Joan Anjelina Cabrera Bobadilla
Expediente 1175/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1175/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Joan Anjelina Cabrera Bobadilla
- Administrador de los Juzgados Penales, Tradicionales Y de Oralidad Y Ejecución Y de Justicia Para Adolescentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
... Agréguense a los autos el oficio de cuenta del Juez Comisionado como Administrador de los Juzgados Penales del Sistema Tradicional, de Oralidad Penal, Ejecución y de Justicia para Adolescentes, mismo que fue recibido de manera electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngasele por rendido sus informe justificado; con su contenido, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional....
- Principal
... Agréguese a sus autos el oficio de cuenta del Titular de la Dirección de Colaboración en representación del Titular de la Agencia Estatal de Investigación, mediante el cual rinde su INFORME JUSTIFICADO, con su contenido dése vista a las partes en los términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. DATOS DE LOCALIZACION Así mismo, se tiene a la autoridad oficiante proporcionando correo electrónico y número telefónico para establecer comunicación ágil con este órgano jurisdiccional....
- Incidental
Puebla, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, por derecho propio, contra los actos que reclama del ADMINISTRADOR DE LOS JUZGADOS PENALES, TRADICIONALES Y DE ORALIDAD Y EJECUCIÓN Y DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES y otras autoridades; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 138, 140 y 147 de la Ley de Amparo y el artículo 264 del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, tramítese el incidente de suspensión, formándose únicamente el expediente original. AUDIENCIA INCIDENTAL Se fijan para la celebración de la audiencia Incidental las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del uno de diciembre del año en curso. NOTIFICACIÓN EN CASO DE DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL Se hace del conocimiento a las partes que para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia incidental en el día y hora señalados para tal efecto, dicho auto con fundamento en la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, se les notificará por medio de lista, incluida a la autoridad responsable y aquellas que tengan el carácter de tercero interesado, ello atendiendo a que se trata de un acuerdo de los considerados de trámite y tomando en consideración que, quien interviene como parte en el presente procedimiento jurisdiccional adquiere la carga procesal de estar al pendiente de su substanciación, para así estar en posibilidad de impugnar oportunamente aquellas actuaciones o resoluciones que, en todo caso, pudieran perjudicarles. Lo anterior en concordancia con el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI de enero de 2013, tomo 2, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. REQUERIMIENTO DE INFORMES Pídase informe previo a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, siguientes a la notificación del presente proveído, bajo su más estricta responsabilidad, respecto de todos y cada uno de los actos reclamados por la parte quejosa. Anexándoles para tal efecto, copia simple de la demanda de amparo; apercíbase a las autoridades responsables que de no rendir el indicado informe en el término que para tal efecto se les concede, de acuerdo a lo establecido en el artículo 260, fracción I de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de cien unidades de medida y actualización, con valor diario a la fecha. Ahora, toda vez que el quejoso señala como autoridades ordenadoras a diversos Jueces adscritos a los Juzgados de Oralidad y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de las Regiones Judiciales, por economía procesal y atento a los constantes cambios de adscripción y suplencia por el goce de los periodos vacacionales, a fin de evitar mayores dilaciones en perjuicio de las partes y privilegiar el principio de tutela jurisdiccional efectiva previsto en el artículo 17 constitucional, se requiere al Administrador de los Juzgados Penales de Sistema Tradicional y de Oralidad Penal, Ejecución y Justicia para Adolescentes, para que en ejercicio de su función administrativa, previa búsqueda de antecedentes en la base de datos de la Casa de Justicia Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado, rindan el informe previo requerido en párrafos precedentes a los Jueces adscritos a dicha casa de justicia. Se hace del conocimiento de las responsables que deberá remitir su informe previo de manera física o vía electrónica a través del Portal en línea del Poder Judicial Federal, por lo que se les exhorta para que realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación; en el entendido que de no hacerlo de esta manera, únicamente le será recibido de forma física en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, ubicado en: Calle 23 Poniente # 2509, colonia Los Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410, en días hábiles de lunes a viernes en horario de las nueve con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. En su caso, en el buzón judicial, ubicado en el Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, en un horario de las ocho horas con treinta minutos a las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos, en días hábiles. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA A AUTORIDADES JUDICIALES QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Previo a fijar los alcances de la suspensión provisional respecto a la orden de aprehensión reclamada, resulta importante destacar que el artículo 166 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128. Es decir, la ley de la materia, en el numeral indicado, prevé las formas en que debe concederse la suspensión cuando, vía amparo, se reclame orden de aprehensión, reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad por autoridad competente. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, al resolver el caso ******************** y otros Vs. México, abordó el análisis de dos figuras establecidas en la normatividad mexicana, en lo que interesa, la de prisión preventiva. Respecto a dicha medida, realizó un análisis ponderado sobre su compatibilidad con la Convención Americana, concluyendo: 174. Por estos motivos, este Tribunal encuentra que el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000 y 19 de la Constitución de acuerdo a su texto reformado en el año 2008, los cuales fueron aplicados en el presente caso (supra párr. 164), contenían cláusulas, y siguen conteniendo en el caso del artículo 19 de la Constitución, que, per se, resultaban contrarias a varios derechos establecidos en la Convención Americana. Esos serían los derechos a no ser privado de la libertad arbitrariamente (art. 7.3), al control judicial de la privación de la libertad (art. 7.5), a la presunción de inocencia (art. 8.2), y a la igualdad y no discriminación (artículo 24). En esa medida, la Corte concluye que el Estado vulneró esos derechos, en relación con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno establecida en el artículo 2 de dicho tratado, en perjuicio de Daniel ******************** y Reyes Alpízar Ortiz. Por tal motivo, dispuso, por unanimidad de votos, en su punto 14, que el Estado deberá adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa, en los términos de los párrafos 292 y 293, 295 a 299 y 301 a 303. Así mismo, concluyó: 303. Conforme a lo expuesto, se recuerda que las autoridades internas, al aplicar las figuras del arraigo o de la prisión preventiva, deben ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana de las personas investigadas o procesadas por un delito, atendiendo el principio pro persona. En ese sentido, corresponde reiterar que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y juezas, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, sean estas de naturaleza constitucional o legal, por lo que - en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes- las magistraturas y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. En ese contexto, atendiendo a que en términos del artículo 1 constitucional, corresponde a este juzgado realizar el estudio y análisis ex officio sobre la convencionalidad de las normas aplicadas en el procedimiento, en el caso particular, el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece el efecto que debe imprimirse a la suspensión cuando se reclame una orden de aprehensión, dictada por autoridad competente, si el delito trae aparejada prisión oficiosa, supuesto en el cual el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. No obstante, tal previsión deviene inconvencional, en tanto, como se precisó en la parte transcrita, la Corte Interamericana determinó que el artículo 19 constitucional que establece la prisión preventiva oficiosa viola distintos derechos establecidos en la Convención Americana, como son los derechos a no ser privado de la libertad arbitrariamente (art. 7.3), al control judicial de la privación de la libertad (art. 7.5), a la presunción de inocencia (art. 8.2), y a la igualdad y no discriminación (artículo 24). De ahí que atento a la obligación impuesta en el párrafo 303 de la citada resolución, se considera que dicho precepto debe inaplicarse; pues de conceder la suspensión para el efecto de que el quejoso, una vez que sea detenido quede a disposición de este juzgado por lo que ve a su libertad personal, generaría una afectación a sus derechos humanos antes indicados, además de que se generaría un trato desigual ante la ley, entre la personas que reclaman una orden de aprehensión respecto de un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa, respecto de los que reclaman una orden de aprehensión por un delito que sí amerita dicha medida cautelar, en franca violación al principio de igualdad que prevé el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese sentido, en acatamiento a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en un ejercicio ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL hasta en tanto se resuelve sobre la definitiva, para el efecto siguiente: Si la orden judicial está motivada tanto por delitos que impliquen o no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, pues de lo contrario, se sometería al quejoso a las consecuencias derivadas de su detención en franca violación a los derechos cuyo análisis desarrolló la Corte Interamericana en la sentencia transcrita. Apoya tales consideraciones la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2024159 Instancia: Pleno Undécima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 2/2022 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 10, Febrero de 2022, Tomo I, página 7 Tipo: Jurisprudencia CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. CONTENIDO Y ALCANCE DEL DEBER DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE REALIZARLO AL CONOCER JUICIOS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO [ABANDONO DE LAS TESIS AISLADAS P. IX/2015 (10a.) Y P. X/2015 (10a.)]. Hechos: Diversos Tribunales Colegiados de Circuito discreparon en torno al alcance del control de regularidad constitucional ex officio en el juicio de amparo, respecto a si debe limitarse a las leyes procesales que rigen el juicio de amparo (Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Código Federal de Procedimientos Civiles) o debe incluir, también, las normas procesales y sustantivas aplicadas en el acto reclamado. Criterio jurídico: Los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación cuando actúan en amparo directo e indirecto deben realizar control de regularidad constitucional ex officio, tanto respecto de las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo, como sobre las normas sustantivas y procesales que se aplicaron en el acto reclamado. Justificación: Conforme a lo dispuesto en los artículos 1o., 103 y 133 de la Constitución General, así como a lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 912/2010, el control de regularidad constitucional debe realizarse por los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, en el ámbito de sus competencias y procedimientos. Así, de una nueva reflexión, este Tribunal Pleno considera necesario abandonar el criterio reflejado en las tesis aisladas P. IX/2015 (10a.) y P. X/2015 (10a.), de títulos y subtítulos: "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN EJERCERLO SÓLO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA." y "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA EJERCERLO RESPECTO DE NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE ORIGEN.", porque dichos órganos jurisdiccionales, para dar cumplimiento al mandato constitucional de proteger, respetar y prevenir violaciones a los derechos humanos previsto en el artículo 1o. constitucional, deben realizar control ex officio tanto sobre las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo, directo e indirecto (Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo), como sobre cualesquiera disposiciones aplicadas en los actos reclamados cuya constitucionalidad revisan en el juicio constitucional. Lo anterior, porque se estima que el ejercicio de ese control es necesario para proteger los derechos humanos reconocidos constitucionalmente; es compatible con razones de seguridad jurídica porque no interfiere con el funcionamiento de instituciones como la preclusión o la cosa juzgada; y armoniza con el funcionamiento del sistema, ya que respeta el régimen federal y la distribución de competencias entre los órganos jurisdiccionales; en el entendido de que el resultado de ese control se limita a la inaplicación de normas generales en el acto concreto de aplicación sin generar efectos futuros y de que, cuando ese control lo realice el Tribunal Colegiado de Circuito, tanto en amparo directo como indirecto en revisión, con fundamento en los artículos 64, párrafo segundo, y 73, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, aplicables por identidad de razón, y con la finalidad de permitir a las partes conocer la realización del control de regularidad constitucional ex officio, éste deberá publicar previamente el proyecto de sentencia y dar vista a las partes, para que tengan la oportunidad de exponer lo que a su derecho convenga. Finalmente, no se soslaya que el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de Tesis 293/2011, sustentó la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2006224 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: P./J. 20/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 202 Tipo: Jurisprudencia DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano. De la cual se desprende el reconocimiento por parte de ese Alto Tribunal de la prevalencia de las restricciones constitucionales expresas al ejercicio de los derechos humanos. No obstante, en la sentencia de la Corte Interamericana que se cita, sobre dicho tópico se establece: 176. Lo anterior resulta aún más problemático debido a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de México en la contradicción de tesis 293/2011, por medio de la cual aceptó que las restricciones expresas contenidas en la Constitución Nacional desplazaban a las normas internacionales, entre las cuales se encuentra las de la Convención Americana y las demás integrantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En ese sentido, según indicó el perito José Ramón Cossío Díaz, "los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación están obligados a acatar lo resuelto en la contradicción de tesis 293/2011 y en el expediente varios 1396/2011, so pena de ser sancionados, sin que puedan plantear su desavenencia o cuestionar los criterios del Pleno o las salas de la propia Suprema Corte". Además, según ese perito, al aceptarse que las restricciones constitucionales prevalecen frente a los derechos de fuente convencional y a la jurisprudencia y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "se hace nugatoria la posibilidad de avanzar en el criterio que fortaleciera el principio pro-persona. [.] Lo anterior, genera que los alcances de la tutela judicial en México en los mecanismos de control de detención, revisión por vías ordinarias y mediante juicio de amparo de las detenciones impuestas bajo las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa, sean ineficaces al no ser posible aplicar de manera adecuada el principio pro-persona". En ese sentido y de conformidad con esa interpretación, el Estado mexicano podría estar incumpliendo obligaciones internacionales que se comprometió a acatar al firmar y ratificar los instrumentos internacionales como la Convención Americana y las decisiones de la Corte Interamericana que son de obligatorio cumplimiento para los Estados Parte. 177. En cuanto a lo anterior, corresponde recordar que este Tribunal ha señalado de forma constante que las distintas autoridades estatales tienen en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas y prácticas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Para llevar a cabo esa tarea, las autoridades internas deben tener cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte, como última intérprete última de la Convención. De tal manera, es evidente que la sentencia transcrita privilegia la observancia de los derechos humanos derivados de los tratados internacionales suscritos por México, como en el caso es la Convención Americana, respecto de la cual se ha confrontado el contenido del artículo 166 de la Ley de Amparo, resultando su inaplicabilidad al transgredir diversas normas de aquella. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN RESPECTO A LA ORDEN DE PRESENTACIÓN y/o COMPARECENCIA ATRIBUIDA A LOS JUECES RESPONSABLES Por otra parte, respecto de la orden de presentación y/o comparecencia atribuida a los jueces responsables: SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, para el efecto de que hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, la parte quejosa no sea obligada a comparecer mediante la fuerza ante la autoridad judicial que conoce de la causa penal, pues tales actos serían restrictivos de la libertad, aun de manera precaria, pero en resumidas cuentas constituye un acto de autoridad que afecta a aquélla. No obstante, esta medida cautelar deja de surtir efectos si la parte quejosa incumple con las obligaciones establecidas en este acuerdo, por lo que surten efecto todos los apercibimientos ahí contenidos, incluido la posibilidad de que el juez proceda en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 166 invocado, si el quejoso ya se encuentra materialmente detenido ante la autoridad judicial. REQUISITOS DE EFECTIVIDAD En este supuesto, la medida cautelar surte sus efectos, con independencia de que el hecho o hechos por los que se dictó la orden reclamada amerite o no prisión preventiva oficiosa; pero dejará de hacerlo si la parte quejosa incumple lo siguiente: a) Con fundamento en el artículo 168 de la Ley de Amparo, deberá otorgar garantía a disposición de este juzgado de Distrito, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos cero centavos 00/100 moneda nacional), en billete de depósito a su nombre o en póliza de fianza, la que deberá contener los siguientes requisitos, domicilio de la compañía en esta Ciudad, nombre del Agente o Agentes en esta plaza, y la expresión de que la Compañía se somete a la Jurisdicción de los Tribunales del Estado para el caso de litigio, para lo cual se le precisa que su recepción física se hará en las instalaciones de este juzgado, en la Oficialía de Partes para este juzgado, instalada en calle 23 Poniente # 2509, colonia Los Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410, en días hábiles de lunes a viernes en horario de nueve con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos, o en el buzón judicial instalado en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, ubicado en avenida Osa Menor número Ochenta y Dos, planta baja, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, en San Andrés Cholula, Puebla, C. P. 72810; lo que deberá hacer dentro del plazo de TRES DÍAS. En el entendido de que el monto de la garantía se fija de manera discrecional, además de que de la lectura íntegra de la demanda no se desprenden los elementos que prevén las tres fracciones del artículo 168 de la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterior que el último párrafo del referido artículo, señale que no se exigirá cuando la suspensión únicamente tenga como efecto que el quejoso quede a disposición de este juzgador por lo que hace a su libertad personal y a la del juez responsable para la continuación del procedimiento. Sin embargo, en el presente caso la suspensión tiene mayores efectos a los señalados en el artículo 163 de la referida ley, puesto que se ordena a la parte quejosa que comparezca ante el juez responsable para continuar el procedimiento y no sea privado de su libertad personal en los términos establecidos bajo el control de convencionalidad. b) Con fundamento en los artículos 166 y 168 de la Ley de la Materia, así como 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se ordena al impetrante comparecer dentro del término de TRES DÍAS o en el día y hora señalados, ante el juez de la causa y ponerse a su disposición, con el fin de llevar a cabo la audiencia inicial en la cual se le harán saber sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiesen informado con anterioridad, se formulará la imputación respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito y se le dará la oportunidad de declarar, si así lo desea, entre otros supuestos; lo anterior, de conformidad con el artículo 307 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de que conozca el informe previo, en el cual se reconozca la existencia del acto reclamado. Audiencia inicial que se deberá llevar a cabo en la hora y fecha que al efecto fije la autoridad responsable de acuerdo a su agenda. c) Presentarse ante el órgano judicial responsable para la continuación del procedimiento o procedimientos penales seguidos en su contra, cuantas veces sea requerido para ello. d) Cumplir con las medidas cautelares que el Juez pueda imponer, a solicitud del Ministerio Público o víctima, de las previstas en el artículo 155 del Código Nacional del Procedimientos Penales, a excepción de la prisión preventiva, dado que por lo que ve a su libertad personal, está a disposición de este juzgado, por lo cual la autoridad responsable no podrá imponer dicha medida. e) Asimismo, la parte quejosa queda obligada a acreditar dentro del término de cinco días, el exacto cumplimiento a lo ordenado en el inciso b) que antecede. APERCIBIMIENTO A LA QUEJOSA Apercíbase a la parte quejosa, que de incumplir estos requisitos, con fundamento en los artículos 136, párrafo segundo y 166, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suspensión será revocada de oficio o ante el aviso de la responsable de que ha incumplido las obligaciones derivadas del proceso penal. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que la medida suspensional concedida a su favor no surtirá efecto si las órdenes son materia de diverso juicio de amparo o ésta se encuentra gozando de la medida cautelar decretada en diverso incidente de suspensión REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS Ahora bien, en caso de resultar ciertos los actos reclamados, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente respecto de la suspensión definitiva que solicita la parte quejosa, se requiere a la autoridad responsable ordenadora para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, siguientes a la notificación del presente acuerdo, informe a este juzgado lo siguiente: 1.- El número de carpeta de investigación o proceso penal generador de los actos reclamados; 2.- El hecho o hechos que se imputan al quejoso, su naturaleza (dolosa o culposa), los artículos que lo previenen y el bien jurídico tutelado; 3.- La fecha en que se cometió el delito o delitos atribuidos a la parte quejosa; 4.- La fecha en que fue dictada la orden de privativa de libertad; Lo anterior, conforme a los datos contenidos en las actuaciones que integren la averiguación previa o causa penal generadora del acto reclamado según corresponda; apercibida que de no cumplir con lo anterior en el término concedido o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se les impondrá una multa equivalente a SESENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Como lo solicita el quejoso, expídasele copia con evidencia criptográfica del presente proveído, previa identificación a satisfacción de este juzgado y razón que de su entrega obre en autos, quedando autorizadas para recibirlas, las personas que cita en su demanda. Hágase del conocimiento del promovente que en términos del artículo 36 párrafo segundo del Acuerdo General 12/2020, puede solicitar el acceso al expediente electrónico, lo cual le permite descargar en su equipo de cómputo copias de las constancias que obran en el expediente, las cuales son consideradas copias certificadas electrónicamente, siempre y cuando incluyan evidencia criptográfica. PRECISIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece como obligaciones del quejoso, entre otras, la de señalar con precisión las autoridades responsables -tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia-, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables ejecutoras no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes en este juicio, suspendiéndose toda párrafo segundo del Acuerdo General comunicación con las mismas y, en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o bien, corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, a instancia de la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional, para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero, y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el Actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. REQUERIMIENTO AL ACTUARIO JUDICIAL Finalmente, se conmina al actuario judicial para que todos los oficios que se giren a las autoridades foráneas con motivo de la emisión de este acuerdo, se notifiquen vía correo institucional, recabando la constancia relativa a su envío, así como de la confirmación de su recepción por parte del destinatario. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante , Secretaria que autoriza y da fe.
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... Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Joan Angelina Cabrera Bobadilla, visto su contenido, y atendiendo a la petición de la promovente respecto de la suspensión que solicita se provee: APERTURA DE INCIDENTES Como lo solicita la parte quejosa tramítese por duplicado y separado el incidente de suspensión. ...
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