Jiovany Leon Nambo
Expediente 1590/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1590/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jiovany Leon Nambo
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida vía electrónica por Ignacio Mendoza Oropeza y Farah Ochoa Infante, quienes se ostentan defensores particulares de Jiovany León Nambo, personería que se les reconoce con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, al tenor de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que formularon; contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en San Luis Potosí del Poder Judicial de la Federación; conforme lo prevén el artículo 3° párrafo quinto y séptimo, de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que entró en vigor el cuatro de enero de dos mil dieciséis. En atención a su contenido y como lo prevén los artículos 55, 87 y 88 del aludido Acuerdo General Conjunto 1/2015, indíquese a las partes de la tramitación electrónica del presente juicio de amparo a través del sistema PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Por lo anterior, se ordena la integración del expediente electrónico, y su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1590/2022-VIII y al Secretario respectivo vigile la digitalización oportuna y de manera legible de las constancias que en su caso integran el presente expediente.| Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura del artículo citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, de la lectura del escrito inicial de demanda, se desprende que su tramitación es notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, en su fracción X, de la Ley de Amparo, mismo que a la letra señala:. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.] Del numeral antes transcrito, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente tratándose de actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, siempre y cuando dicho juicio sea interpuesto por la misma persona, en contra de las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aun cuando sean diferentes los conceptos de violación que invoque la parte quejosa. Ahora bien, vista la certificación secretarial asentada en el proemio de la presente demanda, se advierte que el siete de diciembre en curso, se recibió en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, la demanda de amparo 1558/2022-IV del índice de este Juzgado, promovida por Ignacio Mendoza Oropeza y Farah Ochoa Infante, quienes se ostentan defensores particulares de Jiovany León Nambo, en la que se reclamó medularmente del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en San Luis Potosí del Poder Judicial de la Federación, la omisión de proveer el escrito de diecinueve de noviembre de dos mil veintidós presentado vía electrónica en la causa penal 152/2017, en la cual mediante proveído de ocho de diciembre del año en curso, se desechó de plano la demanda de amparo, transcurriendo el término para que quede firme dicha determinación; lo que constituye un hecho notorio para este Juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia XXII.J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en página doscientos noventa y cinco, tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. Por tanto, resulta innecesario agregar copia fotostática del citado expediente, en razón de que, se reitera, constituye un hecho notorio para esta juzgadora, toda vez que los datos que obran en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), basta que al momento de resolver se tenga a la vista como hecho notorio el juicio de mérito, de ahí que resulte innecesario glosar la copia certificada aludida. Tiene aplicación al caso, por analogía, la Jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos ochenta y cinco, del Tomo XXV, Junio de dos mil siete, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, misma que es aplicada por identidad de criterio y por no oponerse a las disposiciones de la actual Ley de Amparo, cuyo contenido literal siguiente: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Así, se observa que los actos reclamados en la demanda de amparo que dio origen al mencionado juicio 1558/2022-IV del índice de este Juzgado, promovida por Ignacio Mendoza Oropeza y Farah Ochoa Infante, quienes se ostentan defensores particulares de Jiovany León Nambo, es el mismo acto omisivo que se reclama en la presente demanda, pues el promovente reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en San Luis Potosí del Poder Judicial de la Federación, la omisión de proveer el escrito de diecinueve de noviembre de dos mil veintidós presentado vía electrónica en la causa penal 152/2017. Mientras que en la demanda de amparo origen del presente juicio, la parte quejosa reclama exactamente el mismo acto señalado. Observándose también que dicho acto reclamado en ambos juicios biinstanciales se le atribuye a la misma autoridad. De donde es evidente que el promovente reclama un acto materia del diverso juicio de amparo 1558/2022-lV del índice de este Juzgado, en el cual, si bien es cierto que se desechó la demanda, se encuentra pendiente de que quede firme dicha determinación. En ese sentido, de lo dispuesto por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, se desprende que únicamente son tres los requisitos exigidos para que opere la causa de improcedencia relativa, a saber: a) Que la ley o acto que se reclamen sea materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión y, c) Que ambos juicios de amparo hayan sido promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, lo cual pretende impedir la posibilidad de coexistencia de sentencias contradictorias con igual autoridad de cosa juzgada y fuerza ejecutoria. Como se ve, dicha causal se actualiza dada la identidad del acto que reclama la parte quejosa con el señalado en la demanda que dio origen al juicio de amparo 1558/2022-IV del índice de este juzgado, promovida por Ignacio Mendoza Oropeza y Farah Ochoa Infante, quienes se ostentan defensores particulares de Jiovany León Nambo. Lo anterior, pues de admitir a trámite o desechar por diversa causal de improcedencia, implicaría que se juzgara varias veces el mismo acto reclamado, lo que contravendría la finalidad de la figura de la litispendencia protegida en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, que es evitar el dictado de sentencias contradictorias y la posible afectación a la cosa juzgada. Se cita, por las razones que la sustentan, la tesis II.2o.P.1 K (11a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 15, julio de 2022, tomo V, página 4538, registro digital 2024922, que dice: LITISPENDENCIA. SI SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE ANTE EL MISMO JUEZ DE DISTRITO QUE CONOCE DE LOS DOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE EXISTE IDENTIDAD DE QUEJOSO, AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO RECLAMADO, Y ES CONSTATADA POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA SEGUNDA DEMANDA, ES INNECESARIO ORDENAR SU ADMISIÓN, EN APLICACIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA P./J. 24/2014 (10a.). Hechos: El Juez de Distrito que conoció de dos diversos juicios de amparo determinó desechar de plano la demanda del segundo de los promovidos, pues destacó como hecho notorio que en el propio juzgado federal del que es titular, se encontraba en trámite un primer juicio promovido por el propio quejoso, contra las mismas autoridades responsables y acto reclamado; por tanto, estimó que en el caso se actualizaba de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia que prevé la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo (litispendencia). Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en asuntos en los que se promueven dos diversos juicios de amparo en el mismo órgano jurisdiccional que conoce del primero y que se encuentra en trámite, puede válidamente destacar como hecho notorio la existencia de aquél, si es que en el nuevo existe identidad de quejoso, autoridad responsable y acto reclamado y, en virtud de ello, es factible desechar la demanda exhibida en segundo término, pues al tratarse de la misma autoridad, tiene la total posibilidad de constatar dichos datos y, con ello, tener conocimiento y certeza plena de que se está de forma notoria ante la actualización de la causal de improcedencia a que se refiere la fracción X del artículo 61 de la ley de la materia, es decir, litispendencia. Por tanto, si la corrección de dicha determinación se constata incluso por el Tribunal Colegiado de Circuito que conoce del recurso de queja contra el desechamiento, a nada práctico conduce ordenar la admisión del segundo amparo en aplicación de la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 24/2014 (10a.), para que después se sobresea ineludiblemente por la misma razón. Justificación: La tesis de jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), que válidamente podría aplicarse a la nueva Ley de Amparo, en términos de su artículo sexto transitorio, tiene la finalidad de evitar desechamientos anticipados, ante el riesgo de ausencia de datos contundentes con los que se pudiera contar por una segunda autoridad de amparo para constatar los requisitos de acreditación de la litispendencia; lo que pareciera presuponer la concurrencia de dos Jueces de Distrito distintos ante quienes pudiesen tramitarse los respectivos juicios de amparo. Sin embargo, se estima que no ocurre lo mismo ni se corre el aludido riesgo de desechamiento prematuro y sin datos evidentes, cuando se trata de la misma autoridad de amparo ante quien se pretende tramitar un segundo juicio, siendo hecho notorio para ella que existe en trámite otro diverso en condiciones idénticas del acto reclamado, quejoso y autoridad responsable; de manera que en tal supuesto no existe duda de esa identidad y del carácter notorio y manifiesto con que se advierte actualizada la referida causal de improcedencia, cuya obligada observancia es de orden público. Aunado a lo anterior, se destaca que esos precisos aspectos constatados por la misma autoridad de amparo se corroboran aún más con motivo del propio recurso de queja, en el que al estimar infundados los agravios se da cuenta de la corrección con la que se apreció la citada causal; motivo por el cual, se concluye que a nada práctico conduce el que en un caso como éste se ordene al juzgador admitir la segunda demanda, cuando de antemano se advierte también por el órgano revisor que la litispendencia es notoria y que inexorablemente habrá de decretarlo de esa manera la autoridad de amparo en un momento posterior. En esa tesitura, y toda vez que Ignacio Mendoza Oropeza y Farah Ochoa Infante, quienes se ostentan defensores particulares de Jiovany León Nambo, promovieron diverso juicio de amparo, en contra del mismo acto reclamado y autoridad responsable, tal como se indicó en párrafos que anteceden, es evidente que en el caso a estudio se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en comento, por lo cual, se desecha la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. Se tienen como autorizadas en términos restringidos del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a las personas que menciona, toda vez que no señala los datos relativos a que se encuentren legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, así como la práctica de las notificaciones dirigidas a la quejosa por dicho medio. Asimismo, se le tienen por proporcionando correo electrónico y número telefónico, para entablar comunicaciones no procesales que deriven del presente sumario. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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