Joaquin Espinoza Guzmán
Expediente 1099/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1099/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 08/09/2023
Partes del expediente
- Joaquin Espinoza Guzmán
- Ximena Barrientos Guadarrama
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de Autos Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento a los artículos 20, fracción II y 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; que establece que una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio y carece de relevancia documental. Asimismo, de conformidad con el artículo 20, fracción III, del referido Acuerdo, el cuaderno único del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión definitiva, sin que se ordene glosar al presente expediente dicho cuaderno y una vez que se remita al archivo adjúntese el mismo. Devolución de Discos En mérito de lo anterior, devuélvanse al Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, los discos en formato DVD que contienen el expediente digital de la causa de control ****, de su índice, así como, el audio y video de las audiencias celebradas el seis y once ambas del mes de julio de dos mil veintitrés; de igual manera al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, los discos en formato DVD que contienen todo lo actuado en el toca de apelación *******, de su estadística.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado electrónicamente del Magistrado Presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, en cumplimiento al requerimiento de once del mes y año en curso, informa que admitió a trámite el recurso de apelación hecho valer por el aquí quejoso, remitiendo copia certificada consistente en un disco en formato DVD del toca 439/2023 de su índice. Ahora bien, de las constancias que remite la autoridad responsable, se advierte que el quejoso ********************, promovió recurso de apelación en contra de la resolución de seis de julio de dos mil veintitrés, en la que se dictó la medida cautelar de garantía económica de $******************** (********************00/100 moneda nacional), el cual, admitieron por acuerdo de veintiuno de agosto del año en curso, se admitió a trámite. Documental a la que se le otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria, al haber sido emitidas por un funcionario público con el ejercicio de sus funciones. Ahora, en el caso, se advierte que se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, por las razones siguientes: El referido numeral establece:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;" De la interpretación literal de dicho precepto legal se advierte que regula uno de los principios del juicio de garantías: el de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la exigencia de que el acto que se combate en el juicio de garantías sea definitivo, es decir, que ya no exista otro medio de defensa o recurso por medio del cual pueda ser nulificado, revocado o modificado, ya que el juicio de amparo es un medio de control constitucional extraordinario que requiere la definitividad del acto impugnado, salvo los casos excepcionales establecidos en la misma ley y en la jurisprudencia. Por lo anterior, previamente a la promoción del juicio de amparo, el quejoso debe agotar o sustanciar todos los medios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resulta improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El referido principio trata de evitar la coexistencia del medio ordinario de defensa con la instancia constitucional en contra de un mismo acto, pues lo contrario traería como consecuencia, la posibilidad de que se emitan dos resoluciones respecto del mismo planteamiento legal que, inclusive, podrían ser contradictorias En efecto, el acto del que se duele la parte quejosa deriva de la carpeta administrativa ********************, del índice del Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, consistente en la resolución de seis de julio de dos mil veintitrés, en la que se dictó la medada cautelar de garantía económica de $******************** (********************00/100 moneda nacional). Determinación que fue combatida mediante el recurso de apelación interpuesto por el promovente del amparo, el cual a la fecha se encuentra pendiente de resolver, como lo señala la autoridad en la misiva que se atiende. Manifestación que se encuentra acreditada con la copia certificada en formato DVD que adjuntó el Magistrado Presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, y que gozan de valor probatorio pleno, como quedó plasmado con antelación. En ese sentido, conviene precisar que los medios de defensa o recursos ordinarios son aquellos que se establecen en la ley por la cual se rige el procedimiento de donde deriva el acto reclamado y que pueden interponerse en el curso mismo del procedimiento, dependiendo de la etapa procesal en la que se encuentre; esto es, por medio ordinario de defensa entendemos todos aquellos que se pueden hacer valer durante un procedimiento para modificar, revocar o nulificar el acto materia del mismo y que se encuentran previstos en la misma ley que rige el procedimiento. Por su parte, los medios extraordinarios se diferencian de los ordinarios por la ley u ordenamiento legal en que se encuentran establecidos, o por el momento procesal en que se pueden interponer. En efecto, el carácter de medio de defensa o recurso extraordinario no sólo está dado por no estar previsto dentro del procedimiento de que se trate, por su denominación o por estar regulado en un ordenamiento diverso, sino debe analizarse aunado a todo lo anterior la naturaleza del mismo, sus fines y efectos para poder determinar si dicho recurso o medio de defensa cumple con esa naturaleza para efecto de calificar la definitividad del acto reclamado y, en consecuencia, la procedencia del juicio constitucional. Cabe precisar que el principio de definitividad no es absoluto, es decir, no opera en todos los casos ni en todas las materias, pues su aplicación y eficacia tienen excepciones importantes consignadas tanto en ley como en jurisprudencia. Ello hace del amparo el ulterior medio de defensa para la protección de los derechos fundamentales de los gobernados ante los actos de autoridad que se consideren inconstitucionales. Ahora, para que se actualice la causa de improcedencia en cuestión, se deben satisfacer los requisitos siguientes: Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley establezca algún recurso o medio de defensa contra ese acto; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; Que el medio de defensa interpuesto se encuentre admitido y pendiente de resolver; y, Que en la especie no se surta alguna de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o en cualquier otra parte de la ley. En esa guisa, el suscrito considera que se cumplen con los requisitos para actualizar la causa de improcedencia en cuestión, ya que la resolución reclamada deriva de un procedimiento penal seguido ante la potestad del Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México. En cuyo procedimiento, el quejoso ******************** hizo valer recurso de apelación, mismo que se encuentra previsto en el artículo 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que al efecto versa: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares De la trascripción anterior se concluye que el medio de impugnación aludido tiene la finalidad de modificar, revocar o nulificar la resolución de la autoridad responsable tildada de inconstitucional; es decir, constituye recurso idóneo para recurrir el acto reclamado. Sumado a ello, como se dijo en párrafos que anteceden, a la fecha se encuentra en trámite y pendiente de resolver, pues precisamente el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, en acuerdo de veintiuno de agosto del año en curso, admitió dicho medio de impugnación, conforme la facultad que entre otros le atribuyen los numerales 471 y 475 del Código Nacional de Procedimientos Penales que rige el juicio de origen. Y, en el caso concreto, si bien el acto reclamado se trata de una medida cautelar por medio de la cual, en vía de consecuencia, restringe la libertad del quejoso y con ello se ubica en un caso de excepción al principio de definitividad, lo cierto es que, el imperante optó por la tramitación de dicho medio de impugnación, tal circunstancia obliga a que previo al juicio de amparo, se esté a la resolución que recaiga al recurso interpuesto contra la determinación combatida. En consecuencia, se encuentran satisfechas las exigencias de la causal de improcedencia en estudio. Cobra aplicación a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 144/2000, emitida por el Peno del más alto tribunal del país, consultable en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII (diciembre de dos mil), Novena Época, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Por tanto, se concluye que, si el acto atribuido al Juez de Control responsable, con motivo de resolución de seis de julio de dos mil veintitrés, en la que se dictó la medada cautelar de garantía económica de $******************** (********************00/100 moneda nacional), fue recurrido a través de apelación, en los términos que así permite el Código Nacional de Procedimientos Penales; medio de defensa que fue admitido y a la data pendiente de resolverse y, además es idóneo para impugnar el aludido acto reclamado; hace patente la improcedencia del presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que el artículo 63, fracción V, de la ley citada es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido se actualizó la relativa a la fracción XIX; lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías 1099/2023-IV-A, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con dos minutos del once de septiembre de dos mil veintitrés; háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Oficio Agréguese el oficio signado electrónicamente por el Magistrado Presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento de once de agosto de dos mil veintitrés, informa el estado procesal del recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso y remite un disco en formato DVD que contiene las actuaciones del toca de apelación *** de su estadística. Asimismo, comunica que una vez que provea sobre la admisión o no del medio de impugnación referido, informará lo conducente. En esas condiciones, se toma conocimiento de lo informado por el oficiante para los efectos legales procedentes. No obstante, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se requiere al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, a partir de que se pronuncie respecto del medio de impugnación antes referido, haga de conocimiento a este órgano jurisdiccional la decisión que adopte, debiendo remitir copia certificada, legible y ordenada de las constancias con las cuales sustente su dicho. Apercibimiento Bajo ese contexto, subsiste el apercibimiento con que se le conminó el once de agosto de la presente anualidad. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, quince de agosto de dos mil veintitrés.****************************************Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de once de agosto pasado, se requirió al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, informe el estado procesal en que se encuentra el toca de apelación ********************, de su índice, formado con motivo del recurso hecho valer por el aquí quejoso ********************, contra la resolución de seis de julio de dos mil veintitrés, en la que se decretó la medida cautelar de garantía económica de $******************** (********************00/100 moneda nacional); plazo que a la fecha se encuentra transcurriendo según se advierte de la constancia que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.****************************************Diferimiento ********************En tales condiciones, para dar margen a que acontezca lo anterior, y al ser latente la posibilidad de actualizarse una causa de improcedencia, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere, y en su lugar se fijan las diez horas con dos minutos del once de septiembre de dos mil veintitrés, para su verificativo.
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