Joaquin Felipe Jimenez May
Expediente 1098/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1098/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Joaquin Felipe Jimenez May
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por JOAQUÍN FELIPE JIMENEZ MAY, contra un acto que reclama del Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y se procede a proveer en relación con su admisión, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Regístrese la demanda en el libro de gobierno de este Juzgado. Ahora bien, toda vez que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la referida demanda de amparo, por los motivos que a continuación se exponen. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene el quejoso en su demanda de amparo revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio. En ese sentido, el quejoso señala en esencia como acto reclamado, el acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en el expediente de Juicio Familiar de Diligencias de Jurisdicción Voluntaria de Alimentos 135/2020, en el cual se señaló fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia preliminar, en la que se resolvería respeto del monto de pensión de los alimentos solicitados por la actora del juicio de origen, así como sobre el embargo que se pretende realizar sobre su nómina de manera quincenal, sin antes ser notificado y escuchado en el juicio, por lo que se ostenta tercero extraño a dichas Diligencias de Jurisdicción. Ahora bien, en la especie, la suscrita considera que se actualiza las causales de improcedencia que surgen de la interpretación sistemática del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracciones III, inciso c), de la Constitución Federal; y el 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, estos últimos aplicados en sentido contrario; es decir, el promovente no tiene el carácter de tercero extraño, pues el juicio natural se encuentra en trámite sin que se hubiere dictado la sentencia que resuelve las aludidas diligencias, aunado a que el acto no le depara un agravio personal y directo. Para mejor comprensión de lo anterior, resulta oportuno traer a colación el contenido de las normas en las que se sustentan la primera de las causas de improcedencia citadas. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, prevé que el juicio es improcedente: "En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Al matizar el alcance de esta norma, en la jurisprudencia 2a./J. 175/2013 (10a.), la Segunda Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que su contenido debe ser interpretado en el sentido de que la improcedencia puede surgir no sólo de una disposición de la ley, sino también de alguna disposición de la Constitución, ya que ésta fija las bases para la procedencia y tramitación del juicio de amparo; ello en atención a que, los otros supuestos contenidos en las restantes fracción sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente. Interpretación que a pesar de haber sido emitida conforme a la anterior Ley de Amparo, resulta conforme a la normativa vigente de ahí que deba ser entendida en igual sentido. La jurisprudencia invocada es del tenor siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción. Ahora, el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Ley Fundamental prevé: Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) c). Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. Por su parte la Ley de Amparo, en el artículo 107, fracción VI, dispone que el amparo indirecto procede: Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Tanto la doctrina como la jurisprudencia utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en las normas invocadas; sin embargo, acorde con las interpretaciones sustentadas por el Alto Tribunal, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse, conocido como tercero extraño equiparado. En ese contexto, para los efectos del juicio de amparo, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, asimismo, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. La razón de la existencia de ese concepto radica en salvaguardar los derechos de una persona que se vean afectados con motivo de un juicio, sin haber tenido oportunidad de defenderse en él, derivado del desconocimiento de la contienda, por lo que se permite la promoción del juicio de amparo a fin de que la persona cuente con la oportunidad de ofrecer pruebas en relación con el emplazamiento defectuoso o de su omisión. Sin embargo, si la persona se hizo sabedora del juicio, deja de tener el carácter de tercero extraño, pues se integra a la litis, por lo que estará en posibilidad de defenderse del proceso ordinario, y en su oportunidad, si es necesario, podría acudir al amparo indirecto. Razón que subyace, pues como se expuso la finalidad del amparo indirecto promovido por personas extrañas a juicio, es tutelar el derecho de audiencia ante el desconocimiento total del conflicto en que resultaron afectados sus intereses, por lo que la circunstancia de que la persona haya comparecido en al juicio natural, por sí o por conducto de quien legalmente la represente, conduce a la actualización de una causa de improcedencia al no tener el carácter de tercero extraño. Expuesto lo anterior, este órgano de control constitucional considera que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia invocada ya que la parte quejosa apoya la acción constitucional en la trasgresión al derecho al debido proceso reconocido en el artículo 14 Constitucional; sin embargo, conforme a los antecedentes narrados en la aludida demanda, por el propio quejoso, las diligencias de jurisdicción voluntaria de donde deriva el acto se encuentran en trámite, máxime que la audiencia preliminar que fue fijada para el veintitrés de junio en curso, y en donde aduce el quejoso se dilucidarán diversas medidas relativas a los alimentos de su menor hija, aún no se ha llevado a cabo, por lo que está en aptitud de comparecer a defender sus derechos. En efecto, en las diligencias de jurisdicción voluntarias del cual deriva el acto reclamado, tal y como señaló el quejoso en su demanda de amparo, no han sido resueltas en definitiva, ya que la audiencia preliminar se fijó para el veintitrés de junio del año en curso a la diez horas; en ese panorama, en el procedimiento natural aún no existe sentencia, por lo que la parte promovente está en aptitud de comparecer e interponer los medios ordinarios de defensa que resulten procedentes. Es así, pues aun cuando se alegue afectación al derecho de audiencia, ésta no trasciende más allá del aspecto adjetivo, pues hasta el momento solo afecta cuestiones procesales, las cuales pueden ser destacadas en un eventual amparo indirecto que se promueva en contra de la sentencia que ponga fin al procedimiento. Aunado a lo anterior, también se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, ya que, se estima, los actos reclamados no producen una afectación real y definitiva en la esfera jurídica de la parte quejosa. El artículo 61, fracción XXIII, con relación al 6 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. La interpretación sistemática de los dispositivos legales transcritos, permite arribar al convencimiento de que el juicio de protección constitucional se torna improcedente, si el promovente del juicio de amparo no se ve perjudicado con el acto que se tilda de inconstitucional; esto es, que el referido juicio únicamente puede promoverse por la parte que sufre directamente y personalmente el agravio originado por el reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Al respecto, la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, México 2004, Segunda Edición, define la palabra "agravio" en los siguientes términos: Agravio. I. Por tal debe entenderse la lesión o afectación de los derechos jurídicos de una persona, en especial, a través de una resolución judicial, y por extensión, también cada uno de los motivos de impugnación expresados en el recurso de apelación contra una resolución de primera instancia.- En sentido muy amplio, el agravio es el equivalente al perjuicio o afectación de un interés jurídico, y éste es el significado que se empela en los aa 4º y 5º fr. I de la LA, cuando califica de agraviado al demandante de la protección de los tribunales federales" (página 198, Tomo I). Como se advierte del texto transcrito, el agravio es la lesión que sufre una persona virtud de los efectos que produce una resolución judicial. Lo que implica que para que sea procedente el juicio de amparo, es necesario que el promovente sea precisamente aquella persona que sufre el menoscabo en sus garantías individuales, es decir, que vea disminuida su esfera jurídica como consecuencia de la afectación que produce en su contra el acto de autoridad. Referente a lo anterior, se ha indicado que las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación, así como directo, ya que la afectación indirecta que produzca el acto reclamado no da ningún derecho al que lo sufra para promover juicio de amparo en su contra, sino que debe promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto reclamado y no por quien sólo resienta un perjuicio indirecto, derivado del agravio que el acto ocasiona a otra persona pues, en este supuesto, esta última es a quien corresponde instaurar el juicio de garantías, como se advierte de las siguientes tesis. Lo anterior se establece en la tesis 138 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 160, del literal siguiente: AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL.- De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará. Así como en la diversa, emitida por el citado Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 15 del Volumen 204, Primera Parte, 71, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: AGRAVIO INDIRECTO.- El agravio indirecto no da ningún derecho al que lo sufra para recurrir al juicio de amparo. Para explicar el criterio mencionado, es conveniente transcribir los precedentes en relación al perjuicio como base del amparo, que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido en el sentido de que una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 73 (hoy fracción V) de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos y posesiones conculcados, y aunque las lesiones de tales derechos, es natural que traigan repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen interés jurídico para promover el amparo. También resulta aplicable la tesis con número de registro 335092, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XLVI, quinta época, visible en la página 4943, que dice: PERJUICIO BASE DE AMPARO. El perjuicio que al quejoso causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional, de suerte que si no está justificado dicho perjuicio, el amparo es improcedente. Además del diverso emitido por la citada Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en el que estimó que el perjuicio es la base para promover el juicio de amparo, así se desprende de la tesis siguiente: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. No debe confundirse el que el acto reclamado no viole garantías individuales cuando esté ajustado a la ley y que, por lo mismo, deba negarse el amparo, con la falta de perjuicio jurídico, porque dicho perjuicio puede causarse en obedecimiento a la aplicación de algún precepto legal que restrinja los derechos que crea tener el interesado, y, consiguientemente, si es cierto el acto reclamado y queda demostrado que se afectan los intereses del que ocurre al juicio de garantías, no debe sobreseerse en él por improcedencia. En esas condiciones, de acuerdo con los criterios transcritos el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir, esto es, presente cuando los efectos del agravio operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya han concluido; e inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. De manera que las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, según se establece de la interpretación a contrario sensu del artículo 6° de la ley de la materia. A lo anterior, resulta aplicable la tesis XVII.2o.9 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto: "LEGITIMACION ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquel a quien la ley le otorga ese derecho.". Lo anterior, demuestra que el acto reclamado consistente en el auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, que fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia preliminar dentro de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 135/2020, en la que se discutirán diversas medidas en materia de alimentos a favor de su menor hija, y que tendrá verificativo el veintitrés de junio del año en curso, no actualiza el supuesto de agravio personal y directo, en la medida en que, el sólo trámite y la realización de dichas actuaciones no torna inminente que el resultado del mismo forzosamente vaya a concluir un perjuicio para él, o que no pueda apersonarse las mismas para ser debidamente escuchado ante el Juez responsable, a fin de alegar sus derechos y proporcionar las pruebas pertinentes, máxime que como ya se dijo, éstas aún no se han llevado a cabo. De lo anterior, resulta evidente que el acto que aquí se reclama, de momento, no le causa perjuicio real y definitivo al promovente del amparo, porque dada la naturaleza de los trámites llevados en la vía de jurisdicción voluntaria, no gozan de definitividad en las resoluciones por las que se concluyen, esto es, no pueden constituir cosa juzgada, pues, las mismas pueden ser modificadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, XXIII, Materia(s): Civil, Página: 602, Registro: 280970, que establece: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. Las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria, son incapaces de producir efectos de cosa juzgada contra terceros. En este contexto, es evidente que el acto reclamado no causa a la parte quejosa, un agravio real y definitivo que haga procedente la presente demanda de amparo, en la medida de que, como se vio, dada la propia naturaleza de los asuntos tramitados en la vía de jurisdicción voluntaria, la resolución por la que, como en el caso, se determina en la audiencia preliminar que se llevará a cabo ante la responsable no se trata de una resolución que pueda considerarse como cosa juzgada y que, por si misma, pueda causarle agravio, real y definitivo, al aquí quejoso. De ahí que, el momento en que se causaría un agravio real y definitivo en perjuicio del aquí quejoso, con motivo de lo determinado en las diligencias de jurisdicción voluntaria, materia del acto reclamado, será hasta en tanto se dicte la sentencia definitiva que se dicte en dicho asunto. Lo que, de acontecer, el quejoso estará en aptitud de combatir a través de los medios ordinarios de defensa que, en su caso, procedan. Se resalta que en los procedimientos de jurisdicción voluntaria sólo procede el juicio de amparo indirecto contra la última determinación que les ponga fin o contra actos intermedios cuya ejecución sea de imposible reparación. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DELACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad. Por lo tanto, se concluye que el auto aquí reclamado no constituye aquel con que resuelva las Diligencias en definitiva, pues una vez que se dicte la sentencia correspondiente a las diligencias de jurisdicción voluntaria, el quejoso estará en condiciones de combatir las violaciones de las que se duele. Todo lo cual evidencia, que el auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, que fija fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia preliminar dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria materia del acto reclamado, y que no se ha llevado a cabo, por estar señalada para el veintitrés de junio en curso, no causa un agravio real y definitivo al aquí quejoso. Cobra aplicación al caso concreto, la tesis II. 2o. 214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que de rubro y texto dicen: AMPARO. PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, CASO EN QUE NO SE CUMPLE. De acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada estatuido por los artículos 107, fracción I de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; y únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. Luego, si la reclamación del quejoso consiste en que no se citó a juicio a una persona que figuró también como parte demandada; ello no le produce ninguna lesión directa a sus intereses jurídicos, pues obviamente es aquel otro individuo quien debe acudir ante las autoridades jurisdiccionales en defensa de sus derechos y no el quejoso. En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracciones III, inciso c), de la Constitución Federal; y el 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, estos últimos aplicados en sentido contrario, y por tanto, con apoyo en el precitado numeral 113 de la propia legislación, se desecha la demanda. Por otra parte, como lo señala el promovente, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda; asimismo, téngase como sus autorizados a las personas que designa en su demanda de amparo, con las facultades conferidas expresamente. Ahora bien, aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico y telefónica, sin embargo, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), téngase como dirección de correo electrónico de la parte promovente, el proporcionado en su demanda de amparo; ello a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de la propia promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.
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