Jimmy Alexander Hernández González y Otros.

Expediente 1132/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1132/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
24/06/2019

Partes del expediente

  • Jimmy Alexander Hernández González y Otros.
  • Jimmy Alexander Hernández González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto en que se tuvo por cumplida la sentencia protectora. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la ley reglamentaria, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se concedió el amparo, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita y una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 196 de la ley de la materia, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, por sentencia terminada de engrosar el once de abril de dos mil diecinueve, se concedió el amparo solicitado por Jimmy Alexander Hernández González, Darlin Yazmin Batrez Hernández y Sofía Almazán Argumedo, por conducto de Yuli Andrea Pliego Pérez, asesora jurídica, para que el juez responsable realizara lo siguiente: I. Dejara insubsistente la resolución reclamada; y II. Dictara otra determinación en que prescindiera de la consideración relativa en que aseveró que la asesora jurídica no cumplió el principio de "definitividad o caducidad" y, en estricta observancia al principio de contradicción, acorde con lo manifestado por las partes en la audiencia, con plena libertad de decisión, resolviera el medio de defensa hecho valer, en que necesariamente debería ponderar la discrepancia entre la información proporcionada por la entonces Secretaría de Seguridad Pública de esta ciudad y la que solicitó la promovente del amparo a la autoridad ministerial. Sentencia que al no ser recurrida por alguna de las partes, se declaró que causó ejecutoria mediante proveído de ocho de mayo pasado, por lo que se requirió su cumplimiento. Así, mediante oficio que se recibió en este juzgado el diecisiete de mayo del año en curso, el juez responsable remitió copia autenticada del auto de diez de mayo del año en curso, así como un disco compacto (formato DVD) que contiene la videograbación de la audiencia realizada el quince del mes actual, con que indicó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con base en lo anterior, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, por lo que la agente del Ministerio Público, que intervino en la carpeta administrativa de origen, presentó un oficio, al que adjuntó diversas constancias con que refirió haber cumplido lo ordenado por el juez responsable. De lo expuesto, se concluye que la sentencia protectora está cumplida. En efecto, de la documental y del disco mencionados se aprecia que el juez responsable dejó insubsistente la resolución controvertida y emitió otra en audiencia, en que, para resolver la litis sujeta a su potestad, prescindió el principio de "definitividad o caducidad", que invocó en el acto reclamado, asimismo, después de la intervención que otorgó a las partes, con plena libertad de decisión, destacó la diferencia entre la información proporcionada por la entonces Secretaría de Seguridad Pública de esta ciudad y la que solicitó la promovente del amparo en la indagatoria, por lo que estimó procedente revocar la decisión impugnada, a fin de que la autoridad investigadora requiriera: a) las bitácoras y partes informativos o cualquier registro de actividades de los policías asignados a las patrullas "531-S2", "506-S2", "508-S2" y "509-S2"; b) las videograbaciones de las cámaras de dichas unidades; c) el resguardo y remisión del historial de navegación "GPS" relativo; y d) comunicaciones de radio, todos relativos al día de los hechos delictivos, como estableció la amparista. Situación que la agente del Ministerio Público referida acreditó haber cumplido con las constancias que adjuntó al oficio recibido el veintidós del mes actual. Consecuentemente, es inconcuso que se restituyó a los quejosos en el goce de sus derechos violados, acorde con el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Por último, de ser el caso, una vez que fenezca el plazo previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, dese cuenta para acordar lo conducente, dado que no se actualiza alguno de los supuestos señalados en el último párrafo de este dispositivo.

  3. Principal

    Ciudad de México, a diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos el oficio, anexo y disco compacto, a través de los cuales la autoridad signante informa el cumplimiento dado a la sentencia protectora. Por tanto, con el informe, anexo y disco compacto del cumplimiento mencionados, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, en el entendido que transcurrido dicho plazo y aun ante la ausencia de argumentos, este juzgado resolverá lo conducente con las constancias que existen en el expediente.

  4. Principal

    Ciudad de México, a ocho de mayo de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación secretariales que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia en que se concedió el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En ese sentido, la protección constitucional es para que el juez responsable realice lo siguiente: I. Deje insubsistente la resolución reclamada; y II. Dicte otra determinación en que prescinda de la consideración relativa en que aseveró que la asesora jurídica no cumplió el principio de "definitividad o caducidad" y, en estricta observancia al principio de contradicción, acorde con lo manifestado por las partes en la audiencia, con plena libertad de decisión, resuelva el medio de defensa hecho valer, en que necesariamente deberá ponderar la discrepancia entre la información proporcionada por entonces Secretaría de Seguridad Pública de esta ciudad y la que solicitó la promovente del amparo a la autoridad ministerial. Por tanto, de conformidad con los preceptos 192 y 194 de la ley de la materia, requiérase al juez responsable, para que en el plazo de cinco días informe a este juzgado acerca del cumplimiento que haya dado a la sentencia ejecutoriada; apercibido que de ser omiso, se le sancionará con multa por el equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos del dispositivo 258 de la ley reglamentaria, con independencia de que se seguirá el procedimiento señalado en el numeral 193 del ordenamiento legal invocado. Por otra parte, del estado de autos se advierte que en proveído de veintitrés de abril pasado, se reservó acordar lo relativo a la aclaración de sentencia que solicitó la parte quejosa, hasta que causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio, lo que en el caso acontece. En ese sentido, la promovente de amparo refirió que no le quedaba claro si el juez responsable deberá citar a una nueva audiencia en que debe emitir de manera oral otra determinación, o bien, dictar una resolución por escrito que deberá notificar a las partes. Al respecto, dígasele que no ha lugar a aclarar la sentencia, pues en la misma se especificó que a fin de que se subsanen las incongruencias advertidas en el acto reclamado y prevalezca el principio de inmediación, el juzgador de origen debe proceder en los términos indicados, lo que implica que, atendiendo a dicho principio, la autoridad judicial responsable necesariamente debe emitir la resolución correspondiente en audiencia y, para tal efecto, deben realizarse las gestiones necesarias, entre las que se encuentra notificar oportunamente a las partes. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 725 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, que dispone: "PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN COMO REGLA PROCESAL. REQUIERE LA NECESARIA PRESENCIA DEL JUEZ EN EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA. En el procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral, el mecanismo institucional que permite a los jueces emitir sus decisiones es la realización de una audiencia, en la cual las partes -cara a cara- presentan verbalmente sus argumentos, la evidencia que apoya su posición y cuentan, además, con la oportunidad de controvertir oralmente las afirmaciones de su contraparte. Acorde con esa lógica operativa, el artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, dispone que "toda audiencia se desarrollará en presencia del juez", lo que implica que el principio de inmediación en esta vertiente busca como objetivos: garantizar la corrección formal del proceso y velar por el debido respeto de los derechos de las partes, al asegurar la presencia del juez en las actuaciones judiciales, así como evitar una de las prácticas más comunes que llevaron al agotamiento del procedimiento penal tradicional, en el que la mayoría de las audiencias no se dirigían por un juez, sino que su realización se delegó al secretario del juzgado y, en esa misma proporción, también se delegaron el desahogo y la valoración de las pruebas".

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