Joaquín Alberto Landeros Guicho
Expediente 1371/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1371/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Joaquín Alberto Landeros Guicho
Actuaciones
- Incidental
Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE CONCEDE la suspensión definitiva, para los efectos precisados en el tercer considerando de esta interlocutoria. Notifíquese.
- Incidental
En Culiacán, Sinaloa, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mediante el cual solicita que al resolver en definitiva el presente incidente no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; en consecuencia, téngase formulado el citado pedimento del que se hará nueva relación en la audiencia respectiva. Notifíquese.
- Incidental
En Culiacán, Sinaloa, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguese el informe previo rendido por el representante del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, en el que señala no son ciertos los actos reclamados; con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, con ese informe dese cuenta y hágase relación en la audiencia incidental. Se tiene como domicilio procesal y delegados los que señalan algunas de las autoridades y como forma especial y expedita de contacto el correo electrónico que se proporciona, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese.
- Incidental
Audiencia incidental. En Culiacán, Sinaloa, a las nueve horas con cuarenta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1371/2023, asistido del Secretario del Juzgado José Leónides Miguel Santos Cortés y sin presencia de las partes, la licenciada Gladis Lobo Inzunza, Secretaria en funciones de Jueza, en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, conforme al oficio SEADS/2531/2023 de quince de noviembre de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 175, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con el artículo 44, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los Lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a 15 días y en casos de impedimento, procede a celebrar la audiencia incidental, para lo cual solicita al secretario dé cuenta y relación de las constancias del expediente. El Secretario da cuenta con las constancias relevantes, entre ellas: demanda de amparo, auto de suspensión provisional y notificación a las partes. Asimismo, se da cuenta con el informe previo rendido por la Magistrada de la Sala Regional Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa y el oficio del Actuario adscrito a dicha Sala del que se advierte la orden para la remisión del citado informe previo. 21720 y 21721 De igual forma, se hace constar que no se cuenta con el informe previo de la responsable Servicio de Administración Tributaria del Gobierno del Estado de Sinaloa, ni con la constancia de notificación del oficio mediante el cual se le hace esa solicitud. La Secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Téngase hecha la relación de constancias, rendido el informe previo de cuenta y provéase lo conducente en torno a la autoridad faltante de rendido informe previo. Apertúrese la siguiente etapa. Se abre el período de admisión y desahogo de pruebas, en el que a solicitud de la Secretaria en funciones de Jueza de Distrito el Secretario hace constar que las partes no las ofrecieron. La Secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Al no existir medio de convicción pendiente de relacionar, admitir o desahogar, se cierra esta fase y se ordena pasar a la siguiente. Se apertura el periodo de alegatos, en el que a instancia de la Secretaria en funciones de Jueza de Distrito el Secretario hace constar que las partes no los formularon y el Agente del Ministerio Público adscrito no presentó pedimento. La Secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Se cierra esta fase de alegatos. Concluidas las citadas etapas, se procede resolver sobre la suspensión definitiva. VISTOS los autos del incidente de suspensión 1371/2023: ANTECEDENTE Y TRÁMITE PRIMERO. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnado a este tribunal, la parte quejosa Joaquín Alberto Landeros Guicho reclamó la multa que le fue impuesta en auto de veintinueve de agosto del año en curso, equivalente a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, dentro del expediente 4/2019-I, del registro de la Sala responsable y la ejecución de esa sanción. SEGUNDO. El trece de noviembre del año en curso, este Juzgado proveyó respecto la suspensión provisional, ordenó solicitar informes previos y fijó fecha para la audiencia incidental. DECISIÓN JURISDICCIONAL PRIMERO. Actos reclamados. La multa que le fue impuesta al quejoso en auto de veintinueve de agosto del año en curso, equivalente a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, dentro del expediente 4/2019-I, del registro de la Sala responsable y la ejecución de esa sanción SEGUNDO. Actos existentes. La Magistrada de la Sala Regional Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, al rendir informe previo acepto la existencia de los actos reclamados. TERCERO. Concesión de la medida. Las exigencias legales y naturales para otorgar la medida están satisfechas, según se explica: Los efectos del acto reclamado son de carácter positivo al tratarse de la imposición de multa a la quejosa, esto es, existe actuación de la autoridad responsable, por lo que su naturaleza permite su paralización. Lo solicitó la parte quejosa (artículo 128, fracción I) y, además, está acreditado su interés para obtener la suspensión, con las manifestaciones que formula bajo protesta de decir verdad en el sentido de que en veintinueve de agosto del año en curso, se le impuso dentro del expediente 4/2019-I la multa que reclama, aunado con las manifestaciones realizadas por la Magistrada de la sala responsable en si informe previo, por ende, es evidente que funge como parte en dicho sumario. No se advierte que con el otorgamiento de la suspensión se prive a la colectividad de algún beneficio que le otorguen las leyes ni se le infiere daño que de otra manera no resentiría, de donde se presume que satisfizo los requisitos legales para ello; de ahí que con la medida no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público (artículo 128, fracción II). Al respecto es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultarle en la página 58, Volumen 47, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN. La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría. En tal consideración, dado que la promovente solicitó la medida, se tuvo acreditado el interés, no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, con fundamento en los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo se le concede la suspensión del acto reclamado a efecto que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se ejecute el cobro de la multa impuesta en su contra hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables el auto mediante el cual cause ejecutoria la sentencia que resuelva el fondo del asunto. CUARTO. Efectividad de la suspensión. Así, con fundamento en los artículos 135 y 136 de la Ley de Amparo, la medida suspensiva en cuestión surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no constituye garantizar el interés fiscal equivalente a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, ante la autoridad exactora, por cualquiera de los medios permitidos por las leyes aplicables. En la inteligencia, que la parte quejosa deberá acreditar en el plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del presente proveído, que garantizó el interés fiscal en los términos señalados en el párrafo que antecede. Sin que ello signifique que en caso de haber sido ejecutado el acto reclamado, se deje sin efecto dicha determinación, pues de hacerlo equivaldría a darle a la medida cautelar otorgada efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se pronunciará en el fondo del juicio de amparo respectivo. Es aplicable, como ilustrativa, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 74/2006, publicada en la página 330, Tomo XXIII, Mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES. SURTE SUS EFECTOS DE INMEDIATO, PERO SU EFECTIVIDAD ESTÁ SUJETA A QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL JUEZ (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 43/2001). El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo la jurisprudencia P./J. 43/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 268, con el rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.", criterio que también es aplicable respecto de la garantía prevista en el artículo 135 de la Ley de Amparo, que prevé la suspensión cuando se reclama el cobro de contribuciones, ya que, en primer lugar, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia de mérito, se señaló expresamente que los requisitos de procedencia de la suspensión (a petición de parte) son aquellas condiciones que se deben reunir para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión y que éstas se prevén en el artículo 124 de la Ley de Amparo, mientras que los requisitos de efectividad están contenidos en los artículos 125, 135, 136 y 139 de la misma Ley, dependiendo de la naturaleza del acto reclamado, y se constituyen por las condiciones que el quejoso debe llenar para que surta efectos la suspensión concedida; y que a diferencia de los requisitos de procedencia de la suspensión, los de efectividad se refieren a la causación de los efectos de dicha medida, por lo que bien puede acontecer que la suspensión haya sido concedida por estar colmadas las condiciones de su procedencia y que, sin embargo, no opere la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias, por no haberse aún cumplido los requisitos que la ley señala para su efectividad. En segundo lugar, porque la ratio legis de la garantía prevista en el artículo 135 de la Ley de Amparo tiende a satisfacer los fines relativos a salvaguardar, mediante la garantía, el interés fiscal de la Federación, Estado o Municipio; es decir, garantizar que el quejoso cubrirá el crédito fiscal que combate mediante el juicio de amparo, que esencialmente se asemejan a los perseguidos por los artículos 125, 130 y 139 de la Ley señalada, los cuales se examinan en la ejecutoria de mérito; por tanto, atendiendo al principio de derecho que establece "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición", ha de sostenerse válidamente que los argumentos contenidos en la tesis de jurisprudencia, encaminados a determinar que la suspensión provisional surte sus efectos de inmediato y durante el plazo de 5 días que establece el citado artículo 139, para dar oportunidad a que el quejoso exhiba la garantía fijada, a la que se encuentra sujeta su oportunidad, pueden ser aplicados respecto de la suspensión provisional en materia fiscal, cuando se reclama el cobro de contribuciones. QUINTO. Diferimiento. En otro orden de ideas, toda vez que no se cuenta con el informe previo de la responsable Servicio de Administración Tributaria del Gobierno del Estado de Sinaloa, ni con la constancia de notificación del oficio mediante el cual se le hace esa solicitud; por tanto, se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo la audiencia incidental respecto de la particular señalado como responsable. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. SE CONCEDE la suspensión definitiva, para los efectos precisados en el tercer considerando de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se señalan NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para la celebración de la audiencia incidental respecto de la autoridad señalada en el considerando quinto. Notifíquese. Así lo resolvió la licenciada Gladis Lobo Inzunza, Secretaria en funciones de Jueza, en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, conforme al oficio SEADS/2531/2023 de quince de noviembre de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 175, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con el artículo 44, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los Lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a 15 días y en casos de impedimento, asistida del licenciado José Leónides Miguel Santos Cortés, Secretario que da fe..
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