Jimmy Alejandro Loria Sanchez
Expediente 2617/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2617/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 26/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jimmy Alejandro Loria Sanchez
- JIMMY ALEJANDRO LORIA SANCHEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el siete de diciembre de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en sus puntos resolutivos primero y segundo sobreseyó el presente juicio de amparo, CAUSA EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que no obstante que en el presente asunto, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, en virtud de que en el mismo se concedió una medida cautelar, pues se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República, lo procedente es declarar el presente juicio de amparo como susceptible de depuración. Además, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 2617/2022-I-A, promovido por Jhon Erik Trejo Estrella, a favor de ********************y MARÍA DEL SOCORRO SÁNCHEZ CANUL; y,******************** R E S U L T A N D O********************PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil veintidós, ante el Secretario de guardia, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció Jhon Erik Trejo Estrella, a favor de ********************y MARÍA DEL SOCORRO SÁNCHEZ CANUL a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Fiscal del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Comunes con detenido, en turno, de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y Policía Estatal de Investigación, ambos con sede en esta ciudad.********************SEGUNDO. Suspensión de plano. Por auto de la misma fecha (ocho de noviembre del año en curso), se decretó de oficio la suspensión de plano.********************Asimismo, se ordenó requerir a los directos quejosos para que en el acto de la notificación del citado proveído o dentro del término de tres días computados legalmente, ratificara la demanda de amparo promovida a su favor. ********************Por constancias actuariales de ocho de noviembre del año en curso, la fedataria judicial adscrita a este Juzgado Federal, asentó que se constituyó en las instalaciones del área de seguridad de la Fiscalía General del Estado con sede en esta ciudad, donde se entrevistó con los directos quejosos quienes manifestaron que sí ratificaban la demanda promovida a su favor.********************TERCERO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó de las autoridades responsables sus informes justificados.********************De igual forma, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento tiene verificativo al tenor del acta que antecede.********************Sin que sea obstáculo para resolver el presente asunto, la circunstancia de que no han mediado ocho días entre el acuerdo en el que se puso a la vista el oficio signado por la Jueza del Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, con la fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional.********************En razón de que, de una interpretación en sentido estricto del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se concluye que ello no causa perjuicio alguno al derecho de defensa de la parte quejosa, toda vez que, como se analizará con posterioridad, se advierte la existencia del acto reclamado, lo cual es acorde a la pretensión planteada por la parte amparista.********************Máxime que no existió solicitud de la parte impetrante en el sentido de diferir la audiencia de ley, ni resulta procedente el diferimiento de oficio, al no haber razón jurídica para que primordialmente la parte quejosa quisiera ofrecer prueba para desvirtuar lo informado por la responsable cuando reconoció la existencia del acto; y,********************C O N S I D E R A N D O********************PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.********************SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa.********************Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente:********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."****************************************En el mismo tenor, cobra aplicación, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala:********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."****************************************En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado al Fiscal del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Comunes con detenido, en turno, de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y Policía Estatal de Investigación, ambos con sede en esta ciudad, lo hicieron consistir la parte quejosa fundamentalmente, en:********************Detención, tortura, malos tratos, violencia física o psicológica en contra de los directos quejosos.********************TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (en su correcta denominación) (número de promoción 25806, foja 46 y 47) y a la Policía Estatal de Investigación (número de promoción 26087, fojas 51 a 53), ambos con sede en esta ciudad, consistentes en la tortura, malos tratos, y la violencia física o psicológica infringida en contra de los directos quejosos, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, la segunda autoridad por conducto de su encargado del departamento jurídico, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario.******************** Aunado a que la actuaria de la adscripción, en fecha ocho de noviembre de la presente anualidad, al momento de comparecer en las instalaciones del área de seguridad de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, con el fin de obtener la ratificación de la demanda que inició este juicio de amparo, hizo constar que observó que los quejosos ********************y MARÍA DEL SOCORRO SÁNCHEZ CANUL no contaban con lesiones ni golpes.********************En tales condiciones, ante la negativa respecto de los citados actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917- 1995, Tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice:********************"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo."****************************************CUARTO. Existencia de diverso acto reclamado. Así mismo al rendir su informe de ley, el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (en su correcta denominación) únicamente por cuanto hace a la detención, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado.********************Certeza que se corrobora con la copia del oficio FGE/DJ/AMP/DIAT/2415/2022, de fecha nueve de noviembre de dos mil veintidós, suscrito por la citada autoridad responsable Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, que anexó a su informe de la suspensión de plano (número de promoción 25624, fojas 33 a 42).********************Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice:********************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."********************Asimismo, respecto a la diversa autoridad responsable Policía Estatal de Investigación, negó el acto que se le reclama, consistente en la detención de los quejosos; sin embargo, su negativa se desvirtúa con base a lo expuesto en el informe de referencia, adminiculado con las constancias allegadas en el mismo de la carpeta de investigación G8/6100/2022.********************En efecto, respecto al diverso acto reclamado consistente en la detención de los directos quejosos, toda vez que fueron puestos a disposición del fiscal investigador en turno de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, con motivo de la comisión de hechos posiblemente delictuosos denunciados y/o querellados en su contra; por ello, se considera que es cierto el acto reclamado, toda vez que así se desprende del informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como de las constancias que adjuntaron al mismo, de las cuales se advierte, que los quejosos fueron detenidos el siete de noviembre de dos mil veintidós, y puestos a disposición de la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en delitos Comunes del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, en la misma fecha (siete de noviembre del presente año), con motivo de la comisión de hechos posiblemente delictuosos; y posteriormente, fueron puestos en libertad a las diecinueve horas del ocho de noviembre de dos mil veintidós, con motivo de que la autoridad investigadora, no pretendió realizar imputación correspondiente en contra de los aquí quejosos. ********************El anterior criterio encuentra sustento, en lo conducente, en la tesis establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 91-96 Tercera Parte, visible en la página 7, que dice:********************"ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado."****************************************Máxime que lo informado por las autoridades responsables en el sentido anotado, se corrobora con las constancias procesales que anexó a su informe justificado. ********************Dichas constancias, tienen la calidad de documentos públicos por haber sido expedidas por funcionario en ejercicio de sus funciones, investido con fe pública, por lo que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°.********************Resulta aplicable la jurisprudencia 226, visible en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto literal dice:********************"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena".****************************************De igual forma, resulta ilustrativa, la tesis aislada sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 150, Tomo CXXXV, Tercera Parte, Materia Común, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y contenido:********************"DOCUMENTOS PÚBLICOS. LO SON LOS OFICIOS PROVENIENTES DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Los oficios son documentos públicos que hacen prueba plena de su contenido, hasta en tanto no se demuestre su falsedad. No es correcto el argumento de que un oficio carece de valor pleno, por el solo hecho de que la autoridad que lo giró es parte en el juicio de amparo, pues esa circunstancia no lo priva de su carácter de documento público. La adopción del criterio contrario, conduciría al absurdo de considerar que todos los documentos públicos expedidos por las responsables y presentados por ellas en los juicios de amparo, carecen de validez por el sólo hecho de provenir de parte interesada, quedando tales autoridades en un completo estado de indefensión, pues es lógico que para justificar sus actos, se remitan fundamentalmente a las constancias que obren en los expedientes relativos, y en las cuales apoyan los actos reclamados, no obstante que las mismas hayan emanado de las propias autoridades responsables, lo que, por otra parte, es normal".****************************************QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo.********************"Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: ********************"IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."****************************************En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************[.]********************XVI. Contra actos consumados de modo irreparable:********************(...)"****************************************De la transcripción, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos reclamados se han consumado de modo irreparable. ********************Ahora, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone:********************"Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y".****************************************Así, la interpretación armónica de ambos preceptos lleva a concluir que, por actos consumados de modo irreparable, deben entenderse aquellos que han producido todos sus efectos de manera que no es posible restituir a la quejosa en el goce de los derechos humanos violados, lo que hace improcedente el juicio de amparo, dado que en caso de que se otorgue la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate.********************Tratándose de actos de carácter positivo, el efecto de la sentencia en que se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de derechos fundamentales, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven; de esa forma, la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu, en relación con el numeral 77 del propio cuerpo normativo, permite afirmar que el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de los derechos humanos violados.********************De esta manera, si el acto reclamado se encuentra consumado de modo irreparable en virtud de que se han producido todos sus efectos, no es posible restituir al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, y el juicio de amparo que se promueva en su contra será improcedente pues la sentencia amparadora que en su caso llegara a dictarse, carecería de efectos prácticos. ********************Ahora bien, de las constancias de autos, cuyo valor probatorio ya ha quedado establecido en el considerando anterior, se advierte que elementos de la Policía de Seguridad Pública adscritos a la Policía Estatal de Investigación, trasladaron a los quejosos Jimmy Alejandro Loria Sánchez y María del Socorro Sánchez Canul, al área de seguridad de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, y a disposición del Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en delitos Comunes del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, por hechos posiblemente delictuosos contenidos en la carpeta de investigación número G8/6100/2022.********************Posteriormente, a las diecinueve horas del ocho de noviembre de dos mil veintidós, fueron puestos en libertad, según lo manifestado por la autoridad responsable y corroborada con las constancias que integran la citada carpeta de investigación.********************En consecuencia, siendo la libertad personal la que, en todo caso, constituye el derecho sustantivo tutelable a través del juicio de amparo que se promueva en contra de un detención, cabe concluir que si éste ya se ejecutó y culminó, es decir, produjo todos sus efectos, sería materialmente imposible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de que fue privado.********************Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 171/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 423, del Tomo XXVI, Septiembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 171537, que señala:********************"ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar."****************************************Bajo esa circunstancia, al actualizarse durante el procedimiento la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de la materia.********************SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. ********************Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. ********************Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro:********************"DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". ****************************************Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. ********************De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo.********************SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. ********************OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo.********************Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se********************R E S U E L V E:********************PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************y********************contra los actos que atribuyó al Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado (en su correcta denominación) y Policía Estatal de Investigación, ambos con sede en esta ciudad, respecto de los actos reclamados consistentes en la tortura, malos tratos y violencia física o psicológica en contra de los directos quejosos, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la misma.********************SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************y********************contra el acto que atribuyó al Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado (en su correcta denominación) y Policía Estatal de Investigación, ambos con sede en esta ciudad, respecto del acto reclamado consistente en la detención, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la misma.********************TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. ********************CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo.********************QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia.********************Notifíquese y cúmplase.
- Principal
ELECTR.Mérida, Yucatán, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Vistos lo de cuenta SE ACUERDA: para los efectos legales a que haya lugar, agréguense a estos autos el oficio signado por la Jefa de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el oficio 41358/2022-I-B, no ha sido devuelto por la oficina destinataria, por lo que solicita una prórroga de quince días para la devolución de los acuses de recibo de los aludidos oficios. En atención a lo anterior, como solicita la autoridad oficiante, no habiendo impedimento alguno al respecto, se amplía el término concedido, pero por un plazo de diez días hábiles, para que cumpla con lo solicitado, en el entendido que queda subsistente el apercibimiento decretado en proveído de catorce de noviembre pasado. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio RAN/YUC/SR/DJ/4711/2022, signado por la encargada del despacho de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional en Yucatán, con residencia en esta ciudad, que remite en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en este juicio de amparo, y del que se advierte que se encuentra en vías de ejecución. Lo anterior, ya que informa que mediante oficio remitido vía correo electrónico el catorce de noviembre del año en curso, solicitó al Director General de Registro y Control Documental, con sede en la Ciudad de México, se continúe con las tareas respecto a la solicitud 31210012149, por lo que se encuentra a la espera que dicha Dirección culmine las gestiones necesarias y lo haga del conocimiento de esa Delegación. Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.
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