Jhoxy Ángel Leyva Hernández

Expediente 925/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
925/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
03/11/2022

Partes del expediente

  • Jhoxy Ángel Leyva Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, tres de noviembre de dos mil veintidós. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la sentencia dictada en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, trece de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos sin mayor proveído el informe justificado rendido por el Presidente por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; lo anterior, en razón de que el seis de octubre del año en curso se dictó sentencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante José Leónides Miguel Santos Cortés, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    El Secretario da cuenta con las constancias relevantes, entre ellas: demanda de amparo, auto admisorio y notificación a las partes. Asimismo, el Secretario da cuenta al Juez y certifica que antes de la hora programada para la presente audiencia, la autoridad responsable no rindió su informe justificado. El Juez acuerda: Téngase hecha la anterior relación de constancias, lo que será tomado en consideración al momento de dictar la resolución correspondiente; apertúrese la siguiente etapa. Se abre el período de pruebas, en el que a solicitud del Juez el Secretario hace constar que las partes no ofrecieron prueba alguna. El Juez acuerda: Al no existir medio de convicción a desahogar, se cierra esta fase y se ordena pasar a la siguiente. Se apertura el periodo de alegatos, en el que a instancia del Juez el Secretario hace constar que las partes no los formularon. El Juez acuerda: Se cierra esta fase de alegatos. Concluidas las etapas de pruebas y alegatos, se procede a dictar la correspondiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 925/2022. TRÁMITE: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el dos de septiembre de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Culiacán Rosales, Sinaloa, Jhoxy Ángel Leyva Hernández solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la Junta Especial treinta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de seis de septiembre siguiente se admitió a trámite la demanda, se ordenó solicitar informe justificado a las autoridades responsables, dar intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede. RESOLUCIÓN PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo en virtud que se reclaman omisiones atribuidas a autoridades con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Actos reclamados. El quejoso reclama de la Junta especial treinta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa: La omisión de acordar sobre la admisión y calificación de pruebas en el juicio laboral JE35-361/2018. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo se presume cierto el acto reclamado al haber sido omisa la autoridad responsable en rendir su informe justificado a pesar de encontrarse debidamente notificada como se advierte de la constancia de notificación respectiva. CUARTO. Causa de improcedencia. En el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el ordinal 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo por las siguientes consideraciones. Los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República; y, 5, fracción I, de la Ley de Amparo establecen uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de instancia de parte agraviada; conforme al cual, dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado, lo que implica la necesidad de la demostración de la generación de algún agravio personal, directo, actual o inminente -interés jurídico-; o bien, quien acredite la afectación virtud su especial situación frente al orden jurídico -interés legítimo-. Esto es, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé protección más amplia mediante el juicio de amparo a través del interés legítimo. Aunque se debe aclarar que dichos preceptos determinan que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; esto es, debe tener interés jurídico para instar la vía constitucional, de ahí que, en esos supuestos, se descarta la posibilidad de alegar interés legítimo. En concordancia con lo anterior, el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone la improcedencia del juicio de garantías contra actos que no afecten el interés jurídico del quejoso. De tal manera, uno de los presupuestos de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, lo cual consiste en la comprobación de la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos afectados por el acto de autoridad reclamado; por lo que si no se demuestra ese extremo en forma fehaciente, por consecuencia el juicio de amparo es improcedente. Existe interés jurídico cuando el acto reclamado lesiona de manera efectiva la esfera jurídica del quejoso, ya sea en su persona o patrimonio; eso es lo que provoca el fundamento de la acción constitucional. En esa virtud, la tutela del derecho sólo abarca bienes jurídicos reales y objetivos, motivo por el cual las afectaciones producidas al amparista deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir perjuicio. En el anterior sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, visible en la página 225, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Enero de 2018, con registro 170500, donde se lee: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Entonces, tratándose de actuaciones jurisdiccionales es menester que el acto de autoridad afecte la esfera de derechos del gobernado de manera efectiva y directa, para que éste pueda acudir al juicio de garantías a reprocharlo; de lo contrario, el juicio constitucional resulta improcedente. El análisis del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa reclama, la omisión de acordar sobre la admisión y calificación de pruebas en el juicio laboral JE35-361/2018. De acuerdo al capítulo correspondiente de este fallo, los actos reclamados se presumieron ciertos ante la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado, sin embargo, tal presunción atañe solo a la convicción de aquéllos, no así a la de los actos o hechos en que la parte quejosa funda su demanda de amparo. De tal manera, al amparista correspondía demostrar que es parte en el juicio laboral fuente de los actos reclamados, solo de esa manera demostraría que los actos de los que se duele afectan su esfera de derechos; de lo contrario, esto es, de no demostrar ser parte, luego aun ante la certeza de los actos reclamados éstos no afectarían sus prerrogativas fundamentales, pues precisamente su calidad de parte procesal es lo que haría que se afectaran sus derechos. Por tanto, ante la falta de medio de convicción que ratifique el dicho de la parte quejosa de que es parte en el juicio del que derivan los actos reclamados, determina la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 23/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, Libro 5, Tomo I, Abril de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2006144, de rubro: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. También es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 50/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en la página 304, Tomo VI, Octubre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con registro 197499, de rubro: LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Jurisprudencias aún vigentes en términos del artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo al no oponerse a sus disposiciones. En esas condiciones, como la parte quejosa no acreditó ser parte en el juicio laboral carece de interés jurídico para impugnar las actuaciones de dicho procedimiento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el ordinal 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo con apoyo en el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio. Notifíquese.

  4. Principal

    Culiacán, Sinaloa, seis de septiembre de dos mil veintidós. I. Parte quejosa. Jhoxy Ángel Leyva Hernández. II. Admisión y formación del expediente. Al satisfacer los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 115 de esa legislación se admite la demanda de amparo; por tanto, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno y dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención correspondiente. Sin tramitarse incidente de suspensión por no existir solicitud al respecto. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo apertúrese el expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente físico. III. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el numeral 21 de la citada legislación, se habilitan días y horas a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. IV. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL SEIS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. V. Celebración de la audiencia constitucional. Dada la contingencia sanitaria, de conformidad con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Conejo de la Judicatura Federal, la audiencia constitucional tendrá lugar con los escritos presentados de manera física o electrónica, esto es, sin presencia de las partes. Sin embargo, en términos de los artículos 25 y 26 del citado Acuerdo, en caso que sea indispensable la intervención presencial de las partes, por ser necesaria para el desahogo de laguna probanza, diligencia o ejercer su derecho de alegar de manera verbal, por regla general su desahogo se realizará a través de videoconferencias. Por ello, los intervinientes deberán proporcionar número telefónico y correo electrónico para establecer contacto, así como contar con equipo de cómputo que cumpla con los requerimientos tecnológicos necesarios o a través de dispositivo móvil (teléfono celular o tableta), en este último caso deberán descargar la aplicación Webex Meetings; lo anterior, a fin de realizar las gestiones para que puedan acceder a la audiencia respectiva por videoconferencia. La parte interesada deberá realizar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído de conformidad con lo previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, de lo contrario, la audiencia tendrá verificativo sin su presencia. En caso que sea indispensable la intervención presencial de las partes y no sea posible desahogar la audiencia a través de videoconferencia, de manera excepcional podrán comparecer a las instalaciones de este Juzgado de Distrito; para ello, deberán registrar la cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, micrositio Servicios Jurisdiccionales y el sistema Agenda OJ; de considerarlo necesario, en su caso este Órgano Jurisdiccional expedirá los códigos QR para que las partes puedan acceder a las instalaciones. VI. Informes y constancias. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente en que reciba el oficio en que se le solicita; para lo cual, en su caso, deberá remitir copia certificada completa y legible de las constancias del expediente fuente de los actos reclamados, incluidas las que no se hayan incorporado al expediente y estén a su disposición; apercibida que de no rendir su informe justificado, con sustento en el segundo de los anteriores preceptos legales se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. También apercibida que de no rendir el informe solicitado o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para la solución de este juicio constitucional o las remita incompletas o ilegibles total o parcialmente, se le impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización con fundamento en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Las constancias que en apoyo a su informe justificado remita, deberán contener en original folio, rubrica, entre sello y la certificación correspondiente, en términos del artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia; apercibida que no hacerlo así, se hará efectivo el apercibimiento precisado. VII. Obligación de las autoridades de recibir oficios. De conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo las autoridades responsables o, en su caso, el encargado de la oficina de recibir su correspondencia, están obligados a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les remitan, por lo que en caso de negativa injustificada se tendrá hecha la notificación así como los apercibimientos respectivos y, de ser así, serán responsables del incumplimiento del acuerdo o resolución en cuestión. Lo anterior, aun cuando no sea del todo correcta la denominación realizada por la parte quejosa, pues de no ser sustancial la imprecisión de su denominación que no impida su identificación y no exista duda o resulte evidente que sea esa la autoridad responsable deberá recibir los oficios enviados. En el entendido que podrán y deberán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su informe; por tanto, de no recibir el oficio respectivo el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. A las autoridades responsables sólo se les notificarán por oficio los proveídos y resoluciones de mayor trascendencia, esto en con sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, visible en la página 1253, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. VIII. Señalamiento erróneo de la denominación de las autoridades responsables. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo establece a la parte quejosa la obligación de señalar con precisión a las autoridades responsables, por lo que si incurrió en imprecisión sustancial en la denominación de aquéllas que impida su identificación, sin mayor trámite se tendrán como inexistentes y se suspenderá la comunicación con ellas; salvo que antes de la celebración de la audiencia constitucional de las constancias se advierta o el quejoso proporcione su denominación correcta. IX. Presentación de promociones. Cuando no puedan ser remitidas vía electrónica, las promociones o cualquier documento que las partes, las autoridades o cualquier persona interesada deseen presentar de manera física serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal que residen en Culiacán, Sinaloa. Con el fin de respetar la política de sana distancia aplicada a la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad Covid-19, deberá privilegiarse el trabajo a distancia mediante el uso de las herramientas electrónicas necesarias, cualquier oficio, documento o promoción que las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito daban enviar a este órgano judicial, deberá ser remitido al correo electrónico oficial: 2jdo12cto@correo.cjf.gob.mx; por dicho medio se les acusara recibo. X. Causas de improcedencia. En observancia del artículo 64 de la Ley de Amparo, las partes deberán comunicar a este Juzgado cuando tengan conocimiento de alguna causa improcedencia o de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, con apoyo en el numeral 251 de referida legislación en relación con el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. XI. Juicio en línea. Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma); lo cual les permitiría la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones vía electrónica. De conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el acceso otorgado a las partes, sus representantes o autorizados para consultar los expedientes electrónicos no implica permiso para notificarles electrónicamente de resoluciones judiciales. De ahí que no basta que la demanda de amparo haya sido presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o hayan solicitado el acceso al expediente electrónico, pues en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es indispensable que soliciten expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del Nombre de Usuario que crearon al registrarse en el Portal. Por lo que el hecho que en, su caso, el asunto se haya iniciado de manera tradicional, no es impedimento para transitar al esquema de juicio en línea. XII. Envío electrónico de constancias. Con sustento en el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, al enviar constancias adjuntas a los informes justificados o escritos, la parte que los envíe, incluidas las autoridades responsables, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que son copia íntegra e inalterada del documento original. Apercibidos que de no cumplir con lo anterior, se impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del decreto por el que reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Aunado a que se les dará tratamiento de copias simples de los documentos reproducidos. XIII. Formas especiales y expeditas de contacto. Se requiere a las partes para que en el plazo de tres días propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. XIV. Presencia en el órgano jurisdiccional. De conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, que la parte interesada deberá agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio Servicios Jurisdiccionales y el sistema Agenda OJ, donde aparecen las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, este Juzgado de Distrito generará la cita correspondiente cuando requiera la presencia física de alguna de las partes o de personas persona diversa, para el desahogo de algún requerimiento o para participar en alguna diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo- XV. Copias. Se autoriza la expedición de copias a costa de parte interesada, así como el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que requieran del presente expediente, siempre y cuando no se trate de documentos que a consideración de este órgano jurisdiccional contengan datos sensibles o sobre los cuales deba guardarse sigilo. En el entendido que la entrega de copias estará limitada a que sea posible su reproducción por el prestador de servicios de fotocopiado que está en este edificio sede, virtud que en términos de lo establecido en el referido Acuerdo General 21/2020 el horario y personal que puede acceder a este órgano jurisdiccional es limitado. XVI. Tercero interesado. Se reserva proveer lo conducente a la parte tercero interesada, hasta en tanto se cuente con los informes justificados de las autoridades responsables, o en su caso, las constancias del procedimiento de origen. XVII. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo y para tales efectos a las personas que menciona. XVIII. Instrucción a los actuarios. Se instruye a la actuaria o actuario encargado de este expediente que los oficios derivados de la tramitación de este juicio deberán ser remitidos vía correo electrónico, para lo cual deberá consultar el listado que está en el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes o, en su caso, solicitarlo vía telefónica a las autoridades a las que se dirija el oficio correspondiente, para lo cual debe confirmar su recepción y levantar razón de ello. En caso de no ser posible la entrega (o confirmar su recepción) por dicha vía, la actuaria o el actuario deberá entregar los oficios de manera física cuando las autoridades estén dentro de la residencia de este juzgado; así como enviarlos mediante correo certificado o mensajería acelerada cuando los oficios sean dirigidos a autoridades foráneas. Dadas las medidas de protección establecidas por el Consejo de la Judicatura Federal, se instruye los actuarios que en caso de llevar a cabo la notificación de oficios de manera física, así como al realizar notificaciones personales a las demás partes, deberá observar de manera estricta el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF. XIX. Pruebas. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la ley en comento, se admiten las pruebas documentales, sin perjuicio de hacer relación de ellas, el día que tenga verificativo la audiencia de derecho. Respecto de la prueba de inspección ocular, se desecha toda vez que la parte quejosa las ofrece con el único objetivo de verificar el estado procesal del juicio JE35-361/2018 del índice de la responsable, debido que al rendir informe justificado la junta responsable deberá remitir copia certificada de las constancias con las que sustente su dicho. XX. Transparencia y acceso a la información. Cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos conforme a la ley de la materia. Notifíquese.

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