Joaquina Ramírez Solis

Expediente 1119/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1119/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
26/03/2018

Partes del expediente

  • Joaquina Ramírez Solis
  • Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, en términos de lo dispuesto en los puntos décimo primero, último párrafo y vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, se deja a disposición de la parte quejosa el documento que exhibió en este asunto, previniéndola que de no acudir a recogerlo dentro de un término de noventa días transcurridos a partir de que surta efectos la legal notificación de este proveído, dicho instrumento podrá ser destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 1119/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Joaquina Ramírez Solís, por derecho propio, presentó demanda de amparo contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. La H. Secretaria de Administración y Finanzas, con sede en esta ciudad. El H. Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con sede en esta ciudad ACTOS RECLAMADOS "1. Del C. Director de Ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero la aplicación de preceptos legales declarados inconstitucionales mediante jurisprudencia emitida por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. El artículo 4, 32 y 33 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero Número 676. El artículo 84, fracción V de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2017. II.- La H. Secretaria de Administración y Finanzas, se reclama la falta de refrendo y publicación, así como de todos los actos relacionados con la aplicación y cobro de las disposiciones cuya inconstitucionalidad se combate a través de la presente demanda de garantías. III.- Del H. Municipio de Acapulco de Juárez, se reclaman todos los actos relacionados con la aplicación y cobra de las disposiciones cuya inconstitucionalidad se combate a través de la presente demanda de garantías." SEGUNDO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de dos de enero de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo la cual fue registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 1119/2017; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de dos de febrero del año en curso, se previno a la parte quejosa a fin de que aclarara si era su deseo o no reclamar la inconstitucionalidad de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero y de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, sin que haya hecho manifestación alguna, por lo que en acuerdo de dos de marzo de dos mil dieciocho, se hizo efectivo el apercibimiento con el que se le conminó y se procedió a continuar el trámite del presente juicio de amparo con el mismo acto reclamado y autoridades señaladas en su demanda de amparo. La audiencia constitucional luego de diferirse en una ocasión, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, 35, 37, y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, así como al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse la aplicación de una disposición local por una autoridad administrativa con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el objeto de estudio en esta instancia lo constituye el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles por la cantidad de $84,600.00 (ochenta y cuatro mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), así como derechos por certificados catastrales por la suma de $377.45 (trescientos setenta y siete pesos 45/100 moneda nacional), consignado en el recibo F684226, expedido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero. La anterior delimitación se extrae de los capítulos de actos reclamados y antecedentes de los mismos, expuestos por la parte quejosa y responde al imperativo que contiene el invocado artículo 74 de la ley de la materia, que ordena la fijación precisa de aquéllos, la que permita apreciarlos separándolos de los calificativos o argumentos que les acompañen. No es obstáculo que la parte quejosa en el capítulo de acto reclamado, señale como tal la aplicación a través de la respectiva liquidación y cobro de artículos declarados inconstitucionales mediante jurisprudencia temática emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en virtud que la correcta fijación del acto reclamado, no debe limitarse a lo establecido en forma literal en el apartado correspondiente, sino que se debe ponderar el contenido integral de la demanda de amparo, de la que se advierte que las violaciones citadas no constituyen actos reclamados, sino la causa de pedir de sus conceptos de violación dirigidos a atacar la falta de aplicación de la jurisprudencia temática emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para disposiciones análogas, lo cual se traduce en un aspecto eminentemente de legalidad, como más adelante se expondrá. Máxime que en acuerdo de dos de febrero pasado, se previno a la parte quejosa para que a fin de que aclarara si era su deseo o no reclamar la inconstitucionalidad de los artículos 4, 32 y 33 la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero y el diverso 84, fracción V, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; sin que así lo hiciera, por lo que en proveído de dos del actual se hizo efectivo el apercibimiento con el que se le conminó y se continuó el trámite de este juicio con el mismo acto reclamado y autoridades señalados inicialmente. TERCERO. Oportunidad en la presentación de la demanda de amparo. Bajo protesta de decir verdad, la quejosa se ostentó sabedora del acto reclamado el doce de diciembre de dos mil diecisiete, data en que dijo procedió al pago de la contribución respectiva contenida en el recibo número F 684226 de esa misma fecha, lo que se corrobora con el aludido documento que allegó al sumario; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del trece de diciembre de dos mil diecisiete al cuatro de enero del año en curso (descontados los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, treinta y treinta y uno de diciembre pasado, por haber sido inhábiles); de ahí que, al haberse presentado la demanda de amparo el veintinueve de diciembre del dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, al Secretario de Administración y Finanzas, así como a la Dirección de Ingresos del citado ayuntamiento, no obstante que al rendir sus informes justificados el primero por conducto de la Síndica Procuradora Administrativa, Contable, Financiero y Patrimonial refirió su inexistencia, el citado en segundo término y el último, este a través de la encargada del despacho, señalaron que aquél era parcialmente cierto. Lo anterior, dado que su certeza se corrobora con el recibo oficial de pago con número de folio F 684226 de doce de diciembre de dos mi diecisiete, que la quejosa exhibió y que por su calidad de público, goza de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, ya que fue expedido por una autoridad del Estado, en ejercicio de sus atribuciones. QUINTO. Causal de improcedencia fundada. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, como cuestión preliminar cabe destacar que en el presente asunto no se reclama la inconstitucionalidad de leyes; en ese tenor como el acto reclamado es el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles por la cantidad de $84,600.00 (ochenta y cuatro mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), así como derechos por certificados catastrales por la suma de $377.45 (trescientos setenta y siete pesos 45/100 moneda nacional), consignado en el recibo F684226, expedido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero. Se estima que, el análisis que propone el justiciable, se relaciona con una cuestión relativa a la fundamentación y motivación del acto reclamado, que se traduce en un tópico de mera legalidad. En ese tenor, de oficio se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que el análisis que se propone, debe dilucidarse en sede administrativa y no constitucional, atendiendo al principio de definitividad. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en lo que interesa, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)." La fracción de referencia, aborda el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional en materia administrativa, y que establece su improcedencia en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que sea susceptible de nulificar, modificar o revocar dicho acto; siempre y cuando la ley que lo rija no exija mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión definitiva. De acuerdo a lo anterior, podemos decir que el principio de definitividad implica la obligación del agraviado de agotar, previo a instar el juicio constitucional, los recursos ordinarios tendentes a nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. Esto es así, porque una de las finalidades del principio de definitividad, es la de evitar los abusos en la promoción del juicio constitucional y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia. Por ese motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a las resoluciones administrativas después de agotado el recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Además, el principio de definitividad no pugna con la irreparabilidad del acto, dado que, la citada causa de improcedencia descansa sobre la posibilidad de que el acto reclamado pueda ser impugnado eficazmente, en virtud del recurso o medio de defensa ordinario a través del cual el gobernado pueda lograr que el acto de autoridad deje de provocarle perjuicio, de manera que el juicio de amparo quede reservado -se reitera- como un medio extraordinario de defensa, a fin de evitar que contra cualquier acto de autoridad, sin condición alguna, se active la tutela constitucional reservada para los órganos judiciales de la Federación. Por otra parte, debe puntualizarse que, para que opere la causal de improcedencia por inobservancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, en términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Asimismo, que la tramitación del recurso o medio de defensa sea susceptible de suspender los efectos del acto combatido, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los multicitados medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, ya que en la Ley de Amparo no existe disposición expresa sobre ello. Además, el legislador secundario cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular; por tanto, será suficiente que los citados medios de defensa o recursos estén previstos en alguno de los ordenamientos legales que regulen el acto reclamado, siempre y cuando se trate de una ley en sentido formal y material. En efecto, tales recursos deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y por otra, para que la parte quejosa tenga la obligación de agotarlos, previo a instar el juicio constitucional, debe existir entre éste y aquél una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa se encuentre previsto por la ley que rige el acto reclamado; con excepción de cuando la ley que rige tal acto exija para conceder la suspensión, mayores requisitos que la Ley de Amparo, que el acto reclamado carezca de fundamentación, cuando se aleguen violaciones directas a la constitución, o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia. Pues bien, ya que como se señaló la naturaleza del juicio que nos ocupa, no es la de un amparo contra leyes, es inconcuso que la aquí quejosa reclama un aspecto meramente de legalidad -indebida fundamentación en preceptos declarados inconstitucionales por jurisprudencia temática-; por lo que previamente debe agotar el principio de definitividad mediante la interposición del juicio contencioso administrativo, ante la Sala Regional del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, tal y como enseguida se explica: El artículo 118 de la Constitución Política del Estado de Guerrero establece: "Artículo 118. Las resoluciones que dicte la administración pública serán conforme a las normas que regulen el procedimiento administrativo y en contra de ellas podrán enderezarse, una vez agotada la vía administrativa, las acciones y recursos que señale la ley. En los términos del artículo 115 de la Constitución General de la República, habrá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, el cual resolverá las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares y las autoridades administrativas del Estado y los Municipios, incluyendo los organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad. La ley respectiva definirá su organización y competencia." Por su parte, el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero número 433, dice: "Artículo 40. Existirá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que conocerá de las controversias del orden administrativo que se presenten entre la administración pública, incluyendo los organismos públicos descentralizados, revestidos de autoridad, con la ciudadanía, así como entre éstos y la administración municipal, y el cual gozará, igualmente, de autonomía jurisdiccional." En tanto que, el artículo 1 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos indica: "Artículo 1. El presente Código es de orden público e interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos." La interpretación sistemática de estos preceptos permite obtener lo siguiente: El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, resolverá las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares y las autoridades administrativas estatales. Conocerá de las controversias del orden administrativo y fiscal que se presenten entre la administración pública con la ciudadanía. Como se advierte de estos dispositivos, de la Constitución y leyes locales, la competencia del tribunal se surte esencialmente, respecto de los asuntos que puedan surgir entre las autoridades y los particulares en materia administrativa y fiscal. Por tanto, se advierte a qué instancia administrativa corresponde el conocimiento de las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, lo que en el caso acontece, por lo que, antes de que este órgano jurisdiccional se halle en aptitud legal de examinar la constitucionalidad del acto reclamado, el quejoso debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo local, como se prevé en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, que dispone: "Artículo 29. Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para conocer y resolver: I. De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios, de los organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o municipal; II. De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones negativas fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren por el silencio de las autoridades estatales o municipales, de los organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad, estatales o municipales, para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la Ley fija y a falta de término, en cuarenta y cinco días; III. De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones positivas fictas, las que se configuran una vez transcurridos los plazos y términos de las leyes conducentes; IV. De los juicios que se promuevan por omisiones para dar respuesta a peticiones de los particulares, las que se configuran mientras no se notifique la respuesta de la autoridad; V. De los juicios de lesividad en el que se pida la nulidad o modificación de un acto favorable a un particular; VI. De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones en las que se impongan sanciones por responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, municipales y organismos públicos descentralizados; VII. Del recurso de queja por incumplimiento de la suspensión otorgada o de las sentencias que dicten; VIII. Del recurso de reclamación en contra de las resoluciones de trámite de la misma Sala; IX. De las demás que las disposiciones legales dicten." Figura normativa que se constituye como un medio ordinario de impugnación que tiene por efecto nulificar, modificar o revocar el acto que se combate, respecto del cual resulta competente para dirimir y resolver un órgano en sede administrativa de carácter estatal, que se encuentra facultado para conocer de tal cuestión a través de un procedimiento en el que tiene plenas atribuciones legales, que pudiera resultar favorable a los intereses del ahora quejoso. De esta forma, al disponerse expresamente la procedencia de una defensa otorgada por la ley ordinaria para combatir los actos reclamados, que tiene por objeto modificar, revocar o nulificarlos, es inconcuso que, para los efectos del amparo, el acto aquí reclamado carece de definitividad para que se esté en aptitud jurídica de analizar su constitucionalidad, aun cuando no se hubiese hecho valer, ya que el juicio extraordinario que nos ocupa, se rige por el principio de definitividad, lo cual significa que antes de promover la acción constitucional, deben agotarse los recursos o medios de defensa que las leyes ordinarias prevén a fin de combatir el acto de autoridad en esta vía. Luego, si la aquí quejosa Joaquina Ramírez Solís, reclamó el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles por la cantidad de $84,600.00 (ochenta y cuatro mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), así como derechos por certificados catastrales por la suma de $377.45 (trescientos setenta y siete pesos 45/100 moneda nacional), consignado en el recibo F684226, expedido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero; es inconcuso que dicho acto de autoridad en términos del artículo artículo 29, de la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, debía ser impugnado a través del juicio contencioso administrativo ante la Sala Regional que corresponda del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado; por tratarse de un acto administrativo atribuido a una autoridad municipal y al no haberlo hecho valer el quejoso previo a comparecer a esta instancia suprema, el juicio de amparo por él promovido se torna improcedente, en términos del numeral XX, fracción 61, de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues en el caso no se actualiza ninguna de las excepciones previstas por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, las cuales se hacen consistir en que: 1) El medio de defensa previsto en el ordenamiento legal respectivo, prevea mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, para conceder la suspensión. 2) El acto reclamado carezca de fundamentación. 3) Se aleguen violaciones directas a la constitución. 4) El recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia. 5) Que el quejoso se ostente como tercero extraño en sentido estricto o por equiparación. Respecto a la primera de las excepciones debe decirse que los numerales 3, 65, 66, 67 y 68, del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, señalan: "Artículo 3. Las Salas Regionales conocerán de los asuntos que les señale la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La competencia por razón del territorio será fijada por la Sala Superior del Tribunal." "Artículo 65. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por orden de autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el Magistrado de la Sala Regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda." "Artículo 66. El actor podrá solicitar la suspensión en el escrito de demanda ante la Sala Regional que conozca del asunto, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta antes de dictar sentencia definitiva. Cuando proceda la suspensión, deberá concederse en el mismo acuerdo que admita la demanda o cuando ésta sea solicitada, haciéndolo saber sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento." "Artículo 67. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio." "Artículo 68. Cuando los actos materia de impugnación hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos o impidan el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, la Sala Regional podrá conceder la suspensión con efectos restitutorios y dictar las medidas que estimen pertinentes para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que no se lesionen derechos de terceros, pudiendo incluso ordenar el levantamiento del estado de clausura, hasta en tanto se pronuncie la resolución que corresponda. También procede la suspensión con efectos restitutorios, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa, o bien cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos, dictando las medidas pertinentes para preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular." De lo anterior, se desprende que la suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte, en este último supuesto se debe solicitar en el escrito de demanda ante la sala regional que conozca del asunto, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el procedimiento contencioso administrativo y hasta antes de dictar sentencia definitiva. Dicha suspensión tiene por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren y estará vigente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el juicio, la cual no se otorgará si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. Consecuentemente, podemos concluir que el Código de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero prevé la suspensión del acto reclamado sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, ya que establece que con la sola presentación de la demanda, de manera oficiosa o si lo solicita el reclamante y tal medida no ocasiona perjuicio al interés social, no contraviene disposiciones de orden público o deja sin materia el juicio, se suspenderán los efectos del acto recurrido, sin que para el caso se exija la presentación de garantía alguna, lo que sí acontece en la Ley de Amparo, motivo por el cual es indudable que la ley de mérito no exige mayores requisitos para la obtención de la suspensión del acto reclamado, sino por el contrario resulta más benévola; inclusive la medida cautelar se decreta de plano en el mismo acuerdo que admite la demanda o cuando ésta se solicita, al tenor del segundo párrafo del precepto 66 transcrito. Tampoco se actualiza la segunda de las numeradas excepciones, relativa a que no existe la carga procesal de agotar los medios ordinarios de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, puesto que en el particular, resulta intrascendente la ausencia de fundamentación y motivación, pues no puede soslayarse que derivado de la precisión realizada respecto del acto reclamado, es claro que se tuvo como acto reclamado destacado, el pago del impuesto por inscripción de documentos concernientes a todo tipo de bienes inmuebles así como de las anotaciones y cancelaciones que se realicen respecto del mismo, materializado en el recibo F 684226, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; entonces, se puede colegir que dicho acto deriva de una manifestación de voluntad de la parte justiciable frente al mandato tributario, es decir, es justamente éste quien de forma espontánea acudió ante la potestad de la autoridad o cualquiera de sus auxiliares recaudadores a efecto de cumplir determinada obligación legal eminentemente fiscal. Lo anterior es de esa forma, porque en el supuesto particular no existe alguna probanza de la que pueda desprenderse que la autoridad fiscalizadora hubiere ejercitado alguna atribución prevista en determinada Ley, de modo tal, que coaccionara a la parte solicitante de amparo a realizar el entero de los tributos que por cuestiones de legalidad (jurisprudencia temática) tilda de inconstitucionales en vía de amparo; sino que, como se ha destacado, es justamente el gobernado quien acude ante la autoridad y de forma espontánea realiza el pago correspondiente derivado del ejercicio de la prerrogativa de autodeterminación que rige en materia impositiva. Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las Salas que le integran, ha sostenido en distintos criterios obligatorios y orientadores, que tratándose de temas relacionados con autoliquidación o autoaplicación de un tributo, entendida tal figura como una modalidad legal que permite a una persona que se encuentra sujeta al cumplimiento de una obligación fiscal, a que por voluntad propia acuda ante la autoridad y dé cumplimiento a la norma, ha determinado que no representa la manifestación de la autoridad; en la medida que ésta no despliega ninguna facultad prevista en Ley, sino que dicho acto sólo corresponde al cumplimiento de determinada obligación fiscal a través de la conducta observada por el contribuyente. Resulta aplicable la Tesis Aislada 4a. XVI/92, sustentada por la otrora Cuarta Sala del más alto Tribunal de País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. La existencia de un acto de autoridad no puede lógicamente hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; de modo que la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con lo cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro que les atribuyó a las autoridades ejecutoras. Si bien la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, esto no quiere decir que tal cumplimiento de la norma por el particular deba serle atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el término de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en la hipótesis prevista por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Por lo que hace a la tercera de las excepciones, si bien, el quejoso en su demanda señala violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo caso el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno; lo cierto es, que tal excepción a la hipótesis prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, presupone que en la demanda de amparo exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la norma suprema; lo que en el caso no acontece, puesto que basta dar lectura completa a la demanda de amparo, para advertir que se controvierte el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles por cuestiones de mera legalidad. En efecto, la quejosa reclamó el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles por la cantidad de $84,600.00 (ochenta y cuatro mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), así como derechos por certificados catastrales por la suma de $377.45 (trescientos setenta y siete pesos 45/100 moneda nacional), consignado en el recibo F684226, expedido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el entendido que los fundamentos aplicados -artículos 4, 32 y 33 la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero y el diverso 84, fracción V, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero-, corresponden a normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia temática de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que resulta claro que la naturaleza jurídica del presente juicio no es la de un amparo contra leyes, puesto que se reclama un aspecto de legalidad en virtud de que no fueron señaladas como responsables las autoridades que participaron en el proceso legislativo de creación de los precitados artículos, por lo que tampoco se actualiza la hipótesis de excepción que se estudia, dado que el análisis que se realizará no se hará a la luz de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que el tribunal administrativo únicamente tendrá que confrontar si la jurisprudencia temática que se invoca es aplicable o no, estudio que implica un tema de mera legalidad, y no de inconstitucionalidad de leyes. Por consiguiente, la circunstancia de que se hagan valer violaciones al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no releva al afectado de la obligación de agotar los recursos o medios legales que estatuye la ley del acto, pues de considerar lo contrario, imperaría el arbitrio de la parte quejosa, quien por el sólo hecho de señalar violaciones a la ley fundamental del país, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios de defensa que la ley secundaria establece, lo cual desnaturaliza los principios que rigen el juicio de amparo. En efecto, de la causa eficiente de pedir advertida en la demanda de amparo, se desprende que la cuestión relativa a si los numerales y legislación que invoca la quejosa ingresan o se ajustan a la jurisprudencia temática establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe decirse que en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia para diversas autoridades, entre ellas, los tribunales administrativos locales, por lo que en caso de que al realizar una confrontación entre la legislación que aduce el quejoso con la jurisprudencia de marras, el tribunal contencioso administrativo estime que efectivamente se actualiza, estaría en aptitud de decidir que no se aplique en perjuicio del impetrante. De modo que, los tribunales ordinarios se encuentran facultados para calificar el acto impugnado y definir los efectos que se deducen de aplicar un precepto declarado inconstitucional de acuerdo a la "interpretación conforme", a fin de lograr que prevalezcan los principios y valores consagrados a nivel constitucional, pues al aplicar la jurisprudencia sustentada sobre la inconstitucionalidad de una ley, se limitan a realizar un estudio de legalidad relativo a si el acto o resolución impugnados respetaron el artículo 16 Constitucional, como en el caso en cuestión, de modo que se robustece aún más que el juicio de amparo es improcedente. En ese sentido, los tribunales del fuero común, como en el caso el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, está facultado para inaplicar mediante el control difuso de la constitución, un acto en particular, lo cual es la pretensión del quejoso, ya que se insiste, no se reclamó la inconstitucionalidad de la ley, sino un aspecto meramente de legalidad. Ahora, por lo que hace a la cuarta de las excepciones, debe decirse, que no pasa desapercibido, el hecho que el medio ordinario de defensa (juicio contencioso administrativo) está contemplado en ordenamientos legales diferentes al cuerpo normativo local en que se funda esencialmente el acto de autoridad combatido en esta vía constitucional, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de amparo restringe la procedencia del recurso ordinario al ordenamiento del cual emane formalmente lo reclamado, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular, aunado a que la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es una ley en sentido formal y material. Por último, en el presente caso tampoco opera la quinta de las excepciones, pues respecto al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles por la cantidad de $84,600.00 (ochenta y cuatro mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), así como derechos por certificados catastrales por la suma de $377.45 (trescientos setenta y siete pesos 45/100 moneda nacional), consignado en el recibo F684226, de doce de diciembre de dos mil diecisiete, expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco, Guerrero, que constituye el acto reclamado, el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño, pues como lo señaló en el capítulo de antecedentes del acto reclamado el mismo procedió de forma directa al pago de la contribución cuya inconstitucionalidad reclama; por lo que no existe razón para considerar que le revista el carácter de tercero extraño en estricto sentido o por equiparación. Bajo ese contexto, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, promovido por Joaquina Ramírez Solís, en términos del numeral XX, fracción 61, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. No impide considerar lo anterior, el hecho que de conformidad con el artículo 76 bis, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada; disposición que fue trasladada al artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, opera la suplencia de la queja deficiente, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y esa superioridad ha determinado que dicha suplencia opera aun tratándose del segundo o ulteriores actos de aplicación de la ley; lo cierto es que tal situación requiere como presupuesto que el juicio de amparo sea procedente, ya que la suplencia de la queja opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo. Asimismo, conviene dejar en claro que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para el quejoso a la impartición de justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, como lo es el que la acción constitucional se inste agotando el principio de definitividad, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa, la parte quejosa debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le esté negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición y de lo contrario, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como el generar un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, la causa de improcedencia analizada, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y no configura una denegación de justicia. Además, sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos, además de que se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables, máxime que, debe recordarse que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman, y así tenemos que en la propia legislación mexicana se encuentra el medio de defensa sencillo y rápido a que nos hemos referido en líneas anteriores. Dado el sentido del presente fallo, no es posible realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de garantías, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que atañe al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Similares consideraciones sustentó el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, al resolver los amparos en revisión administrativa 409/2015 y 52/2017. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto a pie de página no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 1119/2017 promovido por Joaquina Ramírez Solís, contra los actos y autoridad precisados en el resultando primero de esta sentencia y por los motivos expuestos en el último de sus considerandos. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; dos de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días concedido a la parte quejosa, a fin de que aclarara si era su deseo o no reclamar la inconstitucional de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero y de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero en términos del acuerdo de dos de febrero del presente año, sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de dos de febrero de dos mil dieciocho y se procede a continuar el trámite del presente juicio de amparo con el mismo acto reclamado y autoridades señaladas en su demanda de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; a dos de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que la parte quejosa reclama en el presente juicio de amparo la aplicación de los artículos números 4, 32 y 33 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, así como el artículo 84, fracción V de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, se desprende que ésta no sólo reclama los actos que se identifican como la "aplicación" en el presente asunto, sino que también la inconstitucionalidad de la referida disposición jurídica; por lo que en el término de quince días siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, con fundamento en los artículos 17 y 111 de la Ley de Amparo, aclare si es su deseo o no de reclamar la inconstitucionalidad de las ya referidas disposiciones legales. Asimismo, en caso de que su respuesta sea afirmativa además deberá indicar: 1) La denominación de las autoridades responsables que intervinieron en el procedimiento legislativo de cada uno de los ordenamientos tildados de inconstitucionales. 2) La precisión de cada uno de los actos reclamados a las autoridades responsables que intervinieron en el procedimiento de formación legislativa de cada uno de los ordenamientos tildados de inconstitucionales. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que la prevención antes mencionada deberá realizarla cumpliendo con los requisitos exigidos por el artículo 108 de la Ley de Amparo. Apercibida que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, se seguirá el presente juicio con el mismo acto reclamado y autoridades señalados en su demanda de amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.

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