Jimena Rivera Ramírez y Otros.

Expediente 1092/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1092/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
14/08/2015

Partes del expediente

  • Jimena Rivera Ramírez y Otros.
  • Jimena Rivera Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, catorce de agosto de dos mil quince. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la notificación del proveído de treinta de julio de dos mil quince, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Dalila Cecilia Ramírez Gabriel, se le hizo por medio de lista de acuerdos el cinco de agosto pasado, notificación que surtió efectos el seis siguiente; de ahí, que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja transcurrió del siete al trece de agosto de dos mil quince; sin que lo hiciera. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, toda vez que se desechó la demanda de amparo, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se considera también que carece de relevancia documental, en virtud que por el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto Segundo fracción XVIII, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido Acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    " . . . Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta de julio de dos mil quince. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo en materia administrativa promovida por Dalila Cecilia Ramírez Gabriel, en representación de su menor hija, por medio del cual exhibe el acta de nacimiento con el que acredita la representación de esta última; contra actos del 1) director, 2) del subdirector de seguros y trámite de prestaciones de la Dirección de Prestaciones Económicas, ambos del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas y 3) del director de Fondos de Ahorro y de Trabajo del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C., de quienes reclama: ACTO RECLAMADO AUTORIDAD RESPONSABLE La emisión del oficio DPE 10231/6242/2015, dentro del expediente número 353725, de fecha veintinueve de junio de dos mil quince, por no estar debidamente fundado y motivado. 1) director y 2) subdirector de seguros y trámite de prestaciones de la Dirección de Prestaciones Económicas, ambos del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. La emisión del oficio FAT/GAFAT/0705/2015, de fecha tres de julio de dos mil quince, por no estar debidamente fundado y motivado. 3) director de Fondos de Ahorro y de Trabajo del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C. Fórmese expediente en los términos del artículo 3º de la ley de la materia; regístrese con el número 1092/2015 que le correspondió. DESECHAMIENTO. Ahora, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, el suscrito juzgador considera que existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia, pues se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. (.)." De lo transcrito, se advierte que el juicio de amparo se encuentra reservado contra actos respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos, y por ende, modificados, revocados o nulificados, pues de ser así, en atención al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, la parte quejosa, previamente a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotarlos, pues con su interposición puede alcanzar la modificación o revocación del acto reclamado. De la lectura íntegra de la demanda de amparo de que se trata, revela que Dalila Cecilia Ramírez Gabriel, en representación de su menor hija, reclama del 1) director, 2) del subdirector de seguros y trámite de prestaciones de la Dirección de Prestaciones Económicas, ambos del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas y 3) del director de Fondos de Ahorro y de Trabajo del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada S.N.C., la emisión de los oficios DPE 10231/6242/2015, dentro del expediente número 353725, de fecha veintinueve de junio de dos mil quince, por lo que hace a las dos primeras autoridades y del diverso oficio FAT/GAFAT/0705/2015, de fecha tres de julio de dos mil quince, por lo que hace a las autoridades restantes, en los que alude no se encuentran debidamente fundados y motivados. Sin embargo, la fracción V, del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia fiscal y Administrativa, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 14.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. (.)" Previamente, se precisa que para efectos del juicio de amparo debe considerarse como recurso ordinario o medio de defensa, el que reúna esencialmente las siguientes características: a) tener por objeto que el promovente del mismo pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses, b) debe estar establecido en la ley correspondiente, y c) debe tener un procedimiento para su resolución. En el caso, previamente a la interposición del juicio de amparo, el promovente debió promover juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, respecto de la emisión y contenido de los oficios que reclama a las autoridades responsables, mediante el cual podía atacar la resolución combatida en esta instancia constitucional. Es así, porque, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no hace valer previamente a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa legal que establezca la ley del acto, ya que, entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente cuando se hayan agotado los recursos o medios de defensa que la ley del acto señale para la impugnación de éste. En efecto, dicho juicio satisface los requisitos para estimar la existencia de un medio de defensa, es decir, tiene por objeto modificar o anular el acto reclamado; está establecido en la ley correspondiente, en este caso en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia fiscal y Administrativa. Es así, porque, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se abre el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades del juzgador ordinario. Ahora bien, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, actualmente dispone: "ARTÍCULO 28.- La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado Instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. b) Se tramitará por cuerda (sic) separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor. c) El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad". Como se observa, el numeral en comento, dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentada por la quejosa o su representante legal, se otorgará siempre y cuando no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado y sólo se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. Luego, como se ve, los requisitos que ahora prevé el numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no son mayores a los que contempla el artículo 22 de la Ley de Amparo. En tal virtud, la parte quejosa estuvo en aptitud de agotar el medio de defensa legal respectivo, o sea, el juicio contencioso administrativo, a fin de constreñir a las autoridades responsables, a acceder a sus pretensiones, por lo que al no hacerlo, se actualiza el referido motivo de improcedencia. Tampoco se está en los casos de excepción que la Constitución y la Ley de Amparo precisan, como se desprende de la tesis LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página ciento cincuenta y seis, tomo XII, julio de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII, y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes casos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra.- VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". Es así, toda vez los oficios reclamados no afectan a persona extraña al procedimiento del cual emana, en atención a que la parte quejosa no es ajena al mismo, sino que figura como parte en él; no importa una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 constitucionales; no se trata de una ley; no importa peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; la vía jurisdiccional se encuentra prevista no en un reglamento, sino en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y mediante dicho medio de defensa legal, el acto reclamado puede ser reparado constriñendo a la autoridad responsable a actuar en el sentido solicitado por la parte quejosa; tampoco carece de fundamentación, ni se alegan exclusivamente violaciones directas a la Constitución. Sin que al caso se actualice la excepción revista en el segundo párrafo, de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en cuanto a que reclama la fundamentación de los oficios DPE 10231/6242/2015, dentro del expediente número 353725, de fecha veintinueve de junio de dos mil quince y FAT/GAFAT/0705/2015, de fecha tres de julio de dos mil quince, pues del contenido de los mismos este órgano jurisdiccional advierte sí se encuentran fundamentados, respectivamente, pues en ellos se invocaron diversos numerales, entre ellos, los artículos 73 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; y el artículo 16 de la Ley Orgánica de Banjercito, con independencia de que la fundamentación sea o no correcta, pues lo que exigen los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo para que se actualice el supuesto de excepción, es la carencia total de fundamentación, supuesto que no se actualiza en la especie. Por tanto, al no ser agotado por parte de la quejosa el juicio respectivo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es claro que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada ante su falta de definitividad; aunado a que la determinación combatida en esta instancia no se encuentra señalada como excepción al principio de definitividad por la ley, ni por la jurisprudencia de los tribunales federales; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo por notoriamente improcedente, de plano se DESECHA la demanda de amparo promovida por Dalila Cecilia Ramírez Gabriel, en representación de su menor hija. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.3º. C. J/62, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA". Asimismo, la jurisprudencia de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS". También es aplicable la diversa tesis: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO". DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Téngase por autorizado únicamente con las facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo a Noel Carmona Rosales y en términos del precepto 24 de la ley de la materia a las personas restantes, toda vez que el primero de ellos cuenta con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales en derecho ante los órganos jurisdiccionales, no así los restantes. CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo. Para ello, deberán registrarse en el sitio http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx La parte que desee realizar el registro, una vez que ingrese a dicha página, deberá como primer paso, llenar el formulario, proporcionar su nombre completo, domicilio, correo electrónico y la contraseña de su preferencia. Como segundo paso, deberá revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando click al enlace que aparece en el mensaje. El tercer paso es imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. Cuarto, dicha solicitud deberá presentarse en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, que es en donde se encuentra radicado su expediente de amparo y esperar que el suscrito juez federal acuerde favorablemente su solicitud. Hecho lo anterior, estará listo para utilizar el portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la consulta del expediente por vía electrónica, en esta etapa piloto, no constituirá la notificación de las determinaciones que en su caso se emitan. LEY DE TRANSPARENCIA. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó el licenciado León Isaac Hernández Luna, secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, encargado del despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular; autorizado en sesión de siete de julio de dos mil quince, mediante oficio CCJ/ST/3222/2015, suscrito por el secretario técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y firma ante el secretario licenciado Juan Martínez Trujillo que autoriza y da fe.mesa amparo II-B SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTICUO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO

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