Jimy Ernesto Guardado
Expediente 1662/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1662/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 23/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Jimy Ernesto Guardado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Apercibimiento efectivo. Del estado de autos, se advierte que en proveído de ********************, se otorgó vista a la parte quejosa con el oficio y constancias con las cuales, la responsable manifestó cumplir con el fallo protector. Sin embargo, la parte quejosa no formuló manifestaciones sobre el particular; por ello, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia y se procede a calificar el acatamiento de la sentencia. Fallo protector. En resolución constitucional de ********************, se sobreseyó en el juicio y se concedió a ********************, el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que las responsables, efectúen los siguientes actos: ".Dicte el laudo en el juicio laboral ********************." Firmeza del fallo. Seguidos los trámites de ley, en proveído de ********************, se hizo constar que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la sentencia definitiva; por ello, se declaró que causó ejecutoria y se ordenó dar vista con las constancias que remitió la responsable el dos de marzo de dos mil veintitrés. Cumplimiento. Del estado de autos, se advierte que la responsable, mediante oficio recibido el dos de marzo de dos mil veintitrés, remitió copia certificada de la resolución definitiva dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés en el expediente número ********************, constancias con las cuales se ordenó dar vista a la parte quejosa y no hizo manifestación al respecto. Se declara cumplida la sentencia. En estas condiciones, se estima que las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria del presente juicio de amparo indirecto, sin que se advierta exceso o defecto en el mismo, por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, restituyendo a la parte quejosa en el derecho fundamental violado. Sin que ello implique decidir sobre la legalidad del cumplimento dado por la responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2a./J.201/2009, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Archivo. Por ello, con fundamento en el artículo 3, fracción VII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente juicio como asunto concluido. Valoración del asunto. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año en curso, con entrada en vigor el veintiséis del mes y año en cita (día siguiente a su publicación), se establece que el presente asunto es susceptible de depuración. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y por oficio a la responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yepiz Rosas, secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diez de marzo de dos mil veintitrés . Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la última de las partes en ser notificada interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Informe de cumplimiento. Visto el estado de los autos, el tres de marzo de dos mil veintitrés, se agregó un oficio y anexos registrados con folio 3011, presentados por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, los cuales se determinó proveer lo conducente una vez causara ejecutoria el presente juicio de derechos. Toda vez que ya se materializó dicha situación, se denota que la mencionada autoridad hizo del conocimiento de este Juzgado, el cumplimiento dado a la ejecutoria que se provee, por tanto, se acuerda lo siguiente. Vista de cumplimiento. Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional se pronunciará al respecto. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yepiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, tres de marzo de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio que remite el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la resolución definitiva dictada el veintiocho de febrero del año en curso, dictada en el expediente 13/2021. Provéase lo conducente, una vez que cause ejecutoria la sentencia. Cúmplase. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yepiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con doce minutos del veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con el informe justificado rendido por el secretario de acuerdos y proyectos adscrito a la Segunda Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, agregado a los autos. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación anterior y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales ofertadas por la parte quejosa y por la responsable, anexa al informe justificado de cuenta; asimismo, hace constar que las demás partes no ofrecieron medios de convicción. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las aludidas probanzas; por otra parte, téngase por perdido el derecho de las demás partes para ofrecerlas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes omitieron realizarlos. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo; y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo 1. Por escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el siguiente día hábil por razón de turno a este Juzgado de Distrito, Jimy Ernesto Guardado solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado al Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y otra autoridad. 2. El diecinueve de diciembre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia 3. Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisión de los actos reclamados 4. Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados los siguientes: La omisión de dictar resolución en el Juicio del Servicio Civil 13/2021 p2; y la omisión de notificar la resolución definitiva. IV. Inexistencia del acto reclamado consistente en la omisión de notificar la resolución. 5. No es cierto el acto reclamado consistente en la omisión de notificar la resolución, pues no obstante que el actuario adscrito al tribunal responsable no admitió ni negó su existencia, de las constancias anexas al informe justificado se advierte que este no existe. 6. En relación con tal acto, se advierte que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, por lo siguiente: 7. Por auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, el tribunal señalado como responsable citó el asunto para oír resolución definitiva, y no existe constancia de que el juicio hubiere sido resuelto; lo que se corrobora con lo expuesto por el tribunal responsable al rendir el informe con justificación, en el sentido de que aceptó la existencia del acto que le fue atribuido, esto es, la omisión de dictar resolución en el juicio del servicio civil de origen, por ende, si no se ha dictado el laudo, menos aún puede existir la omisión de notificarlo en virtud de que el actuario no está en aptitud de realizarlo, por la razón de que este aún no existe. 8. Anotado lo anterior, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (14 de diciembre de 2022), en el juicio laboral de origen no se encontraba en condiciones legales de dictar el laudo, y menos aún de notificarlo a las partes. 9. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 122, Tomo XV, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Registro 209220, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." 10. Atento a lo anterior, toda vez que la parte quejosa no desvirtuó dicha circunstancia, es claro que en el caso, respecto del acto reclamado en análisis, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de derechos. V. Existencia del acto reclamado consistente en la omisión de dictar resolución en el juicio de origen. 11. Es cierto el acto reclamado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, cuya certeza se desprende de las propias manifestaciones vertidas por el secretario de acuerdos y proyectos al rendir el informe justificado en representación de dicho tribunal, así como de la constancia que remitió en apoyo, de la que se desprende la existencia del acto combatido. VI. Consideraciones jurídicas 12. Toda vez que la autoridad responsable no hizo valer alguna causal de improcedencia en su informe justificado, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se actualice alguna; en consecuencia, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. 13. Ahora, la parte quejosa aduce esencialmente en el apartado: "VI.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN", que la responsable comete violaciones a derechos humanos relacionados con los elementos que conforman el derecho humano a la tutela jurisdiccional, entre ellos, el acceso a la justicia y a un proceso equitativo y razonable. 14. Ese concepto de violación es fundado, toda vez que el artículo 17 Constitucional, consagra a favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. 15. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." 16. Con base en las directrices del artículo 17 Constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. 17. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta la obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia, de tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. 18. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. 19. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 Constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. 20. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. 21. Por su parte, de los numerales 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que una vez desahogada la totalidad de las pruebas y formulados los alegatos de las partes, el secretario hará la certificación correspondiente y se dará vista a las partes por el plazo de tres días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, con la precisión que de no realizar manifestación alguna, de oficio se procederá al cierre de instrucción. 22. Una vez cerrada la instrucción, el auxiliar de la Junta, dentro del plazo de diez días, formulará el proyecto de resolución en forma de laudo, del cual se entregará copia a los integrantes de esta, quienes a su vez, dentro de los cinco días hábiles siguientes, podrán ordenar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo dentro de un lapso de ocho días. 23. Después de haber transcurrido dicho plazo o desahogadas las diligencias pendientes, el presidente de la Junta citará a los miembros para la audiencia de discusión y votación, la que se llevará a cabo dentro de los diez días siguientes al que haya concluido el término fijado, o el desahogo de las diligencias respectivas. 24. Finalmente, una vez aprobado el proyecto de resolución, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los integrantes de la Junta, el cual, se turnará al actuario para que lo notifique personalmente a las partes; lo anterior, suma un aproximado de treinta y tres días. 25. Ahora, de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa realizadas bajo protesta de decir verdad, así como de la constancia remitida por la autoridad responsable en su informe justificado, en lo que interesa se advierte lo siguiente: La parte quejosa entabló demanda laboral ante la responsable, radicada bajo el número de expediente 13/2021. Seguida la secuela procesal, el veinte de octubre de dos mil veintidós, el tribunal responsable dictó proveído a través del cual, tuvo a la parte actora formulando en tiempo y forma alegatos, y por transcurrido a la demandad para formularlos, por lo que, con fundamento en los artículos 116 de la Ley del Servicio Civil y 735 de la Ley Federal del Trabajo, se citó el asunto para oír resolución definitiva. 26. Por lo que es notorio que la responsable no se ha ajustado a los plazos que rigen el procedimiento laboral, toda vez que a la fecha han transcurrido más de cuatro meses, entre el referido auto de veinte de octubre del año anterior y la fecha en que se dicta este fallo, sin que se advierta que se hubiere dictado el laudo respectivo. 27. En ese tenor, es concluyente que se vulnera la garantía de administración pronta y expedita de justicia que tutela a favor del justiciable el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que se ha retardado la resolución del juicio; por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada. 28. Por otra parte, no se desconoce que el tribunal de justicia administrativa responsable cuenta con una carga de trabajo excesiva, sin embargo, dicha circunstancia no lo exime de la obligación que le impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio. VII. Decisión 29. En esas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, dicte el laudo en el juicio laboral 13/2021 p2. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido Jimy Ernesto Guardado, por las razones expuestas en los considerandos IV y VI, del presente fallo. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jimy Ernesto Guardado, respecto del acto reclamado precisado en el apartado III, por las razones expuestas en el considerando V, para los efectos precisados en el diverso VI, del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe. Jvr SENTENCIA ANALISTA JURÍDICO SISE LIBRO DE GOBIERNO CONTROL INTERNO La presente foja corresponde a la parte final de la resolución constitucional dictada en esta fecha en el juicio de amparo 1183/2022 L-I, lo que certifico y firmo para constancia, en Hermosillo, Sonora, a cinco de octubre de dos mil veintidós. Doy fe.
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