Joaquin de Jesus Bustillos Arce
Expediente 1015/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1015/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Joaquin de Jesus Bustillos Arce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA I. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el veinte de septiembre de dos mil diecisiete; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó fuera de audiencia, y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de garantías. ...
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MESA I. Vistos los presentes autos de los que se advierte específicamente el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y anexo que adjuntó, como justificación a su acto de autoridad. Ahora bien, respecto al acto reclamado consistente en la inejecución de la sentencia definitiva de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, dictada en los autos de la acción contra la omisión legislativa o normativa local número 1/2015, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, y no la causal prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de la Materia, que hace valer la autoridad responsable, y la que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: ... De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, el quejoso Joaquín de Jesús Bustillo Arce, reclama la inejecución de la sentencia definitiva de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, dictada en los autos de la acción contra la omisión legislativa o normativa local número 1/2015, por parte del Pleno del Tribunal Constitucional del Estado, con residencia en esta ciudad. Sin embargo, de las constancias que la autoridad responsable adjuntó a su informe de ley, se desprende que mediante acuerdo de dieciocho de agosto del año en curso, se dio por cumplida la sentencia de fecha dieciséis de febrero del año dos mil dieciséis, - acuerdo dictado con posterioridad a la presentación de la demanda, que fue el día dieciséis de ese propio mes y año - dictada en la acción contra la omisión legislativa o normativa local número 1/2015, promovida por Joaquín de Jesús Bustillos Arce y María del Rosario Arce Escalante , ambos por su propio y personal derecho, así como de la persona moral denominada "Asesoría Profesional en Contaduría y Administración", Sociedad Civil Particular, por conducto de su socia administradora, ciudadana María del Rosario Arce Escalante, en contra del Congreso del Estado de Yucatán; toda vez, que el aludido Congreso expidió la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán, la cual es la Ley reglamentaria del artículo 2, párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Yucatán, en relación a la Ley, pues la reparación de violaciones a los derechos humanos, pues dicha Ley tiene como finalidad proteger a las víctimas entre ellas, a las de violaciones de derechos humanos, reconociéndoles su derecho a la reparación integral y se establece un procedimiento a seguir para la reparación a la violación de dichos derechos; haciéndole del conocimiento al nombrado justiciable de lo anterior, el día veintiuno de ese propio mes y año y por ende, se dio por cumplimentada la aludida sentencia y se ordenó el archivo del expediente como concluido. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada, toda vez, que la responsable tuvo por cumplida la acción contra la omisión legislativa o normativa local número 1/2015, al expedir el Congreso del Estado de Yucatán, la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán, la cual es la Ley reglamentaria del artículo 2, párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Yucatán. En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en análisis. Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por acuerdo de diecisiete de agosto del año en curso, se autorizó a la parte quejosa para tener acceso al expediente electrónico, en los términos establecidos en dicho acuerdo. ...
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MESA I Agréguese a los presentes autos el escrito firmado por el Director Jurídico del Poder Legislativo del Estado, con sede en esta ciudad, , y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase por apersonada a la citada autoridad, a este juicio con el carácter de tercero interesado. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo en vigor, téngase por designados como delegados de dicha autoridad y como su domicilio para oír y recibir notificaciones, los mencionados en su informe con justificación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.
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MESA I. Agréguense a estos autos el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura de Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, con anexo; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a las partes en este juicio, con los mismos y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora, en cuanto al CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATAN, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se estima que le recae el carácter de tercero interesado en este juicio, por conducto de quien legalmente lo represente, por ser la contraparte del ahora quejoso, en el juicio de donde deriva el acto impugnado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la ley de la materia, gírese atento oficio al Congreso del Estado de Yucatán, para efectos de hacerle saber la admisión de la demanda que nos ocupa, al que se adjuntará copia simple de ella e indíquesele que con tal carácter puede comparecer a juicio si a sus intereses conviniere, y comunicándole la fecha y hora de la celebración de la audiencia constitucional precisada en párrafos anteriores. Finalmente hágase del conocimiento de la citada autoridad que la audiencia constitucional está fijada para las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
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