JOAQUÍN CUAUHTÉMOC MARTÍN SALAZAR BAUTISTA y Otros.
Expediente 78/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 78/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- JOAQUÍN CUAUHTÉMOC MARTÍN SALAZAR BAUTISTA y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, residente en esta población, por el que remite testimonio de la ejecutoria de diez de abril del año en curso, dictada en el conflicto competencial 16/2023, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, de la que se advierte dicho tribunal de alzada determinó lo siguiente: ".PRIMERO. NO EXISTE CONFLICTO competencial. SEGUNDO. Se ordenar remitir el expediente de amparo indirecto 78/2023 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en que obra la demanda presentada por ******, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, para que proceda a turnarla al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del propio Circuito, en turno, como una demanda de amparo directo, a fin de poder darle el trámite que corresponda conforme a derecho. TERCERO. Hágase saber esta determinación al Juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, así como al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz." Archivo del expediente En consecuencia, en virtud de que no existe determinación pendiente que cumplimentar ni documentos originales que devolver, como se advierte de la certificación de cuenta, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año citado, archívese este cuaderno como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este antecedente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Por tanto, conforme a lo establecido en el diverso precepto 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en consulta, una vez transcurridos seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su destrucción. Anotaciones carátula Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notificación a la parte quejosa Toda vez que el quejoso se encuentra internado en el Centro de Reinserción Social Número 3, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar que la promovente del amparo señaló para que éste reciba notificaciones; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele personalmente este proveído, por conducto del Actuario adscrito conforme al calendario de salidas a tal institución penitenciaria, a fin de agilizar el procedimiento, y los subsecuentes que sean de carácter personal. Se ordena al Actuario Judicial de la adscripción encargado de la notificación encomendada, que deberá abstenerse de recibir documentos y objetos, de las personas que se encuentran privadas de su libertad en los centros penitenciarios, pues, tales actos escapan de las funciones que tiene legalmente establecidas y se encuentra impedido para realizar cualquier tipo de gestión o encargo a particulares, por lo que de hacer lo contrario, incurriría en responsabilidad administrativa, conforme a lo establecido en el oficio ***, de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido.
- Principal
MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, residente en esta población, por el que transcribe el auto de diecisiete de febrero del año en curso, del que se advierte que el referido Tribunal de Alzada, acusa recibo a este órgano juridicial del oficio por el que se le remitió el original del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, con motivo del conflicto competencial planteado por este órgano jurisdiccional, el cual quedó registrado con el número ***..**** de su índice. Notifíquese.
- Principal
MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado, vía electrónica, por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, residente en Salina Cruz, y por la Secretaría de su adscripción, por el que remiten copia del proveído de siete de febrero del año en curso, dictado en el juicio de amparo ********************/******************** de su registro, formado con motivo de la incompetencia planteada en los autos del presente juicio de amparo ********************/********************. Acúsese recibo. Ahora bien, del auto que remite la oficiante se advierte, en esencia, que el homólogo federal determinó no aceptar la competencia declinada a su favor al argumentar esencialmente que el acto reclamado a la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, consistente en la resolución de veintinueve de junio de dos mil veintidós, dictada en el toca penal ********************/********************, en la que omitió pronunciarse sobre el cómputo de la prisión preventiva y descuento de la pena impuesta, ya que a su consideración el órgano de amparo que ejerce jurisdicción en donde se ubica aquí que ha incumplido su obligación es competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Ahora bien, una vez analizadas las razones que sustenta el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, para no aceptar la competencia propuesta, debe decirse que no se comparte su respetable criterio. Lo anterior, en razón a que la determinación de incompetencia planteada en auto de treinta de enero del año en curso, por el suscrito, es la que técnicamente resulta ser la vía más acertada Pues, en primer término conviene precisar que del análisis integral del escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama En el caso, como ya se precisó el quejoso ********************, reclama de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, la omisión en que incurrió en una parte de la resolución de fecha veintiséis de junio de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación número ********************/******************** de su índice, ello, al no pronunciarse sobre el cómputo de la PRISIÓN PREVENTIVA y descuento de la pena impuesta, lo que se traduce en no decretar la libertad del quejoso, al estar compurgada la pena por concepto de prisión preventiva; violentando con ello el principio PRO HOMINS previsto en el artículo 1 del pacto federal y derechos fundamentales humanos que trascienden al de la libertad al omitir aplicar la norma que más beneficia a la persona; dentro de la causa penal ********************/2011, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca. Por otra parte, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, el quejoso señala, bajo protesta de decir verdad, que se encuentra privado de la libertad en el Centro de Reinserción Social Número 3, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, con motivo de la sentencia condenatoria de siete años y seis meses que le fue dictada en la causa penal ********************/2011, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca; por el delio de FRAUDE GENÉRICO. Por todo lo anterior, se precisa que la resolución reclamada en el toca penal ********************/********************, del índice de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en la que, a decir del quejoso, se omitió pronunciarse sobre el cómputo de la PRISIÓN PREVENTIVA y descuento de la pena impuesta, lo que se traduce en no decretar la libertad del quejoso, al estar compurgada la pena por concepto de prisión preventiva, en la causa penal ********************/2011, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, por el delito de FRAUDE GENÉRICO, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el imputado permanezca privado de su libertad, ya que si bien, se trata de un acto negativo, el mismo tiene el efecto positivo de permitir que el juez natural continúe con el procedimiento penal, y con ello, el quejoso permanezca privado de la libertad. Así, la determinación reclamada repercute directamente en la libertad personal del imputado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud de la sentencia dictada en su contra en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de la determinación que emitió la responsable, ya que, como lo aduce el quejoso en su escrito de demanda, no se decretó la libertad que pretendía, al estar compurgada la pena por concepto de prisión preventiva, en la causa penal ********************/2011, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca. Similares consideraciones sostuvo el entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, residente en esta población; al resolver el conflicto competencial penal ********************/2018, en el que se dirimió un conflicto existente entre el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, y el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, respecto de actos reclamados por el propio quejoso ********************, que incidían en su libertad personal, en torno a la competencia del asunto donde el Juzgado responsable tiene su residencia en San Pedro Pochutla, Oaxaca; y el impetrante de amparo, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social Número Tres, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; en el que el acto toral del asunto lo constituía la resolución del incidente no especificado de sobreseimiento, derivado de la causa penal llevada por el Juzgado señalado como responsable; quien resolvió que el juez competente es el que radica en la jurisdicción del Juez de la causa, esto es, en Salina Cruz, Oaxaca. Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, de ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. En ese sentido, la competencia para conocer del amparo interpuesto debe surtirse a favor del Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, por ser en cuya jurisdicción reside el Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca -perteneciente al Municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca-, que conoce del proceso penal ************. Por tanto, si el invocado artículo 37 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, al permanecer el imputado aquí quejoso a disposición del Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca -perteneciente al Municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca-, la ejecución material de la omisión reclamada que produce el efecto positivo de que el quejoso permanezca privado de la libertad. Resulta aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 147/2005 (9ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 176365, de rubro y texto: COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. [Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 174, Materia(s): Penal]. Sin que sea obstáculo que de la demanda de amparo se advierta que, en la especie, la privación de la libertad del quejoso se materializa en un ámbito territorial distinto de aquél en el cual se sigue su causa; pues, lo cierto es que dicho efecto se traslada directamente al proceso y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión. Se invoca como apoyo en lo conducente, la jurisprudencia 118/2011 (********************a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 160608, de rubro y texto: COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. [Décima Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, página 2183, Materia(s): Penal]. En consecuencia, es evidente que este juzgado no es legalmente competente para conocer del presente asunto, sino debe ser el Juez de Distrito, con residencia de Salina Cruz, Oaxaca; porque acorde con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es quien ejerce jurisdicción en Puerto Escondido, Oaxaca -perteneciente al Municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca-, lugar de residencia del Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca. Por tanto, el suscrito insiste en declinar competencia, por lo que con fundamento en lo establecido en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, remítanse los presentes autos (electrónicamente como más adelante se precisa) al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, para lo que tenga a bien resolver con respecto a la presente contienda. En ese sentido, infórmese al Tribunal Colegiado que corresponda conocer del presente asunto, que conforme al el Artículo Sexto Transitorio del Decreto que reforma el acuerdo General ******** del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en vigor a partir del siete de noviembre siguiente, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el expediente físico del juicio de amparo que se remite, únicamente contiene los documentos físicos recibidos por esa vía. En tal virtud, toda vez que la totalidad de las actuaciones se encuentran visibles en el expediente electrónico, se hace disponible al Tribunal de Alzada, para su consulta, conforme a lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General ************ del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional, realice la citada vinculación. Fórmese cuaderno de antecedentes, a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. Hágase lo anterior del conocimiento del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, para que exponga ante el Tribunal Colegiado lo que estime pertinente. Notificación a la parte quejosa Toda vez que el quejoso se encuentra internado en el Centro de Reinserción Social Número 3, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar que la promovente del amparo señaló para que éste reciba notificaciones; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele personalmente este proveído, por conducto del Actuario adscrito conforme al calendario de salidas a tal institución penitenciaria, a fin de agilizar el procedimiento, y los subsecuentes que sean de carácter personal. Se ordena al Actuario Judicial de la adscripción encargado de la notificación encomendada, que deberá abstenerse de recibir documentos y objetos, de las personas que se encuentran privadas de su libertad en los centros penitenciarios, pues, tales actos escapan de las funciones que tiene legalmente establecidas y se encuentra impedido para realizar cualquier tipo de gestión o encargo a particulares, por lo que de hacer lo contrario, incurriría en responsabilidad administrativa, conforme a lo establecido en el oficio CJF/VJ/3439/2017, de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido.
- Principal
MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de enero de dos mil veintitrés.********************Con el escrito de demanda de amparo, promovida por********************, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presenten las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 78/2023.********************Incompetencia********************En primer término conviene precisar que del análisis integral del escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, lo siguiente:********************"a). LA OMISIÓN en que incurrió en una parte de la resolución de fecha 26/06/2022 que dictó dentro del toca de apelación número ********************/2021 de su índice, consistente en lo siguiente: ********************OMITIÓ pronunciarse sobre el cómputo de la PRISIÓN PREVENTIVA y descuento de la pena impuesta. ********************PRECISÓ:- Que no reclamó la resolución en sí.********************b) La DENEGACIÓN en la impartición de justicia, consistente en no decretar mi libertad, al estar compurgada la pena por concepto de prisión preventiva.********************c) Violación al principio PRO HOMINS previsto en el artículo 1 del pacto federal y derechos fundamentales humanos que trascienden al de la libertad al omitir aplicar la norma que más beneficia a la persona."****************************************Ahora bien, debe precisarse que la competencia constituye un presupuesto procesal básico para que una autoridad judicial ejerza jurisdicción y esté en posibilidad legal de realizar válidamente cualquier acto procesal. ********************Por ende, es viable sostener que todo juez tiene jurisdicción, más no todos tendrán competencia para conocer de un asunto determinado.********************Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que informa la tesis emitida por la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 309, Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice:********************COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso.****************************************Luego, la competencia por territorio es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos; en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales.********************En este tenor, con el fin de determinar la naturaleza jurídica del acto que se reclama, conviene tener presente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2004, en sesión de veintisiete de abril de dos mil cinco, destacó lo siguiente:********************Que la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 21/2000, en sesión de cuatro de abril de dos mil uno, consideró que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse, y********************Ello es así, porque el derecho que a la libertad personal tiene el hombre, le es propio, viene de su naturaleza, y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce y al momento de ser privado de ella por motivos que la propia ley determina, nace el derecho de estar libre mediante ciertos requisitos.****************************************De este modo, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene:********************Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. ********************Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. ********************Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.********************La interpretación gramatical del precepto transcrito permite corroborar que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber:********************1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado;********************2. Cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y,********************3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada.********************Lo que distingue a los dos primeros supuestos respecto del último, es que en aquéllos el acto controvertido requiere ejecución material, en tanto que en el tercero no.********************En el caso, como ya se precisó el quejoso********************, reclama de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, la omisión en que incurrió en una parte de la resolución de fecha veintiséis de junio de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación número ********************/2021 de su índice, ello, al no pronunciarse sobre el cómputo de la PRISIÓN PREVENTIVA y descuento de la pena impuesta, lo que se traduce en no decretar la libertad del quejoso, al estar compurgada la pena por concepto de prisión preventiva; violentando con ello el principio PRO HOMINS previsto en el artículo 1 del pacto federal y derechos fundamentales humanos que trascienden al de la libertad al omitir aplicar la norma que más beneficia a la persona; dentro de la causa penal ********************/2011, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca. ********************Por otra parte, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, el quejoso señala, bajo protesta de decir verdad, que se encuentra privado de la libertad en el Centro de Reinserción Social Número 3, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, con motivo de la sentencia condenatoria de siete años y seis meses que le fue dictada en la causa penal ********************/2011, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca; por el delio de FRAUDE GENÉRICO. ********************En ese sentido, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución reclamada, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, por ser en cuya jurisdicción reside el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca -perteneciente al Municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca-, que conoce del proceso penal antes mencionado. ********************En efecto, la resolución reclamada en el toca penal **********, del índice de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en la que, a decir del quejoso, se omitió pronunciarse sobre el cómputo de la PRISIÓN PREVENTIVA y descuento de la pena impuesta, lo que se traduce en no decretar la libertad del quejoso, al estar compurgada la pena por concepto de prisión preventiva, en la causa penal *********, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, por el delito de FRAUDE GENÉRICO; lo cual es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el imputado permanezca privado de su libertad, ya que si bien, se trata de un acto negativo, el mismo tiene el efecto positivo de permitir que el juez natural continúe con el procedimiento penal, y con ello, el quejoso permanezca privado de la libertad. ********************Así, la determinación reclamada repercute directamente en la libertad personal del imputado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud de la sentencia dictada en su contra en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de la determinación que emitió la responsable, ya que, como lo aduce el quejoso en su escrito de demanda, no se decretó la libertad que pretendía, al estar compurgada la pena por concepto de prisión preventiva, en la causa penal ********************/2011, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca.********************Similares consideraciones sostuvo el entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, residente en esta población; al resolver el conflicto competencial penal *****************, en el que se dirimió un conflicto existente entre el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, y el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, respecto de actos reclamados por el propio quejoso********************, que incidían en su libertad personal, en torno a la competencia del asunto donde el Juzgado responsable tiene su residencia en San Pedro Pochutla, Oaxaca; y el impetrante de amparo, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social Número Tres, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; en el que el acto toral del asunto lo constituía la resolución del incidente no especificado de sobreseimiento, derivado de la causa penal llevada por el Juzgado señalado como responsable; quien resolvió que el juez competente es el que radica en la jurisdicción del Juez de la causa, esto es, en Salina Cruz, Oaxaca. ********************Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo.********************En ese sentido, la competencia para conocer del amparo interpuesto se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, por ser en cuya jurisdicción reside el Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca -perteneciente al Municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca-, que conoce del proceso penal ******************Por tanto, si el invocado artículo 37 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, al permanecer el imputado aquí quejoso a disposición del Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca -perteneciente al Municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca-, la ejecución material de la omisión reclamada que produce el efecto positivo de que el quejoso permanezca privado de la libertad.********************Resulta aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 147/2005 (9ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 176365, de rubro y texto:********************COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. [Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 174, Materia(s): Penal].****************************************Sin que sea obstáculo que de la demanda de amparo se advierta que, en la especie, la privación de la libertad del quejoso se materializa en un ámbito territorial distinto de aquél en el cual se sigue su causa; pues, lo cierto es que dicho efecto se traslada directamente al proceso y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión.********************Se invoca como apoyo en lo conducente, la jurisprudencia 118/2011 (********************a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 160608, de rubro y texto:********************COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. [Décima Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, página 2183, Materia(s): Penal].****************************************En consecuencia, es evidente que este juzgado no es legalmente competente para conocer del presente asunto, sino el Juez de Distrito, con residencia de Salina Cruz, Oaxaca; pues acorde con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito que, en lo que aquí interesa, establece:********************"ACUERDO GENERAL 3/2013:********************XIII. DÉCIMO TERCER CIRCUITO: ********************Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo".****************************************Conforme a lo anterior, son los Juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, los que ejercen jurisdicción en Puerto Escondido, Oaxaca -perteneciente al Municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca-, lugar de residencia del Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca.********************Por consiguiente, con apoyo en lo previsto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver este juicio de amparo y, por ello, declina competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en Salina Cruz, al que se estima competente para que siga conociéndolo, a quien se ordena remitir por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Salina Cruz, el expediente principal del presente juicio de amparo y las demás copias de demanda de amparo, y se solicita que en el término legal manifieste si acepta o no la competencia propuesta.********************Cuaderno de antecedentes********************Con las constancias respectivas fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.********************Habilitación de días y horas inhábiles********************En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles.********************Notificación a la parte quejosa********************Toda vez que el quejoso se encuentra internado en el Centro de Reinserción Social Número 3, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar que el promovente del amparo señaló para que éste reciba notificaciones; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele personalmente este proveído, por conducto del Actuario adscrito conforme al calendario de salidas a tal institución penitenciaria, a fin de agilizar el procedimiento, y los subsecuentes que sean de carácter personal.********************Se ordena al Actuario Judicial de la adscripción encargado de la notificación encomendada, que deberá abstenerse de recibir documentos y objetos, de las personas que se encuentran privadas de su libertad en los centros penitenciarios, pues, tales actos escapan de las funciones que tiene legalmente establecidas y se encuentra impedido para realizar cualquier tipo de gestión o encargo a particulares, por lo que de hacer lo contrario, incurriría en responsabilidad administrativa, conforme a lo establecido en el oficio CJF/VJ/3439/2017, de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal.********************Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido.
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