Joaquín Pérez Oseguera, apoderado

Expediente 302/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
302/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
20/05/2021

Partes del expediente

  • Joaquín Pérez Oseguera, apoderado

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, Joaquín Pérez Oseguera, apoderado legal de la moral quejosa Asociación de Colonos Lomas Verdes, Quinta Sección, asociación civil, haya recurrido el auto de veintitrés de abril del año en curso, por medio el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ésta última; por lo que se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción y depuración. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso b), del Acuerdo General citado. Notifíquese....MESA 2

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta presentado por Joaquín Pérez Oseguera, apoderado legal de la Asociación de Colonos Lomas Verdes, Quinta Sección, asociación civil, por medio del cual solicita la devolución de los documentos que exhibidos en su escrito inicial de demanda, identificados como anexos 1 y 3, al efecto se acuerda: dígasele al promovente que no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado, hasta en tanto el juicio de amparo en que se actúa, sea un asunto definitivamente concluido, lo anterior de conformidad en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE....MESA 2

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Recepción de demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Joaquín Pérez Oseguera, apoderado legal de la moral quejosa Asociación de Colonos Lomas Verdes, Quinta Sección, asociación civil, contra actos que reclama del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México y otras autoridades. Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 302/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese tenor, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 1, fracción I, 5, fracción I, párrafos primero, segundo y cuarto, 6 y 61 fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, los cuáles disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. . Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. ." El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal establece lo siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; ." El primer numeral señala que el juicio de amparo es improcedente cuando se advierta de alguna disposición de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte el artículo 1º de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es un medio de control de la Constitución que sirve para impugnar actos que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Ley Suprema, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, al mismo tiempo, es protector del ámbito competencial entre las autoridades federales y locales, en la medida en que estos violen derechos humanos. Los numerales 5 y 6 refieren que para poder instaurar el juicio de amparo, se debe resentir una afectación personal y directa, más aun tratándose de resoluciones provenientes de tribunales judiciales, en donde se reclame un derecho subjetivo del que se estima es titular. En ese tenor, es pertinente destacar que la legitimación, en general, es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta. Luego, debe distinguirse la legitimación en el proceso de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro; en cambio, la legitimación en la causa consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Así, la legitimación para acudir al juicio de amparo necesariamente debe estar vinculada con el objeto mismo, es decir, con la protección a los derechos y su consiguiente restitución; sin embargo, tal aspecto también se rige por otras normas y principios íntimamente relacionados con el tema, como son el principio de instancia de parte y el diverso principio de agravio personal y directo. Por lo que hace al principio de instancia de parte, debe señalarse que de acuerdo con lo establecido en el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos implica que el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, esto es, se promueve por vía de acción. Lo anterior significa que el juicio de amparo sólo puede iniciarse, tramitarse y resolverse, en virtud de que la parte que se dice agraviada por un acto de autoridad, su apoderado o represente legal, lo acciona ante los tribunales competentes. Por lo tanto, sólo los titulares de los derechos constitucionales y en su defecto su apoderado o representante legal, que consideran se ha violado en su perjuicio pueden hacer valer la acción de amparo. En cambio, de acuerdo con el principio de agravio personal y directo no sólo basta que el juicio de amparo se inicie a instancia de parte, sino que ésta tiene que haber resentido un agravio personal y directo; dicho principio se encuentra contenido en el artículo 6 de la Ley de Amparo, conforme al cual el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. Por consiguiente, es dable sostener que de conformidad con lo establecido en los artículos 1° y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de amparo está reservada únicamente a quienes resientan un agravio (daño o perjuicio) actual o inminente de forma directa e inmediata, con motivo de un acto de autoridad, en sus derechos legítimamente tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o en su caso, a quienes los representen legalmente. En el caso, como se aprecia Joaquín Pérez Oseguera, acude demanda de la protección federal, con el carácter de apoderado legal de la quejosa Asociación de Colonos Lomas Verdes, Quinta Sección, asociación civil; ahora bien, del documento con el que acredita dicha calidad consistente en copia certificada de la escritura pública número sesenta y nueve mil ochocientos ochenta y cuatro, (69,884), pasada ante la fe del notario público 61 de la Ciudad de México, se advierte lo siguiente: "ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- La MESA DIRECTIVA TIENE LA REPRESENTACIÓN, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ASOCIACIÓN, y consecuentemente todas las facultades, inherentes al cumplimiento de su encargo, para lo cual como Órgano Colegiado y con las limitaciones que la asamblea que los designe establezca, se encuentra investida de los siguientes poderes y facultades. a) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. . TRANSITORIOS PRIMERO. Los comparecientes de esta escritura acuerda que: I. La MESA DIRECTIVA, estará integrada por las siguientes personas: JOAQUIN PEREZ OSEGUERA.----- PRESIDENTE- . Quienes para el desempeño de su cargo gozarán de todas las facultades señaladas en el artículo TRIGESIMO SÉPTIMO, de los estatutos sociales, de las cuales las señaladas en los incisos a), b), d), e), f) y g), serán ejercidas de forma mancomunada, por el Presidente de la mesa con cualquiera UNO de los miembros de la mesa." De lo que se desprende que para actuar a nombre y representación de la moral quejosa, se requiere que las facultades otorgadas a sus representantes, sean ejercidas de forma mancomunada por el presidente Joaquín Pérez Oseguera y uno de los miembros de la mesa directiva, situación que en el caso en concreto no acontece, ya que del escrito de demanda, se advierte que únicamente se encuentra firmada por Joaquín Pérez Oseguera, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, por lo tanto el mismo carece de legitimación para para promover el presente juicio de amparo; toda vez que el mismo no actuó de manera mancomunada con uno de los miembros que integran la Mesa Directiva de la moral quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Quinta Época, con registro electrónico 355147, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXIII, materia común, página 3770, cuyo rubro y texto señalan: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Una correcta interpretación de la fracción VI del artículo 63 de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción, no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados, y aunque la lesión de tales derechos, es natural que traiga repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen el interés jurídico para promover amparo. En efecto, la circunstancia de que el promovente se ostente con el carácter de representante legal, no lo faculta para intentar la acción constitucional en defensa de la asociación civil de la cual es Presidente de la Mesa Directiva, por carecer de legitimación, puesto que tal y como se advierte de párrafos que anteceden, del propio documento con el que acredita la personalidad con la que se ostenta, se advierte que se requiere que éste actúa de manera mancomunada con una los miembros que integran la Mesa Directiva de la asociación civil quejosa. Así, conforme al precepto constitucional y de la Ley de Amparo citados, para la procedencia de la demanda que se analiza, es requisito que quien acuda a esta sede, sea a quien el acto reclamado cause un perjuicio o agravio; lo que ya se evidenció, no se surte, porque no está facultado para intentar la acción constitucional en defensa de la asociación civil de manera unitaria, sino que se le impone la obligación que lo haga mancomunadamente con otro miembro de la mesa directiva. Con base en lo anterior, se pone de manifiesto que el accionante, no tiene legitimación para instaurar esta vía de amparo, tomando como premisa medular que aun cuando tengan el carácter de apoderado legal, para ejercer las facultades que le han sido conferidas, se requiere que actúe de manera mancomunada con uno los miembros que integran la Mesa Directiva de la moral quejosa Lo que permite concluir en la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, 5, fracción I, párrafos primero, segundo y cuarto, 6 y 61 fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, por falta de legitimación del quejoso para promover la demanda, por tanto, se desecha la demanda de amparo. De la notificación al quejoso. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle San José del Real, número 18, interior 401, colonia Lomas verdes, Quinta Sección La Concordia, Naucalpan de Juárez, Estado de México, código postal 53126, conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Uso de medios electrónicos. Por otra parte, le es permitido el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dicten, siempre y cuando en ningún momento el expediente sea sometido a malos manejos que puedan dañar las actuaciones que obren en el mismo, con motivo del uso de dichos medios electrónicos, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Autorizados. Por cuanto hace a los profesionistas que hace referencia en su demanda, ténganse por autorizados para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electrónica ya precisada. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa . Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo, del punto Vigésimo, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese..MESA 2

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