Jhovan Ordoñez Moreno y Otros.

Expediente 757/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
757/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
27/08/2019

Partes del expediente

  • Jhovan Ordoñez Moreno y Otros.
  • Jhovan Ordoñez Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Visto, agréguese a los autos el oficio 977, firmado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial 18/2019 de su índice, suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez y este órgano jurisdiccional, dentro del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, en el que la superioridad resolvió: "PRIMERO. Si existe conflicto competencial. SEGUNDO. Se declara legalmente competente al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, para conocer del juicio de amparo que nos ocupa. TERCERO. Con testimonio de esta resolución remítanse los autos al juzgado que resultó legalmente competente y envíese copia autorizada de la misma al diverso contendiente para su conocimiento y efectos legales correspondientes." Consecuentemente, acúsese el recibo de estilo correspondiente al Tribunal de alzada, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se determina que el presente cuaderno de antecedentes susceptible de destrucción; en consecuencia, al no existir documentos originales, transcurridos seis meses a partir de la fecha del presente proveído, procédase a su incineración, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo del ordenamiento en cita. Así mismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio proveniente del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual, devuelve sin diligenciar el exhorto 247/2019 (número de orden 882/2019) del índice de este juzgado Federal, en el que se le solicitó que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional notificara a los quejosos Jhovann Ordoñez Moreno y Benigno Manrique Barrios, el auto de siete de agosto de la presente anualidad, por los motivos que expone. Por tanto, dese de baja el exhorto del índice de este juzgado en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Además, no ha lugar a acusar recibo de la comunicación oficial que se recibió vía interconexión, dado que el sistema lo genera automáticamente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a los citados quejosos el auto de siete de agosto pasado, el presente proveído y los subsecuentes, incluso los de carácter personal, por medio de lista de acuerdos. Finalmente, agréguese a los autos oficio 23728/2019, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual informa que remitió los autos del juicio de amparo 831/2019-I y su acumulado 832/2019-I de su índice, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, a fin de que resuelva el conflicto competencial suscitado en el presente asunto; de lo que el suscrito toma conocimiento para los efectos legales procedentes. AUTO DE SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE San Andrés Cholula, Puebla, siete de agosto de dos mil diecinueve. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese el oficio 23044/2019, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual remite el juicio de amparo indirecto 831/2019-I y su acumulado 832/2019-I de su índice, formado con motivo de las demandas de amparo promovidas por Jhovann Ordoñez Moreno y Benigno Manrique Barrios, por propio derecho, contra actos del: 1. Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea, del Poder Judicial del Estado de México; 2. Fiscal General de Justicia del Estado de México; y, 3. Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; de cuyo contenido se advierte que dicha autoridad se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo citado y lo envía para que este juzgado de Distrito se avoque a su conocimiento; al respecto se provee. RADICACIÓN. Fórmese expediente y regístrese con el número 757/2019-D, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA COMPETENCIA PLANTEADA. De las constancias que integran el juicio de amparo indirecto 831/2019-I y su acumulado 832/2019-I, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, se advierte que se celebró la audiencia constitucional el pasado treinta y uno de julio de dos mil diecinueve (fojas 78 a 80), en la que se determinó la incompetencia legal de la siguiente manera: "(.) La hipótesis aplicable al caso concreto es la primera de las mencionadas, pues se debe atender al lugar en el que deba tener ejecución la orden de aprehensión reclamada para fijar la competencia para conocer de la demanda promovida por Jhovann Ordoñez Moreno y Benigno Manrique Barrios. En efecto, de las constancias que integran el presente juicio se aprecia que los quejosos pueden ser localizados, respectivamente en: calle 20 de noviembre, colonia Ayegululco, Puebla, México y Cerrada de Alcatraces, manzana 5, lote 8 A, colonia Ayegululco. Puebla, México (foja 49 del juicio). De lo anterior se advierte que el acto redamado debe tener ejecución en el Estado de Puebla, por ser la Entidad en la que tienen su domicilio los quejosos Jhovann Ordoñez Moreno y Benigno Manrique Barrios, como se desprende de las constancias que obran en autos; al margen de las manifestaciones vertidas por éstos en su demanda de amparo, donde manifestaron tener su domicilio en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, sin corroborarlo con algún medio de prueba apto. No es obstáculo que la parte quejosa haya señalado como autoridades responsables al Fiscal General de Justicia del Estado de México y al Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pues dichas autoridades quienes podrían dar competencia legal a este juzgador, negaron la existencia de los actos que se les atribuyeron, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa; por ende, dejó de surtir la competencia a este órgano federal." Por tanto, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima no aceptar la competencia planteada pues no es legalmente competente, POR RAZÓN DE TERRITORIO, para conocer de la demanda de amparo de cuenta y resolver el juicio de amparo. En efecto los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Al respecto existen los criterios -los cuales no contravienen a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Ahora, de la interpretación de los normativos y criterios apuntados, se advierten tres supuestos para definir la competencia a los Juzgados de Distrito: a) La primera regla está contenida en el primer párrafo del señalado numeral 37 de la Ley de Amparo; la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda hipótesis establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito, y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se requiere hacer el estudio del acto reclamado y de los hechos contenidos en la demanda, así como de las constancias con las que se cuente. Al respecto, resulta aplicable lo decidido en la tesis I.1o.A.44 A, de rubro y texto: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO.- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En ese aspecto, la regla general de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para sustentar cuál Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo. Ahora bien, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, declaró carecer de competencia legal para resolver el juicio de amparo indirecto 831/2019-I y su acumulado 832/2019-I, porque, de las constancias que integran dicho sumario, los quejosos pueden ser localizados en el Estado de Puebla, pues en el dictado de la orden de aprehensión se estableció la media filiación y el lugar de localización de cada uno de los quejosos. Sin embargo, contrario a lo establecido en la audiencia por la que se declaró la incompetencia, de las constancias que remitió la 1. Jueza de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea, del Poder Judicial del Estado de México, al rendir su informe justificado, se desprende que los quejosos Jhovann Ordoñez Moreno y Benigno Manrique Barrios, se encuentran a disposición del Agente del Ministerio Público con Detenido en el Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. En efecto, a foja treinta y seis de los presentes autos, se advierte que la averiguación previa que dio origen a la orden de aprehensión reclamada, tiene relación con una diversa carpeta de investigación que sigue en contra de los quejosos por el delito de encubrimiento por receptación; por lo que, Nandy Fernanda Reyes García, Agente del Ministerio Público adscrita al Tercer Turno de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, para integrar la carpeta de investigación cua/cua/cut/032/183051/19/06, en vía de colaboración, solicitó el reconocimiento de personas a cargo de la víctima Bruno Vásquez Reyes, en relación a los investigados Jhovann Ordoñez Moreno y Benigno Manrique Barrios, los cuales, como se indicó, están detenidos en el Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México (foja 36), dentro de la diversa CUA/CUA/CUN/031/183198/19/06. De igual forma se advierte que el día veintiséis de junio del año en curso (antes de que se librara la orden de aprehensión reclamada), a los quejosos Jhovann Ordoñez Moreno y Benigno Manrique Barrios, se les tomó una entrevista en el Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México (foja 37 vuelta y 38), por lo que, está comprobado que los indiciados se encuentran privados de su libertan en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Por tanto, de autos se aprecia que no existe razón jurídica que conduzca a fincar competencia legal a este Juzgado de Distrito para conocer del presente juicio de derechos fundamentales, toda vez que la orden de aprehensión aquí controvertida no se ejecuta, trata de ejecutar, ni se ejecutará en el Estado de Puebla; máxime que los quejosos no señalaron autoridades con residencia en el Estado de Puebla, y por el contrario indicaron como domicilio uno con sede en el Estado de México (foja 5). Dicho lo anterior, conforme a la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, resulta inconcuso que el Juez competente para conocer de un juicio de amparo en el que el acto reclamado sea una orden de aprehensión y el quejoso se encuentre ya detenido, es el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde se encuentre recluido el peticionario de amparo; pues es ahí donde tiene ejecución tal acto, por lo tanto, no se acepta la competencia planteada. Sustenta el criterio del suscrito, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL QUEJOSO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, LA TENDRÁ EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN TENGA LUGAR SU EJECUCIÓN. De lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se advierte que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado; y que de lo contrario, es decir, si requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar donde se verifique la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, si el acto reclamado es una orden de aprehensión, la cual por su naturaleza requiere de ejecución material, y el quejoso se encuentra recluido, es indudable que el Juez competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dicha orden, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida." En tales condiciones, previo cuaderno de antecedentes que se deje en autos con las constancias necesarias, devuélvase el expediente recibido; solicítese atentamente el acuse de recibo respectivo e informe la determinación que adopte sobre la competencia planteada. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. DOMICILIO. Ahora bien, tomando en consideración que los aquí quejosos Jhovann Ordoñez Moreno y Benigno Manrique Barrios, señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Hidalgo, número catorce (14), despacho cinco (5) y seis (6), Colonia Tlalnepantla Centro, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Código Postal cincuenta y cuatro mil seiscientos (54600). Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en Turno, a fin de que, en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva realizar lo siguiente: a) Notifique el presente auto a los quejosos Jhovann Ordoñez Moreno y Benigno Manrique Barrios, en el domicilio ubicado en Avenida Hidalgo, número catorce (14), despacho cinco (5) y seis (6), Colonia Tlalnepantla Centro, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Código Postal cincuenta y cuatro mil seiscientos (54600); b) Les corra traslado con copia autorizada del mismo; c) Les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 757/2019-D; y, d) Los requiera para que en el acto de la diligencia o dentro del plazo de tres días, computado legalmente, comparezcan ante este Juzgado Tercero de Distrito en Amparo en Materia Penal con sede en San Andrés Cholula, Puebla, ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla, y señalen domicilio donde reciban sus notificaciones en esta ciudad o en la ciudad de Puebla. Apercibidos que de no hacerlo, las subsecuentes, se le harán por medio de lista de acuerdos, inclusive, las de carácter personal; tal como lo dispone el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. Así, de conformidad al Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, envíese de inmediato vía electrónica el exhorto de referencia y se autoriza a la Secretaria encargada del asunto para el envío de dicha comunicación oficial; debiendo cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. Queda a cargo del Secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a través del cual informa que por acuerdo de catorce de agosto de dos mil diecinueve, admitió a trámite el conflicto competencial suscitado por este Juzgado de Distritito y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, dentro de los autos del presente asunto, radicándolo bajo el número 18/2019 de su índice, de lo que el suscrito toma conocimiento para los efectos legales procedentes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de agosto de dos mil diecinueve CUESTIONES PRELIMINARES Agréguese el oficio 23044/2019, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual remite el juicio de amparo indirecto 831/2019-I y su acumulado 832/2019-I de su índice, formado con motivo de las demandas de amparo promovidas por Jhovann Ordoñez Moreno y Benigno Manrique Barrios, por propio derecho, contra actos del: 1 Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea, del Poder Judicial del Estado de México; 2 Fiscal General de Justicia del Estado de México; y, 3 Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; de cuyo contenido se advierte que dicha autoridad se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo citado y lo envía para que este juzgado de Distrito se avoque a su conocimiento; al respecto se provee RADICACIÓN Fórmese expediente y regístrese con el número 757/2019-D, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA COMPETENCIA PLANTEADA De las constancias que integran el juicio de amparo indirecto 831/2019-I y su acumulado 832/2019-I, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, se advierte que se celebró la audiencia constitucional el pasado treinta y uno de julio de dos mil diecinueve (fojas 78 a 80), en la que se determinó la incompetencia legal de la siguiente manera: "() La hipótesis aplicable al caso concreto es la primera de las mencionadas, pues se debe atender al lugar en el que deba tener ejecución la orden de aprehensión reclamada para fijar la competencia para conocer de la demanda promovida por Jhovann Ordoñez Moreno y Benigno Manrique Barrios En efecto, de las constancias que integran el presente juicio se aprecia que los quejosos pueden ser localizados, respectivamente en: calle 20 de noviembre, colonia Ayegululco, Puebla, México y Cerrada de Alcatraces, manzana 5, lote 8 A, colonia Ayegululco Puebla, México (foja 49 del juicio) De lo anterior se advierte que el acto redamado debe tener ejecución en el Estado de Puebla, por ser la Entidad en la que tienen su domicilio los quejosos Jhovann Ordoñez Moreno y Benigno Manrique Barrios, como se desprende de las constancias que obran en autos; al margen de las manifestaciones vertidas por éstos en su demanda de amparo, donde manifestaron tener su domicilio en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, sin corroborarlo con algún medio de prueba apto No es obstáculo que la parte quejosa haya señalado como autoridades responsables al Fiscal General de Justicia del Estado de México y al Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pues dichas autoridades quienes podrían dar competencia legal a este juzgador, negaron la existencia de los actos que se les atribuyeron, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa; por ende, dejó de surtir la competencia a este órgano federal" Por tanto, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima no aceptar la competencia planteada pues no es legalmente competente, POR RAZÓN DE TERRITORIO, para conocer de la demanda de amparo de cuenta y resolver el juicio de amparo En efecto los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107 Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: () VII El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia ()" "Artículo 37 Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda" "Artículo 48 Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente" Al respecto existen los criterios -los cuales no contravienen a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad- De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo" "COMPETENCIA CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero) De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo" Ahora, de la interpretación de los normativos y criterios apuntados, se advierten tres supuestos para definir la competencia a los Juzgados de Distrito: a) La primera regla está contenida en el primer párrafo del señalado numeral 37 de la Ley de Amparo; la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución b) La segunda hipótesis establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito, y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se requiere hacer el estudio del acto reclamado y de los hechos contenidos en la demanda, así como de las constancias con las que se cuente Al respecto, resulta aplicable lo decidido en la tesis I1oA44 A, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora" En ese aspecto, la regla general de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para sustentar cuál Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo Ahora bien, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, declaró carecer de competencia legal para resolver el juicio de amparo indirecto 831/2019-I y su acumulado 832/2019-I, porque, de las constancias que integran dicho sumario, los quejosos pueden ser localizados en el Estado de Puebla, pues en el dictado de la orden de aprehensión se estableció la media filiación y el lugar de localización de cada uno de los quejosos Sin embargo, contrario a lo establecido en la audiencia por la que se declaró la incompetencia, de las constancias que remitió la 1 Jueza de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea, del Poder Judicial del Estado de México, al rendir su informe justificado, se desprende que los quejosos Jhovann Ordoñez Moreno y Benigno Manrique Barrios, se encuentran a disposición del Agente del Ministerio Público con Detenido en el Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México En efecto, a foja treinta y seis de los presentes autos, se advierte que la averiguación previa que dio origen a la orden de aprehensión reclamada, tiene relación con una diversa carpeta de investigación que sigue en contra de los quejosos por el delito de encubrimiento por receptación; por lo que, Nandy Fernanda Reyes García, Agente del Ministerio Público adscrita al Tercer Turno de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, para integrar la carpeta de investigación cua/cua/cut/032/183051/19/06, en vía de colaboración, solicitó el reconocimiento de personas a cargo de la víctima Bruno Vásquez Reyes, en relación a los investigados Jhovann Ordoñez Moreno y Benigno Manrique Barrios, los cuales, como se indicó, están detenidos en el Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México (foja 36), dentro de la diversa CUA/CUA/CUN/031/183198/19/06 De igual forma se advierte que el día veintiséis de junio del año en curso (antes de que se librara la orden de aprehensión reclamada), a los quejosos Jhovann Ordoñez Moreno y Benigno Manrique Barrios, se les tomó una entrevista en el Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México (foja 37 vuelta y 38), por lo que, está comprobado que los indiciados se encuentran privados de su libertan en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México Por tanto, de autos se aprecia que no existe razón jurídica que conduzca a fincar competencia legal a este Juzgado de Distrito para conocer del presente juicio de derechos fundamentales, toda vez que la orden de aprehensión aquí controvertida no se ejecuta, trata de ejecutar, ni se ejecutará en el Estado de Puebla; máxime que los quejosos no señalaron autoridades con residencia en el Estado de Puebla, y por el contrario indicaron como domicilio uno con sede en el Estado de México (foja 5) Dicho lo anterior, conforme a la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, resulta inconcuso que el Juez competente para conocer de un juicio de amparo en el que el acto reclamado sea una orden de aprehensión y el quejoso se encuentre ya detenido, es el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde se encuentre recluido el peticionario de amparo; pues es ahí donde tiene ejecución tal acto, por lo tanto, no se acepta la competencia planteada Sustenta el criterio del suscrito, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "COMPETENCIA SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL QUEJOSO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, LA TENDRÁ EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN TENGA LUGAR SU EJECUCIÓN De lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se advierte que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado; y que de lo contrario, es decir, si requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar donde se verifique la ejecución del acto reclamado En ese sentido, si el acto reclamado es una orden de aprehensión, la cual por su naturaleza requiere de ejecución material, y el quejoso se encuentra recluido, es indudable que el Juez competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dicha orden, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida" En tales condiciones, previo cuaderno de antecedentes que se deje en autos con las constancias necesarias, devuélvase el expediente recibido; solicítese atentamente el acuse de recibo respectivo e informe la determinación que adopte sobre la competencia planteada SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información DIGITALIZACIÓN Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico DOMICILIO Ahora bien, tomando en consideración que los aquí quejosos Jhovann Ordoñez Moreno y Benigno Manrique Barrios, señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Hidalgo, número catorce (14), despacho cinco (5) y seis (6), Colonia Tlalnepantla Centro, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Código Postal cincuenta y cuatro mil seiscientos (54600) Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en Turno, a fin de que, en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva realizar lo siguiente: a) Notifique el presente auto a los quejosos Jhovann Ordoñez Moreno y Benigno Manrique Barrios, en el domicilio ubicado en Avenida Hidalgo, número catorce (14), despacho cinco (5) y seis (6), Colonia Tlalnepantla Centro, Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Código Postal cincuenta y cuatro mil seiscientos (54600); b) Les corra traslado con copia autorizada del mismo; c) Les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 757/2019-D; y, d) Los requiera para que en el acto de la diligencia o dentro del plazo de tres días, computado legalmente, comparezcan ante este Juzgado Tercero de Distrito en Amparo en Materia Penal con sede en San Andrés Cholula, Puebla, ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla, y señalen domicilio donde reciban sus notificaciones en esta ciudad o en la ciudad de Puebla Apercibidos que de no hacerlo, las subsecuentes, se le harán por medio de lista de acuerdos, inclusive, las de carácter personal; tal como lo dispone el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo Así, de conformidad al Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, envíese de inmediato vía electrónica el exhorto de referencia y se autoriza a la Secretaria encargada del asunto para el envío de dicha comunicación oficial; debiendo cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación Queda a cargo del Secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación

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