Joaquín de Jesús Espinosa Avila
Expediente 1423/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1423/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 11/03/2022
Partes del expediente
- Joaquín de Jesús Espinosa Avila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Toluca, Estado de México, once de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, se ordenó el archivo del juicio en que se actúa sin que se precisara correctamente lo relativo a su destino final, por lo tanto, con apoyo en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y en términos de lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se aclara lo siguiente: El cuaderno original del incidente de suspensión es depurable, al haberse concedido la suspensión provisional sobre los actos aquí reclamados.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental; y, de destrucción el original del incidente, pues se negó la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, se agrega a los autos sin mayor proveer el oficio de cuenta, a través del cual el agente del Ministerio Público Comisionado a la Fiscalía Especializada en Delitos de Robo con Violencia y Patrimoniales de Cuantía Mayor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, rinde su informe justificado. Lo anterior es así, pues mediante sentencia de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa y en dicho fallo, se proveyó similar promoción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6258/2016, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vistos; para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo número 1423/2016, promovido por Joaquín de Jesús Espinosa Ávila, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otras autoridades, y R e s u l t a n d o: Primero. Mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en esta ciudad, Joaquín de Jesús Espinosa Ávila, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: Autoridad Responsable. "AUTORIDADES RESPONSABLES: COMO AUTORIDADES ORDENADORA y/o EJECUTORAS: 1. El Juez de Control del Distrito Judicial de Almoloya de Juárez, Estado de México. 2. Al C. Agente del Ministerio Público Comisionado a la Fiscalía Especializada en Delitos de Robo con Violencia y Patrimoniales de Cuantía Mayor, adscrito a la Subprocuraduría de Atención Especializada. 3. Al Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. 4. Al Procurador General de Justicia del Estado de México. 5. Al Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México. 6. Comandante de Mandamientos Judiciales de la sede Toluca." Actos reclamados. "IV.- ACTOS RECLAMADOS: A) DE LA AUTORIDAD ORDENADORA: La ilegal Orden de Aprehensión y/o Detención y/o la Búsqueda, Localización y Orden de Presentación dictada en mi contra y/o de cualquier auto o medida cautelar que atente contra la libertad del suscrito. B) DE LA AUTORIDAD EJECUTORA: El intento de ejecución de la Orden de Aprehensión y/o Detención y/o la Búsqueda, Localización y Orden de Presentación dictada en mi contra y/o de cualquier auto o medida cautelar que atente contra la libertad del suscrito." Segundo. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Así, mediante proveído de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 06 a 10), este órgano jurisdiccional ordenó la separación de autos, por los motivos ahí expuestos. Cuarto. Después, por acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis (16 a 21), este juzgado admitió a trámite la demanda de garantías; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia. Quinto. Asimismo, se precisa que mediante proveído de cinco de octubre de dos mil dieciséis, en atención al contenido de la razón de imposibilidad levantada por el actuario judicial adscrito el cuatro de ese mes y año, se dejó de tener con el carácter de autoridad responsable a la denominada por el quejoso como "Comandante de Mandamientos Judiciales de la sede Toluca", por lo que en esta sentencia, no se resolverá lo atinente a ella. C o n s i d e r a n d o: Primero. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48, y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclaman actos de autoridades que tienen su residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial de este juzgado Federal y se consideran que son de los señalados como de imposible reparación para la procedencia del amparo indirecto. Segundo. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, tal como lo prevé el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo; para tal efecto, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a considerar todos los datos que emanen de la demanda de garantías, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, en atención al pensamiento e intencionalidad de su autor y así, descartar las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgado de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra la congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, de los informes justificados y de la totalidad de constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa, se obtiene que Joaquín de Jesús Espinosa Ávila, reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: a) La orden de aprehensión girada en su contra y su ejecución. Al caso se cita, la jurisprudencia publicada con el número 19, en la página 17 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Asimismo, tiene sustento en la tesis aislada visible en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Tercero. En toda sentencia de amparo debe analizarse y resolverse respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se estudiarán las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y, en caso de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior, pues de no ser ciertos los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, se torna imposible legalmente analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. Con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo, se cita en lo conducente, la jurisprudencia 10, visible en la página 68 de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Abril de 1994, Tomo 76, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Así como por resultar ilustrativa, se cita la tesis 2a. CXLVII/2007, visible en la página 439 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 2007, Tomo XXVI, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EXISTENCIA, DEBE REPARARLA OFICIOSAMENTE EL TRIBUNAL REVISOR. De los artículos 74, fracción IV, 77, fracciones I y II, y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de garantías apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese tenor, ante la omisión de realizar ese pronunciamiento en la sentencia recurrida, el tribunal revisor debe subsanarla -aun cuando no exista agravio alguno en tal sentido- y emitir una determinación al respecto, porque no sería jurídicamente congruente abordar en sede de revisión causas de improcedencia o el fondo del asunto si no está probada la existencia de los actos reclamados en el juicio de amparo." Así, las autoridades responsables siguientes: 1. Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. 2. Agente del Ministerio Público Comisionado a la Fiscalía Especializada en Delitos de Robo con Violencia y Patrimoniales de Cuantía Mayor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. 3. Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en representación del Comisario General de la Policía Ministerial. 4. Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en representación del Procurador General de Justicia del Estado de México. 5. Director General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, en representación del Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México. Al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado y su ejecución, sin que el quejoso haya ofrecido prueba alguna en contrario. Establecido lo anterior, en el juicio de garantías en que se actúa, se considera que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo es procedente cuando: (.) .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Lo anterior es así, pues la negativa que hacen las autoridades responsables, de los actos reclamados no quedó desvirtuada por la parte quejosa, ya que no se ofreció medio de prueba fehaciente para tal efecto, ni se objetaron los informes rendidos por las responsables, contrario a ello, dicha negativa se robustece, con los argumentos vertidos en los informes justificados de las responsables, pues se advierte que de manera clara y precisa, desconocen la emisión o ejecución de los actos a ellas reclamado; en consecuencia, los informes justificados surten efectos plenos. Por tanto, es de señalarse, que las autoridades responsables constituyen parte dentro del juicio de garantías, en atención a lo dispuesto por el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese contexto, al informe justificado rendido por la responsable le reviste el carácter de documento público, tal como lo dispone el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, lo anterior se afirma dado que se trata de un documento cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, y que emite un funcionario público en pleno ejercicio de sus funciones. Consideraciones por las cuales, se arriba a la convicción que, al no objetar la parte quejosa los informes correspondientes, entonces se produce la consecuencia de que el documento público, surta sus efectos legales. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo tenor es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Motivo por el cual, la carga de la prueba en lo atinente a la existencia de los actos reclamados, le corresponde a la parte quejosa; es decir, existió la obligación del solicitante de garantías de aportar los elementos de convicción, para acreditar la existencia del acto reclamado, en términos de las hipótesis establecidas en la Ley de Amparo. Es aplicable, la tesis visible en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 2002, Tomo XV, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En tal virtud, como ya se había mencionado, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, por cuanto hace a los actos y autoridades precisadas en este apartado, al actualizarse la causa de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo vigente. Sustenta en lo conducente, la tesis visible en la página 1962 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2014, Tomo III, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. AL NO UBICARSE EN LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO DE REVISIÓN NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO. De acuerdo con el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, existe obligación del órgano revisor de dar vista a la quejosa cuando advierta la actualización de una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el a quo. Ahora bien, la improcedencia del juicio conduce, cuando éste se ha sustanciado, a decretar el sobreseimiento, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Sin embargo, hay otras hipótesis distintas a la improcedencia que también conducen a sobreseer en el juicio, entre ellas, la inexistencia del acto reclamado, por lo que si el Tribunal Colegiado de Circuito encontró la actualización de una hipótesis de sobreseimiento distinta a la analizada por el Juez de Distrito, que no deriva de una causal de improcedencia, no tiene obligación de dar vista al quejoso para que manifieste lo que a su derecho convenga, porque la determinación alcanzada por el órgano jurisdiccional no se sustenta en alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, sino en la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del citado artículo 63. Por tanto, si el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado no se ubica en la hipótesis prevista en el referido artículo 64, segundo párrafo, no es obligatorio dar vista al quejoso." En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo en los artículos 62, 63, 74, 76 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e. Único. Se sobresee en el juicio de amparo 1423/2016, promovido por Joaquín de Jesús Espinosa Ávila, por los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero de este fallo, por las razones y consideraciones expuestas en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6258/2016, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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