Joaquina Hernández Agüero
Expediente 702/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 702/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Joaquina Hernández Agüero
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; dos de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de dos de julio de dos mil diecinueve, conforme al oficio número CCJ/ST/3312/2019, signado por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistida de Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE dieciséis de julio de dos mil diecinueve, QUE DICE: "Vista la demanda de amparo promovida por Joaquina Hernández Agüero, por su propio derecho y quien se ostenta como representante común de Tito Guzmán Guerrero, Lucio Bautista Rafael, Rosalino Vilchis Cienfuegos, Antonia Ramos Reséndiz, Dioselina Serrano Torralba, María Epifanía Barrera Flores, Lucina Reyes Fuentes, Sara Morales Alvarado, Silvia Acosta Lagunas, Rufina Rebolledo Martínez, Guadalupe Karem Herrera Hernández, Ma. del Rosario Ruiz Gómez, Luciana García González, Nohemí Flores Rebolledo, Gustavo Muños Pedroza, Raquel Verónica Rendón y Manuel Estrada Mendoza; Ma. Luisa Victoria Mayoral, en su carácter de apoderada legal de José Luis Hernández Victoria; Félix Hernández Estrada, por sí y como apoderado legal de Berenice Hernández Reyes; Ma. del Carmen Reyes Fuentes, por sí y como apoderada legal de Saraí Hernández Reyes, Cecilia Fuentes Martínez, Efigenia Valdovinos Ibarra, Georgina Yaneth Radilla Valdovinos, Carlos Ortega García, Ma. de Jesús Reyes Fuentes, Marina Delgado Cortez, Fulgencia Verónica Rendón, Ricardo Castillo Barrientos, Alma Luz Alarcón Reyes, Ma. Elena Reyes Morante, Jesús Gabriel Alarcón Reyes, Ghandy Villegas Solís, Pedro Emmanuel Villegas Solís, María Esperanza Flores Gallardo, Juan Ramón Castillo Verónica, Guillermo Ríos Ríos y Aurora Elvira Carranza Trujillo, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Uno, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 702/2019, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de veinte de junio de dos mil diecinueve, dictada en el juicio agrario número 845/2017, por la que se declaró procedente la excepción de incompetencia por razón de materia planteada por los demandados, y en consecuencia, ordenó la remisión de los autos al Tribunal Superior de Justicia del Estado para que a su vez, los enviara al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, al que estimó competente para seguir conociendo del asunto. Ahora, respecto de los actos que determinan declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que, de conformidad con la Ley de Amparo Vigente, es procedente el juicio de amparo siempre que sean definitivos. Lo anterior en la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." El criterio anterior es obligatorio para este juzgado de Distrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la resolución reclamada consiste en la declaración de incompetencia sostenida por el Tribunal responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que dicha determinación no constituye un acto definitivo, para los efectos del supuesto de procedencias del juicio de amparo a que se contrae la hipótesis mencionada en el último de los numerales, porque involucra un pronunciamiento pendiente de aceptación por la autoridad a quien se declina competencia. La causa de improcedencia es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda, tan es así que se allegó la propia resolución reclamada; e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; y por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda. PERSONALIDAD Sin que obste que la promovente del amparo no haya acreditado el carácter de representante común de las personas que al efecto indica, y que a partir de ello tuviera facultades de representación a su favor; y no se hubiera prevenido para tal efecto, dado que lo anterior no cambiaría el sentido de la presente determinación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Constituyentes número 128, colonia Vista Alegre, en esta ciudad; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Ricardo Aparicio Lugardo y Jaime Alvarado López, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Karen Aviles Cortez y Ma. Esthela Mendoza Albarrán, por no cumplir con el requisito anterior, así como a Alejandra Céspedes Prudente y Alejandro Solís López, por así haberlo solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles.
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