Joaquin Martinez Vasquez
Expediente 377/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 377/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 26/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Joaquin Martinez Vasquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le remitió las constancias que acompañó a su informe justificado. Cúmplase. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Jueza de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante el licenciado Armando Gómez Centeno Secretario del Juzgado que autoriza y da fe. AGC/evr
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en el Estado de San Luis Potosí, remitió copias certificadas del expediente 499/2007/M-4, en apoyo a su informe justificado; en consecuencia, devuélvanse las mismas a su lugar de origen, solicitando el acuse respectivo. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Cúmplase. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Jueza de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante el licenciado Armando Gómez Centeno, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a trece de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, no fue recurrido dentro del término de diez días previsto en el numeral 81 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley en comento, se declara que HA CAUSADO ESTADO. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se compute el término relativo a las autoridades responsables y a la parte tercera interesada, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Por otra parte, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso a), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó sobreseer el amparo en el presente sumario; en ese orden ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido, de acuerdo a lo que ordena el artículo 8.1.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Jueza de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante el licenciado Armando Gómez Centeno, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio y anexo del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual, rinde informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin que se considere necesario dar vista a la partes con su contenido, pues se aprecia que se actualiza una causa de improcedencia, las cuales son de orden público e interés social, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de la Materia. En apoyo de su informe justificado, la autoridad responsable remite copia certificada de diversas constancias relativas al expediente 499/2007/M-4; documentales que tienen valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con su artículo 2º, último párrafo. Se tiene como domicilio procesal el que se señala en el oficio que se provee y como delegados a las personas que menciona, en términos del artículo 9 del citado ordenamiento legal. Por otra parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene proporcionando el correo electrónico tribunalestatalslp@hotmail.com; el que, de estimarse pertinente, será tomados en consideración para comunicaciones no procesales. Ahora, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos de la omisión reclamada. La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Además, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emitan una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción II de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, tal como ha quedado precisado, el quejoso señaló como acto reclamado: -La omisión de dictar el acuerdo correspondiente sobre el escrito que presentó la parte actora (quejoso) el veintiséis de noviembre de dos mil veinte-. Del oficio y anexo de la autoridad responsables, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado, pues se dictó el acuerdo respecto a la promoción de la parte quejosa que presentó a la autoridad responsable el veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Por lo cual, resulta indudable que si en el presente juicio de amparo el acto reclamado consistió en la omisión de la responsable de dar trámite al escrito presentado por el apoderado legal de la parte actora (quejoso) el veintiséis de noviembre del año pasado; y, el uno de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó el acuerdo con el que se atendió lo solicitado por el promovente, proveído que se le notificó el siete del mes y año en cita, resulta inconcuso que se restituyeron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, dado que se realizó el pronunciamiento sobre la petición del promovente en el juicio de origen. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo. De lo dispuesto en los artículos 63, fracción V y 81, fracción I, inciso d, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Con motivo del sentido de la presente determinación SOBRESEIMIENTO, se considera innecesario insistir en que remita la constancia de notificación de emplazamiento de quienes se les reconoce el carácter de terceros en este juicio. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional en este juicio. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Cabe precisar que las jurisprudencias que se invocan, en el dictado de la presente resolución, relativas a la interpretación de la abrogada Ley de Amparo, resultan aplicables al presente asunto, aun cuando se hayan integrado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, al no oponerse a los principios y situaciones que deben atenderse en los temas que aquí se han tratado sobre la Ley de Amparo vigente, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir en estos puntos procesales de la nueva ley, es evidente que tales criterios cobran cabal aplicabilidad conforme a lo dispuesto por el artículo "Sexto" transitorio del decreto invocado. Notifíquese; y, personalmente al quejoso.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 3,298 expedientes
- Joaman Yair Reyes Rangel10/2021
- Joana Castillo Hernández414/2023
- Joaquin Enrique Romero Suarez145/2021
- Joaquin Martinez Vasquez275/2020
- Joaquín Martínez Vasquez500/2019
- Joaquín Martínez Vasquez4/2020
- Joaquin Martínez Vasquez23/2022
- Joaquín Martínez Vázquez142/2017
- Joaquin Martinez Vazquez242/2020
- Joaquin Martinez Vazquez231/2020
- Joaquín Martínez Vázquez361/2021
- Joel Barragán Purata268/2019