Joaquin Martínez Rodríguez

Expediente 99/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
99/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
19/02/2019

Partes del expediente

  • Joaquin Martínez Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que el auto de siete de febrero de la presente anualidad, que desechó de plano la demanda de amparo, no fue recurrido por el promovente y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Finalmente, en cumplimiento al punto decimoprimero del capítulo tercero del Acuerdo General Conjunto a que se hace referencia en párrafos que anteceden, prevéngase a la parte quejosa, para que de estimarlo conveniente solicite la devolución de las documentales que anexó a su demanda de amparo, para lo cual cuenta con un lapso de noventa días; apercibida que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Joaquín Martínez Rodríguez contra actos reclamados al Director General del Control y Confianza de la Policía Federal, y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 99/2019 - IV - A. PRECISIÓN Y NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. Analizada íntegramente la demanda de amparo el suscrito advierte que los actos reclamados por el quejoso a las autoridades señaladas como responsables, son los siguientes: La instrumentación de las actas administrativas PF/CSDP/DGCC/18246/2018 y OADPRS/UALDH/3192/2018, donde el Director General del Control y Confianza de la Policía Federal y Director General de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, respectivamente, señala diversas irregularidades cometidas por el aquí quejoso en el desempeño de sus labores como Oficial de Prevención Penitenciara, con destacamento o base en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente". El citatorio de comparecencia del quejoso ante la Subdirección de Recursos Humanos del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente" , el día siete de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio SSPC/OADPRS/CPF5/DG/000031/2019 de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, para la instrumentación del acta administrativa en relación a los oficios PF/CSDP/DGCC/18246/2018 y OADPRS/UALDH/3192/2018. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Lo anterior establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P. / J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, toda vez que el suscrito se encuentra facultado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I. 3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página un mil novecientos diez, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En este orden de ideas, en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito inicial de demanda y de las constancias que acompañan al mimo, se advierten los antecedentes siguientes: 1) El quejoso se desempeña como Oficial de Prevención Penitenciara, con destacamento o base en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", ubicado en la Congregación de Cerro de León, Municipio de Villa Aldama, Veracruz. 2) Mediante oficio número SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGARH/1689/2018, de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la Directora General adjunta Responsable de Recursos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, remitió al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", la programación marcada en el diverso SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS5/DG/16175/2018, para evaluaciones de permanencia de los servidores públicos adscritos al Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", entre ellos el aquí quejoso, el día veintidós y veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en las instalaciones de la Dirección General de Control de Confianza de la Policía Federal. 3) En el mencionado oficio SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGARH/1689/2018 se solicitó al Director General del mencionado centro penitenciario, realizara la notificación personal respectiva, para que el integrante - aquí quejoso - acudiera a las evaluaciones de valoración médica, toxicología y muestra sanguínea, entorno socioeconómico, poligráfica y psicología en la fecha y hora señaladas en el desemejante número SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS5/DG/16175/2018, mismas a las que acudió el quejoso. 4) A través del oficio número SEGOB/CNS/OADPRS/DGARH/2614/2018, de diez de julio de dos mil dieciocho, la Directora General Adjunta Responsable de Recursos Humanos, solicitó al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", que el promovente se presentara nuevamente a las instalaciones de la Dirección General de Control de Confianza de la Policía Federal en la Ciudad de México, para que fuera reexaminado en el polígrafo, cita a la que el aquí quejoso acudió el dieciséis de julio del año pasado. 5) El Director de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", emitió el oficio número SSPC/OADPRS/CPF5/DG/DS/000031/2019, de veintinueve de enero de la presente anualidad, a través del cual citó al quejoso, para que compareciera a las instalaciones de las oficinas de la Subdirección de Recursos Humanos del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, el siete de febrero del año que transcurre, para la instrumentación del acta administrativa de los oficios PF/CSDP/DGCC/18246/2018 emitido por la Dirección General de Control de Confianza de la Policía Federal y OADPRS/UALDH/3192/2018 girado por la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, debido al resultado de "no aprobado" en las evaluaciones de control de confianza practicadas al quejoso. Los oficios relacionados, y su ejecución, constituyen los actos reclamados por el quejoso en su demanda de amparo. Por ende se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados se emitieron durante la investigación de hechos derivados de su empleo como Oficial de Prevención Penitenciara, con destacamento o base en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", ubicado en la Congregación de Cerro de León, Municipio de Villa Aldama, Veracruz, que no son de imposible reparación o que afecte sus derechos humanos protegidos por la Constitución. Esto, debido a que el acto reclamado en lo medular se trata del oficio citatorio emanado de la investigación de hechos derivados de su trabajo, así como el resultado de "no aprobado" del proceso de evaluación de confianza; y, por ende, el acto que afecte sus derechos sustantivos será, en dado caso, hasta el acuerdo de inicio del procedimiento de separación que prevé la Ley de la Policía Federal. RAZONES POR LAS QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, los artículos invocados por la Juez Federal son del contenido siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ( . ) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: ( . ) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: ( . ) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.).". En el artículo transcrito se establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos administrativos emitidos aisladamente por autoridades distintas de tribunales jurisdiccionales; pero, tratándose de actos que emanen de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, éstos no pueden válidamente reclamarse en la vía constitucional sino hasta que se dicte la resolución definitiva, momento en el cual podrán reclamarse tanto las violaciones contenidas en la resolución como las que se hubieren cometido durante el procedimiento. La excepción a esta regla se encuentra en el propio artículo que establece la procedencia de la acción constitucional tratándose de actos que puedan causar daño de imposible reparación que dejen sin defensa al quejoso; es decir, aquellos que lesionan directa e inmediatamente derechos sustantivos que prevén derechos humanos o en grado predominante o superior. Con la intención de verificar si se cumple con la citada excepción, se debe considerar que el proceso de evaluación de control de confianza tiene como finalidad la obtención de un resultado que permita emitir una opinión respecto de las cualidades que poseen los integrantes de la Policía Federal que se someten a evaluaciones de control de confianza con el propósito de verificar que cumplen con los requisitos y calidades legalmente exigibles para ingresar o permanecer en esa Institución, lo cual tiene su origen en la Constitución Federal, que en el artículo 21, párrafo décimo, inciso a), prevé que el Sistema Nacional de Seguridad Pública se conforma por el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, quienes deben regular la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de sus integrantes. El precepto constitucional en la parte que interesa, dispone: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. ( . ) Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. ( . ) " . De lo anterior se infiere que no es a través del citatorio para levantamiento del acta administrativa, ni de los oficios de comunicaciones entre autoridades respecto de la situación del quejoso, en donde se resuelve si efectivamente un integrante de la Policía Federal es o no apto para el servicio, sino que tal circunstancia es determinada, en dado caso, con la resolución que pone fin al procedimiento administrativo de separación por incumplimiento a los requisitos de permanencia, de lo que resulta que los actos reclamados en el juicio de amparo, por sí solos no causan una ejecución grave, trascendental e irreparable a la parte quejosa y, por ende, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, sino que únicamente forman parte del proceso de investigación que debe llevarse a cabo para determinar si es procedente o no la solicitud de inicio del procedimiento administrativo de separación. Para corroborar lo anterior es conveniente imponerse del contenido del artículo 31 de la Ley de la Policía Federal, que prevé: "ARTÍCULO 31. El procedimiento que se instaure a los integrantes por incumplimiento a los requisitos de permanencia o por infracción al régimen disciplinario ante el Consejo Federal iniciará por solicitud fundada y motivada del responsable de la Unidad de Asuntos Internos que corresponda, dirigida al Presidente del Consejo Federal y remitiendo para tal efecto el expediente del presunto infractor. El presidente resolverá si ha lugar a iniciar procedimiento contra el presunto infractor, en caso contrario devolverá el expediente a la unidad remitente. ( . ) " . El dispositivo legal trascrito establece como requisito de inicio del procedimiento administrativo por incumplimiento a los requisitos de permanencia, la solicitud fundada y motivada del responsable de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal; esto es, dicha solicitud constituye un requisito de procedencia del citado procedimiento, sin el cual, evidentemente no existiría. La solicitud en cuestión sólo es una petición al Consejo Federal de Desarrollo Policial, para que inicie el procedimiento administrativo de separación, sin que a través de ella se determine, extinga o modifique la situación jurídica del elemento policial, sino que únicamente constituye un acto a través del cual el Consejo determinará si es procedente o no dar inicio al procedimiento administrativo. Al respecto, el artículo 19, fracciones III, V, VI, VIII, X, XII, XV, XVI, XIX, y XXI, del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, dispone: "Artículo 19. - Corresponde a la Unidad de Asuntos Internos: ( ... ) III. Instrumentar y actualizar procedimientos de inspección e investigación para detectar deficiencias, irregularidades o faltas en la aplicación de procesos en las distintas áreas de la Institución y en el cumplimiento de las obligaciones de sus Integrantes; ( ... ) V. Llevar a cabo las investigaciones necesarias y remitir oportunamente el expediente de la investigación realizada ante las instancias competentes, a fin de que se determine lo que en derecho resulte procedente, solicitando, en su caso, que se resguarde la identidad del denunciante, conforme a las disposiciones aplicables; (...) VI. Coordinar la vigilancia a los Integrantes de la Institución en el cumplimiento de sus deberes y la observancia a las normas establecidas en los ordenamientos legales aplicables y demás disposiciones que rigen su actuación; ( ... ) VIII. Dictar las medidas precautorias que resulten necesarias para el éxito de la investigación; para tal efecto, solicitará al Jefe de la División a la que pertenezca el Integrante que, conforme a las disposiciones aplicables, dicte las órdenes que al efecto requiera; ( ... ) X. Solicitar información y documentación a las áreas de la Institución y demás autoridades que auxilien en la investigación de que se trate, para el cumplimiento de sus fines, así como levantar las actas administrativas a que haya lugar; ( ... ) XII. Citar a los Integrantes sometidos a una investigación o, en su caso, a aquéllos que puedan aportar datos para la misma; (... ) X V. Solicitar al Presidente del Consejo Federal, mediante escrito fundado y motivado, el inicio del procedimiento correspondiente por incumplimiento a los requisitos de permanencia o por infracción al régimen disciplinario, remitiendo para ello el expediente de investigación respectivo; XVI. Intervenir ante el Pleno del Consejo Federal durante los procedimientos disciplinarios y de Carrera Policial y, en su caso, impugnar las resoluciones favorables a los Integrantes cuya acusación derive de las investigaciones realizadas por la Unidad; ( ... ) XIX. Acordar, de manera fundada y motivada, la improcedencia o reserva de expedientes de investigaciones disciplinarias, cuando derivado de sus investigaciones no se desprendan elementos suficientes que permitan determinar la probable responsabilidad del Integrante o, en su caso, de aquellos expedientes que se integren por incumplimiento de los requisitos de ingreso o permanencia; ( ... ) XXI. Instruir las investigaciones a efecto de verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los manuales de la Institución, así como los de disciplina y ética de los Integrantes; ( ... ) Para el debido cumplimiento de las atribuciones a cargo del responsable de la Unidad de Asuntos Internos, los Integrantes estarán obligados a proporcionarles el auxilio que les sea requerido." De estos preceptos se advierte que corresponde a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal formular la solicitud de inicio de procedimiento al Consejo Federal de Desarrollo Policial. No obstante lo anterior, para que dicha solicitud se emita es indispensable una investigación previa, en la cual la autoridad competente se allega de elementos para determinar una posible infracción a la ley, siendo esta etapa en la que se emitieron los actos reclamados, pues se citó a la quejosa recurrente para que acudiera al levantamiento del acta administrativa relacionada con los hechos ocurridos. Entonces, si los actos reclamados no forman parte del procedimiento administrativo de separación, sino del diverso de investigación, es claro que su emisión no afecta derechos sustantivos de la quejosa, pues se trata de una serie de actos que la autoridad debe realizar para determinar si procede o no solicitar al Consejo Federal de Desarrollo Policial el inicio del procedimiento de separación. Es decir, la solicitud referida es el requisito a través del cual el Consejo Federal de Desarrollo Policial estará en posibilidad de determinar si instaura o no el procedimiento, sin que los actos previos impliquen, por sí mismos, que se inicie, sino que tal eventualidad será valorada por la autoridad correspondiente. Lo anterior es así, porque el procedimiento de investigación inicia con la recepción por parte de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal del resultado obtenido por el elemento de la policía, se integra con todas las constancias relacionadas con el proceso de evaluación y culmina con la solicitud de inicio de procedimiento administrativo de separación; en tal sentido, los actos reclamados no irrogan una ejecución de imposible reparación, pues, en dado caso, será el acuerdo de inicio del procedimiento respectivo el que pueda depararle perjuicio si tal determinación resulta contraria a la ley, en contra del cual es procedente el juicio de amparo, de conformidad con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisada a continuación: Tesis: 2a ./ J. 49/2016, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Página: 1329, Décima Época, Registro: 2011659, que expresa: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno procede el juicio de amparo indirecto, por violaciones a las reglas que lo rigen establecidas en la legislación aplicable a cada caso en concreto, al constituir un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que conforme al precepto 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibido reinstalarlos aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución respectiva; motivo por el que una violación acaecida durante el inicio del procedimiento se traduciría, en última instancia, en una transgresión que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él, reconocido tanto a nivel constitucional como convencional." En las relatadas consideraciones, el inicio del procedimiento de investigación y los oficios números PF/CSDP/DGCC/18246/2018 emitido por la Dirección General de Control de Confianza de la Policía Federal y OADPRS/UALDH/3192/2018 girado por la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y su ejecución, asi como el citatorio SSPC/OADPRS/CPF5/DG/DS/000031/2019, de veintinueve de enero de la presente anualidad, reclamados en el juicio de amparo, no repercuten de manera directa e inmediata en los derechos sustantivos del quejoso, ni producen una ejecución irreparable de derechos formales o procesales; constituyen, entonces, actos de carácter meramente instrumental que sirven para determinar si es procedente o no solicitar el inicio del procedimiento respectivo y que, conjuntamente con los elementos que aporte el quejoso para su defensa, tal y como se le hace saber en el citatorio mencionado, serán la base para emitir la determinación que corresponda. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, atendiendo a las razones que han quedado expuestas en los párrafos que anteceden, deviene inconcuso que, en la especie, sí se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia que resulta de relacionar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), por lo que con fundamento en lo establecido en el diverso numeral 113 de la invocada legislación SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA. SE TIENE COMO DOMICILIO DEL QUEJOSO, el que señalan en el escrito que se provee y por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Julio Rafael Martínez Crisanto y Miguel Ángel Martínez Dionisio, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 82578 y 123200 y a Dania Elizabeth Hernández López, con las restricciones que impone la última parte, del párrafo segundo, del citado precepto, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparece el registro correspondiente, amén de que tampoco acreditaron contar con dicho documento. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. DEPURACIÓN En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1° , 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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