JOAQUÍN CUAUHTÉMOC MARTÍN SALAZAR BAUTISTA y Otros.

Expediente 1462/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1462/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • JOAQUÍN CUAUHTÉMOC MARTÍN SALAZAR BAUTISTA y Otros.
  • Joaquín Cuauhtémoc Martín Salazar Bautista

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio remitido vía electrónica, signado por la misma vía, al que se anexa copia autorizada del auto de dieciséis de marzo del actual, dictado en los autos del diverso juicio de amparo **del registro del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca sede en Salina Cruz, de cuya lectura se advierte que acusa recibo del diverso del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, residente en esta población, por el que remitió el original del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, toda vez que el referido Tribunal de Alzada, determinó que el citado Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca es el competente para conocer de la demanda de amparo promovida por ***. Sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en proveído de trece de marzo pasado, se glosó el oficio suscrito por la Secretaría de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, residente en esta población, por el que informó al respecto y se proveyó lo correspondiente. Finalmente, no es óbice el hecho de que la autoridad oficiante anexa al acuse de cuenta el exhorto ***, de su registro; sin embargo, de la lectura de la copia autorizada del auto de dieciséis de marzo del actual, dictado en los autos del diverso juicio de amparo 1/2023 de su índice, se advierte que ordenó librar dicha comunicación oficial al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, sede en esta población, en Turno, para que en su auxilio notifique dicho auto al ahí quejoso, por lo cual, no ha lugar a remitir dicha comunicación a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población, puesto que dicho órgano jurisdiccional ya ordenó su envío, -lo anterior a efecto de no duplicar el exhorto de que se trata-; por tanto, mediante oficio hágasele saber dicha circunstancia a la autoridad oficiante, para los efectos conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, residente en esta población, por el que remite testimonio de la ejecutoria de dos de marzo del año en curso, dictada en el conflicto competencial 10/2023, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, de la que se advierte dicho tribunal de alzada determinó que el citado Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es el competente para conocer de la demanda de amparo promovida por ********.....*****; además, indica que en cumplimiento al tercer punto resolutivo de la citada ejecutoria, remitió los autos del juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes, al citado órgano jurisdiccional a cuyo favor se fincó la competencia. Acúsese recibo. Archivo del expediente En consecuencia, en virtud de que no existe determinación pendiente que cumplimentar ni documentos originales que devolver, como se advierte de la certificación de cuenta, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año citado, archívese este cuaderno como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este antecedente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Por tanto, conforme a lo establecido en el diverso precepto 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en consulta, una vez transcurridos seis meses, ******.....******** contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su destrucción. Anotaciones carátula Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notificación a la parte quejosa Toda vez que el quejoso se encuentra internado en el Centro de Reinserción Social Número 3, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar que la promovente del amparo señaló para que éste reciba notificaciones; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele personalmente este proveído, por conducto del Actuario adscrito conforme al calendario de salidas a tal institución penitenciaria, a fin de agilizar el procedimiento, y los subsecuentes que sean de carácter personal. Se ordena al Actuario Judicial de la adscripción encargado de la notificación encomendada, que deberá abstenerse de recibir documentos y objetos, de las personas que se encuentran privadas de su libertad en los centros penitenciarios, pues, tales actos escapan de las funciones que tiene legalmente establecidas y se encuentra impedido para realizar cualquier tipo de gestión o encargo a particulares, por lo que de hacer lo contrario, incurriría en responsabilidad administrativa, conforme a lo establecido en el oficio CJF/VJ/3439/2017, de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido.

  3. Principal

    MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, residente en esta población, por el que transcribe el auto de trece de febrero del año en curso, del que se advierte que el referido Tribunal de Alzada, acusa recibo a este órgano juridicial del oficio por el que se le remitió el original del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, con motivo del conflicto competencial planteado por este órgano jurisdiccional, el cual quedó registrado con el número *****.***** de su índice. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado, vía electrónica, por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, residente en Salina Cruz, por el que remite copia del proveído de veinte de enero del año en curso, dictado en el juicio de amparo 1/2023 de su registro, formado con motivo de la incompetencia planteada en los autos del presente juicio de amparo 1462/2022. Acúsese recibo. Ahora bien, del auto que remite la oficiante se advierte, en esencia, que el homólogo federal determinó no aceptar la competencia declinada a su favor al argumentar esencialmente que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la competencia de este órgano jurisdiccional, ya que el quejoso *****, se encuentra privado de su libertad en el Centro de Internamiento de Reinserción Social, Número Tres, de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por tanto, a su consideración el acto de ejecución tendrá lugar en dicho recinto carcelario, por lo que surte sus efectos la hipótesis señalada en el inciso a) de la regla contendida en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Ahora bien, una vez analizadas las razones que sustenta el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, para no aceptar la competencia propuesta, debe decirse que no se comparte su respetable criterio. Lo anterior, en razón a que la determinación de incompetencia planteada en auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, por el suscrito, es la que técnicamente resulta ser la vía más acertada Pues, en primer término conviene precisar que del análisis integral del escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca -perteneciente al Municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca-, lo siguiente: La omisión de no decretar de oficio su libertad bajo protesta, en las causas penales *****. Ahora bien, debe precisarse que la competencia constituye un presupuesto procesal básico para que una autoridad judicial ejerza jurisdicción y esté en posibilidad legal de realizar válidamente cualquier acto procesal. Por ende, es viable sostener que todo juez tiene jurisdicción, más no todos tendrán competencia para conocer de un asunto determinado. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que informa la tesis emitida por la antes Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 309, Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso. Luego, la competencia por territorio es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos; en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. En este tenor, con el fin de determinar la naturaleza jurídica del acto que se reclama, conviene tener presente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2004, en sesión de veintisiete de abril de dos mil cinco, destacó lo siguiente: Que la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 21/2000, en sesión de cuatro de abril de dos mil uno, consideró que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse, y Ello es así, porque el derecho que a la libertad personal tiene el hombre, le es propio, viene de su naturaleza, y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce y al momento de ser privado de ella por motivos que la propia ley determina, nace el derecho de estar libre mediante ciertos requisitos. Luego, también a fin de determinar la naturaleza del acto reclamado conviene precisar que los artículos 290 y 293, ambos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, disponen lo siguiente: Art. 290.- La libertad bajo protesta es la que se concede al procesado siempre que se llenen los requisitos siguientes [.] Art. 293.- De oficio, y sin los requisitos del Artículo 290 será puesto en libertad bajo protesta el inculpado en los siguientes casos: I.- Cuando el tiempo de detención preventiva llegue ya al máximo de la reclusión que la ley establezca para el delito que motivare el proceso; II.- Cuando cumpla la reclusión impuesta en la sentencia de Primera Instancia, estando pendiente el recurso de apelación. En esas condiciones, se tiene que la libertad bajo protesta se concede al procesado de manera oficiosa cuando el tiempo de detención preventiva ha llegado al máximo de la reclusión que la ley establezca para el delito que motivare el proceso, por lo que en dicho supuesto, de concederse dicha medida, el procesado debe ser puesto en absoluta libertad respecto de la infracción por la que se decretó su privación de la libertad, lo que hace evidente, que la omisión de la responsable de pronunciarse respecto de dicho supuesto, genera la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal; por tanto, tiene una ejecución material. De este modo, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La interpretación gramatical del precepto transcrito permite corroborar que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue a los dos primeros supuestos respecto del último, es que en aquéllos el acto controvertido requiere ejecución material, en tanto que en el tercero no. En este sentido, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada en el punto 1, pues como se dijo la omisión de no decretar de oficio su libertad bajo protesta, en las causas penales *****, requiere ejecución material, por lo que el Juez de Distrito competente para conocer del amparo que en su contra se promueva, será el del lugar donde tenga verificativo la ejecución del acto reclamado. Ahora, toda vez que los efectos de las sentencias dictadas en su contra -en las que le quejoso indica se le impuso la pena de siete años-, se traducen en que el procesado permanezca en libertad restringida y a disposición del juez de primera instancia, y la omisión de no decretar de oficio su libertad bajo protesta, en las causas penales ******, tiene por consecuencia la permanencia del gobernado en su situación actual; es inconcuso que el juez competente para conocer de dicha determinación será el que radica en la jurisdicción del juez de las causas, pues es ante su potestad que el procesado se encuentra sometido, por ende, debe entenderse que los efectos de la omisión reclamada surten preponderantemente ante el juez instructor del proceso. Similares consideraciones sostuvo el entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, residente en esta población; al resolver el conflicto competencial penal ****, en el que se dirimió un conflicto existente entre el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, y el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, respecto de actos reclamados por el propio quejoso ***** que incidían en su libertad personal, en torno a la competencia del asunto donde el Juzgado responsable tiene su residencia en San Pedro Pochutla, Oaxaca; y el impetrante de amparo, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social Número tres con sede en Miahuatlan de Porfirio Díaz, Oaxaca; en el que el acto toral del asunto lo constituía la resolución del incidente no especificado de sobreseimiento, derivado de la causa penal llevada por el Juzgado señalado como responsable; quien resolvió que el juez competente es el que radica en la jurisdicción del Juez de la causa, esto es, en Salina Cruz, Oaxaca. Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. En ese sentido, se insiste, que la competencia para conocer del amparo interpuesto se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, por ser en cuya jurisdicción reside el Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca -perteneciente al Municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca-, que conoce de los procesos penales ***. Por tanto, si el invocado artículo 37 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, al permanecer el imputado aquí quejoso a disposición del Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, -perteneciente al Municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca-, la ejecución material de la omisión reclamada que produce el efecto positivo de que el quejoso permanezca privado de la libertad. Resulta aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 147/2005 (9ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 176365, de rubro y texto: COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. [Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 174, Materia(s): Penal]. Sin que sea obstáculo que de la demanda de amparo se advierta que, en la especie, la privación de la libertad del quejoso se materializa en un ámbito territorial distinto de aquél en el cual se sigue su causa; pues, lo cierto es que dicho efecto se traslada directamente al proceso y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión. Se invoca como apoyo en lo conducente, la jurisprudencia 118/2011 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 160608, de rubro y texto: COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. [Décima Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, página 2183, Materia(s): Penal]. Por tanto, es evidente que este juzgado no es legalmente competente para conocer del presente asunto, sino el Juez de Distrito, con residencia de Salina Cruz, Oaxaca; porque acorde con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es quien ejerce jurisdicción en Puerto Escondido, Oaxaca -perteneciente al Municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca-, lugar de residencia del Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca. En consecuencia, el suscrito insiste en declinar competencia, por lo que con fundamento en lo establecido en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, remítanse los presentes autos (electrónicamente como más adelante se precisa) al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, para lo que tenga a bien resolver con respecto a la presente contienda. En ese sentido, infórmese al Tribunal Colegiado que corresponda conocer del presente asunto, que conforme al el Artículo Sexto Transitorio del Decreto que reforma el acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en vigor a partir del siete de noviembre siguiente, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el expediente físico del juicio de amparo que se remite, únicamente contiene los documentos físicos recibidos por esa vía. En tal virtud, toda vez que la totalidad de las actuaciones se encuentran visibles en el expediente electrónico, se hace disponible al Tribunal de Alzada, para su consulta, conforme a lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional, realice la citada vinculación. Fórmese cuaderno de antecedentes, a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. Hágase lo anterior del conocimiento del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, para que exponga ante el Tribunal Colegiado lo que estime pertinente. Notificación a la parte quejosa Toda vez que el quejoso se encuentra internado en el Centro de Reinserción Social Número 3, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar que la promovente del amparo señaló para que éste reciba notificaciones; con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele personalmente este proveído, por conducto del Actuario adscrito conforme al calendario de salidas a tal institución penitenciaria, a fin de agilizar el procedimiento, y los subsecuentes que sean de carácter personal. Se ordena al Actuario Judicial de la adscripción encargado de la notificación encomendada, que deberá abstenerse de recibir documentos y objetos, de las personas que se encuentran privadas de su libertad en los centros penitenciarios, pues, tales actos escapan de las funciones que tiene legalmente establecidas y se encuentra impedido para realizar cualquier tipo de gestión o encargo a particulares, por lo que de hacer lo contrario, incurriría en responsabilidad administrativa, conforme a lo establecido en el oficio CJF/VJ/3439/2017, de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, suscrito por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido.

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