Joaquín Martínez Vasquez
Expediente 500/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 500/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 08/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Joaquín Martínez Vasquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de quince días, a fin de que la parte quejosa y la tercera interesada se inconformaran en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, del auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos. En virtud de lo anterior, Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el Artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 Fracción I, inciso b) del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; así mismo, conforme a los artículos 7.1 y 7.1.1. del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes quejosa y tercero interesada, mediante proveído de veintiuno de abril de la presente anualidad, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que haya desahogado la vista, en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta conveniente precisar que, en el presente sumario el once de marzo de dos mil veinte, se dictó sentencia, en la que se concedió al quejoso Joaquín Martínez Vásquez, el amparo y protección de la justicia federal solicitado, para los efectos siguientes: ".lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, emita el acuerdo respectivo a la petición que le formuló el apoderado del quejoso, con el escrito que le presentó en la oficialía de partes el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, con el promovió incidente de liquidación de salarios caídos en la etapa de ejecución del laudo dictado en el juicio laboral de origen 499/2007/M-3; en el entendido de que en dicho auto no necesariamente debe acordarse favorable lo solicitado, sino que debe ser congruente y exhaustivo con lo solicitado, así como estar debidamente fundado y motivado." Por auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio y se requirió a la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, diera cumplimiento al fallo protector. En acatamiento a lo anterior, la autoridad responsable mediante oficio de 175/2021, de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, remitió el acuerdo de veinticuatro de febrero por el cual se ordena notificar personalmente a la parte demandada respecto del incidente de liquidación promovido por el aquí quejoso en el expediente laboral 499/2007/M-4 de su índice. Así las cosas, por oficio 285/2020 (SIC), de quince de abril del año en curso, la responsable en comento, remitió copia certificada de la resolución del incidente de liquidación dictada en el expediente laboral 499/2007/M-4 de su índice, en el que declaró procedente el incidente en comento y se autorizó la liquidación del monto desglosado en la interlocutoria en comento; por lo que se advierte que emitió el acuerdo respectivo a la petición que le formuló el apoderado del quejoso, con el escrito que le presentó en la oficialía de partes el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, con el promovió incidente de liquidación de salarios caídos en la etapa de ejecución del laudo dictado en el juicio laboral de origen En ese contexto, este órgano jurisdiccional, considera que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, toda vez que la autoridad responsable admitió a trámite el incidente de liquidación dictada en el expediente laboral 499/2007/M-4 de su índice, hasta resolver el mismo, por lo que se advierte que emitió el acuerdo respectivo a la petición que le formuló el apoderado del quejoso, con el escrito que le presentó en la oficialía de partes el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, con el promovió incidente de liquidación de salarios caídos en la etapa de ejecución del laudo dictado en el juicio laboral de origen, tal como quedó precisado en párrafos precedentes. Aunado a lo anterior, de acuerdo con el segundo párrafo, del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia; toda vez que la autoridad responsable emitió el acuerdo respectivo a la petición que le formuló el apoderado del quejoso, con el escrito que le presentó en la oficialía de partes el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, con el promovió incidente de liquidación de salarios caídos en la etapa de ejecución del laudo dictado en el juicio laboral de origen, tal como quedó precisado en párrafos precedentes. Conforme a lo anterior, es claro que se cumplieron los efectos de la concesión del amparo, que se traducen en los puntos que han quedado precisados con anterioridad, sin existir un defecto o exceso en la misma; por lo tanto, ha lugar a tener por cumplimentada la ejecutoria de mérito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 120/2013 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página 774, que dice: "INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y a la tercera interesada. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Cenobio Guerrero Mata, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes quejosa y tercero interesada, mediante proveído de veintiuno de abril de la presente anualidad, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que haya desahogado la vista, en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta conveniente precisar que, en el presente sumario el once de marzo de dos mil veinte, se dictó sentencia, en la que se concedió al quejoso Joaquín Martínez Vásquez, el amparo y protección de la justicia federal solicitado, para los efectos siguientes: ".lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, emita el acuerdo respectivo a la petición que le formuló el apoderado del quejoso, con el escrito que le presentó en la oficialía de partes el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, con el promovió incidente de liquidación de salarios caídos en la etapa de ejecución del laudo dictado en el juicio laboral de origen 499/2007/M-3; en el entendido de que en dicho auto no necesariamente debe acordarse favorable lo solicitado, sino que debe ser congruente y exhaustivo con lo solicitado, así como estar debidamente fundado y motivado." Por auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio y se requirió a la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, diera cumplimiento al fallo protector. En acatamiento a lo anterior, la autoridad responsable mediante oficio de 175/2021, de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, remitió el acuerdo de veinticuatro de febrero por el cual se ordena notificar personalmente a la parte demandada respecto del incidente de liquidación promovido por el aquí quejoso en el expediente laboral 499/2007/M-4 de su índice. Así las cosas, por oficio 285/2020 (SIC), de quince de abril del año en curso, la responsable en comento, remitió copia certificada de la resolución del incidente de liquidación dictada en el expediente laboral 499/2007/M-4 de su índice, en el que declaró procedente el incidente en comento y se autorizó la liquidación del monto desglosado en la interlocutoria en comento; por lo que se advierte que emitió el acuerdo respectivo a la petición que le formuló el apoderado del quejoso, con el escrito que le presentó en la oficialía de partes el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, con el promovió incidente de liquidación de salarios caídos en la etapa de ejecución del laudo dictado en el juicio laboral de origen En ese contexto, este órgano jurisdiccional, considera que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, toda vez que la autoridad responsable admitió a trámite el incidente de liquidación dictada en el expediente laboral 499/2007/M-4 de su índice, hasta resolver el mismo, por lo que se advierte que emitió el acuerdo respectivo a la petición que le formuló el apoderado del quejoso, con el escrito que le presentó en la oficialía de partes el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, con el promovió incidente de liquidación de salarios caídos en la etapa de ejecución del laudo dictado en el juicio laboral de origen, tal como quedó precisado en párrafos precedentes. Aunado a lo anterior, de acuerdo con el segundo párrafo, del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia; toda vez que la autoridad responsable emitió el acuerdo respectivo a la petición que le formuló el apoderado del quejoso, con el escrito que le presentó en la oficialía de partes el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, con el promovió incidente de liquidación de salarios caídos en la etapa de ejecución del laudo dictado en el juicio laboral de origen, tal como quedó precisado en párrafos precedentes. Conforme a lo anterior, es claro que se cumplieron los efectos de la concesión del amparo, que se traducen en los puntos que han quedado precisados con anterioridad, sin existir un defecto o exceso en la misma; por lo tanto, ha lugar a tener por cumplimentada la ejecutoria de mérito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 120/2013 (10a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, página 774, que dice: "INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual informa sobre el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo y remite por el mencionado medio copia certificada de las constancias respectivas; en consecuencia, previo a tener a la autoridad responsable dando cumplimiento al fallo protector de que se trata, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa y por oficio a la parte tercera interesada, con las constancias de previa alusión, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que de este proveído se les haga, manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto a dicho cumplimiento; apercibidos que de no hacerlo, este juzgado se pronunciará al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 54/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2007918, con el rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y por oficio a la parte tercera interesada. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Luis Ignacio Arredondo Veytia, secretario que autoriza y da fe.
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