Jimena del Carmen Fierro Rodríguez

Expediente 1077/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1077/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Jimena del Carmen Fierro Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Determinación causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que concluyó el término de impugnación del proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, sin que lo hubiera hecho; por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. Archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que es destruible la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Cumple requerimiento. Agréguese el escrito presentado por la quejosa ********************, a través del cual cumple con el requerimiento que se le formuló el nueve de octubre del presente año; en tal virtud, se provee: Desechamiento. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 61, fracción XX, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por ********************, contra actos de la Dirección General de Registros Públicos y Notarías en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital y otras autoridades. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se refiere el normativo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". Del precepto legal transcrito se advierte uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en el caso, el de definitividad, consistente en que resulta improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme con las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes que rigen ese medio de defensa se suspendan los efectos de dichos actos, sin exigir mayores requisitos que los que la ley de la materia consigna para conceder la suspensión definitiva. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario por el cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. De lo que sigue que, toda vez que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, entonces, es imperativo para el agraviado que acuda a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. En el caso, la peticionaria controvierte la determinación de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, emitida por la Dirección General de Registros Público y Notarías, a través de la cual se informó a la quejosa que no acreditó el requisito consistente en tener residencia de cuando menos cinco años en el Estado de Guanajuato, previsto por la Base Segunda fracción II de la Convocatoria para obtener la calidad de aspirante a Notaria y Notario para el Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 121, tercera parte, con fecha del diecinueve de junio del dos mil veintitrés; y como consecuencia de lo anterior la no designación de nuevas notarias públicas, así como la ejecución y validación de lo anterior. Por tanto, la quejosa, previo a promover el juicio de amparo, debió impugnar la determinación que reclama, a través del recurso de inconformidad, o bien, mediante el procedimiento contencioso administrativo. Se asevera lo anterior, porque de conformidad con el numeral 226, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, la aludida resolución es susceptible de controvertirse en sede administrativa ya que los actos y resoluciones administrativas dictadas por las autoridades estatales y municipales, podrán ser impugnados optativamente ante los juzgados administrativos municipales o ante el Tribunal de Justicia Administrativa. De dicho precepto, en la parte que interesa, se advierte que el proceso administrativo seguido ante los Juzgados Municipales y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, se regirán por los procesos previstos en el mencionado Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Ahora, los artículos 226, 227, 228, 234 y 235 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establecen: "ARTÍCULO 226. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en este Título o impugnar ante la autoridad jurisdiccional. Cuando se haya interpuesto el recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá impugnar el acto o resolución de que se trate ante la autoridad jurisdiccional. Para los efectos de este Título, también tienen el carácter de interesados los servidores públicos a quienes se atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables. ARTÍCULO 227. El recurso de inconformidad tendrá por objeto la confirmación, modificación, revocación o nulidad del acto administrativo recurrido. ARTÍCULO 228. El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante el superior jerárquico de la autoridad administrativa que emitió, ejecutó o trate de ejecutar el acto impugnado, dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos su notificación o de que el recurrente tenga conocimiento del mismo. También podrá enviarse el recurso por correo certificado con acuse de recibo, caso en que se tendrá como fecha de presentación del escrito la del día en que se deposite en la oficina de correos. La presentación por los medios electrónicos se sujetará a la conformidad del particular y a lo dispuesto por la Ley de la materia. En caso de que el acto o resolución que origine la inconformidad lo hubiese emitido un órgano que no se encuentre sujeto a relación de jerarquía, el recurso se tramitará y resolverá por él mismo. Es indelegable la facultad de resolver los recursos. ARTÍCULO 234. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto o resolución impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Se admita el recurso; III. No se cause perjuicio al interés social o no se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Tratándose de créditos fiscales, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las formas previstas por la legislación aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad administrativa. ARTÍCULO 235. El interesado podrá solicitar la suspensión del acto administrativo recurrido en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso de inconformidad." De lo trascrito se advierte que los artículos 226 a 228 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, regula el trámite del recurso de inconformidad, mientras que el numeral 234 de la citada codificación prevé la suspensión del acto o resolución impugnada, cuyos requisitos no son mayores a los exigidos en la Ley de Amparo en los artículos 128, 129, 132 y 133, para el otorgamiento de la medida cautelar. En efecto, acorde con lo dispuesto por el artículo 234, en correlación con el 235 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la interposición del recurso de inconformidad suspenderá la ejecución del acto o resolución impugnada, siempre y cuando se solicite expresamente, lo que puede acontecer en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso de inconformidad; asimismo, en términos del artículo 130 de la Ley de Amparo, dicha solicitud puede promoverse mientras no se dicte sentencia ejecutoria, por consiguiente dicho requisito se considera similar. Asimismo, se otorgará la suspensión de la resolución impugnada tal y como lo prevé el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, con la salvedad que no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, al igual que lo dispone la Ley de Amparo. De igual manera, para otorgar la suspensión en el recurso de inconformidad, como también acontece en el juicio de amparo, deben garantizarse los posibles daños o perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros. En lo que respecta a los créditos fiscales, el recurrente en la inconformidad deberá garantizar el importe en cualquiera de las formas previstas en la legislación aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad administrativa; asimismo, la Ley de Amparo, tratándose del cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, sujeta la suspensión que se concederá discrecionalmente, a que se garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; por consiguiente, dicho requisito es similar. Ahora, la suspensión del acto o resolución impugnada en el recurso de inconformidad se otorgará, cuando se admita el aludido recurso; circunstancia que no se considera un requisito adicional a los previstos en la Ley de Amparo, puesto que en este último caso, es claro que para el otorgamiento de la suspensión se requiere como condición previa la admisión de la demanda de amparo, una vez cubiertos los requisitos del numeral 108 del mismo cuerpo de leyes; salvo que se trate del caso excepcional que autoriza a proveer respecto de la suspensión, previo a tener por admitida la demanda, en los supuestos descritos en los párrafos primero y segundo del artículo 126 de la Ley de Amparo,4 con lo que se evita la ejecución de los actos prohibidos descritos en esos numerales. Adicionalmente, el artículo 249 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece como medio de impugnación el juicio contencioso administrativo. Mientras que el numeral 263 del mencionado ordenamiento prevé la forma de la presentación de la demanda administrativa en la vía ordinaria. Por su parte, los numerales 304 A, a 304 N del mencionado código regulan la vía sumaria en el procedimiento administrativo. Ya sea en el procedimiento ordinario o sumario ante los juzgados municipales o tribunal contencioso, de conformidad con el ordinal 268 también contempla la suspensión del acto reclamado, la cual podrá solicitarse en la demanda por escrito o en juicio en línea, o en cualquier momento del proceso, aunado a que esa legislación no prevé mayores requisitos para obtener la medida cautelar que los señalados en la Ley de Amparo, por los motivos siguientes: Tanto el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, como la Ley de Amparo, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a terceros si no se obtiene sentencia favorable. El artículo 271 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla prevista en el artículo 136 de la Ley de Amparo. Tratándose de asuntos de carácter fiscal, el artículo 276 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece que se concederá la suspensión si se garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes ante las oficinas exactoras correspondientes en cualquiera de las formas previstas por la legislación fiscal correspondiente; en tanto que tratándose del cobro de contribuciones y aprovechamientos, la Ley de Amparo supedita la suspensión a que se garantice el interés fiscal previo depósito del total en efectivo de las cantidades correspondientes, lo que implica una carga mayor para la quejosa que en el juicio contencioso administrativo, dado que la Ley de Amparo condiciona la suspensión al previo depósito en efectivo, mientras que la legislación local otorga un plazo de tres días y además la garantía puede otorgarse en cualquiera de las modalidades previstas en la legislación fiscal. d) Ambos ordenamientos impiden la concesión de la suspensión cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. e) La legislación procesal administrativa de mérito (artículo 275), así como la Ley de Amparo (artículo 147), prevén que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios; en el primer caso, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular; y, en el segundo caso, cuando la naturaleza del acto lo permita, es decir, que sea jurídica y materialmente posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicte sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Al respecto, debe decirse que se considera que la prerrogativa otorgada en la ley procesal de justicia administrativa en comento, concede mayores posibilidades de dar efectos restitutorios a un acto a través de la medida cautelar, porque no lo condiciona a la factibilidad material o jurídica -como si lo hace la Ley de Amparo-, sino que lo deja a juicio discrecional del resolutor del medio de impugnación, con el solo objeto de conservar la materia del recurso o impedir perjuicios irreparables. Por tanto, no se considera un mayor requisito. En suma, se estima que ninguna de las leyes que regulan los medios ordinarios de defensa -recurso de inconformidad o procedimientos contenciosos administrativos-, exigen mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto. De lo que se sigue que, en atención a lo que señala la aludida fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, previo a promover el juicio de amparo contra los actos reclamados anteriormente reseñados, la parte quejosa debió agotar el recurso de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo en los términos indicados, pues a través de esos medios de defensa, pudo obtener la insubsistencia de los mismos. Para dar sustento a lo anterior, es aplicable la jurisprudencia, XVI.1o.A. J/19 (10a.), del tenor siguiente: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." Lo anterior es así, pues la promovente no se ubica en la excepción al principio de definitividad, prevista en el artículo 61, fracción XX, último párrafo, de la Ley de Amparo, consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación y motivación, pues basta con imponerse de la transcripción que ella misma realiza atinente a la resolución reclamada como acto destacado, para advertir que la autoridad responsable sí fundó y motivó su actuar (Base Segunda fracción II de la Convocatoria para obtener la calidad de aspirante a Notaria y Notario para el Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 121, tercera parte, con fecha del diecinueve de junio del dos mil veintitrés). De ahí que existe pleno conocimiento de los fundamentos y razones esgrimidas en el mencionado acto que le permite impugnarlo, a través de los recursos o medios ordinarios de defensa. Además, dichos medios de impugnación se encuentran previstos en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato y no en algún reglamento. De lo que se sigue que no se materializa alguna excepción al principio de definitividad. En consecuencia, al operar la hipótesis de en estudio se impone desechar la demanda de amparo, conforme lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. IV. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. V. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112, 114, fracciones I, II y IV, así como 108, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente del amparo para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito, con las copias necesarias para correr traslado a las partes y sin presentar ni formular nueva demanda, se constriñan a cumplir con lo siguiente: 1. Precise con claridad qué acto o actos en particular le reclama a cada una de las autoridades que señala como responsables. Se justifica el indicado requerimiento, dado que señala a cuatro autoridades responsables, empero en el capítulo de acto reclamado únicamente refiere reclamar la resolución de diecinueve de septiembre del año en curso, a través de la cual se resolvió su solicitud presentada para obtener la calidad de aspirante a Notaría y Notario Público, siendo omisa en precisar qué acto o actos en concreto le atribuye a tales potestades, conforme a sus facultades legales y participación en el mismo. Suma a lo anterior, que en su apartado referente a la suspensión del acto reclamado, señala que no se apliquen a su esfera jurídica las fracciones que reclama de los artículos de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, ni los diversos de las bases de la convocatoria para obtener la calidad de aspirante a Notaría y Notario Público, sin precisar dichas porciones normativas y si bien en el capítulo de conceptos de violación señala algunos artículos que pudieran inferirse son los reclamados, lo cierto es que no se tiene certeza de ello dado lo antes expuesto. De ahí el requerimiento que se le formula, a fin de trabar correctamente la litis del presente asunto. En la inteligencia que de ser su intención también reclamar la inconstitucionalidad de algunos artículos deberá señalar, si la multicitada resolución constituye el primer acto de aplicación. Por lo expresado en líneas precedentes, es aplicable la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, del Tomo III, de Marzo de 1996, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." 2. Indique, bajo protesta de decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución reclamada, toda vez que en principio refiere le fue notificada el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés; sin embargo, a la postre señala que lo fue el diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, lo que resulta contradictorio y precisa ser acarado. Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la parte promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos, para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Apercibida que de no cumplir con lo anteriormente requerido, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. V. Domicilio y autorizados. Como lo solicita la parte ocursante, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que el nombre de usuario "cjthpjf", se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. De la misma forma, como la parte promovente solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se comisiona al Oficial Judicial A, para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente. Finalmente, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Javier Torres Hernández y José Trinidad Peñaflor Zúñiga, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para consultar el expediente, recibir documentos y notificaciones, a las diversas personas que refiere, por así haberlo solicitado expresamente. VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

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