Joaquin Alonso Piedra
Expediente 472/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 472/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 23/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Joaquin Alonso Piedra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. FIRME FALLO. Visto el estado de los autos, así como de la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. DEPURACIÓN DEL EXPEDIENTE. Por lo tanto, se hace constar que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, en términos del apartado siete punto cuatro, del capítulo siete del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno, a través del oficio SEPLE./ADM./004/2598/2020, toda vez que fue concedida la suspensión de plano de los actos reclamados dentro del presente juicio de amparo; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo a que se hace mención en dicho manual, conservando las respectivas documentales. Hágase la anotación en la carátula. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, realizada la depuración del mismo, solicítese la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General del Archivo y Documentación. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL treinta de enero de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 472/2022-I. En audiencia pública la licenciada Mónica Montes Manrique, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, quien actúa asistida del Secretario licenciado Mario Alvez Cuevas, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario da lectura a las principales constancias que obran en el expediente, entre las que destacan por su importancia: escrito de demanda de amparo; proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós (fojas 10 a 18), en el que se admitió a trámite la demanda y se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; informes respecto de la suspensión de plano rendidos por las autoridades responsables; proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintidós (fojas 149 a 151), donde se presumieron ciertos los actos reclamados por el quejoso; así como, las demás constancias que obran en autos. A lo que la Jueza acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario certifica que el Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS-MICHOACÁN", con sede en Buenavista Tomatlan, Michoacán de Ocampo, mediante auto de tres de noviembre de dos mil veintidós (fojas 278 a 280), se le tuvo remitiendo diversas documentales. A lo anterior la Jueza provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas con que se ha dado cuenta. Sin existir prueba pendiente de desahogo, se da por concluido el presente periodo. Abierta la fase de alegatos, El Secretario hace constar que el quejoso Joaquín Alonso Piedra, realizó manifestaciones a manera de alegatos, las que se acordarón en auto de dieciséis del mes actual. A lo que la Jueza provee. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados sus alegatos, los cuales serán tomados en consideración en el momento de resolver el presente asunto, por lo que se procede a declarar cerrada tal fase. Por último, al no obrar en autos más que relacionar se da por terminada la presente audiencia; se levanta para constancia la presente acta y se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 472/2022-I, promovido por Joaquín Alonso Piedra, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Mediante escrito recibido el cinco de agosto de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, turnado en ese día a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, Joaquín Alonso Piedra, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades responsables y por los actos que se especifican a continuación, que estimó violatorios en su perjuicio de los artículos 1°, 4°, 18° y 22° Constitucionales. AUTORIDADES RESPONSABLES. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACION SOCIAL "17 CPS, MICHOACAN. ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACION SOCIAL "17 CPS, MICHOACAN. ENCARGADO DEL ÁREA MÉDICA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACION SOCIAL "17 CPS, MICHOACAN. COORDINADOR DE CENTROS FEDERALES, CIUDAD DE MÉXICO. ACTOS RECLAMADOS. "Falta de atención médica especializada relación a mi presión arterial alta; Omisión de autorizar un Vacuómetro para medir la presión arterial del quejoso, tomando en consideración que tengo veinte años padeciendo dicha enfermedad.". SEGUNDO. Radicación. Por proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós (fojas 10 a 18), la demanda de garantías fue admitida a trámite y se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diferirse tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo ejerce jurisdicción y es legal y constitucionalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 57, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, por el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; por reclamarse actos que tienen eficacia jurídica dentro del área geográfica en que este Juzgado es competente por razón de territorio (Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo). SEGUNDO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, página 255, rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En esta tesitura, tenemos que el peticionario de la tutela Federal reclama de las autoridades señaladas como responsables lo siguiente: Falta de atención médica especializada en relación a la presión arterial alta que padece el quejoso; Omisión de autorizar un Vacuómetro para medir la presión arterial del quejoso. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Mediante auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós (fojas 149 a 151), se presumieron ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Director General; Encargado de la Dirección de Seguridad; y Encargado del Área Médica, del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, toda vez que fueron omisas al no rendir su informe justificado, por lo que ve al acto reclamado consistente en la omisión de autorizar un vacuómetro para medir la presión arterial del quejoso Joaquín Alonso Piedra. CUARTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de los aspectos de fondo del acto reclamado, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, esta juzgadora considera que del acto reclamado consistente en la omisión de autorizar un vacuómetro para medir la presión arterial del quejoso Joaquín Alonso Piedra, se determina que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; en virtud de las siguientes consideraciones. En efecto, el referido precepto 61, fracción XX, de la ley de la materia, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". Así, en ese supuesto normativo se prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, que consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia: Tesis: I.6o.C. J/37 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 187016 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Mayo 2002 Pág. 902 Jurisprudencia (Común) "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Principio de definitividad que la parte quejosa debió observar en contra del acto reclamado consistente en la omisión de proporcionar al quejoso un vacuómetro, ya que contra ello procede el instrumento legal establecido en los artículos 24, 107 al 117, 122, 124, 125, 138 y 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigentes a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Esto es así, porque dicha Ley Nacional Ejecutiva Penal en su precepto 109, tiene por objeto subsanar la afectación a las condiciones de vida digna y segura en reclusión, lo que se traduce en modificar, revocar o nulificar el acto u omisión de la autoridad penitenciara, sea en prisión preventiva o en la ejecución de la sanción de prisión, pues así se desprende del ámbito de aplicación de la referida Ley Nacional de Ejecución Penal, contenido en su artículo 1. En efecto, del contenido del artículo 24 de la referida ley de ejecución, en lo que interesa se desprende que el legislador habilitó al Poder Judicial de la Federación y Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, para resolver las controversias con motivo de su aplicación, con los límites territoriales y jurisdicción expresamente ahí señalados. Además, de los diversos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se colige lo siguiente: 1. Que las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciara contra los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento. 2. Las peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciara resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanarla. 3. Si la determinación administrativa es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá controvertirla ante el Juez de Ejecución o de Control (en caso de que se encuentre sujeto al nuevo sistema de justicia penal), el Juez de su causa (si está siendo procesado) o el Juez de Ejecución a cuya disposición se encuentre interno (si ya está sentenciado). 4. Si la petición no es resuelta en el término de cinco días, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución. 5. En casos urgentes, el afectado podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que el órgano jurisdiccional suspenderá el hecho que motivó la petición hasta en tanto resuelva en definitiva, ordenando incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones necesarias a fin de que los actos cesen o dejen de existir, con lo cual quedan tutelados los derechos de la persona privada de la libertad, aún en los casos de mayor gravedad, en que incidan en su esfera jurídica las condiciones de internamiento. 6. Que los Jueces de Ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y las relacionadas con ellas. 7. Que para la controversia ante el Juez de Ejecución, constituye un requisito indispensable que se haya agotado la petición administrativa. De lo anterior, se advierte que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer los derechos atinentes a las condiciones de su internamiento, como es la autorización de proporcionar un vacuómetro para medir la presión arterial del quejoso Joaquín Alonso Piedra; adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Corolario, si el ocursante acude en demanda de la protección constitucional a efecto de controvertir actos atribuidos a las autoridades directivas del centro de reclusión donde está interno, mismos que se vinculan en la omisión de autorizar un vacuómetro para medir la presión arterial del quejoso Joaquín Alonso Piedra, resulta inconcuso aplicable el medio de defensa establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, es preciso concluir que el promovente no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, pues previo a su interposición, de ser un caso urgente, debió acudir ante el juez de la causa o ejecución para plantear su petición; por lo que, al tratarse de la autorización de un vacuómetro que solicita, debió acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y en caso de no serle favorable o no se le responda, plantear la controversia ante el Juez de la causa o ejecución, lo que le permitiría acceder a una serie de medidas de protección y mecanismos legales de corrección en el ámbito de la justicia ordinaria; de modo que al no hacerlo así, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y ello, a su vez de conformidad con apoyo en el artículo 63, fracción V de la propia Ley en cita, se sobresee en este juicio de amparo. De igual manera, no pasa por inadvertido para esta resolutora que en el caso pudiera estimarse que se actualiza alguna de las excepciones al principio rector en estudio, sin embargo, de los artículos 115 a 117, 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se estima que no es así, veamos el porqué. Esto es así, porque de la lectura de dichos preceptos se desprende que las personas privadas de su libertad, podrán acudir directamente al Juez de la causa o ejecución, quien oficiosamente suspenderá el hecho o acto de que se trate, junto con sus efectos, hasta en tanto resuelva en definitiva el planteamiento formulado, además, si se trata de omisiones será la autoridad jurisdiccional quien estará facultada para conocer de las cuestiones relacionadas con las condiciones de internamiento, para lo cual determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciara; asimismo, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte ordenara la suspensión del acto motivo de la controversia si lo considera pertinente; previsiones que se estiman en términos similares a los fija la Ley de Amparo para la suspensión. Luego, si el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal establece una previsión para suspender el acto controvertido, con los mismos alcances y sin mayores requisitos que la Ley de Amparo, es evidente no opera la excepción al principio de definitividad, por lo que no existe impedimento para sobreseer este juicio, en los términos anotados. Además, se puntualiza, que después de un estudio preliminar de las circunstancias particulares y elementos expuestos en el escrito de demanda, no se advierten circunstancias o medios de pruebas aportados por el quejoso que hagan patente que éstos -los actos reclamados- pudieran tener consecuencias irreversibles en su estado de salud o la pérdida de su vida, lo que comprometa gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a una situación de tormento, prohibida por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. QUINTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Mediante auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós (fojas 149 a 151), se presumieron ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Director General; Encargado de la Dirección de Seguridad; y Encargado del Área Médica, del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, relacionados con la falta de atención médica especializada; toda vez que fueron omisas al no rendir su informe justificado, por lo que hace al acto reclamado consistente medularmente, en la falta de atención médica integral conforme al padecimiento que presenta el quejoso. SEXTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de los aspectos de fondo del acto reclamado, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, esta juzgadora considera que de las documentales remitidas por la autoridad responsable Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS-MICHOACÁN", con sede en Buenavista Tomatlan, Michoacán de Ocampo, acordadas en auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, se determina que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; en virtud de las siguientes consideraciones. Es de precisar, que la cesación a que se refiere el artículo y fracción invocados se da por revocación o por sustitución; la primera implica la desaparición o destrucción del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna y, la segunda se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. Sirve de sustento a lo anterior la tesis aislada I.3o.C.92 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, consultable en la página mil cuatrocientos noventa y uno, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO". En mérito de lo anterior, la hipótesis que en el presente se actualiza es la primera, en virtud de que, como ya se indicó, el acto combatido por el quejoso consiste en la falta de atención médica especializada en relación a la presión arterial alta del quejoso. Sin embargo, como se anotó, se considera que efectivamente tal acto reclamado cesó en sus efectos, habida cuenta que la autoridad responsable Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS-MICHOACÁN", con sede en Buenavista Tomatlan, Michoacán de Ocampo, mediante auto de tres de noviembre de dos mil veintidós (fojas 278 a 280), se le tuvo remitiendo diversas constancias relacionadas con el acto reclamado, consistentes en copias del expediente clínico del quejoso Joaquín Alonso Piedra. Documentales de las cuales se advierte que las responsables han hecho lo que está en el ámbito de su competencia para continuar con el tratamiento del agraviado, de acuerdo a la enfermedad que padece, toda vez que le han brindado la atención medica requerida. En las relatadas condiciones, se encuentra evidenciada la hipótesis de improcedencia en estudio (cesación de efectos), toda vez que se le ha dado oportuno, adecuado y constante tratamiento clínico respecto de la enfermedad que padece el quejoso; ello en fecha que desde luego es posterior a la presentación de la demanda de amparo, esto es, cinco de agosto de dos mil veintidós. En consecuencia, toda vez que el acto reclamado en esta instancia constitucional cesó en su efectos y con ello dejó de afectarle dentro de la esfera jurídica del quejoso, resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; de ahí que, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, en su fracción XXI de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la propia Ley en cita, se sobresee en este juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento en la tesis P.CL/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, registro 197367, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Asimismo, resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2ª/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". SÉPTIMO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados que la parte quejosa atribuyó a la autoridad responsable Coordinador de Centros Federales, con sede en la Ciudad de México, toda vez que al rendir su informe justificado negó expresamente los actos reclamados. En tanto que la parte quejosa no aportó pruebas encaminadas a desvirtuar la negativa de la citada autoridad responsable, por lo que se impone sobreseer en el presente juicio de amparo por lo que respecta a los actos reclamados a dicha autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley que rige el juicio constitucional. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia VI.2°.J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 627, tomo IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente tenor literal: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo. " OCTAVO. NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA. Tomando en consideración que el promovente del amparo Joaquín Alonso Piedra se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán; se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida para que por su conducto, le notifique personalmente la presente sentencia. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 136 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para la práctica de la diligencia encomendada. NOVENO. Se requiere acuse de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Coordinador de Centros Federales, Ciudad de México, para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedaron debidamente notificadas de esta sentencia. Apercibimiento. Se apercibe a dichas autoridades que de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. DECIMO. Acuerdo de Transparencia. Con fundamento en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. DECIMO PRIMERO. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 63, 65, 73, 74, 75, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Joaquín Alonso Piedra, respecto del acto y autoridades que se precisan en el considerando segundo de esta resolución, con base en los razonamientos expuestos en los considerandos cuarto, sexto y séptimo de la misma. SEGUNDO. Una vez que cause ejecutoria la presente, elabórese versión pública en términos del considerando décimo del presente fallo. Notifíquese; personalmente al quejoso y mediante oficio a las autoridades responsables.
- Principal
****************************************En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las ONCE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, hora y fecha fijados en autos para que tenga verificativo la audiencia relativa al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 208, fracción II, de la Ley de Amparo, hecho valer por el quejoso******************** dentro del juicio de amparo ********************, abierta la audiencia la licenciada Mónica Montes Manrique, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, asistida del licenciado Mario Alvez Cuevas, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes.********************Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de octubre de dos mil ********************Acto continuo, el Secretario hace relación de las constancias existentes en autos, vinculadas con dicha incidencia, entre las que destacan por su importancia las siguientes: proveído de treinta de agosto pasado, donde se tuvo a la parte quejosa denunciando la violación a la suspensión de plano de los actos reclamados por exceso o defecto en el cumplimiento de la misma; admitiéndose a trámite dicha incidencia; e informes rendidos por las autoridades responsables a quienes se les atribuye dicha violación.****************************************A lo anterior la Jueza acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias que antecede, así como por rendidos los informes de las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar.****************************************Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Social NO. 17 "CPS-MICHOACAN", con sede en Buenavista Tomatlan, Michoacán, en auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, al rendir su informe de ley, se le tuvo ofertando como medios de pruebas diversas documentales.******************** ********************Por su parte, el quejoso en su escrito acordado el treinta de agosto de dos mil veintidós, ofreció como medio de prueba el testimonio del encargado del departamento de servicios médicos del Centro Federal de Readaptación donde se encuentra recluido, para cuestionarle la demora en el cumplimiento a su suspensión, así como la testimonial de dos personas privadas de la libertad.****************************************A lo que la Jueza acuerda: En términos del artículo 208, fracción III, de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales en cuestión. ****************************************En relación con la prueba ofrecida por el quejoso consistente en el testimonio del encargado del departamento de servicios médicos del Centro Federal de Readaptación donde se encuentra recluido, este órgano jurisdiccional estima que debe desecharse, toda vez que se considera que no es la idónea para acreditar los extremos de su pretensión, a más de que dicho encargado tiene la calidad de autoridad responsable en este juicio, lo que impide ser testigo, como lo pretende el quejoso.****************************************Resulta aplicable la siguiente tesis que al rubro y texto señala lo siguiente:****************************************Registro digital: 199278********************Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito********************Novena Época********************Materia(s): Común********************Tesis: I.3o.P.3 K********************Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo V, Febrero de 1997, página 711********************Tipo: Aislada********************"AUTORIDADES RESPONSABLES. NO PUEDEN SER TESTIGOS EN EL JUICIO DE AMPARO.Es incorrecto que el Juez de amparo admita la prueba testimonial a cargo del agente del Ministerio Público, autoridad señalada como responsable en el juicio de amparo, toda vez que dicha autoridad no puede tener la doble calidad de autoridad y testigo, incompatibilidad que se deriva de la estructura del juicio constitucional, por ser distinta la posición de la autoridad responsable que defiende la constitucionalidad de su acto y la del testigo que comparece para expresar ante la autoridad jurisdiccional lo que ha visto, oído o sentido en relación con el hecho que se pretende justificar."****************************************Aunado a lo anterior, a través del incidente se va determinar si las autoridades responsables han dado cumplimiento cabal a la suspensión de plano concedida y contrario a lo sostenido por el quejoso, ese medio de prueba no es idóneo para acreditar tal circunstancia, por lo que no resulta una prueba idónea para demostrar el desacato por parte de las responsables a la medida suspensional decretada en el juicio.****************************************En esas condiciones, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 79 y 80, aplicados a contrario sensu, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desecha como prueba el testimonio del encargado del departamento de servicios médicos del penal; y de los diversos testigos, al no ser el medio de convicción idóneo para acreditar los extremos que se pretenden; esto es, el desacato por parte de las responsables a la medida suspensional decretada en el presente juicio, y por ende la falta de atención médica respecto de los padecimientos que aduce el quejoso le aquejan.****************************************Tiene aplicación en lo que interesa el criterio siguiente:****************************************Tesis: P./J. 41/2001 ********************Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta********************Novena Época********************189894 ****************************************Pleno********************Tomo XIII, Abril de 2001********************Pag. 157********************Jurisprudencia(Común)************************************************************"PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez."****************************************Sin existir prueba pendiente de admisión o desahogo, se cierra el periodo probatorio.****************************************Abierta la fase de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes presentó escrito que los contenga, por lo que se les tiene por perdido el derecho para formularlos. Se cierra el periodo de alegatos.****************************************Con lo anterior, se da por concluida la presente etapa de la audiencia y se procede al dictado de la resolución correspondiente.****************************************Vistos, para resolver el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano de los actos reclamados, en los autos del juicio de amparo ********************, promovido por ********************; y,****************************************R E S U L T A N D O:****************************************PRIMERO. El quejoso******************** por su propio derecho, promovió demanda de amparo en contra de los actos reclamados y las autoridades responsables siguientes:****************************************AUTORIDADES RESPONSABLES:****************************************DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 17 "CPS-MICHOACÁN". ****************************************ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL 17 "CPS-MICHOACÁN". ****************************************ENCARGADO DEL ÁREA MÉDICA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL "17 CPS, MICHOACÁN. ****************************************COORDINADOR DE CENTROS FEDERALES, CIUDAD DE MÉXICO.****************************************ACTO RECLAMADO: ****************************************"Falta de atención médica especializada relación a mi presión arterial alta;**************************************** Omisión de autorizar un Vacuómetro para medir la presión arterial del quejoso, tomando en consideración que tengo veinte años padeciendo dicha enfermedad.".****************************************SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo, denuncia de incumplimiento a la suspensión de plano. La demanda quedó registrada bajo el expediente número ********************, del índice de este Juzgado y mediante acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite y se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, se requirió a las autoridades señaladas con el carácter de responsables para que rindieran su informe de suspensión de plano y justificado, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional.****************************************Posteriormente, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el treinta de agosto pasado (registro 13598), el quejoso******************** promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano de los actos reclamados concedida mediante auto de cinco de agosto de dos mil veintidós.****************************************Consecuentemente, en proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano de los actos reclamados, por lo que se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su respectivo informe; y, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia incidental, la cual luego de haberse diferido tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y,****************************************C O N S I D E R A N D O:****************************************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo; porque deriva del supuesto incumplimiento a la suspensión de plano de los actos reclamados otorgada en el juicio de amparo ******************** del índice de este Juzgado de Distrito.****************************************SEGUNDO. Negativa de actos por parte de las autoridades responsables. Las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes, negaron haber violado la suspensión de plano de los actos reclamados, por las razones expuestas en tales comunicados, los cuales serán motivo de análisis al resolver el fondo del presente asunto.****************************************TERCERO. Estudio de fondo. Es infundado el incidente por incumplimiento a la suspensión de plano de los actos reclamados, promovido por******************** por su propio derecho.****************************************A fin de otorgar mayor claridad a la presente determinación, se estima oportuno realizar la reseña de los actos procesales que conforman el origen del incidente de que se trata, en los siguientes términos:****************************************1. El cinco de agosto de dos mil veintidós,******************** por propio derecho, promovió demanda de garantías en la que reclamó el siguiente acto:****************************************"Falta de atención médica especializada relación a mi presión arterial alta;**************************************** Omisión de autorizar un Vacuómetro para medir la presión arterial del quejoso, tomando en consideración que tengo veinte años padeciendo dicha enfermedad.".****************************************Actos que atribuyó a las siguientes autoridades responsables:****************************************DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 17 "CPS-MICHOACÁN". ****************************************ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL 17 "CPS-MICHOACÁN". ****************************************ENCARGADO DEL ÁREA MÉDICA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL "17 CPS, MICHOACÁN. ****************************************COORDINADOR DE CENTROS FEDERALES, CIUDAD DE MÉXICO.************************************************************2. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el treinta de agosto pasado (registro 13598), el quejoso******************** promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano de los actos reclamados concedida mediante auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, en los siguientes términos:****************************************"[.]****************************************"SUSPENSIÓN DE OFICIO. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, además de lo señalado por los artículos 1° y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la tesis P. XVI/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, agosto de 2011 Novena Época, página 29 de rubro: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN", se concede al quejoso******************** la suspensión de oficio y de plano del acto reclamado, para el efecto de que, de manera inmediata, se le brinde la atención médica respecto el dolor de cabeza, derrames en sus ojos, pesadez, nerviosismo y ansiedad causada por la presión arterial que padece; de ser el caso, la autoridad responsable Director del Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS-Michoacán", deberá realizar las gestiones necesarias para que le sean proporcionados los medicamentos que necesite para su pronta recuperación, así como el vacuómetro para medirse su presión arterial; asimismo, en caso de que en dicho centro de reclusión, no se cuente con la infraestructura y el medicamento necesario para la adecuada atención médica respecto de los padecimientos del mencionado quejoso, deberán canalizarlo a otra institución del sector salud pública, o de ser el caso, privada, donde se le pueda brindar la atención médica correspondiente, ello con plena responsabilidad de las autoridades responsables; así como los tramites urgentes y necesarios para brindarle traslado desde el centro penitenciario a la clínica más cercana."************************************************************3. En auto de treinta de agosto pasado, se admitió a trámite el incidente por incumplimiento a la suspensión de plano de los actos reclamados, requiriéndose a las responsables para que en el término de tres días rindieran el informe relativo a la incidencia de mérito.****************************************4. La autoridad responsable Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social NO. 17 "CPS-MICHOACAN", con sede en Buenavista Tomatlan, Michoacán, por si y en cuanto superior jerárquico de la Dirección de Seguridad y Encargado del Área Médica, al rendir su informe, manifestó textualmente lo siguiente:************************************************************Asimismo, dichas responsables Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social NO. 17 "CPS-MICHOACAN", con sede en Buenavista Tomatlan, Michoacán, por si y en cuanto superior jerárquico de la Dirección de Seguridad y Encargado del Área Médica, mediante oficio recibido el dos de enero de dos mil veintitrés, informaron lo siguiente:********************************************************************************Manifestación de la que se obtiene que tales autoridades no desacataron la suspensión de plano otorgada al quejoso, puesto que, en el auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, en que se concedió tal medida cautelar, se les indicó que ".de ser el caso, la autoridad responsable Director del Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS-Michoacán", deberá realizar las gestiones necesarias para que le sean proporcionados los medicamentos que necesite para su pronta recuperación, así como el vacuometro para medirse su presión arterial.", esto es, dichas autoridades se encontraban facultadas para que actuaran tomando en consideración la situación del quejoso, por eso se les indicó que ".de ser el caso."; expresión que abarca también respecto de la petición del quejoso para que se le entregue un vacuometro; sin embargo, las responsables explicaron los motivos del porqué, no se le puede proporcionar tal instrumento, sin que ello implique falta de atención medica al incidentista.****************************************Por tanto, como se anticipó, deviene infundado el incidente por incumplimiento a la suspensión de plano de los actos reclamados, promovido por******************** ****************************************En efecto, para que proceda el incidente por incumplimiento a la suspensión de plano, es necesario que consten los siguientes elementos:****************************************a) La existencia previa de una resolución en la cual se haya concedido la medida cautelar.****************************************b) Que las autoridades responsables hayan sido debidamente notificadas de la resolución que concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; y,****************************************c) Que de autos se acredite que las autoridades responsables no hayan realizado lo ordenado en la medida cautelar concedida.****************************************Ello es así, debido a que la figura jurídica del incidente de incumplimiento a la suspensión, tiene como objeto primordial fijar la operatividad y eficacia del proveído cautelar que ordenó la suspensión para que en caso de ser transgredida por las autoridades, éstas sean conminadas por el órgano jurisdiccional que la concedió a acatar y respetar la decisión en lo subsecuente; así como de ser jurídicamente posible restituir las cosas al estado que tenían en el momento en que se decretó la suspensión, hasta en tanto fuese resuelta la controversia en lo principal.****************************************En el caso, el supuesto a que alude el inciso a), se cumple en la especie, habida cuenta que en auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados en los términos que enseguida se precisan:****************************************"se concede al quejoso******************** la suspensión de oficio y de plano del acto reclamado, para el efecto de que, de manera inmediata, se le brinde la atención médica respecto el dolor de cabeza, derrames en sus ojos, pesadez, nerviosismo y ansiedad causada por la presión arterial que padece; de ser el caso, la autoridad responsable Director del Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS-Michoacán", deberá realizar las gestiones necesarias para que le sean proporcionados los medicamentos que necesite para su pronta recuperación, así como el vacuómetro para medirse su presión arterial". ****************************************En relación con el requisito previsto en el inciso b) también se actualiza, en virtud de que las autoridades responsables fueron debidamente notificadas de la determinación que concedió la suspensión de plano de los actos reclamados.****************************************En cambio, en relación con el tercero de los requisitos aludido en el inciso c), relativo a que de autos se acredite que las autoridades responsables no hayan realizado lo ordenado en la medida cautelar concedida, no se actualiza tal supuesto.****************************************Lo anterior es así, habida cuenta que de las constancias de autos y lo manifestado por las autoridades responsables en sus informes emitidos respecto de dicha incidencia, no se advierte que exista incumplimiento dado a la suspensión definitiva de los actos reclamados, pues contrariamente a lo sostenido por la parte quejosa, las autoridades responsables proporcionaron la atención médica urgente que requería el quejoso******************** tal como lo acredita la autoridad responsable con las documentales ofrecidas.****************************************Y respecto del diverso acto reclamado, consistente en la autorización del vacuometro la autoridad responsable Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS-MICHOACÁN", con sede en Buenavista Tomatlan, Michoacán, informó que no era viable dicha petición, por cuestiones de seguridad, por lo que en caso de ser necesario el personal de enfermería de ese centro penitenciario es quien toma la presión arterial. ****************************************Por tanto, se estima infundado el incidente por incumplimiento a la suspensión de plano de los actos reclamados, promovido por******************** por su propio derecho.****************************************CUARTO. NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA. Tomando en consideración que el promovente del amparo ******************** se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán; se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida para que por su conducto, le notifique personalmente la presente resolución.****************************************En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 136 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal.****************************************Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para la práctica de la diligencia encomendada.**************************************** QUINTO. Se requiere acuse de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Coordinador de Centros Federales, Ciudad de México, para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedaron debidamente notificadas de esta sentencia.**************************************** Apercibimiento. Se apercibe a dicha autoridad que de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización.**************************************** SEXTO. Acuerdo de Transparencia. Con fundamento en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.**************************************** SÉPTIMO. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa.****************************************Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo, se resuelve:****************************************ÚNICO. Es infundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano de los actos reclamados, promovido por el quejoso******************** por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente determinación. ****************************************Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. AGREGA ESCRITO. Agréguese a los autos el escrito presentado por el quejoso Joaquín Alonso Piedra; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase realizando sus manifestaciones a manera de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. PETICIÓN QUEJOSO. Por otra parte, respecto de lo solicitado por el quejoso en el sentido de que se apliquen los medios de apremio a la autoridad responsable por no cumplir con la suspensión otorgada, no ha lugar a proveer de conformidad a lo solicitado, toda vez que en el auto de dos de enero de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad responsable Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social 17 "CPS-MICHOACÁN", con sede en Buenavista Tomatlan, Michoacán, informando lo conducente en relación a la no autorización del ingreso de dicho vacuometro, comunicado con el cual se le dio vista al citado quejoso; por lo que, llegado el momento, este Tribunal Federal, resolverá al respecto. NOTIFÍQUESE.
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