Joaquín de Santiago Hinojosa

Expediente 567/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
567/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
10/11/2017

Partes del expediente

  • Joaquín de Santiago Hinojosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    El diez de noviembre de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintitrés de octubre al ocho del mes y año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el once de octubre pasado, dentro del juicio de amparo número 567/2017-7; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Si existen constancias que devolver a la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. No se tramitó incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Conste. En la misma fecha se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diez de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el once de octubre pasado, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Devuélvase las copias certificadas derivadas del principal y cuadernillo de incidente de remoción de albacea número 285/2002 que la autoridad responsable remitió con su informe justificado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Vicky

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 567/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Joaquín de Santiago Hinojosa demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad siguiente: Autoridad responsable: -Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Acto reclamado: - Resolución de quince de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el juicio sucesorio intestamentario 285/2002, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra los autos de veintisiete de marzo de la presente anualidad. Acto que considera violatorio de los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. El asunto de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en proveído de ocho de junio de dos mil diecisiete (fojas 24 a 27), la titular de este juzgado ordenó registrarlo con el expediente 567/2017, y ordenó la admisión de la demanda, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que por derecho corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en los términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, constitucionales; 1°, fracción I, 33, 107, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio, consiste en: - Resolución de quince de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el juicio sucesorio intestamentario 285/2002, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra los autos de veintisiete de marzo de la presente anualidad, en los cuales se acordó que no procedía la petición de reconocimiento de herederos solicitada. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas aceptó la existencia del acto reclamado (foja 33). Asimismo, en apoyo de su informe con justificación, remitió copias certificadas del procedimiento sucesorio intestamentario 285/2002 y un cuaderno incidental; documentales públicas que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes del acto reclamado: Ramón Hinojosa Castro acudió ante el Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, a denunciar la sucesión intestamentaria a bienes Eulogio Hinojosa Castro (fojas 1 a 3 del cuaderno de pruebas uno). El tres de septiembre de dos mil dos, se radicó el juicio sucesorio intestamentario bajo el número 285/2002, señalándose las diez horas del catorce de octubre de ese año para convocar herederos (fojas 10 y 11 ídem). El catorce de octubre de ese año, se emitió el auto declarativo de herederos en el cual se tuvo como únicos y universales a Ramón y Paula ambos de apellidos Hinojosa Castro, en su calidad de hermanos del sucesor (foja 33 ídem), así como la designación del albacea correspondiente; seguida la secuela procesal a esa primera sección, se aprobó como tal. Por auto de veintidós de febrero de dos mil ocho, se reconoció a Joaquín de Santiago Hinojosa, el carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Paula o Pabla Hinojosa Castro (foja 78 ídem). Luego, en audiencia de conciliación de veintitrés de noviembre de dos mil once, Joaquín de Santiago Hinojosa y Ramón Hinojosa Castro comparecieron ante el Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, a presentar convenio para dar por concluida la sucesión, el cual fue sancionado como válido, otorgándole la naturaleza de cosa juzgada en el que se tuvo formulado el inventario y avalúo, determinando lo referente a la administración, quedando pendiente la elaboración del proyecto de partición de bienes (fojas 148 y 149 ídem). Por escrito de cuatro de abril de dos mil trece, Joaquín de Santiago Hinojosa acudió a solicitar la remisión de los autos del expediente sucesorio a la Notaría Pública número tres en el Estado, para los trámites de protocolización de bienes (foja 172 ídem), recayendo a dicho escrito el proveído de cinco de abril siguiente en el que el juez de origen negó la solicitud planteada al no estar presentado el proyecto de partición de bienes (foja 173 ídem). Mediante escrito de doce de mayo de dos mil quince, el aquí quejoso acudió a informar el fallecimiento de Paula Hinojosa Castro, y al efecto exhibió copia certificada del acta de junta de reconocimiento de herederos y designación de albacea en el juicio sucesorio intestamenterio 466/2012 a bienes de Paula Hinojosa Castro, en la que se nombró como albacea a Joaquín de Santiago Hinojosa (fojas 218 a 222 ídem), por lo que por proveído de diecinueve de mayo de dos mil quince se le tuvo por realizando las manifestaciones vertidas en el referido escrito. (foja 223 ídem). Por escrito de ocho de enero de dos mil dieciséis Joaquín de Santiago Hinojosa acudió a presentar inventario y avalúo, sin que se tomara en consideración por el juzgado al no ajustarse a lo estipulado en el convenio de veintitrés de noviembre de dos mil once (fojas 291 y 292 ídem). Mediante escrito de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, Raúl Rodríguez Zepeda compareció a nombre de Joaquín de Santiago Hinojosa a solicitar constancia sobre la personalidad con la que se ostenta en la sucesión así como el estado que guardan los autos (foja 249 ídem). A dicho escrito, recayó el proveído de veintisiete de febrero de este año (foja 250 ídem), el cual, en lo que interesa dice: "Auto. Fresnillo Zacatecas, a veintisiete de febrero del año dos mil diecisiete. Téngase por recibido el escrito que suscribe el licenciado RAÚL RODRÍGUEZ ZEPEDA, quien comparece como abogado de JOAQUÍN DE SANTIAGO HINOJOSA, apoderado legal de PAULA HINOJOSA CASTRO, y atentos al mismo se acuerda: Dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, en atención a que a la fecha PAULA HINOJOSA CASTRO, ha fallecido, cabe mencionar que por auto de fecha diecinueve de mayo del año dos mil quince, glosado a foja doscientos veintidós del expediente principal, se tuvo a JOAQUÍN DE SANTIAGO HINOJOSA, por recibida la copia certificada del acta de fecha veinte de febrero de dos mil trece, mediante la cual quiso apersonarse, con el carácter de heredero y albacea, de la sucesión a bienes de la persona finada referida líneas anteriores sin que se le haya reconocido tal carácter pues solo se tuvo como ya se mencionó con anterioridad por recibida dicha copia certificada. Y toda vez que en autos no obra constancia de reconocimiento de los representantes de la sucesión que conforman la estirpe de PAULA HINOJOSA CASTRO, en el juicio en que comparece motivo por el cual no es posible expedirle la constancia que refiere en su escrito." (.) Inconforme con la anterior determinación Raúl Rodríguez Zepeda, en representación de Joaquín de Santiago Hinojosa, interpuso recurso de revocación, el cual substanciado en su términos, por resolución de ocho de marzo de dos mil diecisiete (fojas 254 y 255), el juez responsable determinó resolver: "(.) PRIMERO. SE DECLARA IMPROCEDENTE el RECURSO DE REVOCACIÓN promovido por el Licenciado RAÚL RODRÍGUEZ ZEPEDA, en consecuencia. SEGUNDO. SE DECLARA INCÓLUME el auto impugnado de fecha veintisiete de febrero del año en curso. (.)" Mediante escrito de trece de marzo de dos mil diecisiete, Joaquín de Santiago Hinojosa, acudió a solicitar se le tuviera por apersonado en la sucesión del señor Eulogio Hinojosa Castro y como representante legal de la sucesión intestamentaria a bienes de Paula Hinojosa Castro así como heredero legitimo del autor de la sucesión mencionada (foja 256 ídem). A dicho escrito, recayó el proveído de veintisiete de marzo de este año (foja 257 ídem), el cual, en lo que interesa dice: "Auto. Fresnillo Zacatecas, a veintisiete de marzo del año dos mil diecisiete. VISTO, el escrito que suscribe JOAQUÍN DE SANTIAGO HINOJOSA, dígasele que no procede su petición porque si bien en autos obra copia certificada de la junta de reconocimiento de herederos dentro de la sucesión a bienes de la finada PAULA HINOJOSA CASTRO, lo cierto es que la sucesión de la precitada no tiene injerencia dentro del presente juicio, sino que de conformidad con los artículos 782 fracción I y 788 del Código Civil en vigor, a quienes corresponde el derecho de comparecer a la presente sucesión en representación de la precitada es a su estirpe, ya que ante la falta de un heredero por cabeza, el derecho a la herencia se trasmite a sus sucesores, es decir, a su estirpe. Por lo que una vez que comparezcan todos los miembros de la misma se acordará lo conducente. (.)". Asimismo en escrito de quince de marzo de dos mil diecisiete, el quejoso solicitó se le expidiera constancia legal de la sucesión a nombre de su madre Paula Hinojosa Castro, (fojas 258 y 259) escrito del cual recayó auto de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete en el cual se le indicó: "Fresnillo Zacatecas, a veintisiete de marzo del año dos mil diecisiete. VISTO, el escrito que suscribe JOAQUÍN DE SANTIAGO HINOJOSA, dígasele que no procede su petición porque si bien es cierto que de la lectura del artículo 1990 del Código Civil en vigor, se colige que un mandato deberá seguir en la administración en tanto los herederos proveen por sí mismos a los negocios, lo que inclusive tiene relación con lo señalado en la fracción I del artículo 188 del Código Procesal Civil vigente en el Estado, cabe señalar que dicha representación únicamente sería por lo que respecta a la persona del poderdante, es decir, tal representación solamente sería por cuanto a la representación y defensa de los derechos de PAULA HINOJOSA CASTRO en lo personal, sin embargo, ello no significa que éste pueda continuar conduciéndose como albacea de la sucesión en que se actúa, porque el cargo de albacea no se trasmite al apoderado legal, sino que, tal y como lo señala la fracción II del artículo 924 del Código Civil, el cargo de albacea termina por la muerte del albacea, de ahí que se insista en que no es factible otorgarle la constancia que solicita, porque aun cuando al promovente se le puede seguir concediendo el carácter de representante legal de PAULA HINOJOSA CASTRO, en lo que a su estirpe se apersona al presente juicio, ello no significa que éste siga siendo representante de la albacea de la sucesión, ya que de conformidad con el artículo 875 del Código Civil, el albacea no puede delegar su cargo, que es precisamente el carácter con el cual pretende que se le expida la constancia que se le ha negado hasta la fecha. De ahí que se insista la negativa de expedir dicha constancia por parte de este juzgado. [.]". Inconforme con las anteriores determinaciones Joaquín de Santiago Hinojosa, interpuso recurso de revocación, el cual substanciado en su términos, por resolución de quince de mayo de dos mil diecisiete (fojas 274 a 277), el juez responsable determinó resolver: "(.) PRIMERO. SE DECLARA IMPROCEDENTE el RECURSO DE REVOCACIÓN promovido por el Licenciado RAÚL RODRÍGUEZ ZEPEDA, en consecuencia. SEGUNDO. SE DECLARAN INCÓLUMES los autos impugnados de fechas veintisiete de febrero del año en curso. (.)". Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Cuestiones de procedencia. Establecido lo precedente, en virtud de que el análisis de las causales de improcedencia en el presente sumario constitucional es de orden público y de estudio preferente, independientemente de que las partes lo hayan alegado o no, de acuerdo con lo que prevé el ordinal 62 de la Ley de Amparo, se impone el examen correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la jurisprudencia J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con registro 222780, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Asimismo, es aplicable la tesis 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 262, del Tomo Parte VIII, del Apéndice de 1985, con registro 395571, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Del análisis a las constancias procesales este órgano jurisdiccional advierte que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, con base en las siguientes consideraciones: Los artículos aludidos, respectivamente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: .. V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales en los que México sea parte, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extingue en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, derivada del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que éstos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sobre esa base, los actos dictados en juicio que no cumplan con ese criterio (ejecución irreparable), como se expuso, sólo serán impugnables vía amparo directo. Los razonamientos expuestos tienen sustento en la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, del volumen 56, agosto de 1992, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Y resulta aplicable por las razones que informa la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno del Más Alto Tribunal de nuestro país, visible en la página 39, del Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006589, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así como también resulta ilustrativa la tesis I.1o.A.E.30 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la república, consultable en la página 2317, del Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2008665, que señala: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución.". En conclusión, los actos dictados en juicio tendrán una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora, en la resolución reclamada se declaró improcedente el recurso de revocación promovido contra los autos de veintisiete de marzo del año en curso, mediante los cuales se negó otorgarle al quejoso una constancia que lo acredite como albacea de la sucesión intestamentaria de donde deriva el acto reclamado. En este sentido, el acto reclamado en este juicio no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que no trae consecuencias irreparables, con base en las siguientes argumentaciones: En efecto, el acto reclamado es una violación procesal que no es de imposible reparación, pues por ésta debe entenderse aquélla cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen por el solo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En este sentido, tal actuación no constituye un acto de imposible reparación, pues no incide sobre derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que sus efectos recaen en el procedimiento natural, por lo que sus consecuencias son procesales. Así, la resolución combatida en esta vía constitucional es un acto que no tiene ejecución de imposible reparación, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza y alcances legales, no es una determinación constitutiva de derechos, ni de condena, sino simplemente declarativa en relación con la petición formulada por la parte quejosa en el sentido de obtener una constancia. De ahí que si para la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, contra un acto dentro de juicio, es necesario que el acto reclamado afecte de modo directo e inmediato los derechos sustantivos de la quejosa consagrados en la Constitución y no sólo los derechos adjetivos o procesales que pueden ser reparados con una resolución favorable al término del proceso, es incuestionable que en el caso no se actualiza tal supuesto. Se afirma lo anterior, pues la sucesión materia del presente asunto, está compuesta de cuatro etapas, a saber: La denuncia de la sucesión; declaración de herederos y designación de albacea. De inventarios y avalúos. De administración; y, De partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores. Secciones que se componen y deciden por separado, mediante la resolución particular correspondiente; mismas, que adquieren firmeza para las partes. En ese orden y para robustecer lo anterior, resulta necesario tener presente el contenido del artículo 770 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, que dispone: "Artículo 770. En todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Cuando no haya inconveniente para ello las secciones pueden tramitarse simultáneamente. Las secciones serán las siguientes: I.- Sección Primera, denominada "De sucesión". Contendrá: la denuncia, o el testamento, las citaciones y convocatorias, reconocimiento de derechos hereditarios, nombramiento y remoción de albaceas, tutores y resoluciones sobre validez del testamento, capacidad para heredar y preferencia de derechos; II.- Sección Segunda, que se designará "De inventarios". Contendrá: los inventarios y avalúos, los incidentes que se promuevan, las resoluciones que se dicten sobre los mismos, y las liquidaciones y comprobaciones de haberse cubierto el impuesto fiscal; III.- Sección Tercera, llamada "De administración". Contendrá todo lo relativo a administración, a cuentas, su glosa y calificación; IV.- Sección Cuarta, llamada "De participación" (sic). Contendrá: El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, el de partición de los bienes, los incidentes conexos, y los convenios, resoluciones y aplicación de los bienes. Los procedimientos de las secciones segunda y cuarta son comunes para todos los juicios. Las secciones tercera y cuarta podrán omitirse cuando el heredero sea único y a la vez desempeñe el cargo de albacea". La comprensión del dispositivo citado refiere el cumplimiento concatenado y cronológico de las fases previstas en ella; dado lo cual, de los antecedentes del acto reclamado vertidos por la accionante de amparo, se pone de manifiesto que la primera, segunda y tercera de las etapas han concluido, y que la sección cuarta relativa a la partición y adjudicación, aún no ha sido resuelta. De lo expuesto, se evidencia que de lo que se duele el quejoso es, de la probable actualización de una violación procesal en el trámite que se viene desarrollando en torno a la negativa a otorgarle constancia de reconocimiento al representante de la sucesión que conforma la estirpe de Paula Hinojosa Castro; por lo que es dable considerar que el acto reclamado constituye un acto procesal, dictado dentro de la cuarta sección del procedimiento sucesorio de origen, a través del cual se confirmó la negativa de la expedición de una constancia, lo que permite concluir que la resolución combatida no afecta ningún derecho sustantivo del quejoso, pues la falta de obtención de la constancia solicitada no resulta conculcatoria de derechos humanos y sustantivos. De forma tal que es inconcuso, que son derechos adjetivos los que conforman los que pretende que sean tutelados en este juicio de amparo indirecto. Sin que pase inadvertido que la sentencia correspondiente a la cuarta sección no se ocupará de tal aspecto, pues como se dijo, ésta se refiere a la distribución los bienes hereditarios. En ese tenor, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia de que se trata, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Al decretarse el sobreseimiento en esta controversia constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por el quejoso en su escrito inicial de demanda, sin que lo anterior, represente un desacato por esta juzgadora, toda vez que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo. Cobra aplicación el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la Jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Octubre 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Joaquín de Santiago Hinojosa, en contra del acto reclamado consistente en la resolución de quince de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el juicio sucesorio intestamentario 285/2002, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra los autos de veintisiete de marzo de la presente anualidad, del índice del Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojada Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del licenciado Luis Felipe Ruíz Martínez Lasso, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy once de octubre de dos mil diecisiete en que las labores del juzgado lo permitieron. Alicia

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE ONCE DE OCTUBRE DE 2017, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARRTICULO 27, FRACCION I, INCISO B) RESPECTIVAMENTE DE LA LEY DE AMPARO. "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 567/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Joaquín de Santiago Hinojosa demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad siguiente: Autoridad responsable: -Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Acto reclamado: - Resolución de quince de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el juicio sucesorio intestamentario 285/2002, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra los autos de veintisiete de marzo de la presente anualidad. Acto que considera violatorio de los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. El asunto de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en proveído de ocho de junio de dos mil diecisiete (fojas 24 a 27), la titular de este juzgado ordenó registrarlo con el expediente 567/2017, y ordenó la admisión de la demanda, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que por derecho corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en los términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, constitucionales; 1°, fracción I, 33, 107, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio, consiste en: - Resolución de quince de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el juicio sucesorio intestamentario 285/2002, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra los autos de veintisiete de marzo de la presente anualidad, en los cuales se acordó que no procedía la petición de reconocimiento de herederos solicitada. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas aceptó la existencia del acto reclamado (foja 33). Asimismo, en apoyo de su informe con justificación, remitió copias certificadas del procedimiento sucesorio intestamentario 285/2002 y un cuaderno incidental; documentales públicas que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes del acto reclamado: Ramón Hinojosa Castro acudió ante el Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, a denunciar la sucesión intestamentaria a bienes Eulogio Hinojosa Castro (fojas 1 a 3 del cuaderno de pruebas uno). El tres de septiembre de dos mil dos, se radicó el juicio sucesorio intestamentario bajo el número 285/2002, señalándose las diez horas del catorce de octubre de ese año para convocar herederos (fojas 10 y 11 ídem). El catorce de octubre de ese año, se emitió el auto declarativo de herederos en el cual se tuvo como únicos y universales a Ramón y Paula ambos de apellidos Hinojosa Castro, en su calidad de hermanos del sucesor (foja 33 ídem), así como la designación del albacea correspondiente; seguida la secuela procesal a esa primera sección, se aprobó como tal. Por auto de veintidós de febrero de dos mil ocho, se reconoció a Joaquín de Santiago Hinojosa, el carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Paula o Pabla Hinojosa Castro (foja 78 ídem). Luego, en audiencia de conciliación de veintitrés de noviembre de dos mil once, Joaquín de Santiago Hinojosa y Ramón Hinojosa Castro comparecieron ante el Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, a presentar convenio para dar por concluida la sucesión, el cual fue sancionado como válido, otorgándole la naturaleza de cosa juzgada en el que se tuvo formulado el inventario y avalúo, determinando lo referente a la administración, quedando pendiente la elaboración del proyecto de partición de bienes (fojas 148 y 149 ídem). Por escrito de cuatro de abril de dos mil trece, Joaquín de Santiago Hinojosa acudió a solicitar la remisión de los autos del expediente sucesorio a la Notaría Pública número tres en el Estado, para los trámites de protocolización de bienes (foja 172 ídem), recayendo a dicho escrito el proveído de cinco de abril siguiente en el que el juez de origen negó la solicitud planteada al no estar presentado el proyecto de partición de bienes (foja 173 ídem). Mediante escrito de doce de mayo de dos mil quince, el aquí quejoso acudió a informar el fallecimiento de Paula Hinojosa Castro, y al efecto exhibió copia certificada del acta de junta de reconocimiento de herederos y designación de albacea en el juicio sucesorio intestamenterio 466/2012 a bienes de Paula Hinojosa Castro, en la que se nombró como albacea a Joaquín de Santiago Hinojosa (fojas 218 a 222 ídem), por lo que por proveído de diecinueve de mayo de dos mil quince se le tuvo por realizando las manifestaciones vertidas en el referido escrito. (foja 223 ídem). Por escrito de ocho de enero de dos mil dieciséis Joaquín de Santiago Hinojosa acudió a presentar inventario y avalúo, sin que se tomara en consideración por el juzgado al no ajustarse a lo estipulado en el convenio de veintitrés de noviembre de dos mil once (fojas 291 y 292 ídem). Mediante escrito de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, Raúl Rodríguez Zepeda compareció a nombre de Joaquín de Santiago Hinojosa a solicitar constancia sobre la personalidad con la que se ostenta en la sucesión así como el estado que guardan los autos (foja 249 ídem). A dicho escrito, recayó el proveído de veintisiete de febrero de este año (foja 250 ídem), el cual, en lo que interesa dice: "Auto. Fresnillo Zacatecas, a veintisiete de febrero del año dos mil diecisiete. Téngase por recibido el escrito que suscribe el licenciado RAÚL RODRÍGUEZ ZEPEDA, quien comparece como abogado de JOAQUÍN DE SANTIAGO HINOJOSA, apoderado legal de PAULA HINOJOSA CASTRO, y atentos al mismo se acuerda: Dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, en atención a que a la fecha PAULA HINOJOSA CASTRO, ha fallecido, cabe mencionar que por auto de fecha diecinueve de mayo del año dos mil quince, glosado a foja doscientos veintidós del expediente principal, se tuvo a JOAQUÍN DE SANTIAGO HINOJOSA, por recibida la copia certificada del acta de fecha veinte de febrero de dos mil trece, mediante la cual quiso apersonarse, con el carácter de heredero y albacea, de la sucesión a bienes de la persona finada referida líneas anteriores sin que se le haya reconocido tal carácter pues solo se tuvo como ya se mencionó con anterioridad por recibida dicha copia certificada. Y toda vez que en autos no obra constancia de reconocimiento de los representantes de la sucesión que conforman la estirpe de PAULA HINOJOSA CASTRO, en el juicio en que comparece motivo por el cual no es posible expedirle la constancia que refiere en su escrito." (.) Inconforme con la anterior determinación Raúl Rodríguez Zepeda, en representación de Joaquín de Santiago Hinojosa, interpuso recurso de revocación, el cual substanciado en su términos, por resolución de ocho de marzo de dos mil diecisiete (fojas 254 y 255), el juez responsable determinó resolver: "(.) PRIMERO. SE DECLARA IMPROCEDENTE el RECURSO DE REVOCACIÓN promovido por el Licenciado RAÚL RODRÍGUEZ ZEPEDA, en consecuencia. SEGUNDO. SE DECLARA INCÓLUME el auto impugnado de fecha veintisiete de febrero del año en curso. (.)" Mediante escrito de trece de marzo de dos mil diecisiete, Joaquín de Santiago Hinojosa, acudió a solicitar se le tuviera por apersonado en la sucesión del señor Eulogio Hinojosa Castro y como representante legal de la sucesión intestamentaria a bienes de Paula Hinojosa Castro así como heredero legitimo del autor de la sucesión mencionada (foja 256 ídem). A dicho escrito, recayó el proveído de veintisiete de marzo de este año (foja 257 ídem), el cual, en lo que interesa dice: "Auto. Fresnillo Zacatecas, a veintisiete de marzo del año dos mil diecisiete. VISTO, el escrito que suscribe JOAQUÍN DE SANTIAGO HINOJOSA, dígasele que no procede su petición porque si bien en autos obra copia certificada de la junta de reconocimiento de herederos dentro de la sucesión a bienes de la finada PAULA HINOJOSA CASTRO, lo cierto es que la sucesión de la precitada no tiene injerencia dentro del presente juicio, sino que de conformidad con los artículos 782 fracción I y 788 del Código Civil en vigor, a quienes corresponde el derecho de comparecer a la presente sucesión en representación de la precitada es a su estirpe, ya que ante la falta de un heredero por cabeza, el derecho a la herencia se trasmite a sus sucesores, es decir, a su estirpe. Por lo que una vez que comparezcan todos los miembros de la misma se acordará lo conducente. (.)". Asimismo en escrito de quince de marzo de dos mil diecisiete, el quejoso solicitó se le expidiera constancia legal de la sucesión a nombre de su madre Paula Hinojosa Castro, (fojas 258 y 259) escrito del cual recayó auto de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete en el cual se le indicó: "Fresnillo Zacatecas, a veintisiete de marzo del año dos mil diecisiete. VISTO, el escrito que suscribe JOAQUÍN DE SANTIAGO HINOJOSA, dígasele que no procede su petición porque si bien es cierto que de la lectura del artículo 1990 del Código Civil en vigor, se colige que un mandato deberá seguir en la administración en tanto los herederos proveen por sí mismos a los negocios, lo que inclusive tiene relación con lo señalado en la fracción I del artículo 188 del Código Procesal Civil vigente en el Estado, cabe señalar que dicha representación únicamente sería por lo que respecta a la persona del poderdante, es decir, tal representación solamente sería por cuanto a la representación y defensa de los derechos de PAULA HINOJOSA CASTRO en lo personal, sin embargo, ello no significa que éste pueda continuar conduciéndose como albacea de la sucesión en que se actúa, porque el cargo de albacea no se trasmite al apoderado legal, sino que, tal y como lo señala la fracción II del artículo 924 del Código Civil, el cargo de albacea termina por la muerte del albacea, de ahí que se insista en que no es factible otorgarle la constancia que solicita, porque aun cuando al promovente se le puede seguir concediendo el carácter de representante legal de PAULA HINOJOSA CASTRO, en lo que a su estirpe se apersona al presente juicio, ello no significa que éste siga siendo representante de la albacea de la sucesión, ya que de conformidad con el artículo 875 del Código Civil, el albacea no puede delegar su cargo, que es precisamente el carácter con el cual pretende que se le expida la constancia que se le ha negado hasta la fecha. De ahí que se insista la negativa de expedir dicha constancia por parte de este juzgado. [.]". Inconforme con las anteriores determinaciones Joaquín de Santiago Hinojosa, interpuso recurso de revocación, el cual substanciado en su términos, por resolución de quince de mayo de dos mil diecisiete (fojas 274 a 277), el juez responsable determinó resolver: "(.) PRIMERO. SE DECLARA IMPROCEDENTE el RECURSO DE REVOCACIÓN promovido por el Licenciado RAÚL RODRÍGUEZ ZEPEDA, en consecuencia. SEGUNDO. SE DECLARAN INCÓLUMES los autos impugnados de fechas veintisiete de febrero del año en curso. (.)". Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Cuestiones de procedencia. Establecido lo precedente, en virtud de que el análisis de las causales de improcedencia en el presente sumario constitucional es de orden público y de estudio preferente, independientemente de que las partes lo hayan alegado o no, de acuerdo con lo que prevé el ordinal 62 de la Ley de Amparo, se impone el examen correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la jurisprudencia J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con registro 222780, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Asimismo, es aplicable la tesis 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 262, del Tomo Parte VIII, del Apéndice de 1985, con registro 395571, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Del análisis a las constancias procesales este órgano jurisdiccional advierte que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, con base en las siguientes consideraciones: Los artículos aludidos, respectivamente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: .. V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales en los que México sea parte, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extingue en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, derivada del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que éstos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sobre esa base, los actos dictados en juicio que no cumplan con ese criterio (ejecución irreparable), como se expuso, sólo serán impugnables vía amparo directo. Los razonamientos expuestos tienen sustento en la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, del volumen 56, agosto de 1992, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Y resulta aplicable por las razones que informa la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno del Más Alto Tribunal de nuestro país, visible en la página 39, del Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006589, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así como también resulta ilustrativa la tesis I.1o.A.E.30 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la república, consultable en la página 2317, del Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2008665, que señala: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución.". En conclusión, los actos dictados en juicio tendrán una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora, en la resolución reclamada se declaró improcedente el recurso de revocación promovido contra los autos de veintisiete de marzo del año en curso, mediante los cuales se negó otorgarle al quejoso una constancia que lo acredite como albacea de la sucesión intestamentaria de donde deriva el acto reclamado. En este sentido, el acto reclamado en este juicio no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que no trae consecuencias irreparables, con base en las siguientes argumentaciones: En efecto, el acto reclamado es una violación procesal que no es de imposible reparación, pues por ésta debe entenderse aquélla cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen por el solo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En este sentido, tal actuación no constituye un acto de imposible reparación, pues no incide sobre derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que sus efectos recaen en el procedimiento natural, por lo que sus consecuencias son procesales. Así, la resolución combatida en esta vía constitucional es un acto que no tiene ejecución de imposible reparación, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza y alcances legales, no es una determinación constitutiva de derechos, ni de condena, sino simplemente declarativa en relación con la petición formulada por la parte quejosa en el sentido de obtener una constancia. De ahí que si para la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, contra un acto dentro de juicio, es necesario que el acto reclamado afecte de modo directo e inmediato los derechos sustantivos de la quejosa consagrados en la Constitución y no sólo los derechos adjetivos o procesales que pueden ser reparados con una resolución favorable al término del proceso, es incuestionable que en el caso no se actualiza tal supuesto. Se afirma lo anterior, pues la sucesión materia del presente asunto, está compuesta de cuatro etapas, a saber: La denuncia de la sucesión; declaración de herederos y designación de albacea. De inventarios y avalúos. De administración; y, De partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores. Secciones que se componen y deciden por separado, mediante la resolución particular correspondiente; mismas, que adquieren firmeza para las partes. En ese orden y para robustecer lo anterior, resulta necesario tener presente el contenido del artículo 770 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, que dispone: "Artículo 770. En todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Cuando no haya inconveniente para ello las secciones pueden tramitarse simultáneamente. Las secciones serán las siguientes: I.- Sección Primera, denominada "De sucesión". Contendrá: la denuncia, o el testamento, las citaciones y convocatorias, reconocimiento de derechos hereditarios, nombramiento y remoción de albaceas, tutores y resoluciones sobre validez del testamento, capacidad para heredar y preferencia de derechos; II.- Sección Segunda, que se designará "De inventarios". Contendrá: los inventarios y avalúos, los incidentes que se promuevan, las resoluciones que se dicten sobre los mismos, y las liquidaciones y comprobaciones de haberse cubierto el impuesto fiscal; III.- Sección Tercera, llamada "De administración". Contendrá todo lo relativo a administración, a cuentas, su glosa y calificación; IV.- Sección Cuarta, llamada "De participación" (sic). Contendrá: El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, el de partición de los bienes, los incidentes conexos, y los convenios, resoluciones y aplicación de los bienes. Los procedimientos de las secciones segunda y cuarta son comunes para todos los juicios. Las secciones tercera y cuarta podrán omitirse cuando el heredero sea único y a la vez desempeñe el cargo de albacea". La comprensión del dispositivo citado refiere el cumplimiento concatenado y cronológico de las fases previstas en ella; dado lo cual, de los antecedentes del acto reclamado vertidos por la accionante de amparo, se pone de manifiesto que la primera, segunda y tercera de las etapas han concluido, y que la sección cuarta relativa a la partición y adjudicación, aún no ha sido resuelta. De lo expuesto, se evidencia que de lo que se duele el quejoso es, de la probable actualización de una violación procesal en el trámite que se viene desarrollando en torno a la negativa a otorgarle constancia de reconocimiento al representante de la sucesión que conforma la estirpe de Paula Hinojosa Castro; por lo que es dable considerar que el acto reclamado constituye un acto procesal, dictado dentro de la cuarta sección del procedimiento sucesorio de origen, a través del cual se confirmó la negativa de la expedición de una constancia, lo que permite concluir que la resolución combatida no afecta ningún derecho sustantivo del quejoso, pues la falta de obtención de la constancia solicitada no resulta conculcatoria de derechos humanos y sustantivos. De forma tal que es inconcuso, que son derechos adjetivos los que conforman los que pretende que sean tutelados en este juicio de amparo indirecto. Sin que pase inadvertido que la sentencia correspondiente a la cuarta sección no se ocupará de tal aspecto, pues como se dijo, ésta se refiere a la distribución los bienes hereditarios. En ese tenor, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia de que se trata, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Al decretarse el sobreseimiento en esta controversia constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por el quejoso en su escrito inicial de demanda, sin que lo anterior, represente un desacato por esta juzgadora, toda vez que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo. Cobra aplicación el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la Jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Octubre 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Joaquín de Santiago Hinojosa, en contra del acto reclamado consistente en la resolución de quince de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el juicio sucesorio intestamentario 285/2002, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra los autos de veintisiete de marzo de la presente anualidad, del índice del Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojada Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del licenciado Luis Felipe Ruíz Martínez Lasso, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy once de octubre de dos mil diecisiete en que las labores del juzgado lo permitieron. Alicia

  4. Principal

    En tres de octubre de dos mil diecisiete, la Secretaria del Juzgado licenciada María Concepción García Jacobo doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a tres de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó que la Comisión de Adscripción en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo, como Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, a partir del uno de octubre del año en curso; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia, 2ª./J.104/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, resultado de la contradicción de tesis 119/2010 entre los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo del Décimo Primer Circuito, actualmente Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del mismo circuito, y Segundo del Quinto Circuito, ahora Primero en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito, consultable en la página 312 del Tomo XXXII, Julio de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza.- DOY FE. ALICIA

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