Joaquin Esquivel Rodríguez

Expediente 487/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
487/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
08/05/2015

Partes del expediente

  • Joaquin Esquivel Rodríguez
  • Juez de Primera Instancia Y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En ocho de mayo de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió del veintinueve de abril al siete de mayo de dos mil quince, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto del día veintiuno de abril de dos mil quince, dentro del juicio de amparo 487/2015.- DOY FE. En la misma fecha el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de mayo de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrido el auto de veintiuno de abril de dos mil quince, que desechó la demanda de garantías promovida por Joaquín Esquivel Rodríguez; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. ARS

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de abril de dos mil quince. Glósese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el escrito, signado por el autorizado de la parte quejosa, licenciado Abel Rodríguez Herrera, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que le fuera formulado a su representado por acuerdo de ocho de abril del año en curso; en consecuencia se provee lo siguiente: Como punto de partida, es pertinente acotar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." (.) Del precepto anterior, se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente claro conforme a la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.". En el caso concreto, se estima que la acción de amparo intentada se ubica en el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto a los actos reclamados consistentes en: 1) oficio 20200, de dieciocho de febrero de dos mil nueve, emitido por el Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes, con sede en la misma ciudad; 2) acuerdo de tres de marzo de dos mil nueve, emitido dentro del exhorto 29/2009 por el Juez Octavo de lo civil en el Estado de Aguascalientes, con sede en la ciudad idéntico nombre; y 3) auto de veintiséis de junio de dos mil nueve, dictado por el Juez de Primero Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 5/2009. Los citados normativos, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) "XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." (.) Pues bien, el numeral antes transcrito dispone que, tratándose de procedimientos de índole jurisdiccional, laborales o administrativos que se instruyan con esas características, cuando se reclamen actos dictados en su secuela procesal se considerarán consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, en atención a que un nuevo acto las ha sustituido, al modificar la situación jurídica imperante, por lo que, tal situación imposibilita el examen del mérito del acto reclamado encuadrado en esa hipótesis, al afectar la nueva situación jurídica nacida con el acto posterior. En ese contexto, de acuerdo a lo expuesto por el impetrante de amparo en su escrito de demanda, los actos reseñados con antelación fueron dictados dentro del periodo de instrucción del juicio ejecutivo mercantil 5/2009, promovido por Simón Rodríguez Guerrero en su contra; sin embargo, el estado actual del juicio natural, según lo manifestado por el autorizado del garante en el escrito de aclaratorio, es el de encontrarse en la etapa de ejecución. Situación anterior que permite colegir que en dicho procedimiento mercantil existe sentencia ejecutoria que ha decidido el negocio principal, al establecer la procedencia de las prestaciones reclamadas por el actor Simón Rodríguez Guerrero, las cuales constituye el motivo principal por el que haya solicitado al Juez de Primero Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, declarara adjudicado un bien embargado a su contrario, aquí quejoso. De este modo, resulta inconcusa la imposibilidad de realizar el examen de constitucionalidad de los actos reclamados por el impetrante de garantías, sin afectar la nueva situación jurídica derivada por la existencia en el juicio ejecutivo mercantil 5/2009 de una sentencia ejecutoria, en efecto, puesto que al ser sustituidos por ésta última, se actualiza así el cambio de estatus legal cuya implicación y repercusión para efectos del presente juicio de amparo, conlleva tener por consumadas de forma irreparable las violaciones en ellos contenidas, ya que aún y cuando estos pudieran ser revocados o nulificados seguiría subsistiendo la sentencia definitiva. En esa guisa, conforme lo antes expuesto, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVII del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior encuentra sustento en la tesis aislada I.4o.C.43 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 521, tomo IX, Materia Común, Abril de 1992, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTICULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." Por otra parte, referente al auto de once de marzo de dos mil quince, emitido por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, en los autos del juicio mercantil ejecutivo 5/2009, se advierte q actualizada la causal de inejercicio de la acción de amparo contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se exponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:" (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede:" (.) "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." "Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." "En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." El artículo 107, fracción IV, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, señala que tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo sólo puede promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y especifica que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Por tanto, tomando en consideración el acto reclamado por el quejoso relatado en líneas precedentes, por medio del cual le fue negada su solicitud de requerir a su contraparte en el juicio natural, el actor Simón Rodríguez Guerrero, a efecto de que exhibiera el certificado de libertad de gravamen relativo a un bien inmueble embargado, resulta notoria su no encuadramiento con alguna de las hipótesis normativas descritas en el numeral 107, fracción IV de legislación de la materia, a que se ha hecho referencia en párrafos anteriores, al no tratarse de la última resolución dictada dentro de la etapa de ejecución del juicio ejecutivo mercantil 5/2009, entendida por tal la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y entrega material del bien rematado, de allí la improcedencia del juicio de amparo respecto a éste último acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia PC.I.C.J/2 K (10a.), emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, página 1738, que es del tenor literal siguiente: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla". Asimismo, resulta aplicable en lo conducente la diversa jurisprudencia III.5o.C.J/5 (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, página 1454; que es del rubro y texto señalados a continuación: "REMATE. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EN VIGOR A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE ORDENA LA ESCRITURACIÓN Y LA ENTREGA DEL BIEN, AUN CUANDO SE ACUERDEN EN FORMA SEPARADA. De lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, se desprende que el legislador, en forma específica, determinó que la última resolución emitida en el procedimiento de remate "es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados"; de ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se hayan emitido ambas órdenes, sin que constituya un obstáculo el hecho de que se determinen en acuerdos separados, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución". En consecuencia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por la Joaquín Esquivel Rodríguez, contra los actos reclamados al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, y otras autoridades, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en los términos ya expuestos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    En la misma fecha, el Secretario Jesús Alberto Rodríguez Flores, da cuenta al Secretario encargado del despacho del juzgado con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de abril de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil quince, en la que se sobreseyó en el juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal como el cuaderno original del incidente de suspensión SÍ SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en razón de que en relación al primero se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y en el segundo se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto Décimo Primer del Acuerdo en cita, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por último, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Jesús Alberto Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de enero de dos mil quince, en la que se sobreseyó en el juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto Décimo Primer del Acuerdo en cita, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por último, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes.

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