Joaquin Ofir Salazar Sánchez
Expediente 653/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 653/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Joaquin Ofir Salazar Sánchez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, por el que acusa recibo del oficio 20696/2018 del índice de este Juzgado, con el que se le remitió el original del juicio de amparo del cual derivó el presente cuaderno de antecedentes, y seis copias de la demanda; asimismo, informa que aceptó la competencia planteada a su favor y se avocó al conocimiento del asunto. Por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este cuaderno de antecedentes carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en este expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, se ordena remitir al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, el escrito de nueve de julio actual, suscrito por el quejoso Joaquín Ofir Salazar Sánchez, solicitando el acuse de recibo respectivo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de julio de dos mil dieciocho. Vista la razón del Actuario adscrito a este juzgado, téngasele informando que no le fue posible notificar al quejoso Joaquín Ofir Salazar Sánchez, el proveído de veintinueve de junio del año en curso, por la razón que expone; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificar dicho proveído por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, así como las subsecuentes notificaciones que surjan en este juicio de amparo, aún las de carácter personal. Por otra parte, visto el escrito de cuenta, se advierte que el quejoso Joaquín Ofir Salazar Sánchez, señala domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de Salina Cruz, Oaxaca; sin embargo, resérvese acordar al respecto, hasta en tanto el Juez de Distrito en el Estado en Turno, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, informe lo relativo a la incompetencia planteada para conocer del asunto. NOTIFÍQUESE. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL AUTO QUE ANTECEDE, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL DIVERSO DE 29/06/2018. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve Joaquín Ofir Salazar Sánchez, contra actos del Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca; fórmese expediente y regístrese bajo el número 653/2018. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte la parte agraviada reclama el auto de formal prisión de dieciséis de junio de dos mil dieciocho, dicto en la causa penal número 64/2011 del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca. En el caso, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, estima carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo. Ello es así, porque el artículo 107, fracción VII, Constitucional, dispone: "Las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [...] VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito se advierten tres hipótesis, en relación con la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, los cuales son: 1. Será competente para conocer el juicio el Juez de Distrito del lugar en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito y se ha empezado a ejecutar en uno de ellos y continúa ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en cualquiera de esos lugar ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Luego, se estima que cuando el acto reclamado tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez de Distrito que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos; así, si en el caso concreto se reclama el auto de formal prisión decretado contra el quejoso, es competente entonces el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal; sin que obste, el que en la demanda de amparo el quejoso no hubiera precisado si se encuentra interno o en libertad, pues tal circunstancia no incide en la competencia que nos ocupa, pues atendiendo a la naturaleza jurídica del acto reclamado -auto de formal prisión- sus efectos se trasladan directamente al proceso, esto es, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 1ª/J.118/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en el Libro III, Diciembre 2011, Tomo3, página 2183, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." En tal virtud, el Juez de Distrito en turno en el Estado, con residencia en Salina Cruz, es el competente para conocer y resolver de la demanda de que se trata; además, porque no se señala diversa autoridad responsable que dé jurisdicción a este Juzgado Federal con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; esto, de conformidad con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. En consecuencia, con fundamento en el invocado numeral 37, así como en el diverso 48, ambos de la Ley de Amparo, el suscrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata. Remítase la demanda de cuenta y seis copias de la misma al Juez de Distrito en turno en el Estado, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, solicitándole el acuse de recibo correspondiente; fórmese cuaderno de antecedentes, sin proveer respecto de la suspensión de los actos reclamados, al no estarse en alguno de los supuestos que establece el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, así como por autorizadas únicamente para el mismo fin a las personas que señala toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes que acrediten están legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado en término del artículo 12 de la Ley de Amparo. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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