Joaquina Margarita Abarca Alavéz

Expediente 1039/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1039/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Joaquina Margarita Abarca Alavéz

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente y Secretario de Acuerdos, adscritos a la Sala Regional Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; mediante el cual remite las constancias requeridas en auto de veintiuno de noviembre actual. Ahora, con apoyo en el artículo 119 de la citada ley, se admite como prueba documental las constancias que anexa a su oficio la sala responsable, misma que se tiene por desahogada, en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional; lo anterior para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente y Secretario de Acuerdos adscritos a la Sala Regional Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; mediante el cual rinde su informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Ahora, con apoyo en el artículo 119 de la citada ley, se admite como prueba documental las constancias que anexa a su informe justificado la sala responsable, misma que se tiene por desahogada, en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional; lo anterior para los efectos legales consiguientes. Se requieren documentales. De autos se observa que en este juicio la parte quejosa reclama de los Magistrados Integrantes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca, lo siguiente: ".LA OMISIÓN DE REALIZAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES PARA ASEGURAR Y HACER CUMPLIR ÍNTEGRAMENTE LOS TÉRMINOS DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RADICADO BAJO EL NÚMERO ********************EMITIDA CON 08 DE NOVIEMBRE DE 2021, ASÍ COMO DE LA RESOLUCIÓN DE LA INTERLOCUTORIA DE QUEJA Y DICTADA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 58 LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE NINGUNA FORMA QUEDE INCUMPLIDA O SE EJECUTEN EN PLAZOS PROLONGADOS E INCIERTOS COMO LO SUCEDE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTES CITADO. ." Ahora, de la revisión de las constancias remitidas por la autoridad responsable, Magistrado Presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, deducidas del juicio de nulidad ********************de su índice, no corresponden a la totalidad de las actuaciones que integran el juicio de origen en su etapa de ejecución de sentencia. En atención a lo anterior, a efecto de dictar una resolución conforme a derecho, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación Supletoria, requiérase al Magistrado Presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que dentro del término de tres días siguientes al en que quede notificado de este proveído, remita a este Juzgado de Distrito, lo siguiente: Copia certificada de lo actuado en el juicio de nulidad ********************de su índice, posterior al dictado de la sentencia y que tengan exacta relación con el acto aquí reclamado. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo indicado, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el apercibimiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia. Apoya a lo anterior la jurisprudencia P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida al resolver la contradicción de tesis 8/96, de su índice, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. NOTIFÍQUESE.

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