Joaquin Palomino Ramirez
Expediente 668/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 48 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 668/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 48
- Última actuación
- 11/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Joaquin Palomino Ramirez
- Agente de Ministerio Público Adscrito A la Dirección General de Investigación Y Combate Al Delito de Secuestro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 48.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran de la resolución dictada el ocho de noviembre de dos mil diecinueve, donde se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del diecinueve de noviembre al diez de diciembre de dos mil diecinueve, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, pero es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II, del punto vigésimo primero, del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las documentales que la entonces autoridad responsable Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, remitiera como justificación de su informe, y con las que se ordenó formar los correspondientes anexos, consistentes en siete legajos de copias certificadas de las constancias que conforman la causa penal 224/2011, devuélvansele los mismos a la autoridad sustituta Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. No ha lugar a requerir el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas a la autoridad responsable en cita, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve (foja 654), para que manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que hubieran desahogado la vista conferida. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio, es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 138 a 173), se concedió el amparo a Joaquín Palomino Ramírez, para los siguientes efectos: ".OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo a Joaquín Palomino Ramírez, para el efecto de que el 1. Juez Séptimo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo establecido para tal efecto, realice lo siguiente: a) Provea de inmediato las medidas necesarias para el desahogo de: Las testimoniales (interrogatorio) a cargo de Raúl Toledano Enríquez, R.A.T.P. y Ana María Pérez Mejía. Las testimoniales a cargo de Ciro Munguía Camacho y Celso Chacón González; y El careo entre el aquí quejoso Joaquín Palomino Ramírez con Enrique Arturo Vázquez Malpica. Pruebas que se encuentren pendientes en el proceso penal 224/2011 de su índice, las cuales deberán tener verificativo dentro del plazo máximo de treinta días, de conformidad con lo establecido por el artículo 224 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. b) Hecho lo anterior inmediatamente declare cerrada la instrucción y mande a poner los autos que conforman el proceso penal a la vista del Ministerio Publico de su adscripción, para que, dentro del plazo que estime procedente, que no podrá exceder de quince días, formule sus conclusiones, según lo preceptuado por el artículo 225 de la legislación adjetiva citada. c) Una vez formuladas las conclusiones o trascurrido el plazo concedido para ello, ponga la causa a la vista del procesado, hoy quejoso Joaquín Palomino Ramírez y su defensa (por el mismo plazo concedido al agente del Ministerio Público para tal efecto) para que formule las suyas y, presentadas dichas conclusiones o en caso de que se tengan por formuladas las de inculpabilidad, cite a la audiencia de vista, que tendrá que celebrar dentro del plazo de cinco días que establece el artículo 233 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla y, desahogada ésta, dentro del plazo de seis días que señala el artículo 234, fracción XII del citado ordenamiento, dicte sentencia en la causa penal de origen. d) Notifique al quejoso la sentencia respectiva, dentro de los plazos establecidos en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. En la inteligencia que, para poder dar cumplimiento a esta sentencia, el Juez Séptimo Penal de la ciudad de Puebla, queda obligado a vigilar que durante la substanciación de la causa penal de origen verifique que las diligencias, notificaciones y citaciones se realicen dentro de los términos que establece el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Precisando que el juez responsable, deberá hacer uso de todas las medidas de apremio a su alcance para cumplir con el fallo protector aquí dictado, y que las cargas de trabajo, la dificultad del asunto o cualquier otra circunstancia, no podrán ser excusa ni pretexto para el cabal cumplimiento de esta ejecutoria, toda vez que está constreñido a efectuar todas las medidas correspondientes dentro de su competencia, a efecto de no retardar el cumplimiento. (..)."." Dicha sentencia fue confirmada mediante ejecutoria de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, emitida en autos del amparo en revisión R-278/2018, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito (fojas 251 a 287). Por auto de once de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 288 a 290), se requirió el cumplimiento al Juzgado Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla en su calidad de autoridad sustituta. En ese sentido, la responsable sustituta, en cumplimiento al fallo protector, realizó lo siguiente: El veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, llevó a cabo los interrogatorios a cargo de Raúl Toledano Enríquez, y del agraviado de identidad reservada R.A.T.P. (fojas 547 y 548). Llevó a cabo el interrogatorio de Ana María Pérez Mejía, el dos de julio de dos mil diecinueve (foja 536). Por auto de catorce de enero de dos mil diecinueve, regularizó el procedimiento e informó al procesado Joaquín Palomino Ramírez y a su defensa particular, que no había lugar a señalar nuevamente día y hora para el desahogo de la testimonial a cargo de Celso Chacón González, y Ciro Munguía Camacho, dado que dichos testimonios no fueron ofrecidos por ellos (fojas 325 y 326). Desahogó la diligencia de careo entre el aquí quejoso Joaquín Palomino Ramírez con Enrique Arturo Vázquez Malpica (fojas 337 y 338). El veintisiete de agosto de dos mil diecinueve (foja 555), la autoridad responsable sustituta declaró cerrada la instrucción por cuanto hace al procesado Joaquín Palomino Ramírez, y ordenó poner los autos a la vista del agente del Ministerio Público adscrito por el término de quince días para que formulara las conclusiones correspondientes. Por oficio 3724 de tres de octubre de esta anualidad (foja 563), el juez responsable hizo del conocimiento de este juzgado federal que por acuerdo de tres de octubre del año en curso, tuvo al aquí quejoso Joaquín Palomino Ramírez, formulando conclusiones absolutorias; agregando, que el diecisiete siguiente vencería el plazo concedido a la defensa particular del quejoso para formular conclusiones de su parte. Transcurridos los plazos a los que se ha hecho referencia en supra-líneas, por resolución de veintidós de octubre de dos mil diecinueve (fojas 569 a 646) el Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dictó sentencia que en los autos de la causa penal 224/2011-7 de su estadística, resolviendo que quedó demostrado el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a) y b), 10 fracción II, inciso b) en relación con el diverso 2, todos de la Ley General para la Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que se relacionan con los diversos 5, 13, 21 fracción I del Código de Defensa Social del Estado, en agravio del menor de identidad reservada R.A.T.P., y consideró penalmente responsable al aquí quejoso, Joaquín Palomino Ramírez, del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a) y b), 10 fracción II, inciso b) en relación con el diverso 2, todos de la Ley General para la Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que se relacionan con los diversos 5, 13, 21 fracción I del Código de Defensa Social del Estado, en agravio del menor de identidad reservada R.A.T.P. De igual forma condenó a Joaquín Palomino Ramírez a sufrir una penal de privativa de libertad de cuarenta y un años, dos meses de prisión, la cual deberá compurgar en el establecimiento penitenciario que para tal efecto designe la Jueza de Ejecución de Sanciones, previo descuento del tiempo que ha sufrido en prisión preventiva; asimismo, le condenó al pago de una multa de seis mil quinientos días de salario mínimo vigente en la época y región de comisión del delito, además de la reparación del daño a favor del agraviado de identidad reservada R.A.T.P. (fojas 569 a 646). También, remitió las constancias conducentes que acreditan la notificación a las partes de la sentencia que emitió (fojas 649 vuelta a 652 vuelta). En tal virtud, se estima que se acataron cabalmente los efectos de la sentencia amparadora, de ahí que al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria pronunciada en el presente controvertido constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
(publicación AVISO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEÍDO DE 08 DE noviembre DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve (foja 654), para que manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que hubieran desahogado la vista conferida. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio, es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 138 a 173), se concedió el amparo a Joaquín Palomino Ramírez, para los siguientes efectos: ".OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo a Joaquín Palomino Ramírez, para el efecto de que el 1. Juez Séptimo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo establecido para tal efecto, realice lo siguiente: a) Provea de inmediato las medidas necesarias para el desahogo de: Las testimoniales (interrogatorio) a cargo de Raúl Toledano Enríquez, R.A.T.P. y Ana María Pérez Mejía. Las testimoniales a cargo de Ciro Munguía Camacho y Celso Chacón González; y El careo entre el aquí quejoso Joaquín Palomino Ramírez con Enrique Arturo Vázquez Malpica. Pruebas que se encuentren pendientes en el proceso penal 224/2011 de su índice, las cuales deberán tener verificativo dentro del plazo máximo de treinta días, de conformidad con lo establecido por el artículo 224 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. b) Hecho lo anterior inmediatamente declare cerrada la instrucción y mande a poner los autos que conforman el proceso penal a la vista del Ministerio Publico de su adscripción, para que, dentro del plazo que estime procedente, que no podrá exceder de quince días, formule sus conclusiones, según lo preceptuado por el artículo 225 de la legislación adjetiva citada. c) Una vez formuladas las conclusiones o trascurrido el plazo concedido para ello, ponga la causa a la vista del procesado, hoy quejoso Joaquín Palomino Ramírez y su defensa (por el mismo plazo concedido al agente del Ministerio Público para tal efecto) para que formule las suyas y, presentadas dichas conclusiones o en caso de que se tengan por formuladas las de inculpabilidad, cite a la audiencia de vista, que tendrá que celebrar dentro del plazo de cinco días que establece el artículo 233 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla y, desahogada ésta, dentro del plazo de seis días que señala el artículo 234, fracción XII del citado ordenamiento, dicte sentencia en la causa penal de origen. d) Notifique al quejoso la sentencia respectiva, dentro de los plazos establecidos en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. En la inteligencia que, para poder dar cumplimiento a esta sentencia, el Juez Séptimo Penal de la ciudad de Puebla, queda obligado a vigilar que durante la substanciación de la causa penal de origen verifique que las diligencias, notificaciones y citaciones se realicen dentro de los términos que establece el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Precisando que el juez responsable, deberá hacer uso de todas las medidas de apremio a su alcance para cumplir con el fallo protector aquí dictado, y que las cargas de trabajo, la dificultad del asunto o cualquier otra circunstancia, no podrán ser excusa ni pretexto para el cabal cumplimiento de esta ejecutoria, toda vez que está constreñido a efectuar todas las medidas correspondientes dentro de su competencia, a efecto de no retardar el cumplimiento. (..)."." Dicha sentencia fue confirmada mediante ejecutoria de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, emitida en autos del amparo en revisión R-278/2018, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito (fojas 251 a 287). Por auto de once de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 288 a 290), se requirió el cumplimiento al Juzgado Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla en su calidad de autoridad sustituta. En ese sentido, la responsable sustituta, en cumplimiento al fallo protector, realizó lo siguiente: El veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, llevó a cabo los interrogatorios a cargo de Raúl Toledano Enríquez, y del agraviado de identidad reservada R.A.T.P. (fojas 547 y 548). Llevó a cabo el interrogatorio de Ana María Pérez Mejía, el dos de julio de dos mil diecinueve (foja 536). Por auto de catorce de enero de dos mil diecinueve, regularizó el procedimiento e informó al procesado Joaquín Palomino Ramírez y a su defensa particular, que no había lugar a señalar nuevamente día y hora para el desahogo de la testimonial a cargo de Celso Chacón González, y Ciro Munguía Camacho, dado que dichos testimonios no fueron ofrecidos por ellos (fojas 325 y 326). Desahogó la diligencia de careo entre el aquí quejoso Joaquín Palomino Ramírez con Enrique Arturo Vázquez Malpica (fojas 337 y 338). El veintisiete de agosto de dos mil diecinueve (foja 555), la autoridad responsable sustituta declaró cerrada la instrucción por cuanto hace al procesado Joaquín Palomino Ramírez, y ordenó poner los autos a la vista del agente del Ministerio Público adscrito por el término de quince días para que formulara las conclusiones correspondientes. Por oficio 3724 de tres de octubre de esta anualidad (foja 563), el juez responsable hizo del conocimiento de este juzgado federal que por acuerdo de tres de octubre del año en curso, tuvo al aquí quejoso Joaquín Palomino Ramírez, formulando conclusiones absolutorias; agregando, que el diecisiete siguiente vencería el plazo concedido a la defensa particular del quejoso para formular conclusiones de su parte. Transcurridos los plazos a los que se ha hecho referencia en supra-líneas, por resolución de veintidós de octubre de dos mil diecinueve (fojas 569 a 646) el Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dictó sentencia que en los autos de la causa penal 224/2011-7 de su estadística, resolviendo que quedó demostrado el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a) y b), 10 fracción II, inciso b) en relación con el diverso 2, todos de la Ley General para la Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que se relacionan con los diversos 5, 13, 21 fracción I del Código de Defensa Social del Estado, en agravio del menor de identidad reservada R.A.T.P., y consideró penalmente responsable al aquí quejoso, Joaquín Palomino Ramírez, del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a) y b), 10 fracción II, inciso b) en relación con el diverso 2, todos de la Ley General para la Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que se relacionan con los diversos 5, 13, 21 fracción I del Código de Defensa Social del Estado, en agravio del menor de identidad reservada R.A.T.P. De igual forma condenó a Joaquín Palomino Ramírez a sufrir una penal de privativa de libertad de cuarenta y un años, dos meses de prisión, la cual deberá compurgar en el establecimiento penitenciario que para tal efecto designe la Jueza de Ejecución de Sanciones, previo descuento del tiempo que ha sufrido en prisión preventiva; asimismo, le condenó al pago de una multa de seis mil quinientos días de salario mínimo vigente en la época y región de comisión del delito, además de la reparación del daño a favor del agraviado de identidad reservada R.A.T.P. (fojas 569 a 646). También, remitió las constancias conducentes que acreditan la notificación a las partes de la sentencia que emitió (fojas 649 vuelta a 652 vuelta). En tal virtud, se estima que se acataron cabalmente los efectos de la sentencia amparadora, de ahí que al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria pronunciada en el presente controvertido constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio 4012/2019, signado por el Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, y anexo, con los que remite copia certificada de la sentencia de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el proceso penal 224/2011-7 de su estadística, instruido contra Joaquín Palomino Ramírez; así como de las constancias de la notificación de dicha resolución a las partes. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta; así como con los diversos 4998, 061, 562, 1162, 1263, 1277, 1590, 1664, 1672, 1840, 1841, 2085, 2179, 2227, 2325, 2335, 2425, 2631, 2962, 3019, 3215, 3345, y 3724, y sus anexos respectivos, según corresponda, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante.
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