Joaquín López Valadez
Expediente 102/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 102/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Joaquín López Valadez
Actuaciones
- Principal
Juzgado Federal acepta competencia. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio remitido por la Actuaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con sede en Irapuato, Guanajuato, mediante el cual informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir el presente cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad archívese este expediente.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE CONDUCTO A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 102/2021-II, DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, a veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. I. Quejoso. Joaquín López Valadez. II. Autoridades responsables. Administrador General de Recaudación, con sede en esta ciudad y otras autoridades. III. Formación y registro del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 102/2021-II, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Incompetencia. Resulta necesario analizar la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y preferentes. Así, este Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, se declara incompetente para conocer del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se Divide la República Mexicana; y al Número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, atento a las consideraciones que enseguida se exponen. El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto transcrito se desprenden las tres hipótesis que rigen la competencia de los jueces de distrito, las cuales son, a saber: 1) Con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro para determinar la competencia consiste en que será competente el que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución el acto reclamado, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En dicho supuesto se atiende a la naturaleza material de ejecución del acto reclamado, es decir, si necesita la participación de al menos una autoridad ejecutora que deba ejecutarlo, trate de ejecutarlo o lo haya ejecutado. Esta regla de competencia es la general e implica que el juicio de amparo debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción tenga verificativo o pueda tener verificativo la materialización del acto reclamado, de ahí que resulte aplicable cuando el acto está pendiente de ejecutarse, se está ejecutando o ya se ejecutó. 2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Si el acto reclamado no precisa ejecución material, es decir, no requiere de acto de ejecución alguno, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo antes expuesto puede concluirse que la competencia en materia de amparo, guarda relación con la naturaleza de los actos reclamados, siendo la primera regla competencial de carácter general, en tanto que las otras dos solo desarrollan la casuística de la naturaleza de los mismos. Por tanto, la competencia territorial de un juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere o no de ejecución material, se está en posibilidad de determinar la competencia al juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, o de ser el caso, no lo requiera. Por su parte, el artículo 48, primer párrafo, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (.)." De la porción normativa reproducida, se desprende que en el supuesto de que se promueva un juicio de amparo ante un juez de Distrito legalmente incompetente, éste debe declinar la competencia en favor del diverso juzgador que, en su concepto, deba conocer de dicho asunto. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo de cuenta y de las documentales que adjuntó a la misma, se advierte que el quejoso acude a reclamar de las autoridades señaladas como responsables la diligencia de ampliación de embargo de catorce de enero de dos mil veintiuno, llevada a cabo el cinco de febrero siguiente, en el domicilio ubicado en calle Cuauhtémoc, número 18, localidad Chichimequillas en Silao, Guanajuato, así como el embargo de una vagoneta marca Ford, línea ecorolina, modelo 1995, color gris, con número de serie 1FTDEMEXE4C08211, placas GLX5497. Por tanto, si el peticionario del amparo acude a reclamar la diligencia de ampliación de embargo de catorce de enero de dos mil veintiuno, llevada a cabo el cinco de febrero siguiente, en el domicilio ubicado en la calle Cuauhtémoc, número 18, localidad Chichimequillas en Silao, Guanajuato, así como el embargo de una vagoneta marca Ford, línea ecorolina, modelo 1995, color gris, con número de serie 1FTDEMEXE4C08211, placas GLX5497; entonces, deviene inconcuso que dicho acto no tiene ejecución material dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, sino que sus efectos perjudiciales tienen verificativo precisamente en el domicilio fiscal del quejoso, así como donde se puso en resguardo el bien embargado (Silao, Guanajuato) y, por ende, conforme al precepto legal antes invocado, la autoridad competente para conocer de la demanda de amparo es el Juez de Distrito en Turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de Irapuato, pues es dentro de su jurisdicción donde se llevan a cabo las consecuencias del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 15, Volumen 65, Segunda Parte, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." Así las cosas, se advierte que resulta imperativo que se atiendan a las consecuencias jurídicas del acto reclamado por el quejoso, es decir, si requiere o no ejecución material, según lo establece la tesis I.1o.A.44 A del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1299, del Tomo XIV, Agosto 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En ese contexto, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que éste órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la cuestión planteada, y estima competente a la Jueza de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, en turno, pues es dentro de su jurisdicción donde se localiza el inmueble en donde se pretenden ejecutar los actos tildados de inconstitucionales. Se afirma lo anterior, toda vez que del citado acuerdo se advierte lo siguiente: ".Los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Irapuato, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Romita, Salamanca, Silao y Valle de Santiago..." Al efecto, también resulta aplicable el criterio sustentado por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, del Semanario Judicial de la Federación Tomo 217-228, Séptima Época del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente asunto a la Jueza de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, en turno, a fin de que analice la competencia que se declina y, en su caso, sea esa autoridad quien determine la procedencia de la demanda de amparo. V. Se solicita acuse de recibo y se ordena formar cuaderno de antecedentes. Fórmese el cuadernillo de incompetencia respectivo, para debida constancia legal, ordenándose hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y solicítese a la juez declinada el acuse de recibo correspondiente. VI. Domicilio y autorizado. Ahora bien, por lo que respecta al señalamiento de domicilio para recibir notificaciones en los estrados de este Juzgado de Distrito, dígasele que ningún precepto de la Ley de Amparo, ni de la que es supletoria contemplan como domicilio los mismos; en consecuencia, se tiene que incumplió con lo ordenado por el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la legislación en cita, esta y las subsecuentes notificaciones hágansele por medio de lista hasta en tanto subsane dicha omisión. Asimismo, téngasele autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Ángel Ángel Maldonado, en virtud de contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Comuníquese a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al Secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Por último, para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada Carla Adriana Gallardo Rojas, secretaria que autoriza y da fe.
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