Joaquín Pelayo León
Expediente 1764/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1764/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Joaquín Pelayo León
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra la sentencia dictada el veinte de enero de dos mil diecisiete, que sobreseyó en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1764/2016-I-A, promovido por JOAQUÍN PELAYO LEÓN, por los motivos precisados en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de enero de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con el que se da cuenta, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así mismo, con fundamento en el artículo 119, en relación con el diverso 123, ambos de la Ley de la materia, téngasele ofreciendo como prueba la documental que acompaña al oficio de cuenta, la cual se desahoga dada su propia y especial naturaleza.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo, la que se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de acuerdo al artículo primero transitorio; por tanto, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1764/2016-I-A. Ahora bien, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII, X y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 37, 107, 112, 115, 117 y 128 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de garantías presentada por Joaquín Pelayo León, contra actos de la autoridad responsable Directora del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla. No ha lugar a tramitar el incidente de suspensión del acto reclamado, pues la parte quejosa no lo solicitó expresamente; sin que a criterio del suscrito Secretario encargado del despacho resulte procedente tramitar de oficio dicha medida cautelar, pues el acto reclamado en el presente juicio no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 127 de la Ley de Amparo, en tanto que no se trata de una orden de extradición y no es un acto que sea de imposible reparación, por lo que, en caso de concederse el amparo, el quejoso podrá ser restituido en el pleno goce del derecho reclamado. Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este juzgado de Distrito ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla; Apercibida que de no hacerlo o no anexar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Esto es así, ya que la no rendición del informe justificado implica que se presuma cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Amparo vigente; y, por lo que respecta a los informes rendidos fuera de los plazos establecidos, podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos, con fundamento en la primera parte del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. En otro sentido, se solicita a la autoridad señalada como responsable informe a este juzgado de Distrito si este juicio de amparo tiene relación con otro resuelto o en trámite, por la intervención en ambos asuntos de las mismas partes en el procedimiento natural o constitucional o por tratarse de actos derivados del propio procedimiento, o bien, porque se refiera a los mismos hechos. Así mismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que si tiene conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberá comunicarlo inmediatamente a este órgano jurisdiccional, acompañando las constancias que así lo acrediten. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y con el artículo 251 del citado cuerpo de leyes. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Por otra parte, se requiere a la autoridad responsable que convenga en la existencia el acto reclamado, precise si las constancias que remita como justificación a su informe, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se usen de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 26/2015 siguiente sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en la demanda de amparo; y, como autorizados en los términos restringidos previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alma Lilia Rincón Ramírez, Leticia Vázquez Yáñez, Javier Julián Rodríguez, Carlos Corona Vera y a José Antonio Cuevas Caballero, pues no obstante que la parte quejosa manifestó que es su deseo autorizarlos en los términos amplios del citado precepto, esta autoridad carece de los elementos necesarios para corroborar que los profesionistas que indica, cuentan con su cédula de licenciados en derecho registradas ante la Secretaría de Educación Pública, pues el solo hecho de indicar sus nombres, no es suficiente, en virtud de los homónimos que pudieran existir respecto de éstos. Lo anterior, sin perjuicio de que si en el futuro llegase a acreditar la situación anterior, podrá autorizarlos en los términos que pretende. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa la documental que anexó a su escrito de demanda, la instrumental pública de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 176/2012 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Finalmente, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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