Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista

Expediente 226/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
226/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
16/12/2021

Partes del expediente

  • Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 7144/2021, firmado vía electrónica con evidencia criptográfica, por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, con el que transcribe el auto de nueve de diciembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo directo 338/2021, del que en lo relevante se advierte que acepta la competencia que este órgano jurisdiccional declinó para conocer de la demanda promovida por Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este cuadernillo como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de plano, y que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino Además, dado que es un asunto en el que se declaró incompetencia para conocer del mismo, de conformidad a lo previsto en el artículo 20, fracción I, incido a), este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 20 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos seis meses, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que laude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado vía electrónica con evidencia criptográfica de la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residente en San Bartolo Coyotepec, con el que devuelve diligenciado el exhorto 167/2021 (orden 667/2021). ACUSE ELECTRÓNICO Y ANOTACIONES Háganse las anotaciones en Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin que haya lugar a remitir el acuse de recibo, toda vez que la comunicación oficial fue remitida por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, haciendo uso de la firma electrónica autorizada para tal efecto, en términos de los artículos 107 y 110 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, por lo que la exhortada al devolverla, la constancia de envío generada por el sistema antes aludido hizo las veces del acuse de recibo de estilo correspondiente para que pudiera realizar las anotaciones respectivas, aunado a que no lo solicita. Por otra parte, de las constancias que remite el homólogo Federal, se desprende que el promovente Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista, realiza diversas manifestaciones en cuanto a la incompetencia que este órgano jurisdiccional planteó; por tanto, remítase copia de la constancia de notificación al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a efecto que tenga conocimiento de dicha circunstancia. Cúmplase.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales el oficio remitido vía electrónica por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, con el que transcribe el proveído de dos de septiembre del año en curso, dictado en el amparo directo 338/2021, del que en lo relevante se advierte que acusa recibo, y previo a aceptar o no la competencia declinada a su favor, para que conozca de la demanda promovida por Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista, por propio derecho, requirió a la responsable para tener elementos para realizarlo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Cúmplase

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de julio de dos mil veintiuno Agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio y anexo de cuenta, recibido vía interconexión con firma electrónica y evidencia criptográfica, del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 83/2021, orden 349/2021 del índice de este Juzgado. ACUSE ELECTRÓNICO Y ANOTACIONES Háganse las anotaciones en Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin que haya lugar a remitir el acuse de recibo, toda vez que la comunicación oficial fue remitida por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, haciendo uso de la firma electrónica autorizada para tal efecto, en términos de los artículos 107 y 110 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, por lo que la exhortada al devolverla, la constancia de envío generada por el sistema antes aludido hizo las veces del acuse de recibo de estilo correspondiente para que pudiera realizar las anotaciones respectivas, aunado a que no lo solicita. Ahora bien, atento a la manifestación realizada por el propio impetrante en su ocurso (folio 7106) de treinta de junio del año en curso, se levanta la reserva decretada el uno de julio siguiente, en el que aclaró que su demanda la presentaba única y exclusivamente respecto de la causa penal 65/2011, al efecto se provee: En consecuencia, se precisa que los actos reclamados por el impetrante, se ocuparán únicamente por lo que hace a la causa penal 65/2011del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, no obstante que del escrito inicial de demanda se aprecia que el impetrante había señalado como actos reclamados los consistentes en IV.- ACTO RECLAMADO a).- DE LA RESPONSABLE reclamo: i.- LA OMISIÓN en que incurrió al dictar "sentencia condenatoria" consistente en: NO PRONUNCIARSE sobre la prisión preventiva y descontarla de la sentencia impuesta, conforme al imperativo previsto en los artículos 464 y 557 del código de procedimientos penales del estado. Así como SUS CONSECUENCIAS INHERENTES A DICHA PRONUNCIACIÓN. Como lo son: i. El PRONUCIARSE en forma INTEGRAL sobre el tiempo que el suscrito tengo en prisión preventiva. ii. Que se PRONUNCIE si la pena está o no purgada con la prisión preventiva. iii. Que se PRONUNCIE si la pena impuesta YA REBASO el tiempo que se me impuso en la condenatoria. Lo anterior dentro de la sentencia condenatoria dictada al quejoso dentro del proceso penal número 65/2011 del índice de la responsable. b).- La denegación de impartición de justicia INTEGRAL en los términos que establece el artículo 17 del pacto federal, dentro del proceso penal 14/2011. b).- LA PROLONGACION de la "prisión preventiva" [debido a que todavía no causa estado la condenatoria] POR MAS TIEMPO del que como MAXIMO fija la ley al delito que motiva la condena; en mi perjuicio. Prohibición establecida en el segundo párrafo de la fracción X del artículo 20 constitucional vigente antes de las reformas del 18/06/2008. c).- violación al principio "PRO HOMINIS" previsto en el artículo 1° del pacto federal y como consecuencia a mis derechos humanos que enseguida expresaré." DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 y 37 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, este juzgador federal procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto respecto del acto que reclama la parte quejosa, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número l.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36. Tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar, que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sentado lo anterior, este Juzgador considera necesario transcribir lo señalado por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Sin embargo, el artículo 107, fracción V, inciso b) de la Constitución General de la República, textualmente establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.; (.)". Por su parte, los artículos 34, 47, 48 y 170 la Ley de Amparo, respectivamente, disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante jueza o juez de distrito o tribunal colegiado de apelación y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, a la jueza, juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control." De los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, hipótesis que se actualiza en el presente caso y de los mismos corresponde conocer a los Tribunales Colegiados de Circuito. Atendiendo a lo anterior, el caso en estudio se ubica en la regla señalada, pues se trata de un amparo promovido en contra de la sentencia definitiva dictada dentro de la causa penal 65/2011, del índice del Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca. Así las cosas, para determinar la competencia, debe analizarse a la luz de la naturaleza jurídica del acto reclamado, para estar en posibilidad de fijar la competencia entre los Jueces de Distrito en el conocimiento del asunto planteado. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis número I.1o.A.44 A, consultable en la página mil doscientos noventa y nueve, Tomo XIV, Agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En ese orden de ideas, es evidente que el acto tildado de inconstitucional, constituye una resolución que pone fin al juicio, porque la referida sentencia que se combate, constituye una resolución que pone fin al juicio, ante lo cual su análisis a través del juicio de amparo procede en la vía directa; de ahí la actualización de los supuestos establecidos por el referido artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, por tanto, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de garantías promovida por Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista, contra actos del Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca. Lo anterior es así, porque resulta incuestionable que el acto impugnado, constituye una resolución de aquéllas que ponen fin al juicio, pues da por terminado ese procedimiento. Ello es así que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10ª), por contradicción de tesis, al analizar los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entre otros aspectos, sostuvo que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Dicha jurisprudencia P./J. 6/2015 (10ª) es de observancia obligatoria de conformidad con lo previsto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, misma que puede ser consultada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, página 95, Décima Época, registro 2008791, del rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Por lo que se afirma que el acto reclamado está comprendido dentro de los supuestos del artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, al colmarse la hipótesis prevista por el artículo 38, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una resolución que puso fin al juicio, por lo que este Juzgado Federal declara su legal incompetencia para conocer del presente juicio constitucional, en términos del artículo 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículo 103 y 107 Constitucionales, por estimar que esta se surte a favor de un Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec. "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: a) En materia penal, de sentencias o resoluciones dictadas por autoridades judiciales del orden común o federal, y de las dictadas en incidente de reparación de daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión del delito de que se trate y de las sentencias o resoluciones dictadas por tribunales militares cualesquiera que sean las penas impuestas;" Luego entonces, remítanse los autos originales del presente asunto, con sus respectivos anexos, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, para que en observancia a las disposiciones contenidas en dichos preceptos determine si acepta la competencia declinada y, en su caso, se sirva acusar el recibo correspondiente. Con copia de la demanda y de esta determinación, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, tomando en cuenta que el quejoso Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista, esta privado de su libertad en el Centro de Internamiento de Reinserción Social, número tres, de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y toda vez que dicho domicilio se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código de Procedimientos Civiles, así como en los diversos numerales 138 y 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, le notifique personalmente este proveído. Finalmente, se levantan las reservas decretadas en proveídos de veintisiete de mayo y uno de julio de este año que transcurre, sin mayor proveído dado el sentido del presente proveído. Notifíquese, y por exhorto a la parte quejosa.

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