JHORDAN SUMANO MATUS y Otros.
Expediente 687/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 687/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 12/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jhordan Sumano Matus
- JHORDAN SUMANO MATUS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificacion señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que los inconformes interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de veintidós de julio de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que los disidentes hayan impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano el escrito inicial ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el acuerdo de veintidós de julio de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que con esa resolución judicial se puso fin al juicio, sin decirlo en cuanto al fondo, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil veintidós. Del estado que guardan los autos y del acta de cuenta se advierte que Jhordan Sumano Matus, quien promueve por sí y como representante legal de sus hijos menores de edad identificados con las iniciales R.M.S.C., J.K.S.C. y A.A.S.C. reconoció ante la presencia judicial como suya la firma puesta en el escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, el veintitrés de junio pasado y para constancia calzó su rúbrica en el acta relativa. En razón de lo anterior, se tiene por cumplido el requerimiento formulado el veintisiete de junio pasado y se emite el pronunciamiento que corresponde al ocurso aclaratorio. Ahora bien, del contenido del citado libelo se desprende que el promovente atiende la prevención contenida en el auto de diecisiete de junio de la presente anualidad, porque exhibió copias certificadas de las actas de nacimiento de sus descendientes con las que trata de acreditar su personalidad para ejercer la acción constitucional a nombre y en representación legal de los niños menores de edad identificados con las iniciales R.M.S.C., J.K.S.C. y A.A.S.C.; en consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento formulado en el aludido proveído y se dicta la determinación que corresponde en cuanto al escrito inicial. Aspectos preliminares. Primeramente se reconoce a Jhordan Sumano Matus el carácter de representante legal de sus hijos menores de edad identificados con las iniciales R.M.S.C., J.K.S.C. y A.A.S.C., porque acredita su personalidad en términos de lo dispuesto por los ordinales 6, 10 y 108, fracción I, de la Ley de Amparo con las actas de nacimiento de los citados infantes. Enseguida es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo y su aclaración se advierte que los quejosos Jhordan Sumano Matus y los niños identificados con las iniciales R.M.S.C., J.K.S.C. y A.A.S.C. reclaman los actos siguientes: De la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, combaten: La omisión de celebrar la audiencia de carácter familiar en la diversa de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, celebrada en el juicio de controversias del orden familiar 168/2020, en donde pudieran plantear las condiciones actuales de los niños inconformes, ratificarse o no la guarda y custodia provisional decretada como medida cautelar en ese asunto y establecer un régimen de convivencias con el progenitor que no tenga la guarda y custodia de los mencionados infantes. La omisión de acordar el escrito que presentó en el citado contradictorio el seis de junio de dos mil veintidós, en donde solicitó que señalara hora y fecha para una audiencia en la que se escuchara al niño quejoso identificado con las iniciales R.M.S.C. La omisión de citar al Ministerio Público adscrito a ese órgano jurisdiccional a la audiencia de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, celebrada en el juicio indicado. El acuerdo dictado en la audiencia de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, celebrada en el contradictorio de origen, en donde requirió al disidente Jhordan Sumano Matus el pago de la pensión alimenticia provisional decretada en su contra o que acreditara estar al corriente en la cobertura de esa prestación. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda o su ampliación debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo o su ampliación cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda o su ampliación siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas, lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. En el caso se advierte que respecto de los actos reclamados se actualizan de manera indudable y manifiesta las causales de improcedencia que enseguida se enuncian. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda presentada por los quejosos Jhordan Sumano Matus y los niños identificados con las iniciales R.M.S.C., J.K.S.C. y A.A.S.C., porque en relación con los actos reclamados a la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistentes en: a) la omisión de celebrar la audiencia de carácter familiar en la diversa de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, celebrada en el juicio de controversias del orden familiar 168/2020, en donde pudieran plantear las condiciones actuales de los niños inconformes, ratificarse o no la guarda y custodia provisional decretada como medida cautelar en ese asunto y establecer un régimen de convivencias con el progenitor que no tenga la guarda y custodia de los mencionados infantes; b) la omisión de acordar el escrito que presentó en el citado contradictorio el seis de junio de dos mil veintidós, en donde solicitó que señalara hora y fecha para una audiencia en la que se escuchara al niño quejoso identificado con las iniciales R.M.S.C.; y, c) la omisión de citar al Ministerio Público adscrito a ese órgano jurisdiccional a la audiencia de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, celebrada en el juicio indicado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último numeral interpretado en sentido contrario, dado que esas actuaciones no son de imposible reparación. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario establecer que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción intentada; en ese sentido, la improcedencia del juicio de amparo puede ser previa a su promoción o sobrevenir a ésta; en este último supuesto puede surgir durante la tramitación del juicio en cualquiera de sus instancias. Por otro lado, el arábigo inserto en último orden dispone que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al interpretar el contenido de esta última disposición estableció que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos de imposible reparación, los cuales para ser calificados de esa manera necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, sostuvo que deberán recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En esa línea, la Superioridad puntualizó que tal interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento: la primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivalía a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impedía el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que dependerá de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por otra parte, es necesario señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015 reiteró el criterio establecido por el Pleno del Alto Tribunal de este País y sostuvo que el legislador secundario al precisar en la Ley de Amparo el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos para ser calificados como irreparables necesitaban producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que se produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; además, enfatizó que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal Constitucional de la Nación concluyó que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera relativa a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las consideraciones anteriores fueron establecidas en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) sustentada por la Segunda Sala del Supremo Tribunal Constitucional de la Nación, que expone: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como 'irreparables' deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una 'omisión' autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." También es preciso invocar la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de ser 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: 'VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS.' y 'ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.'; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." En ese contexto, tratándose de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, conforme a lo previsto por el ordinal 107, fracción V, de la ley de la materia, el justiciable podrá acudir de manera inmediata al juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito sin que deba esperar hasta que se dicte la sentencia definitiva en el procedimiento, ya que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerán aun cuando obtenga una resolución favorable. Desde esa perspectiva es inconcuso que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva, dado que sus efectos son meramente formales, en el entendido de que si llegara a obtenerse un fallo favorable los efectos de la violación procesal desaparecerán sin que se haya alterado algún derecho sustantivo del gobernado tutelado por el Pacto Supremo o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, de tratarse de actos que no afectan de manera inmediata derechos sustantivos el particular debe esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, de la determinación que ponga fin al procedimiento o del proveído que de por concluido una etapa en el proceso de origen para poder combatir en la vía correspondiente las eventuales violaciones que considere acaecieron durante el procedimiento o en la etapa relativa que afectaron su defensa y que trascendieron al resultado de la decisión final respectiva. En el caso, los solicitantes del amparo reclaman de la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, lo siguiente: a) la omisión de celebrar la audiencia de carácter familiar en la diversa de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, celebrada en el juicio de controversias del orden familiar 168/2020, en donde pudieran plantear las condiciones actuales de los niños inconformes, ratificarse o no la guarda y custodia provisional decretada como medida cautelar en ese asunto y establecer un régimen de convivencias con el progenitor que no tenga la guarda y custodia de los mencionados infantes; b) la omisión de acordar el escrito que Jhordan Sumano Matus presentó en el citado contradictorio el seis de junio de dos mil veintidós, en donde solicitó que señalara hora y fecha para una audiencia en la que se escuchara al niño quejoso identificado con las iniciales R.M.S.C.; y, c) la omisión de citar al Ministerio Público adscrito a ese órgano jurisdiccional a la audiencia de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, celebrada en el juicio indicado. Ahora, precisa señalar que los justiciables forman parte de la relación jurídica procesal entablada en el juicio natural, dado que son partes en sentido material en el juicio de controversias del orden familiar 168/2020 radicado ante el Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por lo que esa situación evidencia que las referidas omisiones no constituyen actos de imposible reparación en la medida en la que no producen una afectación material a derechos sustantivos, como el domicilio, la propiedad, la posesión, los papeles, los derechos de guarda y custodia y de convivencia, etcétera, aun cuando los disconformes alegan una transgresión en su perjuicio a los derechos fundamentales de seguridad jurídica y de acceso a la justicia previstos por los normativos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República. En efecto, las omisiones reclamadas son de naturaleza intraprocesal que no causan una afectación de imposible reparación, dado que el hecho de que la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, no haya celebrada la audiencia de carácter familiar en la diversa de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, que se verificó en el juicio de controversias del orden familiar 168/2020, en donde pudieran plantear las condiciones actuales de los niños inconformes, ratificarse o no la guarda y custodia provisional decretada como medida cautelar en ese asunto y establecer un régimen de convivencias con el progenitor que no tenga la guarda y custodia de los mencionados infantes, ni haya dictado la determinación que correspondía al escrito que Jhordan Sumano Matus presentó en el citado contradictorio el seis de junio de dos mil veintidós, en donde solicitó que señalara hora y fecha para una audiencia en la que se escuchara al niño quejoso identificado con las iniciales R.M.S.C. y tampoco haya citado al fiscal de su adscripción a la audiencia de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, celebrada en el juicio indicado no producen una afectación material a los derechos sustantivos de los promoventes. Se sostiene lo anterior, porque las citadas omisiones por sí solas no producen una afectación material a los derechos sustantivos de los disconformes relacionados con la guarda y la custodia de los infantes quejosos y con el régimen de convivencia de los infantes con sus progenitores, tampoco restringe ni limita el ejercicio de esas prerrogativas fundamentales en perjuicio de los disidentes ni impide que la Juez instructora del proceso conozca las condiciones actuales de los mencionados infantes y pueda escuchar a estos últimos. Además, las omisiones reclamadas no vedan la posibilidad de defensa de los quejosos en el juicio de origen ni impide que la autoridad judicial responsable pueda recibir las pruebas que aporten para que justificar sus pretensiones y para que señale una audiencia de carácter familiar en ese asunto en donde los litigantes puedan plantear tales tópicos y obtengan un pronunciamiento judicial para definir la situación en la que se encontraran en tanto se dicta la sentencia que ponga fin al procedimiento relativo. En ese contexto, las omisiones atacadas no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de 'omisiones' autónomas al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. Lo anterior, a pesar de que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como pudiera ser la transgresión al artículo 8 constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que los quejosos son parte en sentido material, porque figuran como actores y como demandado, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el medio extraordinario de defensa promovido en contra de las omisiones atacadas es notoriamente improcedente al patentizarse el supuesto regulado por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último dispositivo interpretado en sentido contrario; máxime que del contenido de la demanda de amparo no se detecta que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Al respecto, resulta ilustrativo el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) , que informa: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." También resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) sustentada por la Segunda Sala del Supremo Tribunal Constitucional de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuyos texto y datos de localización se indicaron en los párrafos anteriores. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último dispositivo interpretado en sentido contrario, este órgano jurisdiccional desecha de plano la demanda de amparo presentada por Jhordan Sumano Matus y por los niños identificados con las iniciales R.M.S.C., J.K.S.C. y A.A.S.C. en contra de los actos reclamados a la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistentes en: a) la omisión de celebrar la audiencia de carácter familiar en la diversa de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, celebrada en el juicio de controversias del orden familiar 168/2020, en donde pudieran plantear las condiciones actuales de los niños inconformes, ratificarse o no la guarda y custodia provisional decretada como medida cautelar en ese asunto y establecer un régimen de convivencias con el progenitor que no tenga la guarda y custodia de los mencionados infantes; b) la omisión de acordar el escrito que presentó en el citado contradictorio el seis de junio de dos mil veintidós, en donde solicitó que señalara hora y fecha para una audiencia en la que se escuchara al niño quejoso identificado con las iniciales R.M.S.C.; y, c) la omisión de citar al Ministerio Público adscrito a ese órgano jurisdiccional a la audiencia de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, celebrada en el juicio indicado, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. En otro punto, con fundamento en lo estatuido por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo presentada por los quejosos Jhordan Sumano Matus y los niños identificados con las iniciales R.M.S.C., J.K.S.C. y A.A.S.C., porque en relación con el acto combatido a la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en el acuerdo dictado en la audiencia de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, celebrada en el juicio de controversias del orden familiar 168/2020, en donde requirió al disidente Jhordan Sumano Matus el pago de la pensión alimenticia provisional decretada en su contra o que acreditara estar al corriente en la cobertura de esa prestación se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque los inconformes no observaron el principio de definitividad previo al ejercicio de la acción de amparo. De conformidad con la Constitución y la Ley Reglamentaria de sus artículos 103 y 107, el juicio de amparo se distingue por ser un medio extraordinario de defensa, el cual sólo es procedente cuando se cumplen los requisitos señalados expresamente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, motivo por el cual deben ser analizados de oficio por ser de orden público. En ese sentido, tras un estudio de las particularidades del caso, este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no satisface el requisito de procedencia que deriva del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con la norma constitucional citada, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, dictados dentro de juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, siempre que previo a instar la acción constitucional de amparo se agoten los recursos que en su caso procedan. De aquí deriva el reconocimiento del principio de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. El agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. La regulación del sistema procesal del juicio de amparo, que implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, etcétera, no debe ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que dicho sistema cumpla con su función: salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. El orden en los procedimientos judiciales no existe sólo para proteger intereses particulares sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. La importancia de la dimensión institucional del sistema procesal estatal ha sido reconocida tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por los tribunales internacionales de derechos humanos. El agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ésta es la razón por la que al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que previo a instar la acción constitucional se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Exigencia de procedencia que solamente es excusable cuando se reclama alguno de los actos de excepción estrictamente delimitados por artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Es decir, aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Fuera de esos casos, el justiciable debe observar el principio de definitividad. De lo contrario, el juicio de amparo resulta improcedente, con base en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". En el caso concreto, la causal de improcedencia se actualiza de manera indudable y manifiesta, porque contra el acto reclamado a la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en el acuerdo dictado en la audiencia de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, celebrada en el juicio de controversias del orden familiar 168/2020, en donde requirió al disidente Jhordan Sumano Matus el pago de la pensión alimenticia provisional decretada en su contra o que acreditara estar al corriente en la cobertura de esa prestación procede el recurso de revocación en términos de lo dispuesto por el arábigo 666 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Ese precepto establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicta o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. En consecuencia, si en contra el acuerdo dictado en la audiencia de ley celebrada en el juicio de controversias del orden familiar 168/2020, en donde requirió al disidente Jhordan Sumano Matus el pago de la pensión alimenticia provisional decretada en su contra como demandado y deudor alimentista o que acreditara estar al corriente en la cobertura de esa prestación procede el recurso de revocación, entonces con base en el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo indirecto es necesario agotar previamente el citado recurso. Como no se agotó, el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente por actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia examinada. Al respecto es ilustrativa la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que indica: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE EN 2011). De los artículos 79, 94, 684, 688, 691 y 700 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (aplicable para la Ciudad de México), deriva que el recurso de apelación procederá contra las resoluciones que no puedan ser revocadas o regularizadas; lo que implica que las identificadas como autos e interlocutorias serán apelables siempre que lo sea la definitiva. Por lo tanto, contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional procede el recurso de apelación; pues el código procesal local dispone que contra las sentencias definitivas de esa naturaleza procede la apelación en el efecto devolutivo y que las "resoluciones" de alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin fianza. Luego, se deduce que al ser procedente la apelación en contra de la sentencia definitiva de alimentos, también lo es contra los autos e interlocutorias en los juicios que involucren su otorgamiento, porque el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal reconoce que las "resoluciones" sobre alimentos son apelables y dicho término no puede ceñirse exclusivamente a sentencias, sino que también abarca a los autos que se dicten en la contienda. Lo anterior, sin que en el caso se actualice la excepción prevista en el último párrafo de la fracción XVIII de numeral 61 de la Ley de Amparo, ya que el medio ordinario de impugnación está claramente establecido en la norma adjetiva de la materia, no requiere interpretación adicional y su fundamento legal es suficiente para determinarla. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la informan, la tesis 2a-./J. 86/2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 58, septiembre de 2018, tomo I, visible a página 901, localizable con el registro 2017808, la cual expresa lo siguiente: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla." En síntesis, los quejosos previamente a la interposición del juicio de amparo debieron haber interpuesto el recurso de revocación previsto por artículo 666 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca en contra del acuerdo que la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, pronunció en la audiencia de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, celebrada en el juicio de controversias del orden familiar 168/2020, en donde requirió al disidente Jhordan Sumano Matus el pago de la pensión alimenticia provisional decretada en su contra o que acreditara estar al corriente en la cobertura de esa prestación, porque mediante dicho recurso podrían obtener la revocación, la modificación o la nulificación del acto que por esta vía reclaman. En consecuencia, si en contra de la determinación reclamada procede el recurso de revocación antes precisado, los promoventes como parte en sentido material (actores y demandado) en el juicio de origen están en posibilidad de interponerlo, previo a acudir en el juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto del acto combatido a la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en el acuerdo dictado en la audiencia de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, celebrada en el juicio de controversias del orden familiar 168/2020, en donde requirió al disidente Jhordan Sumano Matus el pago de la pensión alimenticia provisional decretada en su contra o que acreditara estar al corriente en la cobertura de esa prestación este Juzgado Federal determina desechar de plano la demanda de amparo presentada por Jhordan Sumano Matus y por los niños identificados con las iniciales R.M.S.C., J.K.S.C. y A.A.S.C. con apoyo en lo dispuesto por el ordinal 113 de la citada legislación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CITATORIO. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil veintidós. Del estado que guardan los autos y del acta de cuenta se advierte que Jhordan Sumano Matus, quien promueve por sí y como representante legal de sus hijos menores de edad identificados con las iniciales R.M.S.C., J.K.S.C. y A.A.S.C. reconoció ante la presencia judicial como suya la firma puesta en el escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, el veintitrés de junio pasado y para constancia calzó su rúbrica en el acta relativa. En razón de lo anterior, se tiene por cumplido el requerimiento formulado el veintisiete de junio pasado y se emite el pronunciamiento que corresponde al ocurso aclaratorio. Ahora bien, del contenido del citado libelo se desprende que el promovente atiende la prevención contenida en el auto de diecisiete de junio de la presente anualidad, porque exhibió copias certificadas de las actas de nacimiento de sus descendientes con las que trata de acreditar su personalidad para ejercer la acción constitucional a nombre y en representación legal de los niños menores de edad identificados con las iniciales R.M.S.C., J.K.S.C. y A.A.S.C.; en consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento formulado en el aludido proveído y se dicta la determinación que corresponde en cuanto al escrito inicial. Aspectos preliminares. Primeramente se reconoce a Jhordan Sumano Matus el carácter de representante legal de sus hijos menores de edad identificados con las iniciales R.M.S.C., J.K.S.C. y A.A.S.C., porque acredita su personalidad en términos de lo dispuesto por los ordinales 6, 10 y 108, fracción I, de la Ley de Amparo con las actas de nacimiento de los citados infantes. Enseguida es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo y su aclaración se advierte que los quejosos Jhordan Sumano Matus y los niños identificados con las iniciales R.M.S.C., J.K.S.C. y A.A.S.C. reclaman los actos siguientes: De la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, combaten: La omisión de celebrar la audiencia de carácter familiar en la diversa de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, celebrada en el juicio de controversias del orden familiar 168/2020, en donde pudieran plantear las condiciones actuales de los niños inconformes, ratificarse o no la guarda y custodia provisional decretada como medida cautelar en ese asunto y establecer un régimen de convivencias con el progenitor que no tenga la guarda y custodia de los mencionados infantes. La omisión de acordar el escrito que presentó en el citado contradictorio el seis de junio de dos mil veintidós, en donde solicitó que señalara hora y fecha para una audiencia en la que se escuchara al niño quejoso identificado con las iniciales R.M.S.C. La omisión de citar al Ministerio Público adscrito a ese órgano jurisdiccional a la audiencia de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, celebrada en el juicio indicado. El acuerdo dictado en la audiencia de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, celebrada en el contradictorio de origen, en donde requirió al disidente Jhordan Sumano Matus el pago de la pensión alimenticia provisional decretada en su contra o que acreditara estar al corriente en la cobertura de esa prestación. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda o su ampliación debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo o su ampliación cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda o su ampliación siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas, lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. En el caso se advierte que respecto de los actos reclamados se actualizan de manera indudable y manifiesta las causales de improcedencia que enseguida se enuncian. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda presentada por los quejosos Jhordan Sumano Matus y los niños identificados con las iniciales R.M.S.C., J.K.S.C. y A.A.S.C., porque en relación con los actos reclamados a la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistentes en: a) la omisión de celebrar la audiencia de carácter familiar en la diversa de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, celebrada en el juicio de controversias del orden familiar 168/2020, en donde pudieran plantear las condiciones actuales de los niños inconformes, ratificarse o no la guarda y custodia provisional decretada como medida cautelar en ese asunto y establecer un régimen de convivencias con el progenitor que no tenga la guarda y custodia de los mencionados infantes; b) la omisión de acordar el escrito que presentó en el citado contradictorio el seis de junio de dos mil veintidós, en donde solicitó que señalara hora y fecha para una audiencia en la que se escuchara al niño quejoso identificado con las iniciales R.M.S.C.; y, c) la omisión de citar al Ministerio Público adscrito a ese órgano jurisdiccional a la audiencia de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, celebrada en el juicio indicado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último numeral interpretado en sentido contrario, dado que esas actuaciones no son de imposible reparación. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de las disposiciones jurídicas invocadas, las cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario establecer que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción intentada; en ese sentido, la improcedencia del juicio de amparo puede ser previa a su promoción o sobrevenir a ésta; en este último supuesto puede surgir durante la tramitación del juicio en cualquiera de sus instancias. Por otro lado, el arábigo inserto en último orden dispone que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al interpretar el contenido de esta última disposición estableció que el juicio de amparo indirecto procederá contra actos de imposible reparación, los cuales para ser calificados de esa manera necesitarán producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, sostuvo que deberán recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En esa línea, la Superioridad puntualizó que tal interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento: la primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivalía a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impedía el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que dependerá de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por otra parte, es necesario señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015 reiteró el criterio establecido por el Pleno del Alto Tribunal de este País y sostuvo que el legislador secundario al precisar en la Ley de Amparo el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos para ser calificados como irreparables necesitaban producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que se produjera una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; además, enfatizó que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, de acuerdo con lo sustentado por el Máximo Tribunal Constitucional de la Nación concluyó que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera relativa a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las consideraciones anteriores fueron establecidas en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) sustentada por la Segunda Sala del Supremo Tribunal Constitucional de la Nación, que expone: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como 'irreparables' deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una 'omisión' autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." También es preciso invocar la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de ser 'sustantivos', expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: 'VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS.' y 'ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.'; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." En ese contexto, tratándose de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, conforme a lo previsto por el ordinal 107, fracción V, de la ley de la materia, el justiciable podrá acudir de manera inmediata al juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito sin que deba esperar hasta que se dicte la sentencia definitiva en el procedimiento, ya que las consecuencias de la violación cometida no desaparecerán aun cuando obtenga una resolución favorable. Desde esa perspectiva es inconcuso que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva, dado que sus efectos son meramente formales, en el entendido de que si llegara a obtenerse un fallo favorable los efectos de la violación procesal desaparecerán sin que se haya alterado algún derecho sustantivo del gobernado tutelado por el Pacto Supremo o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, de tratarse de actos que no afectan de manera inmediata derechos sustantivos el particular debe esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, de la determinación que ponga fin al procedimiento o del proveído que de por concluido una etapa en el proceso de origen para poder combatir en la vía correspondiente las eventuales violaciones que considere acaecieron durante el procedimiento o en la etapa relativa que afectaron su defensa y que trascendieron al resultado de la decisión final respectiva. En el caso, los solicitantes del amparo reclaman de la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, lo siguiente: a) la omisión de celebrar la audiencia de carácter familiar en la diversa de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, celebrada en el juicio de controversias del orden familiar 168/2020, en donde pudieran plantear las condiciones actuales de los niños inconformes, ratificarse o no la guarda y custodia provisional decretada como medida cautelar en ese asunto y establecer un régimen de convivencias con el progenitor que no tenga la guarda y custodia de los mencionados infantes; b) la omisión de acordar el escrito que Jhordan Sumano Matus presentó en el citado contradictorio el seis de junio de dos mil veintidós, en donde solicitó que señalara hora y fecha para una audiencia en la que se escuchara al niño quejoso identificado con las iniciales R.M.S.C.; y, c) la omisión de citar al Ministerio Público adscrito a ese órgano jurisdiccional a la audiencia de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, celebrada en el juicio indicado. Ahora, precisa señalar que los justiciables forman parte de la relación jurídica procesal entablada en el juicio natural, dado que son partes en sentido material en el juicio de controversias del orden familiar 168/2020 radicado ante el Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por lo que esa situación evidencia que las referidas omisiones no constituyen actos de imposible reparación en la medida en la que no producen una afectación material a derechos sustantivos, como el domicilio, la propiedad, la posesión, los papeles, los derechos de guarda y custodia y de convivencia, etcétera, aun cuando los disconformes alegan una transgresión en su perjuicio a los derechos fundamentales de seguridad jurídica y de acceso a la justicia previstos por los normativos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República. En efecto, las omisiones reclamadas son de naturaleza intraprocesal que no causan una afectación de imposible reparación, dado que el hecho de que la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, no haya celebrada la audiencia de carácter familiar en la diversa de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, que se verificó en el juicio de controversias del orden familiar 168/2020, en donde pudieran plantear las condiciones actuales de los niños inconformes, ratificarse o no la guarda y custodia provisional decretada como medida cautelar en ese asunto y establecer un régimen de convivencias con el progenitor que no tenga la guarda y custodia de los mencionados infantes, ni haya dictado la determinación que correspondía al escrito que Jhordan Sumano Matus presentó en el citado contradictorio el seis de junio de dos mil veintidós, en donde solicitó que señalara hora y fecha para una audiencia en la que se escuchara al niño quejoso identificado con las iniciales R.M.S.C. y tampoco haya citado al fiscal de su adscripción a la audiencia de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, celebrada en el juicio indicado no producen una afectación material a los derechos sustantivos de los promoventes. Se sostiene lo anterior, porque las citadas omisiones por sí solas no producen una afectación material a los derechos sustantivos de los disconformes relacionados con la guarda y la custodia de los infantes quejosos y con el régimen de convivencia de los infantes con sus progenitores, tampoco restringe ni limita el ejercicio de esas prerrogativas fundamentales en perjuicio de los disidentes ni impide que la Juez instructora del proceso conozca las condiciones actuales de los mencionados infantes y pueda escuchar a estos últimos. Además, las omisiones reclamadas no vedan la posibilidad de defensa de los quejosos en el juicio de origen ni impide que la autoridad judicial responsable pueda recibir las pruebas que aporten para que justificar sus pretensiones y para que señale una audiencia de carácter familiar en ese asunto en donde los litigantes puedan plantear tales tópicos y obtengan un pronunciamiento judicial para definir la situación en la que se encontraran en tanto se dicta la sentencia que ponga fin al procedimiento relativo. En ese contexto, las omisiones atacadas no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de 'omisiones' autónomas al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. Lo anterior, a pesar de que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como pudiera ser la transgresión al artículo 8 constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que los quejosos son parte en sentido material, porque figuran como actores y como demandado, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el medio extraordinario de defensa promovido en contra de las omisiones atacadas es notoriamente improcedente al patentizarse el supuesto regulado por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último dispositivo interpretado en sentido contrario; máxime que del contenido de la demanda de amparo no se detecta que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Al respecto, resulta ilustrativo el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) , que informa: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." También resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) sustentada por la Segunda Sala del Supremo Tribunal Constitucional de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuyos texto y datos de localización se indicaron en los párrafos anteriores. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de la propia legislación, este último dispositivo interpretado en sentido contrario, este órgano jurisdiccional desecha de plano la demanda de amparo presentada por Jhordan Sumano Matus y por los niños identificados con las iniciales R.M.S.C., J.K.S.C. y A.A.S.C. en contra de los actos reclamados a la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistentes en: a) la omisión de celebrar la audiencia de carácter familiar en la diversa de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, celebrada en el juicio de controversias del orden familiar 168/2020, en donde pudieran plantear las condiciones actuales de los niños inconformes, ratificarse o no la guarda y custodia provisional decretada como medida cautelar en ese asunto y establecer un régimen de convivencias con el progenitor que no tenga la guarda y custodia de los mencionados infantes; b) la omisión de acordar el escrito que presentó en el citado contradictorio el seis de junio de dos mil veintidós, en donde solicitó que señalara hora y fecha para una audiencia en la que se escuchara al niño quejoso identificado con las iniciales R.M.S.C.; y, c) la omisión de citar al Ministerio Público adscrito a ese órgano jurisdiccional a la audiencia de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, celebrada en el juicio indicado, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. En otro punto, con fundamento en lo estatuido por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo presentada por los quejosos Jhordan Sumano Matus y los niños identificados con las iniciales R.M.S.C., J.K.S.C. y A.A.S.C., porque en relación con el acto combatido a la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en el acuerdo dictado en la audiencia de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, celebrada en el juicio de controversias del orden familiar 168/2020, en donde requirió al disidente Jhordan Sumano Matus el pago de la pensión alimenticia provisional decretada en su contra o que acreditara estar al corriente en la cobertura de esa prestación se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque los inconformes no observaron el principio de definitividad previo al ejercicio de la acción de amparo. De conformidad con la Constitución y la Ley Reglamentaria de sus artículos 103 y 107, el juicio de amparo se distingue por ser un medio extraordinario de defensa, el cual sólo es procedente cuando se cumplen los requisitos señalados expresamente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, motivo por el cual deben ser analizados de oficio por ser de orden público. En ese sentido, tras un estudio de las particularidades del caso, este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no satisface el requisito de procedencia que deriva del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con la norma constitucional citada, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, dictados dentro de juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, siempre que previo a instar la acción constitucional de amparo se agoten los recursos que en su caso procedan. De aquí deriva el reconocimiento del principio de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, antes de acudir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocar o modificar el acto reclamado. El agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. La regulación del sistema procesal del juicio de amparo, que implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, etcétera, no debe ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que dicho sistema cumpla con su función: salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. El orden en los procedimientos judiciales no existe sólo para proteger intereses particulares sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. La importancia de la dimensión institucional del sistema procesal estatal ha sido reconocida tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por los tribunales internacionales de derechos humanos. El agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ésta es la razón por la que al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tiene efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que previo a instar la acción constitucional se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Exigencia de procedencia que solamente es excusable cuando se reclama alguno de los actos de excepción estrictamente delimitados por artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Es decir, aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Fuera de esos casos, el justiciable debe observar el principio de definitividad. De lo contrario, el juicio de amparo resulta improcedente, con base en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". En el caso concreto, la causal de improcedencia se actualiza de manera indudable y manifiesta, porque contra el acto reclamado a la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en el acuerdo dictado en la audiencia de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, celebrada en el juicio de controversias del orden familiar 168/2020, en donde requirió al disidente Jhordan Sumano Matus el pago de la pensión alimenticia provisional decretada en su contra o que acreditara estar al corriente en la cobertura de esa prestación procede el recurso de revocación en términos de lo dispuesto por el arábigo 666 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. Ese precepto establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicta o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. En consecuencia, si en contra el acuerdo dictado en la audiencia de ley celebrada en el juicio de controversias del orden familiar 168/2020, en donde requirió al disidente Jhordan Sumano Matus el pago de la pensión alimenticia provisional decretada en su contra como demandado y deudor alimentista o que acreditara estar al corriente en la cobertura de esa prestación procede el recurso de revocación, entonces con base en el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo indirecto es necesario agotar previamente el citado recurso. Como no se agotó, el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente por actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia examinada. Al respecto es ilustrativa la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que indica: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE EN 2011). De los artículos 79, 94, 684, 688, 691 y 700 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (aplicable para la Ciudad de México), deriva que el recurso de apelación procederá contra las resoluciones que no puedan ser revocadas o regularizadas; lo que implica que las identificadas como autos e interlocutorias serán apelables siempre que lo sea la definitiva. Por lo tanto, contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional procede el recurso de apelación; pues el código procesal local dispone que contra las sentencias definitivas de esa naturaleza procede la apelación en el efecto devolutivo y que las "resoluciones" de alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin fianza. Luego, se deduce que al ser procedente la apelación en contra de la sentencia definitiva de alimentos, también lo es contra los autos e interlocutorias en los juicios que involucren su otorgamiento, porque el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal reconoce que las "resoluciones" sobre alimentos son apelables y dicho término no puede ceñirse exclusivamente a sentencias, sino que también abarca a los autos que se dicten en la contienda. Lo anterior, sin que en el caso se actualice la excepción prevista en el último párrafo de la fracción XVIII de numeral 61 de la Ley de Amparo, ya que el medio ordinario de impugnación está claramente establecido en la norma adjetiva de la materia, no requiere interpretación adicional y su fundamento legal es suficiente para determinarla. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la informan, la tesis 2a-./J. 86/2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 58, septiembre de 2018, tomo I, visible a página 901, localizable con el registro 2017808, la cual expresa lo siguiente: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO. De la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo se advierte que cuando se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de defensa ordinarios a través de los cuales sea factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y, como excepción a ello, en el último párrafo contempla dos supuestos, relativos a cuando: a) la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional; o, b) su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Lo anterior denota respeto a los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia, pues sólo obliga a agotar el principio de definitividad cuando el medio de defensa adolezca de "fundamento legal insuficiente" y haya necesidad de acudir a una "interpretación adicional" para determinar su procedencia; de lo contrario, el quejoso quedará en libertad de elegir si agota el recurso de que se trate, o bien, acude directamente al juicio de amparo. Por tanto, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido jurisprudencia sobre la procedencia del medio ordinario de defensa existente contra el acto reclamado, no se actualizan los supuestos de excepción al principio de definitividad, en razón a que el objetivo de la porción normativa consiste en que el gobernado conozca con exactitud el medio ordinario de defensa que tiene al alcance para impugnar el acto que estima contrario a derecho, así como los requisitos para su procedencia, previo a acudir al juicio de amparo, aunado a que el carácter obligatorio de aquélla, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, no posibilita que pueda ser objeto de análisis por un órgano de menor grado y, menos aún, que decida inaplicarla." En síntesis, los quejosos previamente a la interposición del juicio de amparo debieron haber interpuesto el recurso de revocación previsto por artículo 666 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca en contra del acuerdo que la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, pronunció en la audiencia de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, celebrada en el juicio de controversias del orden familiar 168/2020, en donde requirió al disidente Jhordan Sumano Matus el pago de la pensión alimenticia provisional decretada en su contra o que acreditara estar al corriente en la cobertura de esa prestación, porque mediante dicho recurso podrían obtener la revocación, la modificación o la nulificación del acto que por esta vía reclaman. En consecuencia, si en contra de la determinación reclamada procede el recurso de revocación antes precisado, los promoventes como parte en sentido material (actores y demandado) en el juicio de origen están en posibilidad de interponerlo, previo a acudir en el juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto del acto combatido a la Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en el acuerdo dictado en la audiencia de pruebas y alegatos de uno de junio de dos mil veintidós, celebrada en el juicio de controversias del orden familiar 168/2020, en donde requirió al disidente Jhordan Sumano Matus el pago de la pensión alimenticia provisional decretada en su contra o que acreditara estar al corriente en la cobertura de esa prestación este Juzgado Federal determina desechar de plano la demanda de amparo presentada por Jhordan Sumano Matus y por los niños identificados con las iniciales R.M.S.C., J.K.S.C. y A.A.S.C. con apoyo en lo dispuesto por el ordinal 113 de la citada legislación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que se pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en el auto de diecisiete de junio del año en curso. Al respecto, dado que la firma que calza ese ocurso difiere notablemente de la estampada en la demanda de amparo, con fundamento en lo previsto por los artículos 204 y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su normativo 2, a efecto de acordar lo que en derecho corresponda en relación con su contenido, requiérase a ***para que comparezca al despacho de este Juzgado Federal y en la diligencia relativa ante la presencia judicial manifieste bajo protesta de decir verdad sí reconoce como suya la firma puesta en la promoción de cuenta, apercibido que de no cumplir con lo anterior se tendrá por no presentado dicho libelo1; la citada diligencia se realizara en los términos siguientes: Atendiendo a que subsiste la pandemia derivada del virus Covid-19 y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, en el que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a los 1 Al respecto es aplicable la jurisprudencia 3ª/J 24 (7/89), visible en la página número ciento setenta y cuatro, tomo VI, materia común, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que informa: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas". justiciables y al personal de los órganos jurisdiccionales y estableció un mecanismo de citas con la finalidad de que las partes acudan presencialmente, se señalan a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que *** comparezca ante este órgano jurisdiccional a la diligencia señalada. En razón de lo anterior, genérese la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ", en el entendido que el código QR se dejará en el acceso del edificio que alberga a este órgano jurisdiccional para su ingreso respectivo, por lo que mediante un oficio que derive de este proveído hágase del conocimiento al Administrador Regional del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en esta ciudad, de la hora y la fecha señaladas para el desahogo de la diligencia indicada, con la precisión de que a ese comunicado deberá anexarse el aludido código, de modo que quien acuda a la cita pueda ingresar bajo la regla de hasta dos personas por código a efecto de garantizar las medidas de distanciamiento social necesarias, a fin de que la referida diligencia no interfiera con personas que hayan programado personalmente sus citas y que en ningún caso se ponga en riesgo la salud del personal de este órgano jurisdiccional, ni de las personas que asistan a la diligencia. Hágase saber al quejoso que deberá presentarse en la entrada del edificio que alberga a este órgano jurisdiccional con un documento oficial que lo identifique, cuando menos con cinco minutos de anticipación de la hora y la fecha programadas a efecto de que se permita su ingreso, ya que no existe tiempo de tolerancia, por lo que se instruye al Actuario(a) Judicial adscrito(a) a este órgano jurisdiccional para que al notificar este proveído entregue a la parte quejosa el ejemplar del código QR generado; asimismo, indíquese al justiciable que deberá observar los protocolos y las medidas de seguridad y sanitarias que al efecto se tienen adoptados en el edificio que alberga a este Tribunal, entre otras, portar cubrebocas en todo momento, respetar la sana distancia y el uso de gel antibacterial. En otro punto, comuníquese a Jhordan Sumano Matus que la Ley de Amparo, en su arábigo 261, fracción I, prevé que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días al quejoso si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida en la demanda o en algún acto procesal afirme hechos falsos; además, se precisa que este órgano jurisdiccional está facultado para ordenar oficiosamente la práctica y el desahogo de la pericial en las materias de caligrafía y grafoscopía a fin de verificar la autenticidad de la firma que calza el libelo de cuenta en el caso de que advierta que esa rúbrica con la diversa que en su caso se plasme durante la diligencia relativa sean notoriamente diferentes. En el caso, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, que expone: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada." Asimismo, se apercibe al promovente que en el caso de que afirme hechos falsos se dará vista al Agente del Ministerio Público adscrito para que en el ejercicio de sus atribuciones investigue si se actualiza alguna de las conductas típicas especiales previstas por el normativo 261 de la Ley de Amparo. En tal sentido, orienta el criterio de este órgano jurisdiccional la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Libro 45, Agosto de 2017, del Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que 2 Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Décima Época, Materias Constitucional y Común, página 1234. podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato" Notifíquese personalmente. ( SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS)
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