Joana Paulina Quezada Silva

Expediente 285/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
285/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
28/06/2018

Partes del expediente

  • Joana Paulina Quezada Silva

Actuaciones

  1. Principal

    I. URUAPAN, MICHOACÁN, A VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. De la cuenta secretarial, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte quejosa, hubiese interpuesto recurso de queja en contra del proveído de uno de junio del año en curso, en que se desechó la demanda de garantías. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa...

  2. Principal

    I. URUAPAN, MICHOACÁN, UNO DE JUNIO DOS MIL DIECIOCHO. Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase a Joana Paulina Quesada Silva, por propio derecho y en cuanto representante legal de su menor hijo con iniciales C. D. R. Q., promoviendo demanda de amparo contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 285/2018-I. Ahora, apreciada íntegramente la demanda de garantías, se desecha de plano porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción V, estos últimos interpretados en sentido contrario y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis:... Así, debe precisarse que los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación, han definido como actos procesales dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, a aquellos que, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; sustancialmente, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen en forma fáctica con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello acontezca al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Al efecto se invoca la tesis: Tesis:... Además, en su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al efectuar nueva reflexión sobre el tema (ejecución irreparable), amplió los alcances de la interpretación que merece la porción normativa en comento, incluso mediante jurisprudencia firme, para sostener que aun cuando en términos generales la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquéllos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto, y en el segundo deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo; empero, no puede ser el único ni absoluto, pues de manera excepcional debe admitirse la procedencia de la vía indirecta, tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales. Esto era así, cuando se afectaba a las partes en grado predominante o superior, esto es, ante la existencia de un perjuicio exorbitante, el cual debería determinarse de modo objetivo, valorando la institución procesal que estaba en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia otorgan un grado notable de afectación, que obligaba a considerar que deberían ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dictara la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. En ese tenor, a fin de establecer la procedencia o no del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos suscitados dentro de juicio, debían valorarse dos criterios: 1. El general, que señala que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el perjuicio provocado no podría subsanarse a través del dictado de una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irremediablemente la violación a la garantía individual de que se trate. 2. El excepcional o complementario, que indica que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no surtirse alguno de esos supuestos, resultaría improcedente el juicio de amparo indirecto y el quejoso debería esperar hasta que se dicte sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. Sin embargo, la nueva Ley de Amparo ya no permite el segundo supuesto, solo el primero relativo a los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata determinado derecho sustantivo, cuyo perjuicio es irreparable a través del dictado de la sentencia en el juicio correspondiente. Sobre el particular, cobran aplicación las tesis del rubro y texto siguiente: Tesis:... Ahora, en el caso, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el proveído de catorce de mayo de la presente anualidad, en el que la autoridad responsable no acordó de conformidad la contestación del incidente de reducción de pensión alimenticia y por consecuencia el auto de diecisiete de mayo siguiente, ordenó poner a la vista los autos al Juez responsable a efecto de dictar sentencia en el citado incidente, derivado del Juicio Ordinario Familiar correspondiente, dictados dentro del juicio 462/2013, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad. Para mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión del acto de autoridad combatido y que se advierte de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expresó la promovente. El catorce de mayo de dos mil dieciocho fue dictado un acuerdo por parte del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, mediante el cual no se le tuvo contestando el incidente de reducción de pensión alimenticia, promovido por Hugo Cuitláhuac Raya Mendoza. Asimismo, el diecisiete de mayo de la presente anualidad, se pusieron los autos del juicio de origen a la vista del Juez responsable a efecto de que pronunciara sentencia interlocutoria correspondiente. Determinaciones que constituyen el acto reclamado. Antecedentes que la promovente del amparo, los manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis:... Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del incidente de reducción de pensión alimenticia, derivado del juicio ordinario familiar 462/2013 de origen, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor del quejoso, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Lo anterior, es así en virtud de que el proveído de catorce de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ordinario familiar 462/2013, por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, en que no se le tuvo por contestando el incidente de reducción de pensión alimenticia y en consecuencia el auto de diecisiete siguiente en que se pusieron los autos a la vista del Juez responsable a efecto de dictar sentencia interlocutoria correspondiente, no pueden considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que resulta indudable que se trata de actos meramente intraprocesales, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la resolución que se dicte en definitiva en el citado incidente derivado del juicio ordinario familiar de origen; pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado sea adverso a la aquí quejosa, de manera que mientras ésta no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la resolución correspondiente le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría a la promovente del amparo. Resulta aplicable a lo anterior, por la similitud de razón, la siguiente tesis: Tesis:... A más de que, la sentencia que en su momento se dicte resolviendo el incidente de reducción de pensión alimenticia, de ser contraria a los intereses de la quejosa, podrá ser revocada, modificada o confirmada, mediante el medio de defensa que en su momento, en su caso, ésta haga valer. De esta forma, es manifiesto que es improcedente el juicio de amparo, toda vez que en el caso, el acto de autoridad que se combate no es de aquéllos que de manera inmediata cause un perjuicio irreparable que afecte a la parte quejosa en sus derechos sustantivos como son la vida, integridad personal, posesiones, etcétera. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso artículo 172, fracción XII, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, todos de la Ley de Amparo, interpretado éste último, en contrario sensu, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Joana Paulina Quesada Silva, por propio derecho y en cuanto representante legal de su menor hijo C. D. R. Q.; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Sin que obstaculice la anterior determinación, las manifestaciones de la promovente del amparo en el sentido de que se le supla la deficiencia de la queja a favor de su menor hijo de iniciales C. D. R. Q., toda vez que la suplencia de la deficiencia de la queja se refiere al estudio del fondo del asunto, más no a la procedencia legal del juicio. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia P./J. 7/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página: 7, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ... ... Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Por otra parte, toda vez que el domicilio que precisa la promovente del amparo, para oír y recibir notificaciones es impreciso, toda vez que señala el ubicado en calle Venustiano Carranza, numero 79 noventa y ocho, colonia Centro de esta ciudad, , por tanto, dígasele que hasta en tanto señale uno en esta ciudad, de manera correcta, las notificaciones que deban hacérsele, incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista, de acuerdo con lo previsto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a las autoridades responsables por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. Téngase como autorizados únicamente con la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Francisco Irianda Gómez y Gloria Iveth Castañeda Rojas, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no se encontraron registradas sus cédulas profesionales que los acredite como licenciados en derecho. Cobra aplicación a lo anterior: Tesis:... Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA...

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