sin autorización judicial previa (i) tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; (ii) cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad y, (iii) en caso de riesgo para la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, permitiéndose a la autoridad administrativa penitenciaria ejecutar su reubicación con el deber de informárselo al Juez dentro de las 24 horas siguientes, quien tendrá un plazo de otras 48 horas para calificar si esa actuación se ajustó a los supuestos que prevé el artículo 52 citado. Este procedimiento excepcional constituye un solo acto compuesto por dos fases: la administrativa, en la que interviene la autoridad penitenciaria y comprende la autorización y ejecución del traslado por cuestiones de seguridad; y otra judicial, en la que el Juez convalida o revoca el traslado; de ahí que si el traslado de un centro penitenciario a otro por cuestiones de seguridad, constituye una unidad de actos en cuya facultad intervienen dos autoridades (administrativa y judicial), y no se trata de una sucesión de actos independientes entre sí, la determinación judicial que convalida el traslado no conlleva la cesación de los efectos producidos en la fase administrativa; por el contrario, concreta formalmente el traslado como acto de autoridad propiamente dicho, permitiendo al interno impugnarlo en su integridad, pues la legalidad de esa actuación debe analizarse como un todo. De lo contrario, se corre el riesgo de que las violaciones cometidas en la primera fase queden excluidas del control ordinario o extraordinario, en el entendido de que son éstas las que, por regla general, contienen las razones que sustentaron la determinación de traslado del interno." (Lo resaltado es propio) De igual forma, es de precisarse que el aludido quejoso, no se encuentra en ninguno de los supuesto de excepción para no agotar el principio de definitividad, ya que contrario a lo que alude en el sentido que al ordenarse su traslado se afecta su libertad fuera de procedimiento, pues como ya se estableció el traslado de una interno con fundamento en el multicitado numeral 52 de la ley especial, es un procedimiento constituido de dos fases una administrativa y otra judicial. En razón de lo anterior, dada la actualización de las causales de improcedencia apuntadas respecto de los actos de aplicación señalados por el quejoso, es imposible conocer del juicio de amparo respecto del diverso acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del numeral 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esto, encuentra apoyo en la jurisprudencia 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 235, tomo XII, agosto de dos mil, materia Constitucional, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 191311, que dispone "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." (Lo resaltado es propio) Aunado a lo anterior, es de traerse a colación la tesis obligatoria de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2023927 que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL QUE LO CONTEMPLA, NO VIOLA EL DERECHO A LA REINSERCIÓN SOCIAL. Hechos: La autoridad administrativa de un centro penitenciario ordenó y ejecutó el traslado de una persona privada de su libertad a otro diverso, actuando conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; el Juez correspondiente calificó de legal dicha determinación. En su contra, la parte afectada promovió juicio de amparo indirecto alegando que dicho precepto normativo vulnera el derecho a compurgar la pena en los centros penitenciarios cercanos a su domicilio; el Juez de amparo estimó que la norma era constitucional. En contra de esta resolución se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal no contraviene el derecho de reinserción social de las personas privadas de la libertad en un centro penitenciario, contemplado en el artículo 18 constitucional. Justificación: La excepción al traslado voluntario establecida en el artículo 52 mencionado se instauró en función de la necesidad preponderante de salvaguardar ciertos aspectos de interés superior, entendiendo éstos como la seguridad y la vida de los internos, así como la gobernabilidad del centro penitenciario, los cuales son esenciales para los fines de reinserción y el cumplimiento de las obligaciones que adquiere el Estado con las personas privadas de su libertad. En ese sentido, con la determinación de traslado urgente de un centro penitenciario a otro, no se viola el derecho consagrado en el penúltimo párrafo del artículo 18 constitucional, ya que si bien es cierto que respecto al lugar en que se debe ejecutar la pena de prisión, señala que, podrá ser en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, con la clara finalidad de facilitar su reinserción a la sociedad, también lo es que el texto del citado párrafo permite advertir que el Constituyente no concibió tal posibilidad como un derecho automático para el sentenciado, esto es, como una opción siempre segura, ineludible y obligatoria para la autoridad, sino limitado o circunscrito a lo establecido por las normas instrumentales aplicables, especificando con claridad que esa disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de los internos que requieran medidas especiales de seguridad. Además, en dicho párrafo se señala que ese derecho a compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a sus domicilio, será en los casos y con las condiciones que establezca la ley; por lo que se pone de manifiesto, por una parte, que serán los órganos legislativos los que han de ponderar las condiciones y circunstancias para que opere este supuesto y, por otra, que se trata de una limitación expresamente contemplada en la propia Constitución General, para los casos señalados, lo que abre la posibilidad para que la autoridad competente, atendiendo a las necesidades de traslado, mediante resolución debidamente fundada y motivada, determine el lugar en que aquél debe cumplir la pena impuesta; sin que el hecho de que el sentenciado no se encuentre cerca de su domicilio, signifique que no estará en un ambiente adecuado para su desarrollo integral que es finalmente lo que se persigue con la reinserción." Bajo esas condiciones, se impone desechar de plano la demanda, en términos del numeral 61, fracciones XX y XVIII, de la Ley de Amparo. AUTORIZADO Téngase a la parte quejosa como su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luz Gómez Rubio, por tener demostrada su personalidad en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo y únicamente para oír y recibir notificaciones a Verónica López Jacinto, al no acreditar tal inscripción en el aludido registro. NOTIFICACIONES Y CONSULTA ELECTRÓNICA. Por otra parte, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en sus numerales del 77 al 83, se autorizan la consulta a los usuarios "veronica12" y "luzgomezrubio"; en términos del precepto 26, fracción IV de la mencionada ley realícense las notificaciones que deban ser de carácter personal o urgente, de manera electrónica de los autos o resoluciones derivadas del presente asunto, al primero de los usuarios nombrados por así solicitarlo la parte quejosa. Se instruye a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior, y como consecuencia el Actuario Judicial de la Adscripción tenga a bien notificar por tal medio dichas resoluciones sin ulterior pronunciamiento. Es aplicable a lo anterior, la tesis I.1o.P.34 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época, Registro: 2017924 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Página: 2364 de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. FEDATARIOS DE LA ADSCRIPCIÓN Ahora bien, se hace mención a los fedatarios de la adscripción que las notificaciones dirigidas a las partes y que tengan que realizar de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, deberán hacerlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar su integridad y salud, así como la de aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la fracción I del numeral 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. Notifíquese a la parte quejosa vía electrónica.
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