Joaquina Rosa López Fuentes

Expediente 1306/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1306/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Joaquina Rosa López Fuentes

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Se agrega informe justificado. Glósese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán México. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante, las documentales anexas a su oficio de cuenta, consistente en copia certificada (en ocho fojas), de diversas constancias del expediente J.7/170/2009, de su índice; las cuales se admiten y desahogan, en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Es preciso señalar que si bien, la autoridad oficiante, refiere anexa el expediente original **********, consistente en cinco tomos, el mismo no fue remitido, anexando únicamente las copias certificadas referidas en el párrafo que precede, lo anterior para los efectos a que haya lugar, 2. Se sobresee fuera de audiencia. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos mediante el cual, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado destacado, la omisión de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán México, de pronunciarse respecto a la procedencia o improcedencia del incidente de nulidad de actuaciones y/o notificaciones, promovido por la quejosa, en su carácter de actora, dentro del juicio laboral ********** del índice de la responsable. No obstante, del informe con el que se da cuenta, se aprecia que en veintitrés de noviembre del año en curso, la autoridad responsable emitió resolución sobre el incidente de nulidad planteado en el referido expediente laboral; por lo tanto, es patente que en la especie, se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el presente juicio, ya que deviene improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]. De la porción normativa antes reproducida, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad al no surtir efectos. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 2a./J. 59/99, aparece publicada en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 193758, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En vinculación directa con lo anterior, es de suma importancia advertir que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación y; b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; por ejemplo, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. En el caso, la parte quejosa reclama de forma destacada, la omisión de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán México, de pronunciarse respecto a la procedencia o improcedencia del incidente de nulidad de actuaciones y/o notificaciones, promovido por la quejosa, en su carácter de actora, dentro del juicio laboral ********** del índice de la responsable; sin embargo tal como quedó señalado con antelación, del informe rendido por la responsable, así como de las constancias se desprende que el veintitrés de noviembre del año que transcurre, se emitió resolución sobre el incidente de nulidad planteado por la quejosa dentro del juicio natural. Por tanto, es innegable que se actualiza la causa de improcedencia en comento, en tales condiciones, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, al haberse resuelto el incidente de nulidad planteado por la quejosa; por lo que se actualiza la causal de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; en tales condiciones lo procedente es sobreseer en el juicio en que se actúa, puesto que la aludida causal es manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse. Cobra aplicación el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que con el número I.3o.C.92 K, aparece publicado en la página 1491, del Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 165870, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. No pasa inadvertido para esta Juzgadora, que la quejosa dentro de su escrito de demanda señala que la autoridad responsable no le ha permitido consultar el expediente J.7/170/2009, sin embargo de las manifestaciones de la autoridad responsable, se advierte que ésta señala que el expediente se encuentra a disposición de las parte en el archivo de la Junta, siendo obligación de la autoridad responsable, el permitir el acceso a las partes, siempre y cuando estos se encuentren debidamente legitimados para tal efecto. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha de audiencia señalada para las diez horas con cincuenta minutos del doce de diciembre de dos mil veintitrés, por lo que hágase del conocimiento de las partes la anterior determinación para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Vía electrónica Autoridades responsables Lista Fiscal Federal adscrito Vía electrónica

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado procesal de los autos. Visto el estado procesal del juicio en que se actúa y las constancias que lo integran, se advierte que aún no transcurre el término de quince días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las autoridades responsables, rindan su informe justificado. 2. Imposibilidad legal para su celebración. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo1 , el órgano jurisdiccional podrá diferir o suspender la audiencia, según proceda, cuando no haya trascurrido un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional. En suma a ello, es menester acotar que, en términos de la redacción del citado precepto legal, dicho diferimiento habrá de realizarse a solicitud del quejoso o del tercero interesado. Sin embargo, en el cuarto párrafo del numeral aludido se establece que los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero "podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Evidenciándose de esta manera la intención del legislador de otorgar a las partes la aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De ahí que, de una interpretación sistemática del contenido íntegro del precepto legal en cita, el órgano jurisdiccional se encuentra facultado para diferir, de oficio, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. Logrando así un debido equilibrio procesal de las partes. 1 "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado. [.] Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. [.]." (Lo destacado es propio de este órgano jurisdiccional). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO."2 Criterio que resulta vigente de acuerdo con los artículos 2173 y sexto transitorio4 de la Ley de Amparo en vigor, al haberse emitido por el Máximo Tribunal conforme a normas de la Ley de Amparo anterior, que resultan sustancialmente similares a las normas correlativas de la Ley de Amparo vigente.5 3. Diferimiento. En consecuencia, a efecto de dar margen a que se cumpla lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 22 de dicho ordenamiento legal, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo las diez horas con cincuenta minutos del doce de diciembre de dos mil veinitrés. Notifíquese

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