JOAN COO ORTA y Otros.

Expediente 614/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
614/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
04/08/2021

Partes del expediente

  • JOAN COO ORTA y Otros.
  • YEILANIS LEYVA CROSSEILT y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante auto de trece de julio de dos mil veintiuno se ordenó el archivo del presente asunto al quedar firme el acuerdo por el cual se tuvo por no presentada la demanda; sin embargo, la calificación del expediente para archivo se fijó de forma errónea. En efecto, en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), el presente asunto en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso b), del ordenamiento en cita, sería susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, tal y como se proveyó mediante acuerdo de trece de julio de dos mil veintiuno; sin embargo, al haberse concedido la medida cautelar consistente en la suspensión de oficio y de plano en contra de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Finalmente, se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente físico, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de veintinueve de junio, donde se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, el expediente es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído. Finalmente, se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente físico, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la promovente Mónica Vázquez Hernández; personalmente a los quejosos directos 1. Yeilanis Leyva Crosseilt y 2. Joan Coo Orta, en el lugar donde se encuentran privados de su libertad, en el entendido de que si el actuario es informado que han sido trasladados a un diverso lugar de reclusión o retención, sin previo acuerdo, deberá constituirse al nuevo lugar siempre y cuando se encuentre dentro de la zona conurbada descrita en este auto, para lo cual deberá indagar sobre su paradero; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Radicación. Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese la demanda de cuenta con el número 614/2021 que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo indirecto que se lleva en este Juzgado. Cuestiones preliminares. En ese tenor, de la demanda de cuenta se advierte que la promovente Mónica Vázquez Hernández, a favor y en nombre de 1. Yeilanis Leyva Crosseilt y 2. Joan Coo Orta, reclama a) la incomunicación; b) el aseguramiento, alojamiento y/o detención, dictados en su contra; c) la falta de notificación de cualquiera de dichas determinaciones; d) la falta de emitir la orden de salida de su estancia provisional; y, e) su deportación, los cuales se encuentran proscritos en el artículo 22, primer párrafo, Constitucional y, por ende, entran en el catálogo que prevé el artículo 15 de la ley de la materia. De ahí que se cumplan con los requisitos para la recepción y tramitación de la presente demanda bajo el esquema de "caso urgente". Por otro lado, de propia la certificación secretarial se aprecia que la demanda, con la que se da cuenta, fue presentada el veintiocho de junio pasado -electrónicamente- ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y que la misma cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del AG12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, misma que se tiene a la vista y acredita que la promovente es titular de la firma electrónica que la autoriza para enviar promociones de conformidad con el artículo 3, quinto párrafo de la Ley de Amparo. Asimismo, se aprecia que dicha signatura electrónica se encuentra vigente. Trámite. Con fundamento en lo que disponen los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 15, 20, 35, 37, 107 y 109 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se tramita la demanda de amparo promovida por Mónica Vázquez Hernández, a favor y en nombre de 1. Yeilanis Leyva Crosseilt y 2. Joan Coo Orta, contra actos atribuidos al 1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Puebla y a la 2. Subdirección de la Estación Migratoria Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación en el Estado de Puebla. Suspensión de Oficio y de Plano. Conviene destacar que del estudio integral de la demanda se advierte que Mónica Vázquez Hernández, a favor y en nombre de 1. Yeilanis Leyva Crosseilt y 2. Joan Coo Orta, señala como actos reclamados en la presente instancia a) su incomunicación, b) el aseguramiento, alojamiento y/o detención, dictados en su contra; c) la falta de notificación de cualquiera de dichas determinaciones; d) la falta de emitir la orden de salida de su estancia provisional; y, e) su deportación; y solicita la suspensión de los actos reclamados identificados con los incisos "a)", "b)" y "e)". Asimismo, manifestó ".la migrante de nombre Yeilanis padece ansiedad y no ha recibido la atención médica adecuada.". En ese tenor, se provee sobre la suspensión de plano en los siguientes términos: I. Incomunicación. En virtud que la promovente señala que presenta demanda de amparo a favor y en nombre de 1. Yeilanis Leyva Crosseilt y 2. Joan Coo Orta, manifestando que se encuentran "incomunicados" en la Estación Migratoria de la ciudad de Puebla, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados, consistentes en la incomunicación o cualquiera de los actos previstos en el artículo 22, primer párrafo constitucional, para el efecto de que dichos actos cesen de manera inmediata como medida para evitar la consumación de los mismos. En el entendido, que las autoridades responsables deberán permitir a los quejosos directos tengan comunicación con sus abogados y/o familiares, quedando bajo su estricta responsabilidad implementar los horarios y condiciones de seguridad para tal fin. II. Atención médica. Atento a que la promovente manifiesta que la quejosa Yeilanis Leyva Crosseilt requiere de atención médica, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión, para el efecto de que las autoridades que tengan a su disposición dicha quejosa, le proporcionen la atención médica que requiera según el padecimiento que sufra. III. Suspensión de plano decretada en caso de que la detención o privación de la libertad con fines de deportación o expulsión del país, se hubiera decretado fuera de procedimiento. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para el efecto de que no se ejecute en contra de los quejosos Yeilanis Leyva Crosseilt y Joan Coo Orta la deportación o expulsión del territorio nacional fuera de procedimiento judicial; asimismo, para el efecto de que aquéllos queden en el lugar donde se encuentren a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que en caso de que a los quejosos se les impute la comisión de algún delito, sean puestos a disposición de la autoridad que corresponda, lo que deberá ser informado inmediatamente por las autoridades responsables. Asimismo, la presente suspensión no surtirá sus efectos si los actos reclamados derivan de la orden emitida por autoridad judicial o administrativa competente dentro de un procedimiento. IV. Detención y deportación emitidas en un procedimiento administrativo migratorio. Ahora bien, en el supuesto de que los ahora quejosos Yeilanis Leyva Crosseilt y Joan Coo Orta se encuentren sometidos a un procedimiento administrativo migratorio para lograr su deportación a su lugar de origen, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para que los mismos no sean deportados por cualquier autoridad migratoria, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 11 Constitucional y numerales 1 y 102 de la Ley de Migración, esta medida cautelar tiene el efecto de que la autoridad migratoria que los tenga a su disposición los ponga en inmediata libertad, siempre y cuando los quejosos Yeilanis Leyva Crosseilt y Joan Coo Orta, previamente, realicen lo siguiente: a) Otorguen una garantía suficiente a satisfacción y en los términos que precise la autoridad migratoria correspondiente, en este caso, ante la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, ubicada en Avenida Reforma, número 1907, de la ciudad de Puebla, la cual podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley; b) Establezcan un domicilio o lugar en el que permanecerán, el cual deberá ser comunicado al Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad; y, d) Presentar ante la autoridad migratoria una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Lo que se deberá informar a este este juzgado justo después de que la autoridad migratoria competente decida dejarlos en libertad y se cumplan con las medidas impuestas. A su vez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley de Migración, dígase a las autoridades migratorias que cuando los quejosos comparezcan ante ellas para cumplir con las medidas de aseguramiento fijadas, deberán proporcionarle la siguiente información: a) Sus derechos y garantías de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano; b) El motivo del inicio del procedimiento administrativo; c) Los requisitos establecidos para su admisión en el país, sus derechos y obligaciones de acuerdo con lo establecido por la legislación aplicable; d) La notificación inmediata al consulado del país del cual manifiesta ser nacional (Cubano), excepto en el caso de que el extranjero pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado; e) La posibilidad de regularizar su situación migratoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración, y f) La posibilidad de constituir garantía en los términos del artículo 102 de esta Ley. ( Justificación de los efectos de la suspensión con efectos restitutorios. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 255/2015, determinó que conforme al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de que la medida suspensional tenga como efecto restablecer provisionalmente a los quejosos en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. En efecto, consideró que al ampliarse los alcances de los efectos de la medida cautelar de suspensión en no sólo a mantener un estado de cosas, sino también al restablecimiento en el goce de los derechos, poco importaría si el acto reclamado ya se efectuó, mientras sea jurídica y materialmente posible mantener al quejoso en el goce de su derecho, durante la tramitación del juicio, una vez que hecha la ponderación de la apariencia del buen derecho y el interés social. Concluyendo que la medida suspensional también puede tener efectos de un amparo provisional. Ahora bien, en la suspensión del acto reclamado en la materia penal, el artículo 162 de la Ley de Amparo también lleva implícitos los efectos restitutorios a los que se hace mención, ya que indica que cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad -sin distinguir si fue emanado fuera o dentro de procedimiento penal-, la suspensión tendrá por efecto que dicho acto no se ejecute o cese inmediatamente, para lo cual el órgano de amparo podrá tomar las medidas que aseguren que los quejosos no evadan la acción de la justicia, entre ellas, la exhibición de una garantía, la obligación de presentarse ante la autoridad que lleva el proceso y ante quien concedió la suspensión cuantas veces sea exigido. De ahí que si los quejosos no cumplen con las medidas de aseguramiento que le fueran impuestas por la autoridad migratoria, con fundamento en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, la suspensión de plano únicamente tendrá el efecto de que éstos sigan a disposición de las autoridades en el lugar donde se encuentren, para la continuación del procedimiento migratorio que se les instruye, y a la de este juzgado por cuanto hace a su libertad personal, sin que puedan ser deportados o expulsados del país, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Ahora bien, se estima que el último criterio reseñado aplica al caso, no obstante que se haya interpretado la "parte general" de la suspensión del acto reclamado, en la que se permite ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social, toda vez que sería incongruente que los derechos que la suspensión del acto, regulada en esa parte general, tengan mayor relevancia que la libertad, aunado a que los únicos requisitos para que se pueda conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios provisionales son que sea jurídica y materialmente posible. ( Excepción a los efectos de la suspensión concedida para ponerlos en libertad. En caso de que se actualice el supuesto contenido en el artículo 144, fracción IV, de la Ley de Migración, es decir, en la hipótesis de que los quejosos Yeilanis Leyva Crosseilt y Joan Coo Orta estén sujetos a proceso penal o hayan sido condenados por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública, con fundamento en el artículo 160 de la Ley de Amparo, la suspensión concedida únicamente tendrá el efecto de que una vez detenidos por la autoridad migratoria y alojados en la estación correspondiente, continúe el procedimiento migratorio que se les instruye y los interesados queden en el lugar donde se encuentren a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, en el entendido de que la deportación o la expulsión no deberá ejecutarse, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. Asimismo, la autoridad migratoria deberá informar de manera inmediata al agente del ministerio público que los quejosos se encuentran a su disposición para que actúe conforme a lo previsto en el artículo 21 Constitucional. Requerimiento de informe. Hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables, que deberán acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad e informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá a cada una y por separado, una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las indicadas autoridades que la violación de este mandamiento constituye un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. Asimismo, hágaseles saber que podrán emitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado 961-138-5495; y, que el licenciado Víctor Hugo Jiménez Loranca, es el secretario encargado de llevar el trámite del presente expediente, quien cuenta con teléfono móvil 2221085566 y correo electrónico institucional victor.jimenez.loranca@correo.cjf.gob.mx, así como correo electrónico personal la.mesa.a@hotmail.com, para recibir dicha información. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas voluminosas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. Ratificación de la demanda. Con fundamento en los artículos 21, último párrafo de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se faculta al actuario de la adscripción, a fin de que previamente las formalidades de Ley, se avoque a la localización de los quejosos 1. Yeilanis Leyva Crosseilt y 2. Joan Coo Orta, para lo cual deberá constituirse en la estación migratoria de la ciudad de Puebla; y, una vez localizados, les requieran para que en ese acto o dentro del término de tres días legalmente computado, realicen lo siguiente: ( Manifiesten si ratifican o no la presente demanda de derechos fundamentales promovida en su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Además, signifíquese al actuario que al localizar a los quejosos deberá: a) Ratificar a la autoridad ante quien estén detenidos los quejosos, la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional; b) Asentar las condiciones físicas en que se encuentran los quejosos, preguntarles si se les ha permitido comunicarse con su defensor o abogado, familiares o personas de confianza, si saben el motivo por el cual se encuentran detenidos y si han sufrido alguno de los actos previstos por el artículo 22 Constitucional; y, c) Asentar las condiciones del lugar en el que están detenidos los quejosos, esto es, si cuentan con una adecuada ventilación y medidas de higiene suficientes para su estancia en detención. Prevención. Ahora bien, antes de proveer sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y IV, en relación con el diverso 108, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a los quejosos para que, dentro del término de cinco días computado legalmente, den cumplimiento a lo siguiente: Primero. Aclaren los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Lo anterior, ya de la lectura de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, no se advierte claramente cómo tuvo conocimiento la promovente de demanda de la situación y los deseos de los directos quejosos, ya que uno de los actos reclamados en el ocurso que se provee en precisamente su incomunicación, por lo que no pudieron ser ellos los que solicitaran directamente a la promovente la interposición de la solicitud del amparo y protección de esta autoridad federal; en ese sentido, deberán aclarar cómo o a través de qué medio realizaron a la accionante constitucional la petición de promover el presente controvertido constitucional En el entendido de que, la promovente de amparo narró los hechos bajo protesta de decir verdad, es decir, con sujeción a la verdad. Esto es así, pues al señalar el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que la parte quejosa manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo de la parte quejosa de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. En ese tenor, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, la parte quejosa incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo. Por tanto, al ser obscura la demanda en ese aspecto, procede efectuar la presente prevención. Segundo. Manifieste si es su deseo o no, señalar como actos reclamados destacados 1. la falta de atención medica por cuanto a la quejosa Yeilanis Leyva Crosseilt; 2.la falta de asesoría legal; 3. la falta de representación consular; y, 4.la falta de tramitación para la solicitud de condición de refugiados. Lo anterior, pues en el apartado de los antecedentes de los actos reclamados, entre otras cosas, se desprende lo siguiente: "(.) . 2.- el veintisiete de junio de dos mil veintiuno, a través de una llamada telefónica se hizo del conocimiento de la suscrita que los migrantes anteriormente mencionados requerían solicitar el amparo y protección de la justicia federal, por encontrarse internos en la estación migratoria en esta Ciudad de Puebla bajo condiciones de mucho stress ya qué incluso la migrante de nombre Yeilanis padece ansiedad y no ha recibido la atención médica adecuada, y que hasta la fecha se encuentran con ausencia de asesoría legal, ausencia de representación consular, ausencia de tramitación para la solicitud de condiciones de refugiado ente la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, entre otros; ante ello y con el carácter de urgente que la situación amerita, es que vengo a promover el amparo y protección de la justicia federal en favor de cada uno de los quejosos ya nombrados. (.)" Por lo que se pudiera considerar que dichas actuaciones por parte de las autoridades responsables constituyen afectaciones a los directos quejosos, por lo que conviene prevenirlos para aclarar dicha situación. Lo anterior es así, ya que de omitir esa prevención, se incurriría en una violación a las normas fundamentales que rigen en el juicio de amparo que pudiera trascender al resultado de la sentencia, aun si se concediere la protección constitucional a la parte quejosa en contra de los actos reclamados en primer lugar precisados, porque la debida integración de la litis constitucional constituye una cuestión de orden público que es necesario realizar en aras del mandato de una justicia completa, contenido en el artículo 17 de la Ley Fundamental. Así, de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades debe señalarse con claridad y precisión, ya que esta autoridad Federal no puede presumir cuál es el acto reclamado a ésta, dado que es un requisito de forma de la demanda que la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame sea señalado con exactitud, en virtud de que a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de derechos fundamentales. Esto es, de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe señalarse la norma general, acto u omisión reclamado), en relación con el 74 fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contender la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley Reglamentaria del juicio de amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Hágase del conocimiento de la parte promovente, que la presente prevención es con el fin de que subsane la irregularidad ya precisada, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. Apercibimiento de no cumplir prevención. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo requerido, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, signifíquese a la parte quejosa que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, se deberá presentar el escrito aclaratorio signado por ésta y no por conducto de las personas que autoriza o autorizará en términos del artículo 12 de la ley de la materia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Vista a ministerio público. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda. Incidente de suspensión. No es necesario abrir incidente de suspensión, cuenta habida que los efectos de la suspensión de plano, abarcan aquellos que en su caso se decretarían con el trámite de la medida cautelar provisional. Autorizados Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Mónica Vázquez Hernández, Juan José Gutiérrez Rosete, Martha Butrón Jiménez, Víctor Manuel Gutiérrez Morales, Francisco Cuevas Pozos y a Alejandro García Bautista, atento a que después de ingresar a https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action se constató que cuentan con cédulas profesionales de licenciados en Derecho; y, en términos restringidos de dicho numeral, esto es, sólo para oír notificaciones e imponerse de autos, a las restantes personas señaladas, por así solicitarse expresamente. No ha lugar a tener como medio de notificación el correo electrónico que proporciona la promovente para tal efecto; sin embargo, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase únicamente como medio para establecer un contacto en este período de contingencia, sin que ello implique que puedan presentar promociones ni notificarse por ese medio. Consulta del expediente electrónico y notificaciones vía electrónica (juicio "en línea"). En virtud de que la promovente solicitó el acceso electrónico al presente juicio de amparo y su consulta electrónica, en atención al acuerdo general 21/2020 que privilegia las actuaciones en línea, y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se provee: Como lo solicita la promovente, en atención a que de una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se advierte que su usuario: "MONISANZ08" y el de su autorizada en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo Ariana Eloisa Rodríguez Castillo: "ARICASTILLO", se encuentran vigentes; con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 del AG12/2020, se otorga a la promovente y a dicha autorizada el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, con base en lo dispuesto por los artículos 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, así como en lo preceptuado en los numerales 34 a 41 y 55 a 67 del referido AG12/2020, realícense las notificaciones que le correspondan a Mónica Vázquez Hernández o a Ariana Eloisa Rodríguez Castillo mediante los usuarios "MONISANZ08" y "ARICASTILLO" -respectivamente-, los cuales se encuentran vigentes. Signifíquese a la parte interesada que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Asimismo, deberá tomar en cuenta que el trámite que se dará a su aviso de falla, se seguirá según el procedimiento previsto en los últimos dos preceptos referidos del acuerdo general. Hágase del conocimiento del Oficial Judicial "A" -antes analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes- adscrito a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. No ha lugar a acordar de conformidad la petición de la promovente, en el sentido de que sea nombrada representante especial de los directos quejosos; sin embargo, tanto ella como los diversos profesionistas designados para tal fin en la demanda de amparo se tienen como autorizados en los términos amplios que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo que los directos quejosos cuentan con la representación legal adecuada en el presente controvertido constitucional; aunado a que la figura de representante especial no opera en el caso específico, pues los directos quejosos son mayores de edad y gozan del uso de todas sus facultades. Medios electrónicos. Ahora, atendiendo a que la parte promovente solicita el uso de medios electrónicos de reproducción para la imposición de autos, se acuerda procedente dicha petición únicamente hasta este momento, esto es, al dictado de la presente resolución, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Cobran aplicación las siguientes tesis de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De las notificaciones a las autoridades. Se hace saber a las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceros interesados, que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se les ordenen realizar en este expediente, serán por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que si su denominación no es exactamente como se encuentre en su organigrama interno, ello no las exime de recibir los oficios que contengan el presente proveído, por la naturaleza de los actos reclamados. Se habilitan días y horas inhábiles. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. Autorización zona conurbada. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. Interconexión entre autoridades. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Digitalización. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en su oportunidad, procédase a la digitalización del expediente electrónico. Exhortación a las partes para continuar su juicio en línea. Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, y 2, fracción XIX, del AG13/2020, se exhorta a las partes que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para que proporcionen a este juzgado una cuenta de correo electrónico para establecer un contacto en este período de contingencia, sin que ello implique que puedan presentar promociones ni notificarse por ese medio. Notifíquese personalmente a los quejosos directos en el lugar donde se encuentran privados de su libertad en los términos aquí señalados y corriéndoles traslado a cada uno con copia autorizada de la demanda y copia certificada de la presente determinación (cada copia contendrá las evidencias criptográficas de las firmas electrónicas de los funcionarios que actúan en esta determinación, que hacen la vez de la certificación correspondiente, de conformidad con el artículo 36, segundo párrafo del AG12/2020), en el entendido de que si el actuario es informado que han sido trasladados a un diverso lugar de reclusión o retención, sin previo acuerdo, deberá constituirse al nuevo lugar siempre y cuando se encuentre dentro de la zona conurbada descrita en este auto, para lo cual deberá indagar sobre su paradero); electrónicamente a la promovente Mónica Vázquez Hernández; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por cualquier medio de comunicación interna al Oficial Judicial "A" -antes analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes- adscrito a este juzgado...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. A. Diligencia actuarial. Agréguense a los autos las diligencias practicadas este veintinueve de junio de la presente anualidad por el actuario judicial adscrito, entendidas con los directos quejosos 1. Yeilanis Leyva Crosseilt y 2. Joan Coo Orta, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, ubicada en Avenida Reforma, número 1907, de la ciudad de Puebla, en las cuales, en atención a lo ordenado en esa determinación, asentó: 1. Que requirió a los directos quejosos 1. Yeilanis Leyva Crosseilt y 2. Joan Coo Orta para que manifestaran si ratificaban o no la demanda de amparo promovida en su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no interpuesta y quedarían sin efectos las providencias dictadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo. 2. Que, en atención a dicho requerimiento, la quejosa directa 1. Yeilanis Leyva Crosseilt manifestó que no ratificaba la demanda de amparo promovida a su favor con la que se dio inicio al presente controvertido constitucional. 3. Que, en atención a ese requerimiento, el quejoso 2. Joan Coo Orta manifestó que no ratificaba la demanda de amparo promovida a su favor con la que se dio inicio al presente controvertido constitucional. 4. Que los quejosos directos se encuentran en las instalaciones principales de la Delegación Puebla del Instituto Nacional de Migración. B. Demanda por no presentada. Toda vez que de las diligencias que se provee se desprende que los quejosos directos 1. Yeilanis Leyva Crosseilt y 2. Joan Coo Orta no ratificaron la demanda de amparo interpuesta en su favor; se hace efectivo el apercibimiento con el que se les conminó y, con apoyo en el tercer párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la misma y se dejan sin efecto las providencias dictadas en el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese electrónicamente a la promovente Mónica Vázquez Hernández; personalmente a los quejosos directos 1. Yeilanis Leyva Crosseilt y 2. Joan Coo Orta, en el lugar donde se encuentran privados de su libertad, en el entendido de que si el actuario es informado que han sido trasladados a un diverso lugar de reclusión o retención, sin previo acuerdo, deberá constituirse al nuevo lugar siempre y cuando se encuentre dentro de la zona conurbada descrita en este auto, para lo cual deberá indagar sobre su paradero; y, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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