Joaquin Cuauhtemoc Martin Salazar Bautista

Expediente 20/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
20/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
30/05/2023

Partes del expediente

  • Joaquin Cuauhtemoc Martin Salazar Bautista

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para los efectos legales procedentes, el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en su atención, téngasele devolviendo diligenciado el exhorto 143/2023, número de orden 387/2023, del índice de este Juzgado. Sin que sea necesario acusar de recibo, en razón de que el mismo se genera electrónicamente; en consecuencia háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera revisión contra el acuerdo de trece de abril de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO Al tratarse de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto, siguiendo los lineamientos establecidos en el penúltimo párrafo del precepto citado. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en dicho cuaderno. LEY DE TRANSPARENCIA Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese

  2. Incidental

    Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y debido a que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, en consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento. Asimismo, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes a devolver, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (excepción de la demanda), ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. DESTINO Asimismo, al tratarse de un asunto en el que se negó la medida cautelar provisional y definitiva a la parte quejosa, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General. Transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente cuaderno. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dos de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, sin emitir mayor pronunciamiento, el oficio de cuenta firmado por el Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, con el que remite copias certificadas del auto de veintinueve de marzo del año en curso dictado en la causa penal 14/2011 de su índice, así como de la resolución de catorce de marzo pasado, emitida por los Magistrados Integrantes de la Tercera Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, toda vez que el mismo fue acordado en proveído de trece de abril del año en curso, al haberse recibido vía correo electrónico. Cúmplase.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, trece de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por el Juez Primero Mixto de Primera Instancia, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, mediante el cual remite copias certificadas del auto de veintinueve de marzo del año en curso dictado en la causa penal 14/2011 de su índice, así como de la resolución de catorce de marzo pasado, emitida por los Magistrados Integrantes de la Tercera Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de la que se desprende que la alzada revocó la sentencia condenatoria apelada y ordenó la inmediata libertad, entre otra, del aquí quejoso Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista. Cabe precisar que es de tomarse en cuenta la misiva, no obstante que se remitió vía electrónica, pues éste es un medio de comunicación, que al ser certificado por la secretaria de este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, la tesis con número de registro 216635, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." En ese sentido, toda vez que el acto reclamado en este juicio substancialmente consiste en la omisión de decretar la inmediata libertad del aquí quejoso dentro de la causa penal 14/2011 atribuido al Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, con motivo de exceder la prisión preventiva por más de siete años. En ese contexto, no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualizan las causa de improcedencia previstas en la fracción XXI del artículo 61, así como en la fracción IV, del diverso 63, ambos de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos de los actos reclamados, de manera que con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado. Así, el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (...)" La improcedencia del juicio de amparo, por cesación de los efectos del acto reclamado, se sustenta en el hecho de que al haber desaparecido el motivo originador del juicio de amparo, no es dable entrar al estudio de la constitucionalidad de dicho acto, ya que de lo contrario, se haría ocioso el dictado de una resolución en la que se declarara la inconstitucionalidad de un acto que es inexistente, persiguiéndose algo que ya está logrado, que es la reparación de la infracción, es decir, la restitución del derecho fundamental violado, al volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la afectación reclamada. Para fines del juicio de amparo, se estima que los efectos del acto reclamado han cesado: a) Cuando el acto reclamado se deje sin efectos por la misma autoridad señalada como responsable y ésta emita uno nuevo que lo substituya procesalmente y que no deje huella en la esfera jurídica del gobernado; b) Cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de su derecho humano violado; y, c) Cuando contra el acto de la autoridad impugnado, se interpuso recurso ordinario al cual recayó resolución, que sustituyó los efectos del primero. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que quien lo emitió dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Partiendo de dicha línea argumentativa, se tiene que el quejoso reclama de la autoridad responsable, la omisión de decretar su inmediata libertad dentro de la causa penal 14/2011 atribuido al Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, con motivo de exceder la prisión preventiva por más de siete años. Luego, de las constancias que en este propio acuerdo se tuvieron por recibidas, las cuales alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, pues constituyen actuaciones practicadas por el juez de origen, se advierte que tiene radicada la causa penal 14/2011, que se instruye en contra del ahora quejoso Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista, por el delito de fraude genérico cometido en agravio de Alonso Pacheco Cortés, causa penal en la que el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se dictó sentencia condenatoria, misma que fue apelada por el quejoso y su defensor de oficio, la cual fue confirmada en resolución de veintisiete de abril de dos mil veintidós, dictada por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Contra dicha determinación la parte quejosa interpuso amparo directo, del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimotercer Circuito, bajo el número 410/2022, en el que se le concedió a dicho quejoso el amparo y protección de la justicia federal. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado revocó la sentencia condenatoria apelada y ordenó la inmediata libertad, entre otra, del aquí quejoso Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista. De ahí, que se considere que han cesado los efectos del acto reclamado al ser destruido por completo de forma total e incondicional, pues la omisión de la responsable de decretar su inmediata libertad dentro de la causa penal 14/2011, con motivo de exceder la prisión preventiva por más de siete años ya no existe; además de que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, página 81, verificable con el registro electrónico 193758, que prevé: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Como apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, verificable con el registro electrónico 193758, que prevé: Así como el diverso criterio jurisprudencial 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como revisado con el registro electrónico 196820, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En tales circunstancias, al encontrarse acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y por inexistente el diverso acto reclamado, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en las fracciones IV y V del artículo 63 de la citada ley. En el caso, se estima que la presente determinación no transgrede el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, de acuerdo al cual toda persona tiene derecho a un juicio para determinar sus derechos y obligaciones ante un Juez o Tribunal competente, porque la naturaleza y alcances de dicho principio no implican eludir los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, ya que tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Además, que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, con relación al diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo en vigor, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, y por ende, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la misma, esto es, las diez horas con veinticinco minutos del dos de mayo del año en curso. En consecuencia, se ordena se realicen las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO Finalmente, tomando en cuenta que el quejoso Joaquín Cuahtémoc Martín Salazar Bautista, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social, número tres, de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; en consecuencia, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código de Procedimientos Civiles, así como en el diverso numeral 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, le notifique personalmente este proveído. Notifíquese; por exhorto al quejoso.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 5,328 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano