Joaquin Hernandez Encarnacion
Expediente 964/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 964/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Joaquin Hernandez Encarnacion
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual comunica que aceptó la competencia planteada por este juzgado, y se avocó al conocimiento del asunto, radicándolo con el número ********************de su índice. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Atento a lo anterior, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 20, fracción I, inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un cuaderno auxiliar, por lo que una vez transcurridos más de seis meses, y pasados treinta días de este plazo, se procederá para tal efecto. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General precitado. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes. Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida del licenciado Julio César López Céspedes, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. EXHORTACIÓN Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Joaquín Hernández Encarnación contra el acto reclamado a los Magistrados de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia y otra autoridad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 964/2022/II-B. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a esta Juzgadora confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda que dio origen a los presentes autos, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Así las cosas, la suscrita advierte que en la demanda de amparo el acto reclamado es el siguiente: La resolución de fecha veintiocho de febrero de dos mil veinte, dictada dentro del Toca de Apelación 25/2020 dictada por los Magistrados integrantes de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz y todas sus consecuencia jurídicas, dentro de las cuales se encuentra la orden de reaprehensión dictada el veinte de octubre de dos mil veinte, librada contra el quejoso Joaquín Hernández Encarnación. DETERMINACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA PARA SUBSTANCIAR LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora, toda vez que ha quedado precisado el acto que en esta vía constitucional reclama el quejoso, lo procedente es analizar la demanda de amparo a fin de determinar la competencia de este Juzgado para conocer de la misma. Es menester precisar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, la que suscribe procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." (Lo subrayado es propio). En ese sentido, de la lectura íntegra de los antecedentes que constituyen el acto reclamado, se advierte que el quejoso: 1. En el año dos mil dieciséis, se inició un proceso de investigación contra el quejoso por el delito de secuestro en agravio de la víctima de identidad reservada V.L.H., radicándose bajo el número DIM/UECS/FE/022/2016, del índice de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. 2. Una vez detenido e internado en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, Veracruz, seguidas en todas sus etapas en el proceso penal 2/2019-J del Juzgado Penal Oral del Decimoprimer Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con fecha veinte de septiembre de dos mil diecinueve, se le dictó sentencia absolutoria. 3. Asimismo, que el doce de septiembre de dos mil veintidós, fue detenido en cumplimiento a una orden de reaprehensión, trasladándolo nuevamente al Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, Veracruz, donde fue informado que su detención fue como consecuencia de la revocación de la sentencia absolutoria que había sido dictada en su favor. Hechos que se corroboran con las constancias que fueron remitidas por el Juez en Etapa de Juicio del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en la congregación de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, Veracruz, al rendir su informe justificado en los autos del juicio de amparo 825/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, mismo que fue promovido por el aquí quejoso contra de la orden de reaprehensión librada en su contra, lo que es de invocarse como hecho notorio de conformidad con los artículos 88 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto de dichas documentales, se advierte la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veinte, dictada por la Sala señalada como responsable en el Toca Penal 25/2020, al resolver los recursos de apelación interpuestos por los Fiscales de la Unidad Especializada del Combate al Secuestro, así como por el asesor jurídico de la víctima V.L.H., cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente resolución, se REVOCA la sentencia absolutoria apelada pronunciada en fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Juicio del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, en los autos de la causa penal 02/2019. SEGUNDO. En consecuencia, se dicta sentencia condenatoria, en contra de Edgar Rodrigo Hernández Encarnación, Joaquín Hernández Encarnación y Saúl Tapia Hernández, por el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, cometido en agravio de una persona de identidad reservada de iniciales V.L.H., por los motivos plasmados en el cuerpo de la presente resolución. TERCERO. Toda vez que los sentenciados no se encuentran privados de su libertad al haber obtenido sentencia absolutoria, una vez que cause estado la presente resolución, deberá continuarse el proceso, ordenándose su reaprehensión y convocar la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, prevista por el artículo 409 del Código Nacional de Procedimientos Penales." (.) En ese orden de ideas, tomando en consideración que Joaquín Hernández Encarnación, reclama la resolución que revocó la sentencia absolutoria dictada en su favor y en su lugar dictó sentencia condenatoria en su contra, y como consecuencia la orden de reaprehensión, la suscrita advierte que carece de competencia legal para conocer y tramitar el juicio de amparo que nos ocupa, en virtud de las disposiciones establecidas para la procedencia del amparo directo en el artículo 170 de la Ley de Amparo, que a letra establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. [.]" (Lo subrayado es propio). Del precepto legal enunciado, se deriva que el juicio de amparo directo procede contra las sentencias definitivas o laudos, y contra resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo a estas últimas como aquéllas determinaciones que sin decidir el juicio principal lo dan por concluido. Asimismo, el numeral de referencia establece que para la procedencia del juicio de amparo directo es necesario que se agoten los medios de defensa ordinarios que las leyes que rijan el procedimiento de que se trate, permitan promover en contra de las resoluciones a las que se hizo referencia en el párrafo anterior, con la excepción de que se permita la renuncia a ellos. Ahora bien, conforme lo establece la fracción V del artículo 107 constitucional, el juicio de amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entonces, si el acto que en esta vía se combate se trata de la resolución de segunda instancia que revocó la sentencia absolutoria dictada en favor del quejoso y en su lugar dictó una condenatoria, entonces, resulta inconcuso que tal determinación es reclamable en amparo directo, conforme lo establecido en la fracción I, párrafo segundo, del precepto 170 de la Ley de Amparo, razón por la que la suscrita no está en aptitud de pronunciarse en relación al asunto planteado, pues el análisis de la procedencia del juicio de garantías de que se habla, correspondería al Tribunal Colegiado de Circuito que resulte competente. Es aplicable la tesis de jurisprudencia PC.IV.P. J/4 P (10a.) de los Plenos de Circuito, Registro digital 2022942, Décima Época, Materia(s): Común, Penal, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 85, Abril de 2021, Tomo II, página 1504, de contenido siguiente: "JUICIO DE AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y EN SU LUGAR DECRETA LA CONDENATORIA Y ORDENA REMITIR EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DEL JUICIO ORAL DE ORIGEN PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES, REPARACIÓN DEL DAÑO Y DEMÁS CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL DELITO, POR SER UNA SENTENCIA DEFINITIVA. De conformidad con el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos que decidan el juicio en lo principal, o bien, contra resoluciones que pongan fin al juicio, esto es, que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Ahora bien, la determinación del tribunal de segundo grado que revoca una sentencia absolutoria y, en su lugar, decreta la condenatoria y ordena remitir el expediente al tribunal del juicio oral de origen (conformado por distintos Jueces), para que éstos continúen con la secuela del procedimiento, es decir, para que celebren la audiencia de individualización de sanciones, reparación del daño y demás consecuencias derivadas del delito, de acuerdo con el artículo 102 del Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León (abrogado), y que igualmente contempla el arábigo 409 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye una resolución que decide el juicio en lo principal, pues jurídica y materialmente contiene la decisión de haber quedado desvirtuada la presunción de inocencia a través de la ponderación del material probatorio aportado por el Ministerio Público para demostrar a cabalidad los elementos del delito y la responsabilidad penal del enjuiciado en su comisión, los cuales constituyen presupuestos básicos de toda sentencia condenatoria; y contra la cual, las normas que regulan el acto, no prevén algún recurso ordinario en su contra; en tanto que la individualización de las sanciones, la reparación del daño y las demás consecuencias del delito son aspectos accesorios; de ahí que sí puede ser combatida en la vía de amparo directo." Por las razones expuestas, la demanda de amparo promovida ante este Juzgado de Distrito, debe tramitarse como amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción III, inciso a) constitucional, así como por los numerales 47 y 170 de la precitada ley reglamentaria, y no ante un Juzgado de Distrito, al no encuadrar dentro de los supuestos establecidos por el artículo 107 de la propia legislación. En tal virtud, dada la naturaleza del acto reclamado, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer del asunto que nos ocupa; en consecuencia, remítase el presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, así como las copias de la demanda respectiva, a efecto de que turne el asunto al Tribunal correspondiente, debiéndose formar cuaderno de antecedentes. Asimismo, solicítese atentamente al superior jerárquico que conozca de la demanda de amparo que nos ocupa, acuse recibo del mismo para los efectos legales conducentes. AUTORIZADOS Y DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Felipe Martínez Trueba, Javier Mendoza Camacho y Onésimo Domínguez Aparicio, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 42474, 171101 y 82274, respectivamente, y por autorizados con la restricción que impone el citado precepto, a Gustavo Callejas Lara, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparece el registro correspondiente, ni tampoco la parte quejosa acreditó que éstos cuenten con dicho documento, así como a Axel de los Santos Huerta, Alicia de la Vega Capistrán, Luz del Carmen García García y Brenda Melchor Martínez, por así haberlo solicitado el promovente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Julio César López Céspedes, Secretario que autoriza y da fe.
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