Joaquin Fernandez Cruz
Expediente 489/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 67 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 489/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 67
- Última actuación
- 13/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Joaquin Fernandez Cruz
- JOAQUIN FERNANDEZ CRUZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 67.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en dos de diciembre del año en curso, dictada dentro del incidente de inejecución de sentencia 5/2019 y el expediente de amparo 489/2018 del índice de este órgano jurisdiccional federal, de la cual se advierte que dicho Tribunal Colegiado resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente de inejecución de sentencia" Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, acúsese recibo a la superioridad de la ejecutoria antes mencionada, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. De igual forma, glósese a los presentes autos: 1) el expedientillo que se formó con motivo del incidente de mérito, únicamente por lo que hace a las constancias que obran en original, a fin de que hacer práctico el manejo del juicio de amparo en que se actúa y 2) el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, debiendo subsistir el folio respecto del cuaderno principal en que se actúa; y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. Por otra parte, en virtud de que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la parte quejosa, lo que se hace constar conforme a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo a lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA por todos los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el primer párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Así mismo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, por conducto del Actuario Judicial notifíquese a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta del Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, con su anexo; visto su contenido, téngasele informando que con fecha quince de octubre del año en curso, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Hechos de Corrupción "A" inició la carpeta de investigación 565/2019/FECC/UI/-A en contra de Miguel Ángel Oropeza Díaz; en tales condiciones y en virtud de que el original del juicio en que se actúa se encuentra bajo el estudio del incidente de inejecución de sentencia radicada con el número 5/2019 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, remítase el original del presente oficio para su conocimiento y efectos legales correspondientes, dejando agregada al presente expedientillo copia simple del mismo.
- Principal
Visto el estado de los autos se advierte que trascurrió el plazo otorgado a las partes el quince de octubre del año en curso, sin que realizaran alguna manifestación; sin embargo, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que el Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: *** Conforme al análisis de las constancias de autos, se estima que el fallo emitido por este juzgado está parcialmente cumplido, pues respecto a uno de sus efectos se declarará la imposibilidad jurídica para tenerlo por acatado, con las consecuencias inherentes a esa decisión. Tomando en consideración lo anterior, se analizará en primer término el cumplimiento que dio la responsable a los efectos primero y tercero antes transcritos. De las constancias remitidas por el juez responsable se advierte que respecto al primer efecto de la sentencia de amparo fijó diversas fechas para la celebración de los careos y la confrontación ofrecidos por el procesado, para llevarse a cabo entre él con los pasivos y con los testigos de cargo; y remitió las constancias relativas a las gestiones del fiscal adscrito al juzgado a fin de lograr su presencia para el desahogo de tales probanzas. De igual manera, se advierte que el quejoso en diligencia de siete de marzo de este año se desistió de su desahogo (foja 386 vuelta de los autos). Así mismo, el juez determinó que el agente del ministerio público de su adscripción actuó diligentemente a fin de lograr la comparecencia de los agraviados y de los testigos, pero, de las actuaciones que realizó se sabe que actualmente los primeros radican en Estados Unidos de Norteamérica y los restantes se niegan a acudir a las diligencias señaladas (foja 398 vuelta de los autos). En cuanto tercer efecto, se advierte que mediante oficio 872 dirigido a la directora del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, que contiene el acuerdo de veintidós de febrero de este año, recibido el veintisiete siguiente, le solicitó requerir a los peritos en fotografía y en medicina forense para que comparecieran al juzgado a ratificar sus dictámenes, con apercibimiento de multa (fojas 331 y 332 de los autos). Posteriormente, por oficio 1709 remitió las constancias con las que se acredita que los peritos en materia de psicología, medicina forense y fotografía (quienes dictaminaron conforme al Protocolo de Estambul), comparecieron a ratificar sus dictámenes (fojas 406 a 408 de autos). En ese sentido, se estima que los efectos primero y tercero de la sentencia dictada en este juicio de amparo fueron cumplidos, en atención a que los lineamientos ahí indicados fueron satisfechos en su totalidad por la autoridad responsable. Es así, porque la responsable, luego de requerir al representante social adscrito al juzgado para que presentara a los agraviados y a los testigos de cargo para el desahogo de los careos y confrontación ofrecidos por el quejoso, estableció que aquél actuó en forma diligente para ello; sin embargo, por cuestiones ajenas al mismo, y pese a las citaciones que efectuó, no se logró su comparecencia; además, obra en autos constancia de que el quejoso se desistió del desahogo de tales probanzas. Por otra parte, el juez realizó los actos necesarios a fin de lograr la designación de diversos peritos y, logrado lo anterior, estos emitieron y ratificaron los dictámenes en materia de psicología, medicina forense y fotografía, conforme al Protocolo de Estambul. De ahí que, respecto a tales efectos, la sentencia se cumplió sin defecto ni exceso, pues la responsable llevó a cabo lo que este juzgado determinó. Por otra parte, con relación al segundo efecto del fallo protector, como se indicó, debe declararse la imposibilidad jurídica para tenerlo cumplido. Cierto, la responsable en acuerdo de quince de noviembre de dos mil dieciocho estableció los objetos y cantidades asegurados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Dirección General de Investigación y Combate al delito de Secuestro; relató algunas cantidades que fueron devueltas; y solicitó al fiscal general del Estado a fin de que requiriera al agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección indicada para que pusiera a disposición del juzgado los objetos mencionados (foja 177 de los autos). El tres de enero de este año, el juez responsable determinó que aun cuando en la copia certificada que remitió el Fiscal de Secuestro y Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado, relativa al acuse de recibo del extinto Jugado Séptimo Penal, en cuya parte superior derecha, la persona que recibió impuso las palabras "con pertenencias", ello no implica que se hubieran recibido todas y cada una de las que se mencionan en el punto décimo del pliego consignatorio, por las razones expresadas por el juez; por tanto, solicitó nuevamente al fiscal general requerir al agente mencionado para que en el plazo de cuarenta y ocho horas hábiles pusiera a disposición del juzgado la cantidad de $9,444.00 (nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos, cero centavos), que no se había entregado a su propietario (foja 220 en adelante). El dieciséis de mayo de este año el juzgado responsable requirió la comparecencia del abogado Miguel Angel Oropeza Díaz, a fin de que informara o manifestara lo sucedido con el numerario arriba indicado (foja 440). En comparecencia del diecisiete siguiente, el antes citado manifestó que en su oportunidad, con el carácter de agente del Ministerio Público, generó el respectivo pliego consignatorio en el que se insertó, de manera pormenorizada, los objetos afectos puestos a disposición del juez penal; y que no se advierte la razón o cuenta que en su momento debió existir por parte del secretario de acuerdos de aquella época; y solicitó que el secretario certificara la falta de las fojas 1 y 2 del primer tomo del proceso (foja 447). Además, indicó que obra en el tomo I de esa causa, el acuerdo de dieciséis de junio de dos mil once, por medio del cual el entonces Juzgado Séptimo en Materia Penal se declaró competente para conocer la causa y ratificó la legal detención; sin embargo, de la cuenta al titular y en el propio proveído, nada se dijo con relación a las pertenencias que se ponían a disposición del extinto Juzgado Séptimo en Materia Penal de la ciudad de Puebla, ni se hizo anotación de haber recibido el numerario que se indica, que fue la cantidad de $25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional). Por tanto, no se tenía certeza plena de que se hubiera consignado a la autoridad jurisdiccional la cantidad de $9,444.00 (nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos, cero centavos); por ende, requirió a Miguel Angel Oropeza Díaz para que la exhibiera o acreditara la imposibilidad material para hacerlo. El treinta de ese mismo mes, Miguel Angel Oropeza Díaz compareció al juzgado responsable e hizo manifestaciones sobre la imposibilidad de exhibir la cantidad requerida, y, en esencia, solicitó se hiciera comparecer al abogado Luis Rivera Sánchez, quien fungió como secretario de acuerdos del extinto Juzgado Séptimo en Materia Penal de la ciudad de Puebla, quien omitió asentar en la razón o cuenta las pertenencias, objetos y/o indicios que le puso a disposición en el pliego consignatorio en su carácter de Ministerio Público Investigador en esa época; ello, para que hiciera las manifestaciones procedentes (foja 493). El cuatro de junio del año en curso, el juez responsable giró oficio al Jefe del Departamento de Depósitos de Fianzas y Multas del Tribunal Superior de Justicia del Estado para indagar si el extinto Juzgado Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla realizó algún depósito a la cuenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado dentro del proceso 163/2011 a partir del dieciséis de junio de dos mil once, relativo a la averiguación previa PGJP/DGICDS/AP/24/2011; y un diverso oficio al Departamento de Recursos Humanos del propio Tribunal, a fin de que informara si el licenciado Luis Rivera Sánchez está adscrito a algún juzgado o sala (foja 498). El doce siguiente, el juzgado responsable tuvo al Jefe del Departamento indicado, informando que en el sistema de fichas SIDFM y SICOFI no se encontró algún registro de depósito. Luego de la búsqueda -infructuosa- de quien fungió como secretario de acuerdos del juzgado referido; en proveído -según parece del veinticuatro de septiembre de este año- que remitió a este juzgado mediante oficio recibido el día siguiente, el juez consideró innecesario insistir en la búsqueda y localización del licenciado Luis Rivera Sánchez, al no encontrar razón por la cual recibiera la cantidad de $25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos, cero centavos moneda nacional), de ahí que aun cuando fuese localizado no tendría manera de responder de ese numerario, más aun que de actuaciones se desprende que en el mismo año dos mil once el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Investigación y Combate al Delito de Secuestro fue requerido por el extinto Juzgado Séptimo Penal de esta ciudad por tres ocasiones para que entregara a ese juzgado la cantidad de $25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos, cero centavos moneda nacional), sin que lo hiciera (foja 593). Entonces, determinó que a las autoridades judiciales que han conocido de la causa no les corresponde responder por la existencia del numerario que supuestamente se puso a disposición del extinto juzgado referido ni, por ende, de la cantidad de $9,444.00 (nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos, cero centavos), al no existir indicio de que fuese puesta a disposición de aquél juzgado. Por lo que, al carecer de constancias que lleven a la localización exacta de ese numerario, el juez responsable determinó dar vista al fiscal general del Estado y al fiscal especializado de Combate a la Corrupción, remitirle copias certificadas de las constancias que obran en la causa de las que se advierte que el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Investigación y Combate al Delito de Secuestro no remitió al extinto Juzgado Séptimo de lo Penal la cantidad de $25,800.00 (veinticinco mil ochocientos pesos, cero centavos moneda nacional), ni la cantidad de $9,444.00 (nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos, cero centavos) a fin de que, de acuerdo a sus atribuciones, se inicie la carpeta de investigación correspondiente para determinar la responsabilidad en que incurrió el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Investigación y Combate al Delito de Secuestro de la ciudad de Puebla, licenciado Miguel Ángel Oropeza Díaz, ya que después de que los elementos aprehensores dejaron a su disposición al detenido Joaquín Fernández Cruz y sus pertenencias, entre las que se encontraba la cantidad de $9,444.00 (nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos, cero centavos), ya no las dejó a disposición del extinto Juzgado Séptimo de lo Penal; además, precisó, que de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado no corresponde a esa autoridad jurisdiccional realizar labores de investigación, por lo que ordenó dar vista al fiscal general con lo conducente. Finalmente, el juez responsable justificó ante este juzgado de Distrito la recepción de los oficios mediante los cuales comunicó lo anterior a la fiscal especializada de Combate a la Corrupción y al fiscal general del Estado de Puebla (fojas 602 y 604). Lo anterior pone de relieve que el juez responsable en aras de cumplir el segundo efecto de la sentencia de amparo, estableció, conforme a los autos del proceso, la cantidad y objetos que se aseguraron al quejoso al momento de su detención y precisó que no se le entregaron; citó al agente del Ministerio Público que realizó la consignación, atendió las manifestaciones que hizo en sus dos comparecencias y, luego del análisis del proceso, concluyó que este no puso a disposición del extinto Juzgado Séptimo en Materia Penal de la ciudad de Puebla, las cantidades y pertenencias que manifestó en el pliego consignatorio -entre éstas, las que se aseguraron al quejoso-. Como consecuencia de ello, dio vista al fiscal general del Estado y al fiscal especializado de Combate a la Corrupción a fin de que se inicie la carpeta de investigación correspondiente y se determine la responsabilidad del licenciado Miguel Ángel Oropeza Díaz. Ante tal circunstancia, es evidente que sobrevino una causa que imposibilita jurídicamente al juez responsable acatar en su totalidad uno de los lineamientos del fallo protector. Esto, porque si bien determinó qué objetos y cantidad de dinero debía entregarse al quejoso, como se ordenó en la sentencia; sin embargo, al no tener certeza de su recepción por parte del extinto Juzgado Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, dio vista a diversas autoridades a fin de que se inicie una carpeta de investigación en la cual se determine la responsabilidad del agente del Ministerio Público que realizó la consignación respectiva. Ante ello, no es posible que la autoridad judicial requiera al agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Investigación y Combate al Delito de Secuestro para que en el término de cuarenta y ocho horas ponga a su disposición aquellos objetos que le solicitó y, por ende, que remita a este juzgado federal la constancia en la que obre la entrega, a cualquiera de los autorizados del procesado, de los objetos cuya devolución ordenó desde el diecinueve de diciembre de dos mil catorce, tal como se ordenó en la sentencia protectora. Puesto que, atendiendo a la vista que dio a diversas autoridades para que se inicie la carpeta de investigación, está pendiente de determinar quién -en su caso- incurrió en responsabilidad penal al no poner a disposición del entonces Juzgado Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, el numerario y pertenencias indicado en el pliego consignatorio; situación que imposibilita jurídicamente a la autoridad responsable el cumplimiento total a uno de los efectos del fallo protector, pues no le corresponde la investigación de ese hecho. En tales condiciones, se ordena remitir el original del expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, en conformidad con el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo. Fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos; y con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el contenido de los oficios y anexos por medio de los cuales las autoridades responsables informaron el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, mismos que fueron registrados con los números 23437, 3275, 4885, 5961, 6377, 9190, 9423, 17700, 17826 y 18092 para que en el plazo de tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido dicho plazo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que en derecho proceda. En tales condiciones, por conducto del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado notifíquese al quejoso en el lugar de su reclusión el contenido del presente proveído y córrase traslado con copia simple los oficios citados en el párrafo que antecede.
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