Jiovanny Leon Nambo
Expediente 1558/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1558/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jiovanny Leon Nambo
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Jiovanny León Nambo a través de sus defensores particulares, Ignacio Mendoza Oropeza y Farah Ochoa Infante, personería que se les reconoce con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, al tenor de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que formularon; contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en San Luis Potosí del Poder Judicial de la Federación; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1558/2022-IV. Ahora bien, en esencia el acto reclamado se hace consistir en la omisión de proveer el escrito de diecinueve de noviembre de dos mil veintidós presentado vía electrónica en la causa penal 152/2017 del índice del juez responsable. De lo anterior se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, de la citada legislación que en lo conducente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV de la ley de la materia, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento relativo, esto es, aquélla que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o que declare la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento o bien, aquella por la que se ordena el archivo definitivo del expediente; en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento -que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución-. La interpretación del referido precepto permite establecer que, por regla general, el juicio de amparo en vía indirecta procede contra actos que tengan verificativo después de concluido el juicio natural, en etapa de ejecución de sentencia, sólo cuando se reclame la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la cual podrán impugnarse los vicios que se hubiesen cometido durante el mismo y que dejaran sin defensa al quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en criterio jurisprudencial que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante. En estos casos, también debe promoverse el amparo contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución, en los términos antes señalados. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, emitida por la Primera Sala de dicho Alto Tribunal, visible en la página 75 del tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio de 2004, Novena Época, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." Por su parte, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que por "última resolución", debe entenderse como aquella determinación en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total -y no parcial- de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Al efecto se invoca la jurisprudencia P./J. 32/2001, visible en el tomo XIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2001, en la página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." Debe decirse también, que se han establecido algunas excepciones al criterio general antes aludido, pues la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. De acuerdo con lo aquí expuesto de forma breve, podemos concluir que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente el juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Ahora bien, de lo narrado por la parte promovente bajo protesta de decir verdad como antecedentes del acto reclamado, se advierte lo que a continuación se sintetiza: 1. Que el directamente agraviado Jiovanny León Nambo, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "David Franco Rodríguez" en Charo, Michoacán, en atención a la sentencia dictada en la causa penal 152/2017 del índice de la autoridad responsable. 2. Que el trece de octubre pasado, el propio quejoso nombró a Ignacio Mendoza Oropeza y Farah Ochoa Infante como sus defensores particulares. 3. Dichos defensores, presentaron un escrito vía electrónica ante la autoridad responsable con el fin tener acceso al expediente electrónico del cual deriva el acto reclamado, sin que a la fecha se haya acordado su contenido; lo que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Establecido lo anterior, este órgano de control constitucional considera que respecto de la acción de amparo intentada por Jiovanny León Nambo a través de sus defensores particulares, Ignacio Mendoza Oropeza y Farah Ochoa Infante, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho mención, pues la omisión a que hace alusión dicha parte procesal, se encuentra inmersa en la fase de ejecución de sentencia del expediente de origen, esto es, no es la última resolución dictada en el procedimiento relativo, esto es, aquélla que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o que declare la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento o bien, aquella por la que se ordena el archivo definitivo del expediente, tal y como lo exige el aludido precepto legal 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. De igual forma, la omisión reclamada no constituye una abierta dilación o paralización en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues al efecto se desprende que la petición fue formulada el diecinueve de noviembre del año en curso, ni impide que la parte quejosa pueda ejercer las controversias o recursos, por conducto de sus defensores, que estime pertinentes para la etapa de ejecución, por lo que, en su caso, implica una afectación a sus derechos adjetivos, y, por ende, no procede el juicio de amparo en su contra. Es aplicable a lo anterior, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia PC.II.A. J/23 A (10a.)1 cuyo rubro y texto son: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE, POR EXCEPCIÓN, SI EXISTE UNA OMISIÓN, ABIERTA DILACIÓN O PARALIZACIÓN TOTAL EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA [SUSTITUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PC.II.A. J/15 A (10a.)]. Hechos: Dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, solicitaron al Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, la sustitución de la jurisprudencia PC.II.A. J/15 A (10a.) de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE PROVEER EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA.", porque consideraron que debió reflejar, como casos de excepción, aquellos en que exista una omisión, abierta dilación o paralización total del mismo. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, considera que si bien es cierto que conforme a la regla general establecida en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es improcedente en el supuesto de que se esté tramitando ante la autoridad responsable (Sala Superior y/o Regional del Tribunal Administrativo del Estado de México) un procedimiento administrativo de ejecución de sentencia sin que se haya dictado la última resolución, es decir, la que apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, no menos lo es que, si existe una omisión, abierta dilación o paralización total en ese procedimiento, entonces el juicio de amparo indirecto es procedente por excepción, por constituir una violación directa al artículo 17 de la Constitución General. Justificación: Lo anterior, porque la razonabilidad del plazo en que se desarrolla el procedimiento administrativo de ejecución de sentencia es susceptible de control constitucional si se considera en cada caso particular: a) La naturaleza o tipo de acto; b) El bien jurídico protegido; c) La complejidad del asunto (técnica, jurídica o material); d) La actividad procesal del interesado (actos para darle seguimiento); e) La conducta de las autoridades jurisdiccionales (actos para agilizar cumplimiento, así como sus cargas de trabajo); y, f) Si el transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. De lo expuesto se advierte que resulta notoriamente improcedente la acción intentada al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Se tienen como autorizadas en términos restringidos del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a las personas que menciona, toda vez que no señala los datos relativos a que se encuentren legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, así como la práctica de las notificaciones dirigidas a la quejosa por dicho medio. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese; hágase vía electrónica a la parte quejosa.
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