Jimer Moises Lope Gutierrez
Expediente 1232/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1232/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jimer Moises Lope Gutierrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que mediante proveído de nueve de agosto del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó personalmente el diez de agosto de dos mil veintidós; sin que a la fecha hiciera manifestación alguna al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Mediante sentencia de treinta de junio de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa Jimer Moisés Lope Gutiérrez, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción, con sede en esta ciudad: ". Deje insubsistente el proveído de once de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 762/2020, únicamente en la parte conducente al señalamiento de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y emita pronunciamiento diverso en el que fije nueva fecha y hora para la celebración de la aludida audiencia, atendiendo a lo expresado por la responsable, dentro de un plazo máximo de treinta días hábiles siguientes, tal como ha quedado plasmado en esta sentencia. Y el actuario responsable: Realice la diligencia de emplazamiento del demandado FRENTE ÚNICO DE TRABAJADORES DEL VOLANTE DEL ESTADO DE YUCATÁN, de conformidad con el artículo 750 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, indicándole también la nueva fecha de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; o, en su caso, manifieste la imposibilidad que tenga para ello." Así, por auto de diecinueve de julio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la referida sentencia protectora de derechos y se requirió a las responsables su cumplimiento. Por tanto, a fin de cumplir con la ejecutoria del amparo, mediante oficio número 1796/2022 recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el ocho de agosto actual (promoción 17871), la Junta responsable remitió copia certificada del proveído de tres de agosto de dos mil veintidós, dictado en autos del juicio laboral 762/2020, en el que, en primer término, dejó insubsistente la fecha y hora señaladas en el proveído de once de mayo de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia trifásica, y en su lugar, señaló las nueve horas con treinta minutos del veintitrés de agosto para tal efecto. Asimismo, remitió copia certificada de las constancias con las que acredita que el tres de agosto del año en curso, la actuaria de su adscripción emplazó al juicio de origen a la parte demandada Frente Único de los Trabajadores del Volante del Estado de Yucatán. Atendiendo a ello, la diversa autoridad responsable actuaria adscrita a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante oficio número 1797/2022 recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el ocho de agosto actual (promoción 17811), se adhirió a las manifestaciones vertidas por la Junta responsable, así como a las constancias remitidas por la misma. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo en términos del artículo 77, fracción I de la Ley de la materia, se advierte que las autoridades responsables se ajustaron a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitió la primera de las citadas, ya que atendieron cabalmente los puntos relativos a los efectos amparadores que les fueron señalados como directrices bajo las que debían ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendieron en forma correcta. En ese sentido, se declara que LA SENTENCIA PROTECTORA HA QUEDADO CUMPLIDA. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la indicación de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente, y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y lo de cuenta se acuerda: agréguense a los presentes autos los oficios remitidos por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y actuaria de su adscripción, con anexo que acompaña la primera, mediante los cuales, dan cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de diecinueve de julio de dos mil veintidós, así como a la sentencia ejecutoria pronunciada en este asunto. En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y cúmplase.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la última notificación de la sentencia dictada en este juicio el treinta de junio de dos mil veintidós, se realizó a las autoridades responsables, el cuatro de julio de dos mil veintidós, y por tanto, que al día de hoy ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevénganse a las autoridades responsables Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a la omisa una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, correspondiente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1232/2022-VI-A, promovido por JIMER MOISÉS LOPE GUTIÉRREZ, en contra de los actos que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el diecisiete siguiente, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció el referido quejoso, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se registró la demanda de que se trata con el número 1232/2022-VI-A, y se admitió a trámite la misma; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa, fundamentalmente, en: La fecha lejana (veintitrés de septiembre de dos mil veintidós), señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en autos del juicio laboral 762/2020. La omisión de emplazar a la parte demandada en el juicio laboral de origen. TERCERO. Certeza de acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, la primera por conducto de su Presidenta. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan fundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, como se verá a continuación. En efecto, respecto al primer acto señalado consistente en la fecha lejana señalada para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, en el juicio laboral de origen, asiste razón a la parte impetrante, dado que la autoridad responsable debió señalar como fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro de los quince días hábiles siguientes como dispone el artículo 873 de la ley de la materia, o en su caso, dentro de un plazo razonable, tomando en cuenta sus cargas de trabajo, y al no hacerlo así, viola en su perjuicio el derecho fundamental tutelado en el artículo 17 constitucional, dado que la Junta responsable no cumple con su función de administrar justicia de manera pronta, completa e imparcial, con apego a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. En efecto, el artículo 17 de nuestra Carta Magna, establece como derecho fundamental que la administración de justicia se imparta por los tribunales designados en los lapsos que establezcan las leyes, emitiendo las determinaciones de manera pronta, completa y expedita. En relación con el tema que nos ocupa, de los artículos 685, 771, 873 y 878, de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que el procedimiento laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte, obligando a las autoridades, a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez al tramitarlo. Asimismo, el numeral 771 reitera el criterio predominante en la materia laboral, en el sentido de que corresponde a la Junta o a sus miembros, proveer para que la justicia sea rápida y expedita y que los juicios no queden inactivos; que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Asimismo, de una interpretación adecuada de esos preceptos jurídicos, conviene establecer que en cualquier procedimiento que se ventile ante un órgano jurisdiccional, administrativo o del trabajo, se deben observar estrictamente las formalidades establecidas para el mismo, incluyendo los términos previstos en la ley de la materia de que se trate, ya que la necesidad de una justicia pronta es tan evidente que la propia Constitución Federal remite a la ley respectiva, en relación a los plazos y términos en que los tribunales deben impartir justicia. Así, el legislador no estableció plazos arbitrarios, sino que éstos son razonables, en función del necesario equilibrio que debe haber entre la celeridad del procedimiento y el tiempo suficiente para que las partes y el juzgador realicen las actividades y actuaciones procesales que le correspondan. En este orden, del segundo párrafo del artículo 17 Constitucional invocado, se advierte: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales o dependencias previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución o respuesta sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado; b) Establece la obligación por parte de las autoridades de conocer, sustanciar y resolver los juicios o procedimientos que se diriman ante ellas; c) Dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que las resoluciones, ya sean autos o sentencias, pronunciados por los órganos jurisdiccionales o descentralizados, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales; y, d) La última parte del artículo en comento consagra la gratuidad en el desempeño de la actividad jurisdiccional; esto significa que las autoridades que realizan dicha función no deben percibir remuneración o percepción económica alguna, diversa a la que la misma ley les señala, estableciéndose así la prohibición constitucional de las costas judiciales, lo que persigue la finalidad de conseguir la imparcialidad de los tribunales, así como abatir la mercantilidad o venta de la justicia. Ahora bien, de lo manifestado por la parte quejosa y confirmado por las documentales remitidas por la Junta responsable, se tiene que en proveído de once de mayo de dos mil veintidós, se fijaron las once horas con treinta minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral de origen. Por tanto, es claro, que la autoridad responsable viola en su perjuicio el derecho fundamental a la seguridad jurídica consagrada por el artículo 17 constitucional en análisis, habida cuenta que éste le ordena a las autoridades "hacer" algo, que en el presente asunto, no es otra cosa que cumplir con los términos y plazos fijados por la ley de la materia, lo que en el caso no ocurre como ha quedado demostrado. Ahora bien, respecto al segundo de los referidos actos reclamados, consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada en el juicio laboral de origen, es oportuno tener presente el contenido del artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, el cual a la letra dice: "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario." Como se indicó en el considerando anterior, el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, establece que todo proceso en materia de trabajo será "inmediato" y, se precisa que las autoridades laborales se encuentran obligadas a "tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso". Por su parte, el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo, establece el término que debe observar la autoridad laboral para realizar las notificaciones y emplazamientos. En ese contexto, es conveniente indicar que de la constancia relativa al juicio laboral de origen, remitida por la Presidenta de la Junta responsable, se advierte que aún no ha sido emplazada la parte demandada FRENTE ÚNICO DE LOS TRABAJADORES DEL VOLANTE DEL ESTADO DE YUCATÁN, pese a que fue ordenada tal diligencia desde el once de mayo de dos mil veintidós, en la que se comisionó al actuario de la adscripción a fin de emplazar a juicio a la parte demandada. Conforme a lo anterior, es inconcuso que el actuario responsable se ha abstenido de llevar a cabo la notificación y emplazamiento que le fue encomendada dentro del término de cinco días a que lo constriñe el artículo 750 de la Ley Federal del Trabajo; de igual forma, la Junta del conocimiento, ha omitido tomar las medidas necesarias para evitar el retraso injustificado del juicio laboral de origen, en contravención con lo dispuesto en los numerales 685 de la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, no obstante lo señalado por las autoridades responsables en su respectivo informe justificado, respecto a los motivos por los cuales no ha sido posible atender los asuntos sujetos a su jurisdicción dentro de los términos y plazos legales; también lo es, que dichas circunstancias tampoco pueden ser una carga que deban soportar las partes y tener que esperar por un tiempo indefinido el dictado de sus resoluciones o laudos. En ese sentido, lo manifestado por la responsable, si bien justifica en cierta forma la dilación en el emplazamiento a la parte demandada en cita, o respecto a la fijación de la fecha de la audiencia de que se trata, no lo hace en cuanto a que sí existe una violación a lo dispuesto en los artículos antes referidos de la Ley Federal del Trabajo y del numeral 17 Constitucional, dado que ha habido una denegación de justicia puesto que no se han observado los términos previstos en la ley que rige el acto reclamado. Por tanto, es evidente que el actuar de las responsables, causa un perjuicio irreparable a las partes en el juicio laboral de referencia, con el subsecuente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de la justicia, ya que infringe lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en cuanto que éste consigna que la impartición de justicia deberá ser de manera pronta, completa y expedita. Razón por la cual y en vista de las precisiones apuntadas, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por JIMER MOISÉS LOPE GUTIÉRREZ, para el efecto de que la Junta responsable: Deje insubsistente el proveído de once de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 762/2020, únicamente en la parte conducente al señalamiento de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y emita pronunciamiento diverso en el que fije nueva fecha y hora para la celebración de la aludida audiencia, atendiendo a lo expresado por la responsable, dentro de un plazo máximo de treinta días hábiles siguientes, tal como ha quedado plasmado en esta sentencia. Y el actuario responsable: Realice la diligencia de emplazamiento del demandado FRENTE ÚNICO DE TRABAJADORES DEL VOLANTE DEL ESTADO DE YUCATÁN, de conformidad con el artículo 750 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, indicándole también la nueva fecha de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; o, en su caso, manifieste la imposibilidad que tenga para ello. Por lo que hace a los alcances por los que se otorga la protección constitucional, estos deben delimitarse en función del acto que aquí se reclamó y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro de la propia secuela procesal, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias; de ahí que la presente concesión únicamente opera por lo que hace a la fijación de la fecha para la audiencia en su etapa de demanda y excepciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a.CV/2013(10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respecto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a JIMER MOISÉS LOPE GUTIÉRREZ, en contra de los actos que reclama de las autoridades responsables, para los efectos precisados en el considerando quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
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