Jimmy Alexander Hernández González y Otros.
Expediente 525/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 525/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/10/2018
Partes del expediente
- Jimmy Alexander Hernández González y Otros.
- Darlin Yazmin Batrez Hernández y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. En otro orden, tomando en consideración que el asunto se encuentra concluido, es innecesaria la retención de los anexos que envió la sala responsable, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, porque será suficiente con el sello de dicha autoridad que se estampe en la constancia respectiva.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 525/2018, promovido por Jimmy Alexander Hernández González, Darlin Yazmin Batrez Hernández y Sofía Almazán Argumedo por conducto de su asesora jurídica, contra acto de la Quinta Sala Penal de esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, la promovente en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. La solicitante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como violados los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Una vez desahogada la prevención formulada en autos, el nueve de julio siguiente se admitió a trámite la demanda de amparo registrada bajo el orden 525/2018; se solicitó a la responsable su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; así como al representante social adscrito a la sala responsable; y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda de amparo y de las constancias de autos, se precisa que el acto reclamado consiste en el auto de uno de junio pasado, emitido en el toca 73/2018, por la Quinta Sala Penal de esta ciudad. TERCERO. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada que adjuntó a ese comunicado; documental que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que este juzgado no advierte que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede al análisis de los conceptos de violación contenidos en la demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su reproducción. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Los conceptos de violación hechos valer son infundados, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, por lo que es procedente negar el amparo solicitado. En principio es necesario establecer que el precepto 17 constitucional, en su párrafo segundo establece el derecho fundamental consagrado a favor de toda persona para el efectivo acceso a la administración de justicia, el cual para que se agote dicho derecho fundamental en toda su expresión, no basta que se permita a los gobernados instar a un órgano del Estado que tenga encargada tal encomienda, sino que es menester que ese acceso sea efectivo, en la medida en que la parte quejosa, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela ha solicitado. Derecho que como cualquier otro se encuentra sujeto a los plazos y términos que fijen las leyes, de acuerdo a la regulación de los respectivos procedimientos en los que se haga valer, por lo que los requisitos o presupuestos que condicionan la obtención de una decisión sobre el fondo de lo pedido, deben encontrarse, como se dijo, justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a las personas que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia que aparece publicada en la página 56 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 (actualización 2001), Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.- De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da". Expuesto lo anterior, para mejor comprensión del asunto, se relatan los siguientes antecedentes: 1. La promovente de amparo mediante escrito presentado el veintidós de marzo pasado, en el Juzgado de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de esta ciudad, solicitó "AUDIENCIA PARA PRUEBA ANTICIPADA Y DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS". 2. El citado juez mediante audiencia de veinticuatro de abril siguiente determinó improcedente dicha solicitud. 3. Contra la anterior resolución la parte quejosa interpuso recurso de apelación, que conoció la Quinta Sala Penal de esta ciudad, y el uno de junio pasado, resolvió, en lo que interesa, lo siguiente: ".del contenido de las constancias que remite el Director de la Unidad de Gestión número Diez del Sistema Procesal Penal Acusatorio de esta entidad, se advierte que la recurrente fue notificada de la resolución que se tilda de ilegal -auto del 24 de abril de 2018-, en la misma data de la determinación que se impugna; por ende, el término para inconformarse con tal determinación transcurrió del 25 veinticinco al 27 veintisiete de abril de la presente anualidad; interponiendo recurso de apelación hasta el 2 dos de mayo de 2018 dos mil dieciocho; consecuentemente, dicho medio de impugnación resulta extemporáneo; colmándose así la causa de inadmisibilidad prevista en la fracción I del numeral 470 del Código Nacional de Procedimientos Penales. (.) En ese tenor, con fundamento en la fracción I del artículo 470 del Código Nacional de Procedimientos Penales y con base en las razones expuestas en los parágrafos que anteceden resulta procedente declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la asesora jurídica particular de de las víctimas menores de edad de identidad reservada. Licenciada Mariana Gil Bartomeu, en contra del Auto de negativa de prueba anticipada de fecha 24 veinticuatro de abril del 2018 dos mil dieciocho, dictado por el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México Licenciado CARLOS TRUJILLO RODRÍGUEZ, adscrito a la Unidad de Gestión Número Diez, en la carpeta judicial 0010/0245/2018, seguida en contra del imputado JUAN CARLOS GONZÁLEZ VILLA por el delito de HOMICIDIO, cometido en agravio de las víctimas menores de edad de identidad reservada Jimmy N.N. y Darling N.N.; al haber sido interpuesto fuera de plazo a que alude el ordinal 471 del Ordenamiento legal invocado." (sic). De la lectura de la determinación impugnada, se advierte que la sala responsable de manera fundada y motivada no admitió el recurso de apelación interpuesto por la promovente de amparo, contra la diversa de veinticuatro de abril de este año, dictada en la carpeta judicial 010/0245/2018 del Juzgado de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de esta ciudad -autoridad no responsable-, al considerar que dicho medio de impugnación fue interpuesto de manera extemporánea. Lo anterior se estima así, pues refirió que al haber sido notificada la solicitante de amparo de la resolución dictada por el juez mencionado, el mismo día de su emisión -veinticuatro de abril de dos mil dieciocho-, el plazo de tres días para interponer el recurso que hizo valer transcurrió del veinticinco al veintisiete de abril pasado, en tanto que la solicitante de amparo interpuso el recurso de apelación hasta el dos de mayo de este año. A efecto de evidenciar lo correcto de la determinación controvertida, es necesario citar los preceptos 82, fracción I, inciso a), así como el último párrafo de dicho numeral, además del diverso 471, primer párrafo, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen lo siguiente: "Artículo 82. Formas de notificación. Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; (.) Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación". "Artículo 471. Trámite de la apelación El recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de control se interpondrá por escrito ante el mismo Juez que dictó la resolución, dentro de los tres días contados a partir de aquel en el que surta efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia y de cinco días si se tratare de sentencia definitiva". De lo anterior se aprecia que fue correcto que la responsable determinara que la solicitante de amparo desde el día en que se emitió la resolución que impugnó quedó notificada -veinticuatro de abril pasado-, como lo establece el precepto 84, del citado código nacional, esto es, que las personas que se presenten a la audiencia en que se dicte la resolución correspondiente, se tendrán por notificadas en el momento de la determinación respectiva. Notificación que surtió efectos al día siguiente que se realizó -veinticinco del citado mes-, como lo prevé el numeral 82, último párrafo del citado código. Plazo que empezó a contar el mismo día que surtió efectos, como lo establece el artículo 471, primer párrafo, del mencionado código. Por tanto, se concluye que el medio de impugnación hecho valer por la peticionaria de amparo, se hizo valer de manera extemporánea, al haberse interpuesto hasta el dos de mayo pasado, siendo que el último día para hacerlo fue el veintisiete de abril siguiente. En ese sentido, es infundado el concepto de violación relativo a que el acto reclamado no está adecuadamente fundado y motivado. De igual manera, también es infundado el diverso motivo de disenso en que la parte quejosa refiere que debió iniciar el plazo relativo al día siguiente en que surtió efectos la notificación que se le realizó, porque contrario a lo que refiere, como se expuso en líneas que anteceden, el precepto 471, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece claramente que el plazo para interponer el recurso de apelación inicia el día en que surte efectos dicha notificación, que en el caso fue el veinticinco de abril de este año, por lo que el último día para hacer valer el recurso de apelación fue el veintisiete del citado mes, y no hasta el dos de mayo de este año, como lo intentó. En consecuencia, al resultar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, infundados, sin que exista materia para suplirlos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, 79 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Por los motivos expuestos en el último considerando, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jimmy Alexander Hernández González, Darlin Yazmin Batrez Hernández y Sofía Almazán Argumedo, contra el auto de uno de junio pasado, emitido en el toca 73/2018, por la Quinta Sala Penal de esta ciudad.
- Principal
Ciudad de México, a veinte de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que aún no transcurre el plazo concedido a las partes, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por tanto, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy se difiere y se señala como nueva fecha para celebrarse, el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho a las nueve horas con cuarenta minutos. Sirve de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".
- Principal
Ciudad de México, a nueve de agosto de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta, provenientes de la Quinta Sala Penal de esta ciudad, mediante el cual se remiten diversas constancias y un disco compacto en alcance a su informe justificado; dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas el anexo y disco compacto que acompañan al comunicado de cuenta, que se desahogan en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellos el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". En cuanto al disco mencionado, resguárdese en la secretaría de este juzgado. Dado el excesivo volumen de las constancias que adjuntó la autoridad responsable, fórmese por separado un anexo, respetando su sello, rúbricas y folio. En otro aspecto, visto el estado de autos, se advierte que en proveído de nueve del mes anterior, se reservó acordar lo conducente en cuanto al reconocimiento de Juan Carlos González Villa, como tercero interesado. Al respecto, de las constancias que integran la carpeta judicial 0010/0245/2018, se aprecia que el antes mencionado no tiene la calidad de imputado, por ende, no tiene la calidad de tercero interesado, por lo que no es procedente su emplazamiento en el presente asunto.
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