Joan Alberto Mendivil Montoya

Expediente 431/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
431/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
24/07/2023

Partes del expediente

  • Joan Alberto Mendivil Montoya
  • Departamento de Prestaciones Económicas del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar 6 de la Costa de Hermosillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es destruible, a partir del término de tres años de haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días naturales, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 20, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUJEOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE 24/JULIO/2023, QUE DICE:Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es destruible, a partir del término de tres años de haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días naturales, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 20, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Efectivo apercibimiento. Del estado procesal, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa, a fin de que manifestara si había recibido el pago correspondiente a la incapacidad -acto reclamado- que se le expidió por parte de la responsable Departamento de Prestaciones Económicas del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 6, en virtud de que la responsable al rendir su informe con justificación informó que ya había cumplido con el respectivo pago; sin que haya manifestado nada al respecto, no obstante de estar legalmente notificada. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora de un análisis integral del escrito de demanda y de las constancias que obran en autos, en específico del contenido de las documentales remitidas por el representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora, con sede en esta ciudad, en representación de las responsables Departamento de Prestaciones Económicas del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 6; y Departamento de Seguridad en el Trabajo de la Unidad de Medicina Familiar No 68, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia en trato, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Bajo ese contexto, con apoyo en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de acuerdo al contenido de la demanda y demás constancias existentes en autos, se precisa que el reclamo constitucional se hizo consistir en la omisión de las responsables de realizar el pago correspondiente a las incapacidades que se le expidieron con motivo del accidente de trabajo que sufrió. Lo anterior, resultó cierto, pues conforme al contenido de las actuaciones existentes en los presentes autos, y las documentales aportadas por las responsables, a las cuales con antelación se les otorgó plena validez probatoria, se evidencia que hasta el día de la presentación de la demanda, esto es, al veintitrés de marzo del año en curso, no le habían realizado el pago correspondiente a las incapacidades que se le habían expedido con motivo del accidente de trabajo que alude la parte quejosa; de modo que en esa medida, existe certidumbre del acto omisivo reclamado. No obstante lo anterior, mediante auto de veintiocho de abril del año en curso, se agregó el informe remitido por el representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del cual informó a este Juzgado que se le había realizado el pago correspondiente a las incapacidades que se le expidieron, por lo que posteriormente, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara sobre tal circunstancia; sin embargo, como de autos se advierte no desahogo la vista en comento. Para lo anterior, la responsable acompañó copias certificadas adjuntas al oficio en mención, de las que se desprende lo manifestado por la autoridad oficiante, pues de dicha documentación se advierte que el veinte de abril de dos mil veintitrés, se le realizó el pago correspondiente que reclama la parte quejosa; por lo que, resulta evidente que han cesado los efectos del reclamo constitucional. Es así, pues con el actuar de las autoridades responsables, se restituyó a la parte agraviada en sus derechos, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, ya que si bien, en el particular el perjuicio que el acto reclamado le ocasionaba a la impetrante fue en específico la omisión de suministrarle el pago correspondiente a las incapacidades que se le habían expedido con motivo del accidente de trabajo que alude la parte quejosa; por tanto, por actuación de las propias responsables durante la tramitación del sumario, torna improcedente el estudio del reclamo opuesto en esta vía constitucional, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, en el caso procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En consecuencia, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional - indicadas para las diez horas con cincuenta y un minutos del cinco de julio de dos mil veintitrés-. En tal virtud, háganse las capturas correspondientes; y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dos de junio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Del estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que no se encuentra debidamente integrado el presente expediente, pues mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, sin que hasta el momento se haya pronunciado al respecto. Por tanto, en razón de que, en dicho informe se indica que ya fue realizado el pago al quejoso el veinte de abril del año en curso, correspondiente a las incapacidades expedidas por los médicos adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social; con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso, a fin de que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este juzgado si le fue realizado dicho pago

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